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El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

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