Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024

Huancavelica, entre la inclusión urgente y el futuro

«Esta es la inversión pública más grande de la historia de Huancavelica, que ponemos para la población más pobre del país», «No venimos con las manos vacías. No son 1.000 millones, son 1.915 millones de soles que estamos poniendo a disposición de la región para trabajar juntos, eso es inclusión social», fueron las palabras del presidente de la república, durante la IV sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó en el distrito de Pampas-Tayacaja, en la Región Huancavelica. Cuando era candidato, Ollanta Humala reconoció que la región estaba relegada. Hoy, con este tipo de iniciativas descentralizadas da por sentado que el Estado está asumiendo un papel más protagónico. ¿Será suficiente para Huancavelica?

La mejor manera de aprovechar esta iniciativa del Gobierno Central y lograr el apoyo de incluir a Huancavelica y priorizar sus necesidades, es mediante el trabajo coordinado del presidente Regional de Huancavelica, con sus alcaldes provinciales y distritales.

Porque dar dinero no necesariamente genera desarrollo, ni mucho menos garantiza que sea un proceso inclusivo, debido en gran medida a la ineficiencia de algunos funcionarios que consideran que los programas asistenciales mal acostumbran a la población a recibir dádivas. Si estos son los responsables de hacer avanzar los programas desde los gobiernos locales entonces hay claramente un problema de compatibilidad «ideológica» para cumplir con el encargo.

Sobre los programas sociales, por supuesto, cabe preguntarse hasta qué punto siguen siendo eficientes. El programa Juntos, por ejemplo, es muy importante para los presupuestos familiares. Lamentablemente, pese a algunos esfuerzos de evaluación en base a los indicadores disponibles, el programa fue lanzado sin una línea de base que permita evaluar su desempeño global con total precisión, cosa que el actual MIDIS tiene muy presente. Lo que Juntos no puede hacer es garantizar el desarrollo a largo plazo ya que no contempla un enganche con programas con enfoque productivo. Visto esto, tanto el Gobierno Central y como el regional deberían promover políticas que se vinculen con Juntos y que tomen en cuenta cuestiones como la generación de empresas, apoyo a pequeños negocios, atención a los pequeños cultivos, entre otros.

Los presupuestos deben estar articulados a objetivos establecidos en el plan de desarrollo regional concertado de la Región Huancavelica y el plan bicentenario, para darle una funcionalidad más estratégica, planificada y no caer en la ejecución de proyectos de manera aislada. Un ejemplo de esto ocurre en el sector Transportes en el cual, si bien se ve un avance significativo con la construcción de vías de comunicación también se nota que éstas no están articuladas a los corredores económicos o a las mancomunidades municipales que proliferan. Reclamamos pues que el enfoque sectorial de programas como Cuna Más o Juntos se vincule con un enfoque territorial y de inclusión social en el cual trabajen directamente con los gobiernos regionales y locales.

No desmerecemos bajo ninguna circunstancia las buenas intenciones por abordar los problemas que aquejan a una de las regiones más pobres del país, pero no se visibiliza en ningún caso una estrategia de desarrollo a largo plazo puesto que la inversión y el incremento de presupuesto por sí solo no soluciona los problemas; el presupuesto público debería dirigirse hacia los ejes de desarrollo identificados en la región, de manera integradora, priorizando los espacios locales con un desarrollo que implique circuitos económicos. Aunque Huancavelica tenga necesidad urgente de salir de la pobreza, también merece que se piense en su futuro, en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2012
Programa Sierra Centro
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«Dijo que era nacionalista…»

En su larga marcha hacia la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió hacer un esfuerzo particular por establecer un perfil propio, debatiéndose entre etiquetas que iban desde el ya desgastado «outsider» al antisistema y del extremista al «Lula peruano». Tentando el equilibrio entre sus banderas originales –control de los recursos naturales, desarrollo del mercado interno, participación del Estado en la economía e inclusión social– y las demandas de su potencial electorado, Humala marcó distancia con su ala izquierda insistiendo en su identidad nacionalista. No era de izquierda, sino nacionalista y «de abajo». Entrando al segundo año de gobierno, cabe volver a preguntarse por una definición mínima del proyecto político del otrora «terror» de la derecha peruana.

El affaire entre el Consorcio Camisea y Perupetro –entidad que vela el contrato de exportación de nuestro gas– no dejó títere con cabeza. Como se sabe, Perupetro inició una investigación que indica que el gas del lote 56 se estaría re exportando de manera irregular, sin declarar ni reportar al Estado Peruano las regalías correspondientes, unos cincuenta millones de dólares. En el lapso de tres días, Aurelio Ochoa, presidente del directorio, y su fugaz reemplazante, Mercedes Tafur, fueron «renunciados» por la sola mención a una eventual cancelación del contrato al citado consorcio empresarial. La secuencia de acontecimientos –y la pasividad presidencial frente a ello– echa bastante luz sobre quién manda a quién en las relaciones entre el Estado y la inversión privada transnacional.

