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viernes

La agenda del sur para Vizcarra



Los provincianos más optimistas están viendo en Martín Vizcarra –recientemente juramentado Presidente del Perú– un personaje cuya gestión se ocupará con mayor detenimiento de las regiones del país y sus problemáticas específicas. Los gestos políticos que tuvo la primera semana de mando, nos dan una ligera esperanza de que así será. En el caso del sur –como en el resto del país– hay una serie de proyectos paralizados, y no hablamos de obras con pequeños impactos, sino de una agenda de proyectos postergada que dinamizaría la economía regional.
En primer lugar está el Gasoducto Sur Andino (GSA), un proyecto que se concesionó hace diez años, que tuvo drásticos cambios en presupuesto y está en el ojo de la tormenta no sólo por este hecho, sino por el cambio de concesionario, cuando quedó en manos de Odebrecht, famosa por sus prácticas corruptas. Ha tenido varias postergaciones en los últimos tres periodos presidenciales, incluyendo el más corto de Pedro Pablo Kuczynski. A la fecha, la obra sólo cuenta con un 35% de avance, y aún está en discusión su diseño, pues en el sur se ha propuesto que no sólo sea fuente de energía, sino que permita el abastecimiento para el desarrollo de la industria petroquímica.
Otro de los proyectos que está en cuestión es el aeropuerto de Chinchero, uno de los proyectos emblemáticos del Cusco, que así como el GSA ha tenido su vía crucis durante muchos años. Quizá este será el más peliagudo para el presidente, pues estuvo comprometido con los intentos de destrabarlo hace un año, lo que le costó la renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. PPK le encargó la defensa del proyecto seriamente cuestionado por irregularidades en la forma en que se llevaría a cabo, y lo dejó solo, a merced de un fujimorismo que aprovechó la ocasión para dar otro de sus zarpazos al Ejecutivo. Diversas organizaciones cusqueñas, públicas y privadas, han incorporado el proyecto en una reciente lista de pedidos que piensan negociar con Martín Vizcarra, pero no sabemos si el presidente tendrá la muñeca política suficiente para tomar nuevamente las riendas de Chinchero sin salir chamuscado.
En Arequipa, fuera de las carísimas obras de infraestructura vial, el pedido más importante es el destrabe del proyecto Majes II. En este momento el proyecto se encuentra en stand by debido a que la concesionaria –Cosapi– ha planteado un cambio de tecnología de riego que lo encarecería en US$ 107 millones, los que tendrían que ser asumidos por el Estado; con el agravante de que Cosapi fue incluida en la investigación que la Fiscalía realiza sobre el “Club de la Construcción”. El proyecto Majes Siguas se encuentra paralizado desde febrero. A finales de este mes se tendría que resolver la adenda del contrato con el cambio de tecnología hidráulica planteada por la concesionaria.
Otro proyecto que pondrá a prueba la habilidad política del nuevo mandatario es Tía María. Si bien no está en la agenda de desarrollo por las diferencias de opinión que hay entre varios sectores sobre su ejecución, este proyecto es un verdadero test de la capacidad del Estado para conjugar la necesidad de viabilizar grandes inversiones con las demandas de una población que en dos oportunidades ha rechazado su implementación por considerar que atentaba contra sus derechos.
Otros puntos de agenda relacionados con las grandes inversiones que también deberá considerar la nueva administración del Presidente Vizcarra, son el Tren Bioceánico y el desarrollo del Circuito Turístico del Sur. Estos proyectos, junto a los mencionados anteriormente, han sido discutidos en diversas mesas de diálogo interinstitucionales animadas por el Colectivo Macro Sur, y que se han llevado a cabo en Arequipa, Puno, Cusco y Moquegua.
La agenda del sur no se agota desde luego en los megaproyectos de inversión; hay otros puntos relacionados, por ejemplo, con la diversificación productiva, el desarrollo regional, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Esperemos que Martín Vizcarra, un hombre que ha forjado su carrera política en provincia, pueda desplegar las fuerzas suficientes para echar a andar al sur. Lo necesitamos.

