Las encuestas y su influencia en las regiones Junín y Huancavelica

Las encuestas electorales, los sondeos y los estudios de opinión han llegado a formar parte del entramado político en el que nos movemos en la actualidad. De esta manera, los estrategas políticos hacen uso de estos como elementos de notable utilidad en el desarrollo de las tácticas electorales; los responsables de las campañas hace tiempo comenzaron a aprovechar los resultados de las encuestas no sólo para medir la evolución de sus perspectivas y la influencia de sus mensajes sino que, dado el incremento de la notoriedad pública de esos estudios, empezaron a plantear la posibilidad de incorporarlos a la suma de elementos del marketing electoral de los que hacen uso a lo largo de las campañas.

En las regiones Junín y Huancavelica ya empezaron a aparecer encuestas sobre las elecciones regionales y locales. Lo preocupante del asunto es hasta qué punto podemos hablar de rigor en la aplicación de los sondeos y cuándo advertimos la intención de influir en las preferencias electorales. Esta pretensión obviamente implica que habría población que se deja «influenciar» por el favoritismo arreglado con empresas encuestadoras que no han comprobado consistentemente, en varios periodos electorales, que son dignas de confianza. Cuando un medio se apropia de estas informaciones, podríamos estar frente a un aspecto del fenómeno llamado «sugestión mediática», desarrollado ampliamente por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro La Espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social (1977). 

En Huancayo y Huancavelica empezaron a circular encuestas políticas en las que de manera sorpresiva determinado candidato o movimiento político –como JUNÍN SOSTENIBLE­–,  en corto tiempo lideran la intención de voto o se ubican en lugares expectantes de las preferencias electorales. Como muestra el sondeo realizado por “Bryang Ings. E.I.R.L Consultores políticos en Campañas Electorales”, o el reciente estudio de opinión pública efectuado por la empresa Encuestadora Inversiones MNVIEL S.A.C, que da como favorito al candidato del Movimiento Político PERÚ LIBRE.  ¿Puede haber tantas y tan gruesas diferencias de opinión? ¿Cómo se explica la distancia abismal entre los candidatos, si ambos estudios se realizan en la misma región y en periodos que no están muy alejados entre sí? Un  detalle que llama la atención es que ambas encuestadoras no figuren en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es confiable este registro?

En la región Huancavelica no se tiene información sobre la existencia de empresa alguna que realice este tipo de actividades; sin embargo, en las redes sociales circulan diversos sondeos de opinión sobre preferencias electorales a nivel provincial que ni siquiera mencionan la fuente o la empresa que elaboró dicho estudio. Por esta razón, la veracidad de estas informaciones se debe tomar con precaución para no generar corrientes de opinión favorables a determinada agrupación o candidato sin tener datos fidedignos sobre ello. Esto es perjudicial para las aún frágiles democracias en estas regiones, pues deslegitima el proceso electoral al amañar las reglas de juego que toda democracia supone, dándole una importancia innecesaria a estos sondeos y asignando capacidad de influencia de los candidatos, las estrategias de las campañas, la efectividad de los spots, los regalos, las costumbres, la familia, los amigos, etcétera. Por ello, debemos tener mucho cuidado a la hora de darle crédito a las  próximas encuestas a publicarse en los medios de comunicación en ambas regiones.

Resulta innegable que, además de medir el temperamento de la opinión pública, las encuestas sirven como medida indirecta de los resultados de las estrategias de las campañas de los actores políticos. Pero de ahí a pretender que también pueden servir para «direccionar» las preferencias de los mismos con información distorsionada, hay una gran distancia. Como organización, no pretendemos tomar partido por uno u otro candidato, pero sí tenemos que señalar cuando sospechamos que hay manipulaciones en curso.

desco Opina - Regional / 30 de mayo de 2014

Programa Sierra Centro

Descargar aquí

Ancash y la descentralización

La derecha mediática y empresarial del país, osa ofrecer una lectura plagada de mentiras sobre lo que ocurre en el gobierno regional de Áncash. Obviamente, no vamos a discutir las responsabilidades penales, si las hubiere, del presidente regional César Álvarez ni de las personas actualmente encauzadas por la vía judicial.   

