Ningún país de la
Tierra parece haber acumulado, en tan poco tiempo, un ramillete tan amplio de
expresidentes procesados, condenados o con investigaciones en curso, soportando
carcelería, prisión domiciliaria o restricciones por múltiples delitos. Eso dice
mucho de la realidad contemporánea en la que vivimos: de la fragilidad
institucional,
la debilidad del Estado y del clima de caos político que
arrastramos en el Perú desde hace décadas.
No sorprende entonces
que, a pocos meses de las próximas elecciones generales, ninguno de los numerosos
candidatos y candidatas a la presidencia alcance siquiera el 10 % de respaldo
en las encuestas de
intención de voto,
mientras que las opciones del voto en blanco o viciado se mantienen como una de
las preferencias predominantes, cuando un porcentaje
significativo de la ciudadanía aún no precisa su opción. Bastarían esos datos,
recogidos por las principales encuestadoras, para tener un primer
boceto de la realidad electoral: desconfianza, desinterés y una representación
política profundamente erosionada.
Pero esa es sólo una
pieza del cuadro. El proceso electoral ocurre en medio de circunstancias
excepcionales y de una pulverización de la
oferta política:
decenas de organizaciones, con listas congresales vastas, suman varios miles de
candidaturas al Parlamento. Más que una celebración del ejercicio democrático y
de la vocación de servicio de tantas ciudadanas y ciudadanos, esas cifras
expresan, sobre todo, el gran desorden en el que nos encontramos.
La coyuntura se hace
más nítida cuando se agregan otros datos y variables. Ahí están, por ejemplo,
las cifras de asesinatos de
conductores y trabajadores del transporte público en diversas ciudades
del país, especialmente en Lima, como expresión de la expansión del crimen
organizado y de las economías ilegales. Desde otro ángulo, los movimientos
migratorios forman parte del cuadro: por un lado, los peruanos que han
salido del país
en los últimos años, por otro, los cientos de miles de venezolanos y
venezolanas establecidos en el Perú desde hace más de una década, particularmente en Lima. La emigración de
jóvenes decepcionados y sin horizonte, sumada a la llegada de población
migrante, configura un fenómeno de relevo de “brazos y cerebros” que se siente
con particular fuerza en la capital.
Al mismo tiempo, el
perfil productivo y económico del país se define con claridad como propio de
una economía atravesada por índices récord de informalidad y una fuerte
presencia de actividades ilegales. No se trata únicamente de la informalidad
comercial o laboral que supera ampliamente a la economía formal, sino también
de la expansión de los
circuitos ilegales
vinculados a la extracción de oro, al tráfico de drogas y a la explotación de recursos
maderables.
La minería ilegal de oro, en particular, se ha convertido en un vehículo
privilegiado para el lavado de activos provenientes de otros negocios ilícitos,
empezando por los vinculados a la cadena de producción y exportación de
cocaína.
Que esos datos sean hoy
relativamente conocidos –como lo es también la persistencia de una informalidad
laboral que abarca a más de dos tercios de la población ocupada– no debería
distraernos del problema político de fondo. El país está cada vez peor
gobernado como resultado de la confrontación permanente entre poderes del
Estado, congresos desacreditados, gobiernos sin proyecto y un sistema de
justicia presionado y manipulado. Buena parte de esas instituciones parece
funcionar al compás de intereses subalternos, articulados en torno al pacto de
las derechas más conservadoras y autoritarias y sus aliados, que trabajan para
asegurar la continuidad de un modelo que excluye de la representación real a
las mayorías populares y a amplios sectores de las clases medias empobrecidas.
El auge de ciertos
sectores económicos –como la minería formal y la agroexportación–, que podrían haber
sido pilares para una reforma profunda del Estado, para promover una
modernización productiva y asegurar una mejor inserción del Perú en el mundo
globalizado, no se ha traducido en ese tipo de transformaciones. Por el
contrario, ha coexistido con el deterioro sostenido de
la calidad de vida,
el aumento de la inseguridad y la consolidación de un orden social que solo
ofrece estabilidad a unos pocos.
En este contexto, la
política se administra en el día a día, sin un horizonte de país, sin un
proyecto nacional compartido, casi como una versión institucional del “gota a
gota”: se gestiona la crisis cobrando cuotas sucesivas a la ciudadanía –en
derechos, en seguridad, en confianza–, mientras se posterga cualquier reforma
de fondo.
Suele decirse que la
esperanza es lo último que se pierde. Tal vez por eso, a pesar de todo,
continúan apareciendo, una y otra vez, iniciativas, voces y esfuerzos que
insisten en construir alternativas democráticas y de justicia social. Son
expresiones todavía dispersas, pero necesarias, de quienes no renuncian a la
idea de un país distinto. Persistir en esa voluntad de cambio, frente a una
coyuntura tan adversa y un sistema político que parece diseñado para bloquearla,
es hoy una de las tareas más importantes para quienes seguimos apostando
honestamente por el país que queremos.
desco Opina / 28 de noviembre de 2025
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