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«Dijo que era nacionalista…»

En su larga marcha hacia la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió hacer un esfuerzo particular por establecer un perfil propio, debatiéndose entre etiquetas que iban desde el ya desgastado «outsider» al antisistema y del extremista al «Lula peruano». Tentando el equilibrio entre sus banderas originales –control de los recursos naturales, desarrollo del mercado interno, participación del Estado en la economía e inclusión social– y las demandas de su potencial electorado, Humala marcó distancia con su ala izquierda insistiendo en su identidad nacionalista. No era de izquierda, sino nacionalista y «de abajo». Entrando al segundo año de gobierno, cabe volver a preguntarse por una definición mínima del proyecto político del otrora «terror» de la derecha peruana.
El affaire entre el Consorcio Camisea y Perupetro –entidad que vela el contrato de exportación de nuestro gas– no dejó títere con cabeza. Como se sabe, Perupetro inició una investigación que indica que el gas del lote 56 se estaría re exportando de manera irregular, sin declarar ni reportar al Estado Peruano las regalías correspondientes, unos cincuenta millones de dólares. En el lapso de tres días, Aurelio Ochoa, presidente del directorio, y su fugaz reemplazante, Mercedes Tafur, fueron «renunciados» por la sola mención a una eventual cancelación del contrato al citado consorcio empresarial. La secuencia de acontecimientos –y la pasividad presidencial frente a ello– echa bastante luz sobre quién manda a quién en las relaciones entre el Estado y la inversión privada transnacional.
Eso no es todo –ni lo más inquietante– en el frente energético. La convocatoria a una licitación internacional para el Polo Petroquímico del Sur, anunciada ambiguamente por Humala en su mensaje de Fiestas Patrias, tomó decepcionante forma con el Proyecto de Ley 1396, que define que un gasoducto (metano) iría de Camisea a Puno y un etanoducto iría de Pisco a Ilo, dejando atrás el Gasoducto del Sur Andino, que en su diseño previo –el proyecto Kuntur– ofrecía paso por Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Este sustancial cambio no implica únicamente una falta «formal» a la palabra tres veces empeñada por Humala, una en su mensaje inaugural, otra en la ceremonia de recuperación del lote 88, una más durante el Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, oportunidades todas en las que anunció como algo inminente el inicio de la construcción del Gasoducto del Sur. Aunque menos mediático, el Proyecto de Ley 1396 es una afirmación tan o más radical que el ya célebre «Conga Va»: un germen de decepción y malestar, esta vez encajado en el núcleo de voto «duro» del hoy alicaído nacionalista: el sur andino. En este contexto, el destrabe de Majes a favor de Arequipa y la luz verde al aeropuerto de Chincheros en Cusco, tienen sabor de premio consuelo.
Con esta promesa de integración y desarrollo para el Gran Sur más que en duda, es poco lo que identifica al gobierno con el ímpetu transformador de sus primeras horas. Sin el proyecto para «equilibrar el sur con el norte» (Humala dixit) ni el «gas barato para todos los peruanos», la inclusión social queda francamente reducida al rediseño de programas sociales, arrinconada en discusiones metodológicas y mediciones monetarias, un piso en el que resbala la titular de Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli, sumándose a la postura del «ministro-técnico», que tan poco beneficio le ha traído a su par en Educación, la recientemente interpelada Patricia Salas.
Es poco lo que se espera de la presentación del renovado gabinete en el Congreso de la República. Luego de la desafortunada decisión de prolongar el estado de emergencia en Cajamarca, no es más que una formalidad el anuncio de las medidas tomadas por la Comisión Multisectorial por una «nueva minería». A este ritmo –y para mal, por supuesto– lo único que queda de la agenda nacionalista se recuesta en el delicado diferendo con Chile.

desco Opina / 20 de agosto de 2012
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