El premier Velásquez Quesquén, perfila su salida del Gabinete y quiere hacerlo por todo lo alto. Para impactar, parece que tuvo a bien vestirse de fujimorista por un momento, señalando que el Perú debía retirarse parcialmente del sistema interamericano de derechos humanos, porque sus sentencias –en las que están involucrados condenados por terrorismo– no estaban en sintonía con los intereses nacionales.
No le siguieron ni sus formalmente subordinados ministros, pero lo dicho, dicho estaba y no respondía a ninguna ingenuidad, aunque lo parezca, sino más bien a torpeza. El premier no se desvía un ápice de una de las líneas de acción planteadas por el actual gobierno, en su fase de salida. En efecto, su planteamiento sintoniza con una serie de actos gubernamentales que muestran indefectiblemente una voluntad de endurecer el precario régimen democrático existente en el país.
Los enfoques que predominan en el Ejecutivo sobre el empleo de la fuerza pública, los roles de la justicia militar y el tratamiento a los pendientes en materia de judicialización por violaciones a los derechos humanos, tienen actualmente una vía abierta para ser formulados en normas, al decidir el Congreso la delegación de facultades legislativas para estos temas. Aún más, debe remarcarse el hecho de que han empezado a tomar forma opiniones «técnicas» en cuestiones tales como la presencia de menores en grupos armados –considerándolos «blancos legítimos»– o la tipificación de «daño colateral» que, en cristiano, significa que no habría consecuencia judicial si alguna persona tuvo la mala suerte de encontrarse en medio del fuego cruzado entre las fuerzas del orden y grupos subversivos y ser víctima de ello.
Incluso, podemos agregar a todo esto las formas lamentables como el Ejecutivo, seguido por la mayoría de los medios de comunicación, plantearon el marco del debate respecto a la liberación de los condenados por terrorismo y el pago de reparaciones.
El escenario descrito conduce a plantearse una pregunta obvia: ¿A qué necesidad responde esta voluntad expresada nítidamente por el gobierno? Seguramente, a organizar el escenario ante la probabilidad de un aumento sustancial de la conflictividad social generada en torno a las actividades extractivas y la disputa por los recursos naturales.
Para el caso, es posible que un aprendizaje de lo experimentado durante el ciclo de violencia política, haya conducido a los agentes del Estado a apelar nuevamente en versión corregida, aumentada y puesta al día, a las restricciones de los derechos garantizados por la Constitución del Estado. Por ello, no es fortuito que vuelva a levantarse la fantasmal amenaza subversiva, que estaría adoptando ahora la figura de sacerdotes que defienden los derechos de la población nativa, activistas de derechos humanos, opositores a la actividad extractiva salvaje, entre otros.
Además, que todo ello suceda en la fase terminal del actual gobierno, permite sospechar que los alcances de sus decisiones no sólo buscan herramientas para sortear la presión social, sino también para poner marcos acotados al próximo gobierno, fuese quien fuese su conductor, obligándolo a actuar bajo estas cuestionables reglas. En este contexto, la institucionalidad democrática es un bien cada vez menos valorado.
desco Opina / 23 de julio de 2010
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