Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
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Vacancia de autoridades y representación política en Lima Sur

Las elecciones municipales del año 2010 trajeron nuevas autoridades en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el caso de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo volvería a la alcaldía después de algunos años, muchas acusaciones y hasta haber purgado prisión efectiva por denuncias en una de sus gestiones municipales. En el caso de Lurín, el Alcalde Jorge Marticorena fue reelegido en representación del Apra, en Pachacamac el Alcalde Hugo Ramos –quien fuera en las elecciones anteriores en la Alianza Unidad Nacional–, fue reelecto en las filas de Restauración Nacional.

En julio del presente año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declara la vacancia del regidor distrital de Villa María del Triunfo Juan César Pianto Peralta de Perú Posible por la existencia de una condena privativa de la libertad por delito doloso. El JNE sustentó su decisión en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala como causal de vacancia la existencia de una condena a pena privativa de la libertad, consentida o ejecutoriada, por delito doloso. En nota de prensa del JNE se expresa “La resolución del órgano electoral constituye un importante paso en la lucha contra la corrupción, así como en la consolidación de la institucionalidad del país y en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de preservar la idoneidad de sus funcionarios”.

En Villa El Salvador en junio del presente año, regidores Perú Posible y del mismo grupo político del Alcalde de Villa El Salvador –Santiago Mozo Quispe– solicitaron ante el JNE la vacancia del alcalde del Concejo Distrital de ese distrito, por tener condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Sustentando su demanda en que éste fue sentenciado por la comisión del delito de defraudación tributaria contra el Estado a cuatro (4) años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2) años. El JNE requirió al Concejo Distrital de Villa El Salvador se pronuncie sobre la vacancia. La sesión fue postergada reiteradamente por la inasistencia del Alcalde hasta que en sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2011, el Concejo Distrital de Villa El Salvador acordó, con 11 votos a favor y 2 en contra, aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Santiago Mozo Quispe, sesión a la que no asistió el alcalde, ni el secretario general, pese a encontrarse debidamente notificados. El 21 de setiembre Santiago Mozo interpuso recurso de apelación contra el acuerdo municipal y el JNE acepta su apelación y declara nulo el acuerdo de Consejo del 2 de setiembre. Nuevamente se llama a Sesión del Concejo Distrital de Villa El Salvador y en esta ocasión con presencia del alcalde y regidores, se obtiene como resultado 8 votos a favor y cinco en contra. No alcanzándose los dos tercios de los votos de los regidores para aprobar la vacancia del Concejo Municipal. Ahora le corresponde al JNE emitir una decisión final sobre la vacancia y si finalmente se aplica, en el marco de todo el proceso seguido en los últimos meses.

Otro caso conocido es el que se viene librando en Lima Norte, específicamente en el distrito de los Olivos. El JNE declaró infundado el pedido de vacancia del alcalde Felipe Castillo, por haber, supuestamente, destinado fondos públicos para crear la Universidad Científica y Tecnológica de Los Olivos. El Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) rechazó su inscripción al percatarse de ello, pero el Congreso creó una ley para convertir su universidad en pública, obviando al Conafu.

De acuerdo al portal del JNE existen una serie de procesos de nuevas solicitudes de vacancia de regidores en Lima Sur. Todo ello, evidencia la precariedad del sistema político local (el nacional no es la excepción) y la manera cómo se constituyen y definen las candidaturas a alcalde y las listas de regidores. Otro problema recurrente es la débil representación social con que cuentan las autoridades electas, quienes ganan con tan solo un 20% del voto de los electores en promedio, a pesar de lo cual cuentan con una amplia mayoría del Concejo Municipal y el control total de la Municipalidad. Estos datos nos ayudan a pensar en la manera como se distribuye el poder de acuerdo a los resultados electorales, surgiendo también preguntas sobre la democracia al interior de los partidos y la forma en que se estructuran. Es común, también, ver como una vez ganada la elección se reconfiguran los acuerdos y vínculos políticos locales, con lo que los partidos políticos pierden poder y representación, siendo los alcaldes elegidos quienes gobiernan «solos» olvidándose de planes y promesas electorales con los que ganaron las elecciones.

La ciudadanía y sus organizaciones sociales rechazan esta situación. Sin embargo, mientras los partidos políticos no superen la crisis en la que se encuentran y puedan funcionar como organizaciones con mecanismos de control y fiscalización de sus miembros, seguiremos eligiendo autoridades con problemas judiciales, que en teoría no podrían postular, pero que terminan asumiendo el poder que les otorga la función pública como autoridades locales.

desco Opina / 21 de noviembre de 2011
Programa Urbano
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Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.

desco Opina / 14 de noviembre de 2011
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Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.

desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro
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Caminar derecho (siendo de izquierda)

Acaba de oficializarse la renuncia de Omar Chehade a la megacomisión para investigar los actos de corrupción del gobierno de Alan García, el mismo régimen que nos regaló la palabra ‘faenón’. Sin duda se trata de un hecho paradójico, pues el flamante vicepresidente –hombre identificado con la lucha contra la corrupción– hoy es motivo de sospecha por dos supuestos arreglos bajo la mesa, ambos comprometedores, que involucrarían a dos importantes empresas y, de paso, al gobierno de Alan García en la figura del ex ministro Cornejo. De esta manera, a menos de noventa días del gobierno de Ollanta Humala, se ha producido su crisis política más importante. Lo cual impone una decisión sin alternativas: los hechos bajo sospecha deben ser investigados con celeridad y transparencia.

