El futuro de la Junta Nacional de Justicia

 

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.

La misma encuesta registra la opinión pública sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impulsada por la mayoría del Congreso de la República, argumentada por varios de los abogados que denunciaron el supuesto fraude el 2021, incentivada por Patricia Benavides, quien le abrió un procedimiento competencial en el Tribunal Constitucional, aplaudida por la mayoría de opinólogos de la derecha, y por otros que insisten en pasar por sesudos y equilibrados demócratas. Sorprendentemente, tres de cada cuatro encuestados, en todos los segmentos de la muestra empleada, indican que la destitución de la Junta afectaría la democracia. Sorprendente, decimos, porque en septiembre, al inicio del proceso en el Congreso, apenas 19% estaba en contra de la investigación sumaria; un mes antes, hay que recordarlo, en la medición de la misma fuente, cerca del 50% de los encuestados no pudo darle un contenido al término democracia y 23% señaló que funcionaba mal y la vinculó con calificativos negativos.

Mientras la opinión pública es contundente, el comportamiento de los involucrados también lo es. La mandataria, dedicada a sus viajes mientras el país amenaza con incendiarse, está convencida que basta con responsabilizar de todo a su exsocio Castillo y hacer anuncios, grandilocuentes y vacíos, para atender la recesión económica, la inseguridad desbordada en su estado de emergencia y El Niño que toca la puerta. Su Premier, involucrado en controversias diarias, insiste en hacernos creer que es apenas un escudero, buscando esconder la incapacidad de su gobierno. Los congresistas, blindándose entre ellos y avanzando decididos a la captura de las instituciones, donde su llave inmediata es la JNJ. La Fiscal, por su lado, acelera las movidas en su interna, castiga a quienes la incomodan en el Ministerio Público y busca liquidar las indagaciones contra sus socios políticos. En esta película, hasta los extras actúan; así, el Defensor del Pueblo se apura en buscar prolongar su encargo y llenar la institución de los clientes de quienes le entregaron el encargo.

Sintiéndose seguros en su impunidad, convencidos que el estallido social que costó 49 vidas por acción de las fuerzas del orden, más de 1000 heridos y una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos judicializados por su participación en las protestas, se creen capaces de imponer su orden y garantizar sus negocios particulares, su permanencia en el poder y la prolongación del ciclo neoliberal. El descrédito de la política, el desapego de ella y la pérdida de contenido de la democracia han terminado por destruir las instituciones y liquidar la representación política, enfrentando a la sociedad con una generación de políticos a prueba de la opinión pública y carentes de cualquier recato, no haciéndose problemas de aparecer en fiestas que comparten con delincuentes y rechazando cualquier posibilidad por lo menos de control de daños, porque pedirles autocrítica es demasiado.

En este escenario oscuro, los próximos días asistiremos al desenlace del intento de destitución de la Junta, como paso previo a la arremetida que seguirá contra los órganos electorales. El pleno del Congreso, a última hora, postergó el debate del informe final, que recomienda su remoción por presunta falta grave, para el 8 de noviembre, fecha sospechosa porque ese día juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima la final del campeonato nacional de fútbol. La postergación indica que no tienen los 87 votos que requieren y que las negociaciones entre las derechas continuarán. El dueño de APP, adelantó que su bancada no votará por la propuesta, lo que indica que busca un cuarto intermedio, dado el valor de su palabra, equivalente a un cenicero en una moto. Otros parlamentarios, buscando asegurarse un premio consuelo, estarían replanteando la propuesta, buscando la salida de algunos de los integrantes de la Junta y su reemplazo por quienes ocuparon los puestos siguientes en el concurso de su nombramiento.

