El Estado victimizado

 

Transcurrido medio año en emergencia, ahora sabemos que se nos fue la vida intentando descubrir las claves de nuestra gobernabilidad en medio de la crisis sanitaria y en el esfuerzo fuimos trazando el imaginario mundo informal-formal, ad hoc para consolidar nuestras zonas de confort y evitar hacernos preguntas incómodas ante las evidencias.

Por eso, nada más molestoso que constatar, sin aceptar, que los actores reales que se estaban conformando en los años previos eran los de la des-gobernabilidad, los que intuitivamente buscan descomponer lo que no los incluye, los que quedaron al margen de nuestro orden. Todo ello, será reforzado por los estereotipos, que consolidan y agravan las brechas existentes y para el caso los medios de comunicación son una excelente caja de resonancia.

-    A lo anterior, debiéramos adosar la direccionalidad de las políticas gubernamentales durante la pandemia. Los mensajes dirigiendo las responsabilidades a «la sociedad», catalizados por la tragedia de la discoteca Thomas y las puestas en escena de algunos velorios y entierros de las víctimas, son más que elocuentes para establecer un modo de comprensión que, esencialmente, busca poner en duda o negar cualquier posibilidad de construir alguna condición de víctimas alrededor de ellas.

-     Evitar, en primera instancia, hacerse preguntas básicas sobre el comportamiento de las fuerzas del orden en esas circunstancias. Ellas siempre se desempeñarán correctamente y si no fuera así, las personas responsables serán identificadas y sancionadas, pero siempre quedando incólume los procedimientos institucionales.

-    Mostrar que los costos sociales, cualquiera que estos sean, son de entera responsabilidad de la sociedad.

Hay un problema en todo ello. Como señala John Comaroff (nada más antipolítico remitirse a él en estos momentos, pero que valga el riesgo), debemos buscar alguna comprensión al «desorden excesivo». Para el caso, contradiciendo la versión victimizada del Estado peruano, la única evidencia que tenemos hasta el momento es que la democratización ha venido acompañada con un aumento de la «desobediencia», incluyendo el crimen y la violencia. Esto desnuda dos mitos: primero, el denominado «control ciudadano», en cuya base reside alguna idea difusa de «sociedad civil» en medio de gobernanzas cada vez más «técnicas»; segundo, la contundencia de los procesos electorales como mecanismo vinculante entre autoridad y gobernado.

En efecto, en medio de ambientes determinados por la privatización y la desregulación, difícilmente podía asumirse que la sociedad civil y las elecciones, como han sido entendidas en el siglo XXI, hayan sido esas panaceas que quiso entenderse por el predicamento contemporáneo de las multilaterales.

Entonces, sin intermediaciones, ¿será que la democracia electoral obnubila las causas y determinaciones de la presencia cada vez mayor de la ilegalidad? Al respecto, hay que considerar desde el inicio que el aumento de las manifestaciones al margen de las normas y la criminalidad no son simplemente un espasmo, una respuesta antisocial a la pobreza, el desempleo o la escasez. Tampoco son meramente la acción de poderes que no pueden ser subsumidos por el Estado o de bandas que funcionan como un cuasi-Estado. Menos aún, es la consecuencia de un vacío normativo.

Así, el propio Estado y su obsesividad por el PBI ha generado su espejo antitético. Con el fundamentalismo de mercado se han esfumado gradualmente las fronteras entre lo informal y lo ilegal, regulación e irregularidad, orden y desorden organizado. En ese sentido, las economías –y modos de vida– que se forman fuera de los marcos formales, sean criminales o no, son frecuentemente las expresiones más perfectas de los principios de la oferta y demanda, capaces de generar ganancias cuyas dimensiones serían impensadas en marcos con mayores controles.

Como vemos, altos rendimientos económicos son inherentes al sustento activo de ambigüedades formuladas entre la presencia y la ausencia de la ley: los retornos obtenidos del control de la incertidumbre, el terror, incluso la vida misma, son como venimos constatando, inmensos.

De esta manera, el debate no debiera ser en dónde radica la culpa de la situación descontrolada que vivimos, como quisiera plantear un Estado ansioso de ser identificado como víctima. Por el contrario, se trata de preguntar quién está recibiendo las enormes utilidades que produce este desorden organizado que nos negamos a conocer, imponiéndole el rótulo de «país informal».

 

 

desco Opina / 11 de setiembre de 2020

El terremoto Odebrecht

Mientras el proceso sobre la corrupción de Odebrecht sigue su (lento) curso, algunos analistas se esfuerzan por dar cuenta de la real dimensión de lo que ha sucedido. Las repercusiones del ‘terremoto’ se medirán en los daños que ocasiona, la pregunta es ¿a quiénes debería dañar? A diferencia de un desastre de origen natural, los afectados deberían ser quienes realmente se lo merecen; ni un solo inocente debería sufrir. Una parte de la ciudadanía reclama que haya fracturas en la institucionalidad paralela y corrupta que se montó entre Estado y empresa privada desde hace décadas. La pregunta es ¿podremos reconstruir algo mejor para nosotros?