Por otro lado, el escándalo político le ha dado un caramelo a la oposición al régimen, una oposición que no existe en forma articulada en el actual Congreso y que no ha sido capaz de proponer temas sólidos en agenda. Al mismo tiempo, los bautizados «comeoros» y «robacables» han desgastado aún más la credibilidad en el Parlamento como un todo. Esto hace que la opinión pública confunda y ponga en el mismo saco a las figuras gobiernistas con los casi candorosos intentos, por ejemplo, de Kenyi Fujimori cuando trata de balbucear algo contra el gobierno. Así, ante la falta de ideas, ahora a la oposición parlamentaria le cae muy bien colgarse de las denuncias mediáticas, encontrando en ellas, recién algo sustancioso para su agenda.

Otra paradoja: en política también «negocios son negocios». La frase vendría a colación de ser cierto que seguiría dándose la vieja práctica del lobby con almuerzo incluido. De ser así, entonces los «faenones» y las componendas con el poder serían la regla y no la excepción.

Varias preguntas –como estas– persisten: ¿Empezarán los medios a diferenciar la paja del trigo en las denuncias actuales? Nada parece más incierto. Su sospecha sobre el gobierno será perenne y parece que no disminuirá su tendencia a gritar «¡lobo!» ante cada hecho que puedan «levantar» contra el gobierno. Ya se vio con el caso de la Ministra García Naranjo, donde varios se lanzaron a proponer la interpelación, con escaso criterio. Como señala Gustavo Gorriti, nada tiene que ver el pataleo con la preocupación por el bien común.

¿Debilita esta crisis al gobierno de forma decisiva? Todo parece indicar que no. Es interesante notar en el caso de la titular del MIMDES, cómo éste habría generado una especie de «división productiva» al interior del gobierno. Y se refleja en el hecho de que figuras como Javier Diez Canseco toman fuerza y, junto a otras figuras públicas como Avelino Guillén, proponen el derrotero de la acción del gobierno.

En medio de todo este panorama, la reacción del presidente ha sido cauta. Y esto, porque todavía hay mucho espacio para asumir gestos y tomar las medidas necesarias, de manera que su imagen de honestidad no se despinte. Entre tanto, para los opositores de la izquierda, cuando un gobierno de derecha es corrupto, se plantea un problema de «eficiencia» de las instituciones. Pero, cuando algo se denuncia en un gobierno que no es de derecha, entonces se trata de una honda fractura en la moral del Ejecutivo. Lo cual nos lleva a una especie de moraleja: aprender a separar lo importante de lo accesorio y exigir tanto rigor contra la corrupción como en quienes buscan satisfacer sus agendas particulares.

desco Opina / 28 de octubre de 2011
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De la selva, su vergüenza

Desde hace varias semanas las noticias periodísticas avergüenzan a los ciudadanos de la selva central. Los dos congresistas que recibieron mayor respaldo electoral tanto en la selva de Junín (provincias de Satipo y Chanchamayo) como en Pasco (provincia de Oxapampa) tienen serias denuncias. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al legislador Federico Pariona Galindo de Fuerza 2011 por haber consignado información falsa en su hoja de vida. Y el congresista, también de Fuerza 2011, Néstor Valqui Matos habría sido sentenciado por proxenetismo y sería dueño de uno de los centros de diversión más grandes y concurridos de Yanacancha, Pasco. De ambas denuncias tal vez el caso que más incomoda a la población es el de Valqui, porque la denuncia contra Pariona, sin dejar de ser censurable es vista como la consecuencia de una «criollada» mal hecha.

La naturaleza de los respaldos electorales ha sido distinta: Pariona es natural y residente de la selva de Junín (Satipo), por lo que concentró su mayor esfuerzo en captar los votos de sus vecinos de realidades y problemáticas. Por otro lado, el congresista Valqui, sin ser natural o residente de Oxapampa, realizó una campaña proselitista cuya inversión en manejo de imagen del buen ciudadano conquistó el respaldo de los electores de la selva, concentrado principalmente en los distritos de Villa Rica y Oxapampa. Por ello los comentarios de hombres y mujeres sobre el ocultamiento de la sentencia por proxenetismo no es sólo vista como una manipulación de la imagen que los llevó a una mala decisión electoral, sino como una estafa que los ha llevado al infortunio y a la vergüenza.

El proxenetismo es un delito sensible para muchas familias de la selva peruana porque han sido testigos directos o indirectos de denuncias por tráfico de personas de sus comunidades para la explotación sexual en ciudades y campamentos mineros de diversos puntos del país. En la selva central, sobre todo a nivel de las etnias nativas, existen denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes, que no son ni serán resueltas. Sin embargo, por la inacción de autoridades se transforman en riquezas para los bolsillos de los inescrupulosos. Es común que en ciudades de la sierra central como Huancayo, La Oroya y Tarma se promocionen burdeles, bares y centros nocturnos con la atención de lindas «ñañitas de la selva», promoción que no es investigada por fiscales ni autoridades policiales, con lo cual este tipo de comercio se mantiene sólido y en crecimiento, a pesar de que en muchas ocasiones existe esclavitud demostrada.

