Al segundo intento, Zósimo Cárdenas Muje, finalmente obtuvo la Gobernación Regional de Junín para los próximos cuatro años. Elegido gobernador con el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, fue gerente municipal en la provincia de Chanchamayo (2011-2012) y gerente general en el Gobierno Regional de Pasco (2019-2021), habiendo sido alcalde distrital de Pichanaki (2007-2010 y 2015-2018). Su victoria, celebrada por sus partidarios, aunque ha generado alguna expectativa entre la población juninense, se ve ensombrecida por las 30 investigaciones que tiene a nivel fiscal, 21 sobre presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.
Lamentablemente, no fue el único candidato en la región con antecedentes que lo involucran en procesos penales, lo que es un indicador de los problemas de corrupción en la región, como en todo el país.
Según la Contraloría General de la República (2021,2022), la Región Junín se convirtió en una de las diez más corruptas, registrando un perjuicio económico estimado que superó los 696 millones de soles. En este escenario, de determinarse la culpabilidad del nuevo gobernador en alguno de los procesos que se le siguen, la institucionalidad regional se verá afectada una vez más. Recordemos que la última gestión liderada por Vladimir Cerrón Rojas fue interrumpida a los siete meses de iniciada debido a que el exgobernador fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible, siendo reemplazado por Fernando Orihuela Rojas.
En este escenario regional donde se reiteran presuntos casos de corrupción, es claro que la percepción que se genera sobre aquella, afecta la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad en Junín. El último informe del INEI, “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, octubre 2021 - marzo 2022”, registraba que 71.1% de los juninenses consideraba que la gestión regional era mala o muy mala, uno de los porcentajes más altos entre todas las regiones.
En este marco se requiere una movilización de cara a reformar la ley general de elecciones y la ley de Partidos Políticos como condición indispensable aunque no suficiente, para tener candidatos probos con capacidades y antecedentes claros, evitando experiencias como las más recientes que ha tenido la región, incluyendo la de Vladimir Cerrón.
La Ley de Reforma Constitucional N° 31042 establece el impedimento para la postulación a cargos de elección popular de las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. En este marco, no es anecdótico recordar que en una entrevista reciente en la ciudad de Huancayo, el próximo gobernador dijo: “No tengo 37 denuncias, tengo 27; los otros candidatos tienen más”.
Es claro que la presunción de inocencia implica que uno tiene que ser tratado como inocente, conservando todos sus derechos, entre ellos el de ser elegido, mientras no exista una sentencia en instancia judicial definitiva. Sin embargo, la lentitud de los procesos en los que frecuentemente están involucrados muchos candidatos y la posibilidad de modificación de un fallo en instancia superior, siguen siendo potenciales bombas de tiempo que pueden afectar la gobernabilidad y ensombrecer aún más la democracia.
En lo inmediato, toca a los juninenses asegurar su participación en la gestión que se inicia en enero, garantizando la vigilancia y el control de las autoridades que resultaron elegidas. Pero toca también demandar y presionar por los cambios legales necesarios para fortalecer a los partidos y atender la pobreza de nuestra representación política.
desco Opina – Regional / 11 de noviembre del 2022
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