El baile sigue

Termina ya el año políticamente más intenso y sorprendente de lo que va del siglo en el país. Los resultados del referéndum del 9 de diciembre pasado, consagraron una victoria indiscutible del Presidente, por extensión de su gobierno, en la consulta ciudadana que lanzaran meses atrás. Los votos válidos por el Sí (conformación de la Junta Nacional de Justicia, regulación del financiamiento de partidos y prohibición de reelección inmediata de parlamentarios) estuvieron por encima del 85% en la gran mayoría de regiones, superando el 90% en siete de ellas, mientras el No a la bicameralidad fue más contundente aún y estuvo por encima de ese porcentaje en trece departamentos del país.

La otra cara del respaldo al Presidente, sin ninguna duda, fue el rechazo al Congreso de la República. Más exactamente a la mayoría fujiaprista, que ante la opinión pública arrastra a todos los parlamentarios, sin excepción y es parte central de la desconfianza plena que rodea a los políticos y a la propia política. Aún perplejos por la detención preventiva de Keiko Fujimori y el patético naufragio del asilo de Alan García, concluido el referéndum, caracterizados voceros de ese sector, insistían en encontrar la «desconexión» entre el mandatario y la realidad, en un intento inútil por negar su derrota.

Ese mismo 9 de diciembre, concluyó también la elección de nuevos gobernadores regionales. Importante, entre otras cosas, porque desde su instalación en Palacio, el mandatario y su Primer Ministro apostaron a equilibrar una cancha desfavorable en su relación con las autoridades descentralizadas. La legitimidad de origen de los recién elegidos resultó severamente herida en la mayoría de casos; el ausentismo electoral y la suma de votos blancos y nulos superaron los que se observaron el 2014, habiendo regiones como Tacna, donde los votos blancos y nulos fueron mayores que los obtenidos por su nuevo gobernador o provincias como Piura, donde ocurrió lo propio con el alcalde electo.

Once de los gobernadores elegidos tienen sentencia o se encuentran con procesos judiciales avanzados, diecisiete con acusaciones e indagaciones y hay uno que permanece no habido. La renovación, por cierto, es mínima: cuatro exgobernadores, siete exalcaldes, cuatro candidatos «recurrentes» y un excongresista están entre los vencedores.

Ambos hechos, los resultados del referéndum y la elección de las nuevas autoridades subnacionales, evidencian el desplome de nuestro sistema de representación y el colapso de las franquicias, que son los denominados partidos nacionales. Convertidos en el principal factor que explicó la multiplicación de aspirantes –73% de las listas regionales, 65.9% de las provinciales y 61.4% de las distritales, participaron con ese membrete–, los resultados, más allá del entusiasmo que tratan de mostrar Alianza para el Progreso y Acción Popular, no alcanzan para esconder la magnitud de una situación, que en este caso, evidencia también, el virtual agotamiento de una reforma que se lanzó el 2002 y que exige cambios radicales para evitar una quiebra institucional mayor a la que estamos viviendo.

Tras los resultados del 9, empieza en consecuencia, un nuevo tiempo para el gobierno. Si éste interpreta su aplastante victoria como un cheque en blanco y un apoyo incondicional, cometerá un serio error. El discurso presidencial tras su victoria, evidenció ese riesgo; más ruido que nueces para un Ejecutivo que sigue siendo débil, que tendrá al frente a un Congreso rengo, pero con distintos sectores –incluida parte importante de su «propia» bancada– que viven en una realidad paralela y parecen decididos a morir matando. Un Ejecutivo que ahora tiene que resolver las debilidades de su gestión y convencer a la gente que efectivamente tiene la capacidad y la fuerza necesaria para encabezar la lucha contra la corrupción, avanzar en la reforma política que se necesita, y gestionar la economía desde las necesidades y demandas de las personas y no desde las presiones y exigencias de las empresas.

desco Opina / 20 de diciembre de 2018

El panorama poselectoral en el sur

El presidente Martín Vizcarra debe ser uno de los peruanos más satisfechos en estos días. Los resultados del referéndum han significado su legitimización en el Poder Ejecutivo. El sur –en especial– le ha dado un poderoso espaldarazo en las urnas a su propuesta por el SÍ, SÍ, SÍ, NO. En Moquegua, su cuna, se registró uno de los porcentajes más altos a nivel nacional por el SÍ a las tres primeras consultas. La acompañaron con más del 90% de votos válidos por esta opción: Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Y más del 90% votó por el NO a la cuarta consulta en Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco y Puno.