Simultáneamente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial del Ministerio Público contra la misma Junta por una supuesta vulneración de sus funciones institucionales. El tema de fondo son dos investigaciones preliminares contra Benavides –el cambio en la conformación del equipo que investiga a los “Cuellos Blancos”, donde habría comunicaciones entre la Fiscal de la Nación y Antonio Camayo, así como la remoción del fiscal que investigaba el caso Sánchez Paredes–, vale decir, temas de gestión que no afectan la autonomía de la Fiscalía.

El desenlace de ambas situaciones probablemente terminará en que permanecen en su cargo algunos miembros de la JNJ, pero su conformación sufrirá cambios. En el país es evidente que las encuestas, más aún, la opinión pública, carecen de todo peso para los políticos que actúan hace años guiados por sus intereses inmediatos y blindados por el desapego a la política y la fragmentación de la sociedad.

Para que las cosas empiecen a cambiar, mientras los miles que se movilizaron en los primeros meses del año, especialmente en el sur andino, recuperan fuerzas, encuentran caminos para articularse y compartir su agenda –tema irresuelto hasta hoy–, sumando los nuevos y diversos malestares por la situación económica, la inseguridad, la corrupción y el abuso cotidiano, iniciativas importantes como la Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarse con ellos y construir puentes entre su defensa institucional de lo poco que queda de democracia y las demandas más amplias de la sociedad, que lo que exige, en el mediano plazo, más allá de nuevas elecciones, es un contrato social distinto. Lo que está en disputa en el corto plazo, es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y un nuevo ciclo neoliberal.

 

 

desco Opina / 3 de noviembre de 2023

A propósito de la Junta Nacional de Justicia

 

Mientras el Congreso de la República empieza a dudar de los caminos para consolidar la coalición autoritaria que nos gobierna, el Ejecutivo de Boluarte y Otárola hace agua por múltiples frentes. La ofensiva que iniciara el Parlamento nacional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) semanas atrás y que parecía indetenible parece enredada en la improvisación, la informalidad y la impunidad que caracterizan la acción toda de ese poder del Estado y de la propia investigación express de sus integrantes, que pretenden. Las reacciones en contra, entre las que destaca la aparición y primera movilización el pasado 16 de septiembre de la Plataforma por la Democracia, espacio que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y colectivos culturales, incluyendo a distintos grupos políticos de izquierda y liberales, aunque están aún lejos de alcanzar para afrontar el autoritarismo, muestran un camino abierto y amplio para enfrentarlo.

Que los argumentos para liquidar a los magistrados investigados eran apenas una coartada para las intenciones reales de sus promotores fue claro desde el primer momento. La justificación para la pretensión –supuestas presiones al Presidente del Poder Judicial para que apoye a la exfiscal Ávalos, la publicación en mayo de un comunicado defendiendo la independencia del sistema de justicia por el juicio político a aquella, la no presentación de sus informes anuales y el retiro de la Junta de la doctora Tello por tener más de 75 años– fue endeble desde el primer momento, al extremo que distintas voces cercanas a algunos sectores empresariales que siempre guardan silencio, políticos de derecha como Pedro Cateriano y hasta entusiastas de la coalición autoritaria, tomaron distancia de la estrategia expresando su preocupación por “el Estado de derecho y las reglas del debido proceso”.

Con el correr de los días, por si cabían dudas, terminaron de desnudarse los “motivos” del Congreso. El más importante, sin duda, es lograr el control del sistema de justicia para garantizar la impunidad de muchos de los miembros de la coalición gobernante, especialmente de la señora Fujimori, así como capturar los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para asegurar su victoria en futuras elecciones. Blindar a su aliada, la Fiscal de la Nación, de las distintas investigaciones en curso en la JNJ –entorpecer la investigación de los “cuellos blancos”, proteger a su hermana la jueza, “esconder” sus tesis de maestría y doctorado y recibir una condecoración de un investigado por presunto lavado– es el otro interés, así aquella haya tenido que mostrar su “preocupación” por la separación de poderes para mejorar su imagen y su frente interno. Por debajo de ellos, la explicación fundamental de la arremetida es la decisión de asegurar el “orden institucional” que requieren para afianzar su neoliberalismo fujimorista 2.0, incluyendo el contenido mafioso que “aportaron” a la política del país desde los noventa del siglo pasado.

