Megadecepciones

 

Hay varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte del país.

Comencemos con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos. Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a otro país esté tambaleando.

La relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima, no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además, no se ha resuelto aún el arbitraje internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya terminado el túnel para el trasvase de aguas.

Para los cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles, mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130 soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, exigió que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas) y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no, obstaculizarían su avance.

El problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.

En febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El ministro señaló que “El ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a conectar”, lo que significa dejar al resto de regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo abastecidas por el “gas virtual” (suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada el año pasado por las autoridades nacionales. Los manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les agende una reunión para el próximo 3 de abril.  

No podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.

El Sitgas quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este mismo año, el Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el Gobierno Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por mantenimiento y preservación de tubos, y aunque solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el momento.

Con una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.

 

desco Opina – Regional / 28 de marzo del 2025

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Lecciones del olvido en el sur

 

Algo que no ha cambiado en el tiempo ha sido la tendencia del voto antilimeño en el sur, exceptuando el «hipo» sucedido con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, sigue siendo el voto antisistema de nuestro país.

Al término del conteo de votos del proceso electoral efectuado por la ONPE, se constata que la votación por Pedro Castillo en esta parte del país representó la tercera parte de su victoria. Incluso en varias provincias de Apurímac, Cusco y Puno ganó con más del 80% de los votos, lo que encendió las respuestas más feroces que hayamos visto tras la culminación de una votación presidencial. Unos enloquecidos fanáticos del partido naranja atizaban los ánimos en redes para boicotear el turismo interno a la ciudad imperial y así castigarlos por el «voto rojo», que felizmente tuvo el efecto contrario. Mientras que otro grupo de «limeños bien» no hacían más que mostrar, con mucha violencia racista, el desprecio por los que piensan diferente.

Por otro lado, los departamentos que integran el Corredor Minero del Sur (Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno) votaron por Pedro Castillo, rebatiendo la idea que lo único que quieren las poblaciones asentadas en este territorio es dinero; pues es a esas regiones, y otras de la sierra central, donde apuntaba el ofrecimiento de la candidata Keiko Fujimori de repartir el 40% del canon minero. Otra vez el clientelismo con nombre de propuesta política. Esta mala lectura de lo que ocurre en las zonas mineras le salió por la culata.

Si bien hay una responsabilidad por la deficiente inversión de los gobiernos subnacionales con el dinero del canon, las protestas en esta parte del país se han dado por problemas socioambientales, porque les «pisan el poncho», porque los inversionistas no escuchan que esas poblaciones tienen otra forma de vivir, porque el gobierno ha dejado inconclusos sus acuerdos en muchas mesas de diálogo, y estos problemas no se solucionan sólo con dinero. Una muestra de ello se aprecia en Cocachacra (Islay – Arequipa), donde Perú Libre obtuvo el 80% de la votación, justamente allí, donde la empresa Southern Peru Copper Corporation –con credenciales poco confiables en el manejo ambiental de sus operaciones– insiste en echar a andar el proyecto Tía María con oposición de sus pobladores.

Remontémonos al primer debate presidencial en Chota. Mientras que permanentemente la candidata Fujimori ofrecía dinero en bonos, en canon, etc., Pedro Castillo ofrecía la reivindicación de derechos, como la salud y la educación. Ese mensaje caló hondo en la macrorregión sur, pues aunque suene trillado, sigue siendo olvidada por los gobiernos nacionales, que han impulsado mayores inversiones estatales en Lima y en el norte costeño.

Las cartas ya están echadas, y así como el voto hacia Perú Libre abundó en esta parte del país, así de abundantes son también las expectativas sobre este nuevo gobierno. Estamos a la espera de gestos políticos como la activación del proyecto Gasoducto Sur Andino, con la inclusión de la petroquímica, que permitiría la reactivación económica del sur; la activación del Proyecto Majes II, con una revisión a la distribución de esas nuevas tierras agrícolas que producirá el proyecto; la solución definitiva a la contaminación de la minería formal en la cuenca lechera de Llallimayo en la Provincia de Melgar, en Puno; incentivos al sector alpaquero y la aprobación de una política nacional de mejoramiento genético (ya encaminada), para hacer más rentable su producción. 

Esperamos que la lección que ha dado el sur en las urnas, esta vez deje de ser una anécdota. Esta votación, y las que le antecedieron, fueron un grito. La esperanza que subyace es que, en esta oportunidad sea escuchado. 

 

desco Opina - Regional / 25 de mayo de 2021

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Cien días de incertidumbre en Arequipa

El pasado sábado 13 de abril el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, rompió su silencio. En una presentación oficial, ante un conjunto de autoridades regionales, ofreció el balance de sus primeros cien días de gobierno. Su discurso nos sigue dejando un sabor a incertidumbre, que es lo que hemos vivido durante toda esta primera temporada.

El discurso fue otro listado de promesas de inversión; como la construcción de un nuevo hospital en el Cono Norte de Arequipa, la mejora de la infraestructura del hospital Goyeneche, la compra de ambulancias para provincias y la adquisición de medicinas, pero no hubo palabras sobre los problemas que enfrentamos en la eficiencia de los servicios de salud, esos que han llevado a declarar en emergencia hasta en dos oportunidades al hospital general Honorio Delgado y a la organización de una pollada del cuerpo médico del hospital Goyeneche para comprar instrumentos médicos.

Así como en Salud, también se hicieron promesas para obras en otros sectores, como Agricultura, Saneamiento, Seguridad, Comunicación, Medioambiente, etc.; pero sin que se vislumbre un replanteamiento de la política regional, tomando como base el plan de desarrollo regional existente. La pregunta es ¿cuáles son las bases de gobierno de esta gestión? Todavía no está claro.

