Hay
varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos
surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos
de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren
bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que
se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y
de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el
proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha
estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte
del país.
Comencemos
con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de
una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el
Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba
entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el
proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri
informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos
y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita
técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos.
Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la
evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la
concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada
(APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a
otro país esté tambaleando.
La
relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la
optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola
regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en
la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima,
no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al
costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo
del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además,
no se ha resuelto aún el arbitraje
internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco
sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la
tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de
lujo, Pedro Pablo Kuczynski,
inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya
terminado el túnel para el trasvase de aguas.
Para los
cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo
es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser
atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario
de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles,
mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130
soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner
Salcedo Álvarez, exigió
que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas)
y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no,
obstaculizarían su avance.
El
problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El
desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su
desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta
industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a
electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni
podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una
constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una
pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un
cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que
parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.
En
febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen
avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa
Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El
ministro señaló que “El
ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica
en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a
conectar”, lo que significa dejar al resto de
regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo
abastecidas por el “gas virtual”
(suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para
el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y
que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron
una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la
construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada
el año pasado por las autoridades nacionales. Los
manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les
agende una reunión para el próximo 3 de abril.
No
podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales
del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al
gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de
incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora
aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.
El Sitgas
quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En
este mismo año, el
Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional
Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto
Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el
Gobierno
Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por
mantenimiento y preservación de tubos, y aunque
solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la
tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el
momento.
Con
una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso
tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si
logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un
polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos
ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.
desco Opina – Regional / 28
de marzo del 2025
descosur
Entradas