Martín Vizcarra supo leer el sentimiento de hartazgo de la población por el actual sistema político, renuente a reformas de fondo que permitan combatir con efectividad la corrupción; sin embargo, la cosecha de este caudal de popularidad en las urnas debe ser tomado con prudencia por el presidente, pues le restan varias demandas por resolver en estos tres años de gestión que le quedan.

El domingo 9 de diciembre se definió además, el destino del resto de sillones regionales en el sur. En esta segunda vuelta los votos blancos y nulos fueron también, una señal alarmante del descontento ciudadano sureño. El caso más dramático fue el de Tacna, donde estos sumaron 41%, mientras que el ganador sólo recogió el 36 % de los votos emitidos. Por más que Luis Torres llamó al electorado a votar por el “gordito simpaticón” (el símbolo de su movimiento), su detención por la vinculación con la organización criminal “Los Limpios de Tacna”, hizo que su oponente, Juan Tonconi, gane prácticamente por walkover. Sin embargo, sobre el nuevo presidente regional, también pesa una denuncia por los delitos de cobro indebido, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, falsedad genérica y peculado. Tonconi llega al poder, pero deslegitimado por sus paisanos.

En el caso de Arequipa, la suma de los votos nulos y blancos fue mayor que la alcanzada por Javier Ismodes, el perdedor en esta disputa electoral. En esta región, Elmer Cáceres Llica ganó la elección con el 40% de los votos emitidos. La reivindicación al provincianismo fue una carta que supo jugar muy bien durante su campaña, como alguna vez lo hizo Alejandro Toledo. Hasta hoy se leen en las redes sociales, innumerables comentarios racistas en torno a su victoria. Su votación fue alta en distritos populares y en las provincias de Arequipa, siendo la más significativa en Caylloma, su lugar de origen. A pesar de este baño de popularidad, pesan sobre él una serie de denuncias por violación sexual, que aunque están cerradas, podrían desequilibrar su poder en el sillón regional. Ísmodes, el perdedor de la contienda, tenía también serios cuestionamientos, eso explicaría el alto porcentaje del voto blanco y nulo.

A diferencia de estos nuevos gobernadores, los que sí alcanzaron una buena votación fueron Luis Hidalgo, en Madre de Dios; Jean Benavente, en Cusco; y Baltazar Lantarón, en Apurímac, donde alcanzaron 53%, 58% y 54% de los votos emitidos, respectivamente.

Así se completa el mapa electoral del sur, con una mayoría de gobernadores legitimados en las urnas y una minoría seriamente cuestionada. ¿Qué tienen en común los nuevos gobernadores regionales del sur? El hecho de que desde sus discursos de campaña y de victoria, exigen que se rinda cuentas respecto a la actividad minera. Baltazar Lantarón ya indicó que revisará los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la minera por el proyecto  Las Bambas. Mientras, Cáceres Llica ha declarado su oposición a los proyectos Tía María y Zafranal, además de solicitar que Cerro Verde pague la deuda pendiente por regalías en la Región Arequipa. Asimismo, en Puno, Walter Aduviri ha cuestionado la política nacional de recaudación por la extracción de los recursos naturales.

Estos gobernadores regionales han declarado que no son antimineros, y que sólo pretenden que se respeten los compromisos sociales y ambientales. Justamente, es en el sur donde las empresas mineras han puesto el ojo para sus inversiones, por la cantidad de mineral que yace en su territorio. Así las cosas, el tema minero será, sin duda, uno de los problemas principales que tendrá que tocar con pinzas el Gobierno Central, pues del otro lado están los votantes, expectantes a las promesas de sus nuevas autoridades.

desco Opina - Regional / 14 de noviembre de 2018

Programa Regional Sur - descosur

Más allá del referéndum y las detenciones preventivas

Al asumir su cargo en marzo pasado, el nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria, que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo que se traduce en bajos niveles de crecimiento, altos niveles de subempleo, una pobreza persistente y notorias brechas de desigualdad.