Estos primeros cien días han dejado a la vista la fragilidad de su propuesta política. La bronca intestina con su vicegobernador no solo ha desnudado su falta de tacto para con su socio político, sino que puede leerse como una de las consecuencias de llegar al poder como «invitado» de un movimiento político. Otro infeliz resultado es no haber logrado articular un equipo técnico proveniente de las canteras de este movimiento (Unidos por el Gran Cambio), situación que lo ha llevado a recurrir a la designación de funcionarios procedentes de otras gestiones regionales, en especial de la gestión de Daniel Vera Ballón y la de Juan Manuel Guillén.

Lo que se infiere de su discurso, es que Cáceres Llica tiene una mirada localista, la «reivindicación del provinciano», como dice. Este entrampamiento no es un buen augurio para la conformación de un bloque político en el sur –la macrorregión–, tema al que no le dedicó ni una sola palabra. En la práctica, tampoco ha sabido manejar sus relaciones con sus pares regionales, como con el gobernador de Puno, Walter Aduviri, uno de los gobernadores sureños que ha puesto en agenda nacional el tema del gasoducto sur andino, como un activo económico para esta parte del país.

Respecto a la paralización de grandes proyectos, tampoco ha brindado explicaciones. Por ejemplo, Cáceres ha afirmado que a finales de julio entregará la obra de la Variante de Uchumayo (que lleva alrededor de cinco años de ejecución), sin mediar explicación sobre todas las observaciones técnicas que hay respecto a ella. Lo mismo ha pasado con la obra de la carretera Arequipa-La Joya que, según sus palabras, se reiniciaría en agosto.

Finalmente, tampoco dijo nada sobre el proyecto Majes Siguas II, aunque días antes adelantó que no firmaría la adenda para su continuación, pese a los informes favorables de Autodema, oficina que es parte de la administración regional.

En síntesis, el discurso del gobernador regional evidencia una alarmante falta de visión de conjunto sobre el desarrollo de Arequipa como región, el cual parece reducirse a la ejecución dispersa y fragmentada de inversiones en ciertas obras de infraestructura que, aun cuando importantes, no constituyen en sí mismas una alternativa adecuada a los desafíos de Arequipa. Es también lamentable, la carencia de una visión y discurso político capaz de convocar a amplios sectores ciudadanos y de negociar y concertar políticas con los representantes de otras regiones. Solo queda estar alertas, impulsar la vigilancia ciudadana y propuestas que permitan superar los vacíos que hasta ahora demuestran nuestras autoridades.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2019

Programa Regional Sur - descosur

Se quiebra el sur

La visita de los gobernadores Zenón Cuevas y Walter Aduviri, de Moquegua y Puno respectivamente, al mandatario boliviano Evo Morales, se vislumbraba como un primer paso para la formación de un bloque poderoso del sur, uno que busque hacer visibles y posibles varias reivindicaciones comunes y proyectos conjuntos, como el gasoducto del sur y la petroquímica. Las declaraciones posteriores, ya en el ejercicio de funciones, y las propuestas de otros gobernadores del sur vinculadas al gas boliviano, reforzaban esa esperanza; sin embargo, en febrero todo se desvaneció.

Dos hechos han implosionado el bloque. El primero, el reproche de Walter Aduviri a su homólogo arequipeño, Elmer Cáceres Llica, de no poder entablar diálogo alguno por su falta de interés y porque usualmente, “está borracho” durante los GORE convocados por el Ejecutivo. El segundo, el izamiento de la bandera de Puno en Pasto Grande, territorio en disputa  reclamado por los puneños, pero asumido por los moqueguanos como parte de su jurisdicción. Walter Aduviri también fue el protagonista de este incidente.

Cáceres Llica no ha respondido a Aduviri Calisaya –al menos no públicamente–, pues en enero su jefe de prensa anunció que no haría declaraciones a medios durante los primeros 100 días de su gestión. Pese al silencio, lo que se vislumbra es una batalla intestina por el agua, por la construcción de la represa Paltuture (antes Paltiture), anunciada anualmente por el Ejecutivo desde la presidencia de Alejandro Toledo.

Respecto al segundo incidente, Zenón Cuevas ha hecho público un pronunciamiento oficial. En uno de los puntos señala que interpondrá acciones legales para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos ese día y que defenderá legal y pacíficamente sus legítimos derechos respecto a este territorio; mientras, Walter Aduviri denunció un intento de asesinato en su contra de parte de funcionarios moqueguanos. Aquí tampoco hay un buen augurio sobre este problema limítrofe.

Entre tanto, el Ejecutivo está aliviado. Si antes se mostraron nerviosos por la presión de los gobernadores sobre el gasoducto del sur, ahora respiran tranquilos. A solicitud del Ministerio de Energía y Minas y Proinversión, una consultora viene evaluando tres nuevos trazos para el gasoducto. Así las cosas, la reiteración del pedido del gas boliviano para Puno planteada por Walter Aduviri, será tomada como una pataleta personal y no como la reivindicación de un bloque. El GORE seguirá siendo un espacio para que cada gobernador gestione dinero para su jurisdicción, desvaneciéndose la posibilidad de articular esfuerzos territoriales que propongan una política conjunta. Lo único que queda es que la ciudadanía alce la voz, porque si depende de los gobernadores, serán otros cuatro años perdidos.

En este marco, está en agenda la necesidad de recuperar la capacidad de pensar la Macrorregión Sur como el territorio articulado e integrado que permita hacer contrapeso efectivo al centralismo limeño, lo que implica ampliar la mirada localista que ha estado vigente en los gobernadores regionales desde que se establecieran las regiones sobre la base de los departamentos.

desco Opina - Regional / 8 de marzo de 2019

Programa Regional Sur - descosur