desco Opina - Regional / 6 de abril de  2018
Programa Regional Sur - descosur

El caso Chinchero y la reconstrucción



La situación generada por la decisión de no firmar la adenda del proyecto Chinchero, terminó con el gobierno atrapado en su laberinto. Tras perder la oportunidad de anular el contrato cuando pudieron hacerlo porque tenían los argumentos legales, optando por continuar con la APP –fuere por razones “ideológicas” (su fe en las alianzas y la inversión privada, convertidas en los esperados actores protagónicos de la futura reconstrucción) o por compromisos adquiridos con la empresa–, se puso la soga al cuello. El sacrificio de Vizcarra, quien apareció renuente a la firma del nuevo acuerdo, además de un duro golpe al Ejecutivo, reabre el fantasma de la vacancia presidencial, porque las responsabilidades administrativas y penales oportunistamente identificadas por la Contraloría, sumadas a los recientes rumores de la vinculación de la otrora candidatura de Aráoz con Odebrecht dibujan un callejón difícil para el gobierno, al que el fujimorismo parece decidido a empujarlo.
A su proverbial falta de recursos políticos, el gobierno le añadió debilidad técnica, que no le alcanzó para esconder los distintos conflictos de interés que tenía en juego. A la visible participación de la hermana del Primer Ministro desde la empresa involucrada, ahora se añade la participación de la Viceministra de Economía, quien fungió hasta antes de serlo, como consultora del otro lado de la mesa. De esta manera el gobierno podría haberse entregado en bandeja al fujimorismo, empeñado en acabar con la institucionalidad existente y organizar su propia “transición” al 2021, delineando un marco normativo a su medida; es decir, haciendo desde el Congreso el trabajo sucio que les facilitará su acción cuando sean Ejecutivo, creando una “institucionalidad” a su imagen y semejanza.
La respuesta al desacierto gubernamental no se dejó esperar. Las exigencias de renuncia de Vizcarra a la Vicepresidencia y la multiplicación de amenazas de interpelación cubrieron los medios y obligaron a una declaración directa del Premier, profundizando la polarización entre el gobierno y la oposición fujimorista, cada vez más marcada por el creciente empoderamiento naranja que continúa en el camino de dotarse de una legislación tendiente a recortar libertades, reducir la aparición de otras opciones políticas y cerrar el sistema electoral, debilitando aún más al ppkausismo.
En este contexto, las declaraciones de Roque Benavides, presidente de CONFIEP, defendiendo la gestión de Vizcarra y su condición de Vicepresidente, así como la designación de los nuevos ministros, fuertemente ligados al mismo sector empresarial, parecen indicar que el mandatario ha decidido echar mano de su principal “sombrilla”, evidenciando muy temprano el carácter de su gobierno y confiando, quizá, en que ese sector sea capaz de aquello que él no ha logrado en diez meses de gestión: establecer un entendimiento mínimo con Fuerza Popular, de manera que el “clima de negocios” que requiere el modelo no se vea afectado, convenciéndolos de que el riesgo de una caída acelerada de la aprobación del Ejecutivo podría arrastrarlos a ellos y al Congreso de la República, generando un escenario impredecible. En otras palabras, la conveniencia de controlar su malhumor, resolver también sus problemas internos y esperar el 2021.
Todo indica que la preocupación y el interés que comparten el Ejecutivo y los empresarios, tiene un mismo norte: la reconstrucción y la viabilidad de los mecanismos anunciados como privilegiados para dicho proceso: las alianzas público privadas y la ejecución de obras por impuestos. En el fondo, el caso Chinchero evidencia los riesgos y límites de un modelo de financiamiento, las APP, además fuertemente afectado por distintos cambios legislativos que no se quiere discutir y evaluar porque, todo parece indicarlo, es parte de la gran expectativa empresarial para “reactivarse” rápidamente y contribuir a la reconstrucción.
Pero también hay que ser claros. La reciente película de la adenda evidencia el fracaso de un sistema de control, donde el organismo responsable se pronuncia públicamente tarde y para salvar su rostro, exhibiendo observaciones que hizo de manera caleta en el pasado para salvar su responsabilidad ante el escándalo inminente. Particularmente grave, cuando quien presenta el informe fue el Sub Contralor en todo el período anterior. No nos engañemos entonces, porque su comportamiento no es garantía de nada.
De cara a la reconstrucción, estamos advertidos.

desco Opina / 26 de mayo de 2017