Eso no es todo –ni lo más inquietante– en el frente energético. La convocatoria a una licitación internacional para el Polo Petroquímico del Sur, anunciada ambiguamente por Humala en su mensaje de Fiestas Patrias, tomó decepcionante forma con el Proyecto de Ley 1396, que define que un gasoducto (metano) iría de Camisea a Puno y un etanoducto iría de Pisco a Ilo, dejando atrás el Gasoducto del Sur Andino, que en su diseño previo –el proyecto Kuntur– ofrecía paso por Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Este sustancial cambio no implica únicamente una falta «formal» a la palabra tres veces empeñada por Humala, una en su mensaje inaugural, otra en la ceremonia de recuperación del lote 88, una más durante el Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, oportunidades todas en las que anunció como algo inminente el inicio de la construcción del Gasoducto del Sur. Aunque menos mediático, el Proyecto de Ley 1396 es una afirmación tan o más radical que el ya célebre «Conga Va»: un germen de decepción y malestar, esta vez encajado en el núcleo de voto «duro» del hoy alicaído nacionalista: el sur andino. En este contexto, el destrabe de Majes a favor de Arequipa y la luz verde al aeropuerto de Chincheros en Cusco, tienen sabor de premio consuelo.

Con esta promesa de integración y desarrollo para el Gran Sur más que en duda, es poco lo que identifica al gobierno con el ímpetu transformador de sus primeras horas. Sin el proyecto para «equilibrar el sur con el norte» (Humala dixit) ni el «gas barato para todos los peruanos», la inclusión social queda francamente reducida al rediseño de programas sociales, arrinconada en discusiones metodológicas y mediciones monetarias, un piso en el que resbala la titular de Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli, sumándose a la postura del «ministro-técnico», que tan poco beneficio le ha traído a su par en Educación, la recientemente interpelada Patricia Salas.

Es poco lo que se espera de la presentación del renovado gabinete en el Congreso de la República. Luego de la desafortunada decisión de prolongar el estado de emergencia en Cajamarca, no es más que una formalidad el anuncio de las medidas tomadas por la Comisión Multisectorial por una «nueva minería». A este ritmo –y para mal, por supuesto– lo único que queda de la agenda nacionalista se recuesta en el delicado diferendo con Chile.

desco Opina / 20 de agosto de 2012
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Inclusión y tecnocracia

El respaldo electoral y posterior llegada al poder de Ollanta Humala reflejó las aspiraciones de millones de peruanos respecto a la orientación de los beneficios del crecimiento económico. Este mandato ha sido recogido por el gobierno con el membrete «inclusión», concepto que empieza a tomar cuerpo con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, que «empaqueta» los programas sociales ofrecidos en campaña pero al mismo tiempo expresa la fuerza que mantienen los enfoques tecnocráticos sobre el desarrollo.

La designación de Kurt Burneo como titular del futuro MIDIS se planteó bajo el argumento de que era necesario acercar la política económica y la política social. En este sentido, el perfil de Burneo –economista proveniente del toledismo– en teoría responde al viraje que Humala y su equipo quieren imprimir a los mecanismos de política social, articulándolos al discurso de impulso al mercado interno.

No obstante, el nuevo ministerio se forma por trasvase de los cuadros técnicos y programas existentes en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sin alusión práctica al otro Ministerio que debía rediseñarse a partir de ese supuesto: el Ministerio de la Producción, que actualmente dirige el propio Burneo. Cabe preguntarse al respecto cuál es el papel del MIDIS dentro de la oferta de un gobierno que debe satisfacer las expectativas de redistribución que ha generado y, a la vez, garantizar una mayor eficacia en las transferencias directas y los programas de asistencia.

Según su ley de creación –que espera debate en el pleno del Congreso– el MIDIS es el eje del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que propone de manera muy genérica una articulación entre gobiernos subnacionales, organismos públicos y sectores vinculados a las políticas de desarrollo e inclusión. Sin embargo, no prevé un papel específico de los gobiernos regionales y locales, asunto particularmente sensible en un país que apostó por la descentralización y que cuenta –aunque el anterior gobierno la postergara– con una urgente agenda de reforma del Estado cuyo objetivo central es la desconcentración de poderes y recursos del nivel central. Solo en lo referente a los programas sociales que el nuevo ministerio busca concentrar, por ejemplo, el escenario es complejo y ya ha avanzado en diversos grados en su descentralización. Como vemos, la idea de un «sistema» que debe articular los esfuerzos dispersos del Estado choca con el proyecto de un ente que aglutina la prestación de programas sociales: un ministerio ejecutor.

Aunque la Ley no pueda abundar en detalles, debería permitirnos al menos vislumbrar un escenario que no se desentienda de un proceso de descentralización que debería estar en condiciones de retomar avances sustantivos en este periodo.

Creemos que para honrar el mandato de las urnas, este gobierno no puede permitirse entender que la inclusión es únicamente una mejor administración y focalización de los programas sociales. Una verdadera transformación en la concepción del Estado como impulsor del desarrollo, debe considerar que la ecuación entre inclusión y desarrollo se resuelve atendiendo a la articulación de las economías de escala y dando salidas a los emprendimientos productivos medianos y pequeños, principalmente en la esfera rural, donde el modelo extractivo genera una competencia desigual por recursos productivos como la tierra y el agua. Por eso también, considerar el rol de los gobiernos regionales y municipios como gestores de las políticas de inclusión debe ser parte del debate.

desco Opina / 16 de setiembre de 2011
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