Hace pocos días, la titular del
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la
provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había
reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas:
problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de
organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura
orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el
seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no
logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones
anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de
fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la
pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los
pirómanos.
Por otro lado, no es la primera
vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado
claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la
agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o
selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas
específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de
mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca,
entre otros).
En la actividad agraria de la
selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el
café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya
amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite
generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar
deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos,
así como satisfacer las necesidades económicas familiares.
En este escenario no es extraño
que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros
están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano
de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas
válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de
erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.
Otro aspecto a considerar es que
en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el
kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen
rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo
degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado
en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.
Las movilizaciones de los
campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que
se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá
problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios,
lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento
de la problemática por parte del ciudadano común.
En conclusión, el problema de
fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura
familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es
ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el
país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias
diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo
y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo,
la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el
abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el
MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el
reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre
todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los
grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las
necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de
inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar
la actividad agrícola.
desco Opina - Regional
/ 17 de mayo de 2019
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