Los estropicios legales de un congreso ilegítimo

 

Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Por eso, el comunicado de los senadores norteamericanos se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes, el pasado 19 de junio, advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y las organizaciones sociales. En particular, resaltaron que obligarlas a registrar sus actividades y divulgar información sensible, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. Destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que las medidas que busca aprobar el Congreso, podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú.

¿Por qué la preocupación? Lo que no asumen los patrocinadores del proyecto que busca modificar la Ley que norma el funcionamiento de APCI, es la complejidad que supone la referencia a la cooperación internacional. En efecto, cuando el objetivo es perseguir, criminalizar e ilegalizar y no buscar mejores canales para dar eficiencia a estos recursos, los impulsores de la norma no consideran que, según cifras oficiales, 73% de la cooperación para el desarrollo es manejada por el Estado peruano y sólo el 27% lo conducen las ONG y organizaciones sociales.

De ese más del 70% que administra el Estado peruano, la cooperación norteamericana representa casi el 60% del total. En el 2021, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), convino con el Estado peruano la transferencia de 321 millones de dólares, para proyectos de cooperación en Perú, durante los siguientes cinco años.

Estos recursos se destinan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales que buscan fuentes de ingreso lícitas y sostenibles mediante el desarrollo de cadenas productivas. En otras palabras, lo que se intenta es la reconversión productiva sostenible de los campesinos cocaleros para, según el objetivo 1 que se propone el plan de USAID para nuestro país, “expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca”.

Una segunda área de cooperación es la mejora de la integridad pública para reducir la corrupción. En esa línea, USAID busca apoyar a las entidades de supervisión y control del Estado peruano, para la implementación de sus políticas y reformas destinadas a lograr mayor eficiencia y transparencia del aparato estatal. Así, según su objetivo de desarrollo 2, nuestro país, “incrementa la integridad pública para reducir la corrupción”.

Como vemos, las posiciones eminentemente personales, combinadas con la vocación profundamente antidemocrática que porta la mayoría de los integrantes del Congreso de la República dan como resultado estas inconcebibles conductas, en las que el necesario debate alrededor de los intereses nacionales queda totalmente de lado. Más aun, ni siquiera estamos ante situaciones inéditas, porque lo que vemos hoy tiene mucha semejanza con lo visto durante el autoritarismo fujimorista de los años 90 e, incluso, encarnado en las mismas personas y agitando los mismos pretextos.

 

 

desco Opina / 13 de diciembre de 2024

Las ONG en la mira de la coalición autoritaria

 

Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.

Estamos siendo testigos de un paso más en la llamada “guerra cultural” que las derechas extremas vienen agitando desde distintos frentes como el Parlamento y los medios de comunicación. Esta vez, el objetivo es claro, limitar el avance que las ONG han promovido en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos, derechos dirigidos a las grandes mayorías, esas mayorías que pretenden invisibilizar desde el poder, acortando las pocas posibilidades que tienen para acceder a una vida digna.

Es en ese escenario, en donde el arduo trabajo de las ONG por la lucha contra la corrupción, la construcción de ciudadanía, el impulso de derechos y de la organización, el fortalecimiento de capacidades de la sociedad para el ejercicio de sus derechos políticos, así como la amplia generación de experiencias y propuestas de políticas públicas, resulta incómodo y peligroso para los intereses de los grupos de poder representados en el Congreso y el Ejecutivo. Hay que ser claras y claros, más allá de las ONG, se está afectando los derechos de distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, que trabajan de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro y han construido una red importante mediante la cual se impulsan iniciativas que respaldan sus demandas y necesidades ante la debilidad, la indiferencia y la ausencia del Estado para hacerlo.

Las Organizaciones No Gubernamentales nunca nos hemos opuesto a la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas son parte de nuestro quehacer cotidiano y muchas de las instituciones estamos adscritas a compromisos internacionales y promovemos estas políticas ante la misma población con la que trabajamos, los donantes de los distintos proyectos, la cooperación internacional, la opinión pública, la APCI y las instituciones públicas cuando es requerido. Es falso que pretendamos ocultar nuestra información y los movimientos económicos que realizamos para sustentar nuestras acciones, acciones que año a año cumplimos sin perder el aliento, gracias a un trabajo minucioso que busca también la transparencia dentro de nuestras propias organizaciones.

