La
encuesta de la tercera semana de septiembre del IEP, ratificaba los resultados
que días antes mostraron otras dos mediciones. La aprobación de Keiko Fujimori,
a sesenta días de su anhelada instalación en la Plaza de Armas, había sido
claramente superada por su desaprobación. 37% de las personas encuestadas aprobaba
la gestión, mientras que 49% la desaprobaba, porcentaje que se elevaba hasta el 62% en el sur del
país. 52% de los encuestados percibía que el gobierno representa “más de lo
mismo”, mientras que 33% consideraba que representa un “cambio”, percepción
instalada en Lima Metropolitana y en el nivel socioeconómico A/B).
La caída no sorprendía. La misma medición
evidenciaba la percepción de un gobierno poco o nada capacitado para responder
al fenómeno de El Niño y gestionar la inseguridad. A la misma hay que sumar
otros factores entre los que destacan claramente las limitaciones de la
mandataria y la mediocridad del Ejecutivo, la evidente falta de ideas de un
gobierno que pugnó durante 15 años por serlo, desnudando su carencia de cuadros
básicos, así como su indisimulable papel en el poder desde la administración de
Boluarte, que se expresa en el
reciclaje de funcionarios en la administración pública.
En este
escenario, la apuesta fujimorista por una delegación de facultades muy amplias
y sin contenido específico, para polarizar con el Congreso, aparecía como una
estrategia suicida, a pesar de la probada experiencia naranja en reclutar
opositores, como lo hicieran desde el primer día en la elección de la
presidencia del Congreso. El costo inmediato ha sido en su aprobación y en la presión
de sectores de su barra brava, que amenazan con los riesgos para la estabilidad
política gubernamental si la gente cree que la
presidenta es Dina II, alentando la necesaria afirmación de su autoridad
El primer ministro, Luis
Galarreta, empezando la semana, en medio de la moción de censura del ministro
del Interior y de la resistencia al pedido de facultades legislativas
impulsadas por la oposición al Ejecutivo, advirtió que el gobierno había mantenido
“paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, denunciando el
“obstruccionismo” de algunos sectores y pidiéndole a la mandataria respaldo
frente a los legisladores que se oponen a la delegación de facultades, dando la
batalla política.
El problema para el gobierno es que no
solo la oposición “obstruccionista” se resistía a otorgar las facultades. Lo
hacían, incluso, sus socios de Renovación Popular que difícilmente se la
jugarán por el Ejecutivo sin condiciones, como lo subrayó López Aliaga en su
respuesta pública al candidato fujimorista a la municipalidad metropolitana.
Galarreta no falta a la verdad, aunque abandona su tono republicano, cuando
sostiene que en ninguna parte está establecido que las facultades legislativas
sólo se pueden pedir para lo más urgente; olvida, sin embargo, que fueron la
mandataria y él, quienes anunciaron el pedido en esos términos, acabando
enredados en su anuncio y en los mecanismos constitucionales ideados,
impulsados y aprobados para la bicameralidad por Fuerza Popular y sus socios en
el Congreso anterior. Más grave aún, parece creer que sin las facultades
extraordinarias, el gobierno se paraliza y no puede gestionar ni decidir, ignorando, por ejemplo, los decretos
de urgencia, como les han recordado distintos políticos y analistas.
Para suerte del gobierno, que no puede esconder su carácter de
continuidad, las
oposiciones en el Congreso se vienen dejando llevar por la misma lógica. Muy
pronto se dejaron atrapar por la escena oficial; la delegación de facultades y
la inseguridad ciudadana se convirtieron en sus campos privilegiados. Como
poder del Estado no han dicho nada sobre las movilizaciones y paralizaciones en
distintas regiones del país ante el alza de los combustibles; callaron ante el
ridículo anuncio de una educación sin “ideología” como parte del ataque que
empezó con el LUM como centro; el silencio por la incorporación del país al
Escudo de las Américas, la visita de Rubio, la ridícula ruptura de relaciones
diplomáticas con Irán o la indignante abstención en la votación sobre la
participación palestina en la Asamblea General de la ONU, ha sido la única
respuesta a esos hechos que evidencian la subordinación de nuestra política
exterior y que ciertamente desnudan una manera de gobernar, que seguramente se
agravaría con las facultades extraordinarias.
Las oposiciones, aparentemente
convencidas de que la política se hace y decide en los espacios que ocupan, en
los medios masivos que mayoritariamente los acusan de obstruccionistas e
incapaces, así como en las redes sociales como se observó claramente a lo largo
de la campaña, se mantienen distantes de la sociedad, de sus demandas y
necesidades; se olvidaron de promesas elementales que hicieran cuando
candidatos como la eliminación de las leyes procrimen o de impunidad. Para
peor, sus debilidades de origen afloraron con fuerza los últimos días. Ricardo
Belmont y Alfonso López Chau, actuando como dueños de sus agrupaciones, tras
negociar con el Premier, retiraron sus votos de la censura al ministro del Interior,
a la vez que Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno presentaron textos
sustitutorios en la Comisión de Constitución, buscando un consenso que otorgue
facultades únicamente en materias prioritarias y acotadas. Renovación contempla
10 materias, 2 más de las solicitadas, Obras 5 y Buen Gobierno 2, inseguridad y
el fenómeno de El Niño. En otras
palabras, las oposiciones tampoco parecen alejarse mucho de la continuidad.
Hasta hoy, el régimen político
consolidado los últimos cinco años, goza de buena salud. Los anuncios de cambio
de quienes están en el gobierno y en las distintas oposiciones parecen
distantes y en la escena oficial no nos alejamos del tiempo Boluarte.
desco Opina / 2 de octubre del
2026
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