Vale la pena mirar a nuestra historia reciente. Algunos intuyen que se trata de un cisma que no se veía desde el 2000 cuando cayó Fujimori. Lo que siguió fue el régimen de transición de Paniagua y después de ello todos y cada uno de los presidentes de la República aparece involucrado en el escándalo del momento. El mensaje parece ser que la democracia que siguió al periodo autoritario de Fujimori es tan corrupta (o más, para los fanáticos naranjas de ayer y hoy) que lo que representó y escenificó Montesinos cuando jugaba a poner fajos de billetes uno sobre otro para comprar votos, diarios, conciencias y todo lo que esté a la venta.

No obstante, las diferencias entre entonces y ahora saltan a la vista. No olvidemos que esta vez los indicios condenatorios han venido desde Estados Unidos, desde afuera, y eso es lo que nos llevó a mirar con detenimiento los vínculos peruanos con Lava Jato. Marcelo Odebrecht fue encarcelado en 2015 y por esas fechas se empezó a indagar tímidamente sobre las relaciones entre personajes como Zaida Sisson con el gobierno de García, pero también con el de Ollanta Humala.

Por otro lado, y asociado a lo anterior, pareciera que lo que ocurra o deje de ocurrir (¿cuántas otras figuras a lo Facundo Chinguel caerán antes que se pueda vincular a García directamente?) será algo que pase en las ‘alturas’ del poder. Sin embargo, para matizar esta afirmación, el estallido de indignación popular que inauguró el 2017, el de los peajes en Puente Piedra, también tiene que ver con el escándalo puesto que la inversión de empresas brasileras estuvo involucrada en procesos de concesión de vías en Lima. Eso no hace corrupta a Susana Villarán, por cierto, y directamente, tampoco a Luis Castañeda, al menos no se puede demostrar todavía. Lo que llama la atención de este último es su capacidad para decir que “tiene las manos atadas” para desatárselas después sin empacho cuando ve que cae en las encuestas. Lo que queda es que la corrupción infiltró todo el sistema.

Se ha escrito que las consecuencias traerán mayor desconfianza en el sistema democrático, haciendo que las condiciones estén dadas para un caudillo populista. Algo de cierto puede haber en ello, sin embargo, puede que sea una relación en el espejo distorsionado de lo que significa la asunción en el cargo de Trump. Pero ¿el auge de un populista es algo nuevo en un país que ha estado al borde de ser gobernado por Keiko Fujimori dos veces? Para los ‘liberales’ peruanos un populista es otra cosa, aun cuando la máscara demócrata de Keiko se siga descascarando cada día. Y no solo el sistema democrático se vería afectado. Martín Pérez, presidente de Confiep, declaró que “Odebrecht ya fregó al Perú”, aludiendo a la desconfianza que el caso traería sobre el supuestamente puro empresariado peruano.

Desde el Congreso, mucho ruido y poca sustancia, como casi siempre. Cuando los fujimoristas defienden al líder suelen aludir a los juicios sobre derechos humanos pero no a los de corrupción. Probablemente algunos ni siquiera sepan que se declaró culpable rápidamente para evitar que desfilen los muchos testigos que había en su contra. Hoy, destaca que es la bancada naranja la única que se opone a que los Noventa entren en investigación, pese a que es el periodo en el que Odebrecht hizo más obras.

¿Cómo llegamos a esto? Carlos Iván Degregori (1945 – 2011) desde el 2000 empezó a interpretar, lo que desde entonces forma parte de la memoria alternativa, de resistencia frente al intento de ‘lavado de cerebro’ del fujimorismo. Degregori, que se refiere a los Noventa como “la década de la antipolítica”, nos recuerda que una de las estrategias conscientes de Fujimori y Montesinos fue el envilecimiento cotidiano porque “nadie es un monstruo si lo somos todos”. El escándalo Odebrecht, presenta el sueño de los actuales fujimoristas en el poder para limpiar la imagen de su partido, de su líder y de la hija del líder. El autor recuerda la asombrosa impunidad con la que operó Montesinos, tras salir a la luz pública: cuando era descubierto, presionaba más, era más temerario y más desembozado, todo con anuencia de Palacio.

Entonces, como ahora, la ausencia de frenos institucionales hace que, aparentemente, todo valga. Tras la década de la antipolítica vino década y media de vacío, de política de baja densidad; hasta el actual Presidente, sin una visión de futuro convincente más allá de los puntos de PBI que se pueden ganar o perder en el mediano plazo. En ese sentido, pone su futuro (y el nuestro) en manos de la inversión privada. José Luis Guasch, antiguo funcionario del Banco Mundial, no se muestra sorprendido por la corrupción. Según él “las APP, el contexto en el cual las asociaciones público-privadas (APP) se han desarrollado (en el Perú y muchos otros países) propiciaba las oportunidades para prácticas corruptas”. Los empresarios de bien deberían hacer serias autrocríticas en vez de seguir albergando fantasías conspirativas.