En sus primeros meses, el nuevo gobierno parecía destinado a contemporizar con el fujimorismo y poco menos que someterse a sus designios, pero poco a poco, Vizcarra fue mostrando sus distancias y el destape de los CNM audios –que reveló la corrupción en altos niveles de la política y el poder judicial– le brindaron una oportunidad que supo aprovechar.

En su mensaje del pasado 28 de julio, y como respuesta a la escandalosa corrupción que puso en evidencia la difusión de tales audios, el presidente anuncia su decisión de remitir al Congreso cuatro proyectos de ley para introducir reformas políticas y jurídicas que él consideraba claves para luchar contra la corrupción, las que deben ser sometidas a referéndum antes de fin de año. Como se sabe, esto puso por primera vez a la defensiva a Fuerza Popular y a su jefa, que desde entonces no han podido recuperar la iniciativa y han caído estrepitosamente en sus niveles de aprobación, lo contrario de lo sucedido con el presidente Vizcarra.

Así, desde hace varias semanas, el país vive una situación política muy intensa, donde las noticias, destapes y acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. La debacle de Fuerza Popular, impensada pocos meses atrás, y las audiencias para definir la prisión preventiva de su lideresa –más impensable aún– absorben por estos días la atención ciudadana que, no está demás decirlo, desaprueba masivamente a Keiko Fujimori y a su representación congresal. Se ha producido un asombroso cambio en las correlaciones de fuerza política en el país, cuyo desenlace está aún por verse.

Nos encaminamos ahora a un referéndum y es previsible que hasta diciembre, la atención ciudadana esté concentrada en la escena política y judicial. Después de este, lo más probable es que la aprobación del Presidente y de su gobierno dependan más del desempeño de la economía y es aquí donde el segundo gran desafío (crecimiento económico, reconstrucción del norte, empleo, reducción de la pobreza y de las desigualdades) adquirirá mayor relevancia.

Como se sabe, en los últimos años, el crecimiento económico ha disminuido notoriamente, tanto por factores externos (caída de la demanda y de los precios de los minerales) como internos (errores en la política económica), y poco o nada pudo hacer el expresidente PPK a pesar de la fama de economista exitoso que lo precedía y de los economistas que puso en su gobierno. Le toca entonces a un ingeniero civil provinciano afrontar los desafíos, aun cuando las proyecciones del FMI son moderadamente optimistas para este y los próximos años.

Las dificultades han sido evidentes; así por ejemplo, en el transcurso de este año, el crecimiento de la inversión pública, una variable que hasta cierto punto podía compensar la caída de la inversión privada, no ha tenido una evolución positiva. Por su parte, los grandes proyectos privados, principalmente los mineros, podrían significar al menos US$ 5000 millones para este año, pero no termina de estar del todo clara la viabilidad social de algunos de estos, lo que podría retrasar o inviabilizar su implementación.

Pocos esperan que el gobierno decida aplicar medidas económicas que dejen de lado –aunque sea parcialmente– el modelo vigente, pero dentro de las reglas de juego establecidas, son limitadas las opciones que se tiene. Una de ellas es, por ejemplo, terminar o reducir las exoneraciones tributarias a fin de aumentar la recaudación fiscal (los casinos y salas de juego gozan, increíblemente, de exoneraciones); el MEF ha presentado ya iniciativas pendientes de implementarse, aunque sus alcances están aún por conocerse.

Un tema de fondo es cómo el gobierno mantendrá su legitimidad política y social, una vez superada la intensa coyuntura política de estas semanas y obtener los resultados esperables en el referéndum. Está por verse, además, si puede reactivar la economía, responder a los retos que plantea la situación e ir más allá de un crecimiento cuantitativo del PBI. Esta es una perspectiva que no debe perderse, al igual que otros retos particularmente valorados como la seguridad ciudadana y la reconstrucción del norte, para los cuales no parece haberse hallado aún las claves, sin olvidar la descentralización, entre otros. Es aquí donde se juega el partido decisivo para los próximos años, así como el futuro político del presidente Vizcarra si pretende continuar en la vida política. No hay que olvidar tampoco que la debacle del fujimorismo, de ninguna manera significa el fin de la corrupción.

desco Opina / 28 de octubre de 2018