Las provincias de la selva central promocionan sus atractivos naturales como productos turísticos, tratando de desprenderse de la posibilidad de convertirse en destinos de turismo sexual, imagen que lamentablemente afecta a algunas de las ciudades de la selva del oriente peruano. Por otro lado, hay que reconocer que desde las autoridades locales poco o nada se ha hecho para luchar contra ese estigma que mantiene la errada imagen de que las mujeres de la selva tienen «una exacerbada apetencia y reducida inhibición sexual», lo que las convierte en apetecibles productos para el placer carnal. Mito que se extiende hasta creer que todas las mujeres, sobre todo las adolescentes y jóvenes, están dispuestas a regalar o vender sus cuerpos por necesidad, o porque tras una iniciación sexual temprana, se convierte en algo común.

Antes, erraron en la selección de sus candidatos, hoy ninguna voz de la selva central –incluidos los que le dieron sus votos– manifestará incomodidad alguna si el mencionado congresista fuera finalmente desaforado del Parlamento, e impedido de por vida para ocupar cargo público alguno, ya que su sola presencia en el hemiciclo humilla a todas las mujeres en general.

Tanto Pariona como Valqui, integran la lista de 12 congresistas denunciados alcanzada por el Ministerio Público a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, la cifra se queda corta, pues hay otros 29 padres de la patria que tienen en su haber procesos judiciales pendientes. Esto nos lleva a una reflexión final respecto a los filtros para la evaluación y selección de candidatos, donde la responsabilidad principal recae en la debilidad de los partidos políticos que los acogen; y luego, a la definición de mecanismos de fiscalización más rigurosos que deberían ser impuestos –vía reforma de leyes electorales si fuera necesario– por los organismos competentes en estos procesos.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2011
Programa Selva Central
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El nuevo «cerco» a Ollanta Humala

Cumplidos dos meses y medio del gobierno de Ollanta Humala, los puntos en los que la agenda oficialista ha tenido avance más considerable han sido el establecimiento del gravamen minero y la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, ambos son logros mediatizados, el primero por el cálculo real de la cifra que percibiría el Estado, bastante menor a la señalada por el Primer Ministro, el segundo por el anuncio de la reducción, a seis meses, del plazo mínimo para la realización de estudios de impacto ambiental-EIA en inversiones extractivas, lo que resulta contradictorio no sólo con el principio de «plazo razonable» que se contempla en la Ley de Consulta Previa, sino con la realidad de asimetría y poca credibilidad que ha caracterizado los EIA, y que ha sido fuente de numerosos conflictos sociales en los últimos años.

Aunque se trata de pasos contradictorios en un gobierno con alta expectativa respecto a un viraje en las relaciones entre la gran inversión y el Estado, no se percibe que hayan provocado aún fisuras de consideración entre quienes respaldan a Humala. En este sentido, el planteamiento de la «gradualidad de los cambios» muestra aún capacidad de sostener las alianzas sociales del oficialismo, cohesión a la que en buena medida aportan los medios de comunicación antigobiernistas con sus ataques selectivos: primero Ricardo Soberón, jefe de DEVIDA, luego la titular de Mujer y Desarrollo social, Aída García Naranjo, en lo que constituye la primera crisis ministerial de Gana Perú. En tanto, el cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos a Daniel Mora, ministro de Defensa, por sus declaraciones sobre un «punto final» a los juicios de derechos humanos, ha pasado inadvertida para el grueso de la opinión pública, y forma parte de una guerra sorda que empezó apenas iniciado este gobierno.

La presión mediática sobre García Naranjo y Soberón es sólo una cara de la moneda de la relación entre oposición y oficialismo. Esta presión sobre integrantes del gobierno provenientes de la izquierda o próximos a grupos con agendas consideradas radicales –como los cocaleros–, proviene en el primer caso del fujimorismo y del aprismo, y en el segundo caso de medios ultra-conservadores y del descompuesto aparato de inteligencia montesinista. Si bien no han encontrado respaldo real en los grupos de poder económico –con quienes Humala vive aún una inesperada «luna de miel»– sí han minado considerablemente el perfil izquierdo del gobierno, para provecho, entre otros, de un sector «duro» del nacionalismo –descontento con la cesión de un ministerio «social»–.

En cualquier caso, por ahora ganan quienes mediante una actitud «flexible», hasta complaciente frente a Humala, pretenden continuar avanzando por la política económica , que es el flanco que el mandatario cedió con su «Hoja de Ruta». Esperamos que este nuevo «cerco» sobre Humala –muy distinto al denunciado en las elecciones– encuentre pronto su tope, de modo que se cumpla con las expectativas de cambio que llevaron a Gana Perú, del fondo de las encuestas, a Palacio de Gobierno.

desco Opina / 17 de octubre de 2011
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