En este escenario, todo indica que la torpeza y el apuro congresal los obligará a ampliar el plazo. Las miserias en la coalición mafiosa del Congreso son visibles. Las dudas de la presidenta de la Comisión de Justicia, la postergación de reuniones y los cambios de agenda, resultan elocuentes. El ubicuo César Acuña ya se desmarcó de la pretensión, lo que como sabemos bien no quiere decir nada porque su posición depende siempre del clima de sus intereses. Para peor, otras bravatas congresales como las censuras de los ministros de Defensa y de Energía y Minas se han desinflado con la misma velocidad con la que lo hace el Ejecutivo. No obstante ese desorden e improvisación permanente de un Congreso lleno de prontuariados y mocha sueldos, es evidente que no cejarán en su afán autoritario y todo indica estudian ya un camino de “repliegue” que los conduzca si no al mismo resultado, a uno similar.

En el ámbito internacional, la situación de la coalición autoritaria no es mejor y empeora. Las declaraciones del alto Comisionado de la ONU y de su oficina en Perú, el pronunciamiento de ocho embajadas en el país y la declaración de distintos organismos internacionales muestran el aislamiento de aquella, ratificado en la patética presencia de nuestra mandataria y su séquito en la Asamblea de la ONU, tras haber pretendido “jalarle las orejas” a su representante residente. Persiguiendo las fotos para hacernos creer que se reunió bilateralmente con distintos mandatarios, huyendo de las preguntas incómodas de la prensa y enfrentándola, acusando a sus críticos en Nueva York de ser pagados por “algún grupo de gente interesada desde Perú que los moviliza para que hagan este tipo de shows”, la señora Boluarte descubrió que allá, como le ocurriera en Pichanaqui, la gente le exige explicación de los muertos y heridos en las protestas contra su gestión.

Para peor, sus miedos deben estarse multiplicando por la tormenta que tiene cerca. La recesión de nuestra economía ya es indiscutible. El BCR proyecta el crecimiento del 2023 en 0.9%, la agricultura está en su peor momento desde 1997, la pesca ha caído 33%, El Niño nos toca las puertas y las lluvias e inundaciones en el norte y una sequía durísima en el sur nos afectarán dramáticamente los próximos meses sin que el gobierno muestre la menor capacidad de respuesta y de gestión. Al agobio económico se suma el crecimiento de la inseguridad ciudadana y el incremento descontrolado de la violencia delictiva en medio de la desesperación de la población y de autoridades locales que demandan la presencia de las FF.AA. en las calles, como si fuera una solución así los resultados nacionales e internacionales demuestren lo contrario. Y el gobierno opta por ese camino como parte de su debilidad que intenta esconderla en su propio autoritarismo y en sus marchas y contramarchas para satisfacer a sus socios, como lo evidencia el retroceso en su postura inicial sobre la reversión de los lotes petroleros en Talara. En este escenario, las recientes denuncias contra su cerebro, Alberto Otárola, seguramente la hacen sentir pasos y pensar en nuevas entregas.

En este marco, en el que la coalición autoritaria que nos gobierna, más allá de la improvisación y la mediocridad del Congreso y de los afanes por sobrevivir hasta el 2026 y construir su impunidad que parece ser el horizonte de Dina Boluarte, desde la sociedad, la movilización y la calle parecen ser el único camino. La Plataforma por la Democracia aparece como un espacio que busca construir acuerdos básicos para defender la democracia, convocando desde la diversidad de la sociedad a sectores amplios de ésta y a los grupos políticos que entiendan que la única manera de hacerlo es articulando fuerzas sin desconocer las diferencias.

 

desco Opina / 22 de setiembre de 2023