COP25 ante un problema mundial

En la ciudad de Madrid, del 2 al 13 de diciembre, se desarrollará la denominada COP25; la conferencia anual más importante para tratar la problemática sobre cambio climático. Esta cumbre en la que participan representantes de unos 200 países firmantes del Acuerdo de París (acuerdo histórico para la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero), entre ellos unos cuarenta jefes de Estado o gobierno, empieza de una manera bastante accidentada luego de que sufriera hasta en dos oportunidades el cambio de sede para la realización del evento.

En un primer momento, en noviembre del año pasado, Brasil rechazó la organización del evento –pese a que la postulación y aceptación a ser el a país organizador se gestionó con suficiente antelación– argumentando razones de carácter económico; aunque quedaba claramente demostrado que aquellas eran de índole ideológico, al ser elegido Jair Bolsonaro para presidir el gobierno brasilero entre 2019 y diciembre 2023, al cual llega con un equipo crítico a las causas ambientales a las que liga con la izquierda. Los incendios forestales en la Amazonia de Brasil y otras zonas de Sudamérica, los argumentos de Bolsonaro sobre los culpables del incendio –que forman parte de su campaña contra grupos ambientalistas que trabajan en Brasil–, y los enfrentamientos con su par francés Emmanuel Macron, no hacen sino reafirmar que la realización de la cumbre mundial en ese país, hubiera sido un gran error.

En un segundo momento y ante la negativa brasilera, fue el gobierno de Chile el que propuso que la sede de la COP25 fuera la ciudad de Santiago. Todo parecía ir de acuerdo a lo programado en términos de la organización de la cumbre; sin embargo, a poco más de mes y medio de la realización de esta, explotó en Chile la peor crisis social que les ha tocado vivir en las últimas tres décadas. Sin lugar a dudas y argumentando que debía “abocarse de lleno a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de la calle y sostener un amplio diálogo con la sociedad y el mundo político”, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de este evento.

Con todo lo ocurrido la cumbre se alejó de Sudamérica y es en el viejo continente donde se le da cabida, lo cual en cierta medida resulta lamentable, pues diversas organizaciones sociales latinoamericanas ya se habían preparado para visibilizar sus problemas y demandas en materia climática, participando de manera presencial en la cumbre que se realizaría en Santiago debido a su cercanía. Ahora, a la distancia, se genera la incertidumbre de saber si los mensajes y los llamados a la acción por parte del continente con la mayor reserva de áreas naturales del mundo llegarán de manera adecuada; considerando que los niveles de afectación en procesos de desglaciación y otros de incidencia directa producto del cambio climático ya son notorios y alarmantes, como en el caso de Perú, por ejemplo .

Al margen de lo antes expuesto, quizá sea un buen momento para la reflexión sobre la pertinencia y participación en estos espacios, hacer un balance sobre lo que se ha logrado en estas 25 cumbres desarrolladas una por año desde 1994. Esta cumbre resulta emblemática pues puede ser el punto de quiebre para saber si lo expresado en el Acuerdo de París hace cuatro años en materia de contribuciones nacionales para la reducción de gases efecto invernadero (GEI) era un compromiso real o solo fue una manera de seguir dilatando el tiempo para tomar acciones radicales, sobre todo tomando en consideración que la meta del acuerdo es no llegar a un aumento de 3.2 °C hasta final de siglo.

La meta parece descomunal si tomamos en consideración que para lograr un aumento no mayor a 1.5 °C se debería reducir las emisiones de GEI en un promedio de 7.6% a partir del próximo año, siendo el Reino Unido el único país en el mundo que ha logrado reducir las emisiones en casi 2% anual entre 1990 y 2018. Especialistas aseguran que de superar la valla de 1.5 °C, aumentarán la frecuencia e intensidad de eventos climáticos catastróficos a nivel mundial. En este momento la percepción no deja de ser fatalista, puesto que las señales de los efectos del cambio climático cada vez son más visibles y, al parecer, ya estamos jugando tiempo de descuento.

desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2019

Programa Urbano

Sacarle púa al trompo

Aunque la reacción chilena al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya parece reeditar el relato de Palma en el cual el Virrey de turno decía, sobre las órdenes recibidas de España, «Acato y no cumplo», no es difícil percibir que se trata de una estrategia del presidente Piñera para pasarle el fardo a la electa Michelle Bachelet y que, en ese sentido, es una disputa transitoria. El triunfalismo experimentado en el Perú y los discursos de los bloques políticos en Chile no dejan de ser altisonantes, pero deben ser entendidos como formas locales de concebir la correlación de fuerzas; volviendo a Palma, en ambos países los políticos quieren «sacarle púa al trompo».

No deja de quedar cierta sensación, a la distancia, de que la institucionalidad chilena es un tanto más robusta que la nacional. En el país del sur tuvimos señales como el que Piñera se haya reunido con los tres presidentes pasados y con la Presidenta electa, o el hecho de que el alcalde de Arica haya anunciado –antes del fallo– que su país debía tener un Plan B si éste les era desfavorable. Nada tenía que ver este plan con desacatos, sino más bien con compensar a los pescadores que resultaran afectados, para declarar después «acá hay una absoluta tranquilidad, los hermanos peruanos son nuestros vecinos y casi no los consideramos de otro país». Nada que incendie la pradera, precisamente.

Contrasta con el vulgar despliegue de figuración por parte del ex Presidente García, a quien algunos canales le hicieron el «favor» de enfocarlo durante todo el tiempo que tomó la lectura del fallo por parte del juez Tomka. Luego, por supuesto, declaró antes que el Presidente Humala, contraviniendo el acuerdo que tenía con  Palacio y con otros líderes. Por otro lado, aquí un ex presidente está en la cárcel (enfrentando ahora un juicio por manipulación mediática, qué curioso), y los otros dos son investigados a instancias del Congreso. Se corrobora así la perniciosa imagen de que el poder corrompe y que quien entra a Palacio sale con rabo de paja. Quien más curtido está en navegar por las acusaciones es, qué duda cabe, García.

Las declaraciones presidenciales en el marco de la CELAC sobre una implementación «en los plazos más breves y de forma gradual» dicen algo del carácter aparentemente contradictorio de la administración de expectativas desde la óptica política, en uno y en otro país. Llama la atención que el debate se haya centrado tanto en los hechos «técnicos» de la pesca, que se han explicado en otros espacios: la pesca artesanal puede ser «de altura» y por tanto, también se gana algo más allá de las 80 millas, la anchoveta no se le conculca a Chile, etc. Quizá porque se considera que son los pescadores el rostro visible de afectaciones en la delimitación.

No es así, porque tanto aquí como en Chile las leyes de cada país son lo más disputado: en Chile el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca se queja contra una Ley que, dicen, privatiza las cuotas de pesca, beneficiando a siete grupos pesqueros; en Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP protesta por el decreto 005-2012 en lo que se refiere a la limitación de la pesca de anchoveta a partir de la milla 7. Como siempre, la delimitación no exime al Perú de hacer su tarea a nivel interno y, en lo inmediato, dialogar con los tacneños sobre lo que esto significa, escuchar a quienes han sido directamente afectados –presumiblemente los pescadores artesanales «que no son de altura»– y resolver también el tema de las pequeñas embarcaciones retenidas en el muelle Prat por haber cruzado una línea que, después de La Haya, sigue estando ahí.

Algunos analistas han indicado también, y con razón, que es la oportunidad para repensar las relaciones exteriores del país, pensando en el sur del Perú y su integración socioeconómica con Bolivia, además de con Chile. Mal que bien, la postura peruana al presentar la demanda es lo más cercano a una política de Estado que hemos experimentado en el país en los últimos tiempos. ¿Alcanzará el impulso para contar con una visión territorial del sur peruano? Si así fuera nos alejaríamos de la risueña visión de Palma, que equiparaba la política con la politiquería.

desco Opina / 31 de enero de 2014

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