Al día siguiente

El Ejecutivo venía deshojando margaritas desde el inicio de la crisis provocada por los eventos climáticos, sobre si la reconstrucción a ejecutarse –cuando pasara el temporal– debía hacerla un «zar», el Presidente del Consejo de Ministros, un «director general de la reconstrucción», una entidad centralizada compuesta por un conjunto de ministros, un espacio que incorporara a las autoridades regionales y locales, entre otros. Este último quedó casi inmediatamente desechado cuando el propio Presidente de la República, afirmó claramente que su gestión prescindiría del segmento «corrompido» del aparato estatal –léase alcaldes y gobernadores regionales–.

Las «pruebas» fueron profusa y rápidamente graficadas en las infografías de los diarios nacionales, repitiendo todos ellos «la galería» de alcaldes y gobernadores prófugos o requeridos por la justicia, a la que se ha agregado recientemente, Félix Moreno, el gobernador del Callao.

Lo irónico del caso es que los señalamientos se hacen desde un Ejecutivo que tiene como antecedentes inmediatos un inquilino encarcelado y sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción, uno prófugo, otro investigado, otro  también investigado –al igual que su esposa– y con impedimento de salida del país, y el ocupante actual sin poder despejar firmemente las sospechas que recaen sobre él. El único Presidente sobreviviente que no forma parte de esta lista, está requisitoriado por la justicia italiana por delitos de lesa humanidad.

Pero, en fin, el hecho es que pegó el bolo «gobernadores y alcaldes corruptos», lo cual parece legitimar, en el corto plazo, la decisión de crear una entidad fuertemente centralizada que sería dirigida por un director general de la reconstrucción, como afirmó PPK el 7 de abril, “con cargo de ministro, con un comité de ministros que va supervisar esto, (…) que tiene que estar adscrito a algún sitio y el lugar más obvio es la Presidencia del Consejo de Ministros”. Como vemos, no se entiende bien esta especie de galimatías presidencial con un funcionario con rango de ministro a la cabeza, que sería supervisado por un comité de ministros y que se alojaría en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, los misterios no terminan allí. Dos días después, el premier Fernando Zavala, afirmó que la reconstrucción estaría a cargo de la PCM. Señaló que “a través de un pequeño comité de ministros se podrá organizar todo lo relacionado con la planificación y coordinación de la ejecución de los trabajos que se deben realizar”. En suma, es parecido pero no es lo mismo que lo declarado por PPK días antes.

Sin duda, no se cuestionará la centralista decisión adoptada. Al menos en el corto plazo. Aunque debemos tomar en cuenta que la historia de la gestión de las reconstrucciones propone contundentes lecciones a contrario.

En 1970, luego del terremoto que asoló Áncash, el gobierno militar presidido por el general Velasco creó el Comité de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYRZA), encabezado por la Primera Dama. Sin embargo, a pesar de tener gran cantidad de ayuda humanitaria y fondos provenientes de diversas entidades y organismos internacionales, no tuvo una labor acertada, debido a la falta de capacidad para la gestión. Por esta razón, dos años después, este comité fue reemplazado por el Organismo para el Desarrollo de la Zona Afectada de Ancash (ORDEZA).

En las inundaciones de 1998, el gran operador fue Fujimori, quien exhibió su supuesta eficiencia buscando réditos políticos. El 50% del gasto público fue ejecutado por el Ministerio de la Presidencia, que manejaba Daniel Hokama, con criterio centralista, provocando una gran cantidad de conflictos con los alcaldes, especialmente con el entonces alcalde aprista de Trujillo, José Murgia. La posterior reconstrucción fue liderada por Alberto Pandolfi, ministro de Transportes, quien presidió un Comité Intergubernamental que debió soportar una inmensa cantidad de críticas dirigidas, especialmente, hacia la calidad de la infraestructura vial en la que se había usado no menos del 55% de los recursos disponibles.

Tras el terremoto ocurrido en junio del 2001 en Arequipa, el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Alejandro Toledo, creó el Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR), con la finalidad de manejar los recursos provenientes del BID y del Tesoro Público, fijados inicialmente en 110 millones y luego incrementados hasta en 525 millones de nuevos soles para la ejecución de 130 proyectos que deberían ser elaborados y financiados por los gobiernos municipales y los concejos transitorios regionales que funcionaron en esos años. Casi inmediatamente empezaron las quejas de los alcaldes, entre ellas las de Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, porque este organismo lejos de manejar un presupuesto totalmente propio, produjo una merma en los ingresos de los gobiernos locales, pues el gobierno central derivó a dicho organismo una parte del Canon Minero y del Foncomun que les correspondía. Además, los alcaldes exigieron ser incorporados a ORDESUR ente al que calificaron de centralista e ineficiente pues las partidas económicas para las obras demoraban mucho.

Finalmente, la historia de FORSUR, la entidad que gestionó la reconstrucción del Sur Chico –Chincha, Pisco e Ica– luego del terremoto de agosto del 2007, es reciente y más conocida como para detenernos en detalles. Lo que sí quisiéramos resaltar es cómo este ente naufragó en medio de los mismos reclamos, demandas y críticas desde los gobiernos locales y regionales ante la ineficiencia y despilfarro de recursos, que se escenificaron en las situaciones anteriores.

En esta lamentable historia de fracasos, ineficiencias y corrupción pareciera que no hay otra manera de hacer las cosas ni aspirar a mejores resultados. Sin embargo, hubo una circunstancia en donde las cosas se hicieron bastante mejor que en los casos citados. En marzo de 1963, la ciudad de Ica sufrió una inundación luego de que el río del mismo nombre se desbordase. En mayo, se creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica (CRYDI) para atender a los damnificados, implementando un exitoso sistema de crédito para vivienda que siguió funcionando incluso más allá de la etapa de la reconstrucción.

Pero, gran parte del prestigio de esta entidad se debió a la confianza que generó. La CRYDI fue conducida por personajes de muchísima consideración regional, como José Oliva Razzeto y Alfredo Elías Vargas, entre otros. Posiblemente, en esto reside la clave que las opciones centralistas, tan intoxicadas de «tecnocratismo», no han tomado en cuenta para la buena gestión.

En síntesis; centralizar la reconstrucción no es ninguna garantía de poner los recursos públicos a salvo de corrupción, es una vez más «ningunear» a los gobiernos regionales y locales y ahorrarse esfuerzos por fortalecer sus capacidades, generar situaciones potenciales de conflicto y de uso ineficiente de recursos y, en general, debilitar los esfuerzos por consolidar una democracia más participativa y descentralizada.

desco Opina / 17 de abril de 2017