Degregori también se equivocó. Él pensaba que el terremoto que arrasó el régimen de Fujimori significaría la desaparición paulatina del fujimorismo. No pudo concebir que frente a él, los actores políticos de la actualidad se mostrarían a la vez tan cínicos, como la Keiko que lanza mensajes consternados de teleprompter pidiendo sanciones, como febles para luchar en serio contra la corrupción. Era inconcebible que a la debilidad del régimen corrupto de los Noventa volvamos al esquema de ‘business as usual’. Los intentos del gobierno son claramente insuficientes, aunque bienintencionados y eso no va a alcanzar para llegar al 2021 sintiendo que hemos aprendido de nuestras desgracias.

desco Opina / 20 de enero de 2017

¿La antipolítica en los partidos?

La campaña electoral continúa con su tono farandulero y de escándalo, como lo hará previsiblemente hasta el final. En los días recientes, distintos «casos» evidencian cómo están enfrentando los distintos partidos los comicios venideros. Los medios de comunicación nos han presentado los «jales» de algunos de los principales candidatos, que buscan «adquirir» las capacidades de aquellos; así distintos personajes como Vladimiro Huaroc y Fernando Rospigliosi aparecieron como figuras intercambiables, el uno acercándose a Keiko Fujimori, el segundo vinculándose con PPK. En este afán, a los más nuevos no les fue tan bien; César Acuña y su agrupación pagaron la factura de su inexperiencia y tras presentar a sus especialistas en seguridad, tuvieron que desmarcarse de uno de ellos, vinculado al escándalo López Meneses.

El Partido Popular Cristiano se encuentra atrapado en problemas mayores. Sus ostensibles desavenencias internas, agravadas por la disposición de su lideresa Lourdes Flores de marchar a una alianza con el APRA, se desbordaron tras sus elecciones internas para dirigentes territoriales quienes elegirán, a inicios de diciembre, sus nuevas autoridades nacionales y definirán su participación en las elecciones del 2016. Hoy, los socialcristianos han trasladado su disputa, tras ventilarla cargada de adjetivos por los medios, al Jurado Nacional de Elecciones y todo indica que la presunta alianza voló por los aires, llevándose de encuentro la unidad del partido de Bedoya Reyes.  

El APRA no la pasa mejor. Tras la pomposa presentación de su Plan de Gobierno 2016-2021, el portal Altavoz, llevado por la denuncia puntual de un exfuncionario del Ministerio de Cultura, denunció que el 32% del documento no sería de autoría original, proviniendo de distintas fuentes, ninguna de las cuales es citada. En otras palabras, un vulgar plagio. El candidato García, rápidamente se desmarcó del documento, indicando que su plan de gobierno lo presentó él mismo con anterioridad en el coliseo Chamochumbi, anunciando la separación del partido de quienes resulten responsables del desaguisado. Reviviendo viejas disputas en Alfonso Ugarte, con el congresista Mulder a la cabeza, se inició el cargamontón contra Jorge del Castillo, encargado del documento, quien finalmente puede ser descabezado, no obstante sus explicaciones.

Aunque se trata de casos distintos, los tres tienen en común el desinterés y el descuido por las formas que muestran las principales agrupaciones políticas involucradas. Expresan lo que varios llaman la antipolítica. Pareciera que se trata de «rodearse» de especialistas que permitan mejorar la imagen de cada aspirante, así éstos no entiendan lo que aquellos plantean; que  salvar la valla electoral es la única garantía de supervivencia y que programas y planes son poco más que meras fórmulas para cumplir con las exigencias de los organismos electorales.

El caso del APRA es el más llamativo en este sentido. No sólo porque se trata de la agrupación con más larga historia y permanencia en nuestro país, aquella que sin duda tiene el número mayor y más alto de militantes –entendidos en el sentido clásico del término–, sino también, y especialmente, porque siempre se ha afirmado como una organización programática e ideológica. Los sucesos recientes evidencian, por si hiciera falta, que todo ello es parte de lo que el viento se llevó. Más allá de los discursos, parece claro que el partido de Haya de la Torre, como los otros, se siente cómodo con la desafección por la política que existe en el país y actúa en consecuencia.

En este escenario, cabe preguntarse si el electorado está interesado o no, en estas cuestiones. Es decir, si éstos y otros casos similares que se seguirán sucediendo, les implican un costo importante en votos a las agrupaciones involucradas. Todo indica que no tanto, dado el «adelgazamiento» sistemático de nuestra democracia. Sin embargo, es obvio que los hombres y mujeres de este país tienen preocupaciones concretas sobre su futuro inmediato –ingresos, pensiones, acceso a servicios de calidad, ejercicio de derechos, oportunidades en el mercado, etc. –, que intuyen están ligadas a cuestiones que los exceden individualmente, del tipo qué vamos a hacer para enfrentar el fin de un ciclo económico o cómo vamos a atender la inseguridad ciudadana.

Si las respuestas están en un documento, plan o programa, no les interesa. Lo que están buscando son respuestas que los convenzan y rostros que les resulten convincentes.

desco Opina / 27 de noviembre de 2015
Descargar aquí