Sí, estamos a favor de toda iniciativa que busque fortalecer los mecanismos de transparencia, que incluya el fortalecimiento de la propia APCI, a fin de asegurar su rol articulador en el sistema de cooperación internacional y de acuerdo a las necesidades de la agenda nacional. No, no vamos a permitir que el revanchismo político de los sectores antiderechos y conservadores del país, se superponga a los intereses comunes que movilizan a diario, y a lo largo de nuestra historia, a diversos actores, comunidades y población organizada, en pro de sus derechos y que reclaman por un sistema político legítimamente representativo y que sea capaz de asegurar una vida digna para todas y todos.

 

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2024

Productores alpaqueros inseguros

El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI) lanzó el «Seguro Alpaquero», para cubrir las pérdidas causadas por el friaje, reponiendo los animales muertos a causa del descenso de la temperatura. La población nacional de alpacas representa el 80% del total mundial, siendo el eje de la actividad económica central de los pobladores que están asentados por encima de los 3800 msnm. El MINAGRI  considera a este seguro como un «mecanismo de reposición de alpacas», es decir, la   entrega de animales en pie, a favor de los pequeños criadores afectados (los que poseen menos de 100 cabezas de ganado), previa identificación.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), en Huancavelica existen 6726 productores alpaqueros. Los distritos con mayor número de alpacas son: Pilpichaca con 56 227 cabezas; Santa Ana, 32 297; Huancavelica, 31 447; y Lircay con 37 703 ejemplares. Los productores viven de este recurso, siendo su principal y casi única fuente de ingresos, por lo que cualquier pérdida contribuye a una sensible disminución de éstos.

En Huancavelica el friaje es un fenómeno habitual y estacional en territorios por encima de los 3800 msnm, con mayor incidencia aún en estos últimos años, debido al cambio climático. En estas condiciones, consideramos importante implementar el «mecanismo de reposición de alpacas»; sin embargo, este seguro es solo un paliativo y no forma parte de una propuesta mayor orientada a resolver el problema de fondo: la pobreza de la población de este sector productivo. En otras palabras, se actúa cuando las alpacas mueren, cuando el problema ya ocurrió. Esa inacción le cobra una factura a los productores que son los más afectados y, en ese sentido, consideramos que el Estado bien podría generar una política de acuerdo a los problemas existentes a causa del cambio climático, en el que se considere promover alternativas tecnológicas como la construcción de cobertizos, manejo de forrajes en ensilado y henificado, incorporación de herramientas biotecnológicas (como los «chalecos»), todas  alternativas exitosas trabajadas desde hace más de 25 años por desco. Estas propuestas bien podrían ser parte de una política de Estado para este sub sector económico relegado por el gobierno central; sin embargo, una vez más se ignora el trabajo de las ONG y se cree que la solución es la omnipresencia fallida del Estado.

En general, el «seguro alpaquero» o el «mecanismo de reposición de alpacas» no es efectivo ni favorece a todos los alpaqueros. Ellos mismos manifiestan que ni siquiera saben que existe tal seguro.  Por ejemplo, don Octavio Mulato, de la comunidad de Choclococha - Palomo, manifiesta que él tiene mortalidades considerables por fiebre de alpaca, abortos, etc., provocados fundamentalmente por efectos del cambio climático; sin embargo, no ha tenido ninguna compensación o retribución por parte del «seguro alpaquero» o del Estado mismo.

Entonces, los alpaqueros señalan que el seguro existe en el papel, pero nada en el campo en favor de ellos. Por último, ni siquiera existe una instancia nacional a la cual puedan acudir, solo la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos – DIRCAMS de Huancavelica, que está realizando algunos esfuerzos por apoyar al sub sector, pero sin tener todavía una propuesta clara.

Este sub sector sigue siendo desatendido e ignorado por quienes estando en el poder pudieron plantear alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de los productores, y no solo para reponer alpacas. En esa línea, y como una forma de afrontar el problema de fondo, bien podría estudiarse la factibilidad de una subvención a la crianza de este camélido a fin de compensar su baja rentabilidad, teniendo al referido seguro como un aspecto complementario. En suma, las experiencias de desarrollo están a disposición de quien las quiera replicar, los alpaqueros siguen estando a nuestro lado, y nosotros con ellos a pesar de la escasez de recursos, los discursos oportunistas, y los ofrecimientos no cumplidos en tiempos de elección, lo cual podría ser  aprovechado nuevamente como oportunidad de captar a la población electoral.

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2015

Programa Sierra Centro
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