¿Cómo es que, repentinamente, la posible corrupción y utilización de sicarios para asesinar rivales políticos en esa región, se han convertido para estas derechas en  factores de preocupación? Para empezar, recordemos que el actual proceso de descentralización se enrumba a cumplir trece años, con aciertos, tropiezos y enormes zancadillas auspiciadas desde el Ejecutivo que, en su momento, a los que ahora claman intervenciones e, incluso, detener el proceso jamás se les escuchó una opinión –ni a favor ni en contra–, sencillamente porque la descentralización no pasaba por el horizonte de sus intereses.

Sin embargo, resulta que la desaceleración de la economía peruana ha tenido como virtud evidenciar a las regiones –unas más que otras– como nichos de inmensa oportunidad para invertir y seguir obteniendo utilidades. Sin duda, Áncash es una de ellas, como bien lo pone a la luz el INCORE2014 –ranking de competitividad que elabora el IPE– donde el potencial de Áncash para los buenos negocios –ubicándose en el justo puesto promedio de 12, entre 24 regiones– se ve enturbiado por una bajísima performance en el rubro instituciones, ubicándose en el puesto 20.

Si creemos que este resultado se debe a una importante percepción de corrupción en la gestión de dicha región, vamos a estar muy equivocados. Áncash, aparece en el puesto 9 en el ranking nacional y los problemas más graves que registra son inseguridad, conflictos sociales y criminalidad, por un lado, y baja ejecución de inversión pública, por otro lado.

En otras palabras, como señaló Juan Arroyo, de Centrum-Católica, la inseguridad ciudadana no es un problema de falta de policías, sino de un «clima nacional que es permisivo a todo lo que es falta», lo que se ve en el incremento de la extorsión y el sicariato, formas típicas que padecieron Colombia y México. “El empresario está ante un Estado muy avieso (torcido y fuera de regla), capaz de hacer arreglos bajo de la mesa, y un país donde no hay seguridad”. En suma, está en juego el costo que acarrea la extendida informalidad e ilegalidad que prima en el país, más aún cuando llega a dificultar en alto grado los objetivos de los negocios. 

Rasgarse las vestiduras por la corrupción local, explicada además por «la mezcla de precariedad institucional con presupuestos elevados» producto del canon, es esconder adrede el hecho de que la corrupción es percibida como un cáncer generalizado en todas y cada una de las partes del Estado. De la misma manera, también es mentira aseverar que la corrupción es apalancada única y exclusivamente por el canon minero.

Según la percepción ciudadana, consignada por la encuesta anticorrupción de Proética 2012, más corruptibles son los jueces, los policías y los funcionarios de las municipalidades que los funcionarios regionales. Según la misma encuesta, Áncash es considerada la octava región percibida como la más corrupta, donde las menos corruptas eran Arequipa, Tacna, Madre de Dios, Lima región, Loreto, San Martín y Amazonas.

Tales resultados muestran la total inconsistencia de la asociación entre corrupción, sicariato y mal gobierno. Algunas de las más corruptas, no reciben canon y algunas de las menos corruptas sí lo reciben.

Ucayali, un escenario de posibles crímenes políticos y vinculación con el narcotráfico aparece, en efecto, como un territorio bastante corrupto, pero una región como Amazonas, donde se asesinó al vice-presidente regional, aparece como la región menos corrupta del país. Madre de Dios, cruzada por complejos problemas de informalidad e ilegalidad, también está considerada entre las menos corruptas por sus habitantes.     

La generalización interesada de lo que ocurre en Áncash no resiste el mínimo análisis. Al respecto, la derecha podría actuar políticamente por única vez y sincerar sus posiciones:no quiere la descentralización porque cree que la mejor gestión es la centralizada y vertical.

Sin embargo, prefiere sentencias sinuosas y poco felices como la expresada por el director de un diario nacional: «¿Se imaginan si se aplica la lupa de la opinión pública con la misma intensidad en las otras 23 regiones lo que se podría encontrar? En realidad, es aterrador cómo el manejo político en las regiones se ha degenerado, muchas se han convertido en un antro de criminales y el Estado ha demostrado que no tiene capacidad alguna para enfrentarlos». Lamentablemente, olvida que en todas partes están cociéndose habas como, por ejemplo, los ahora interesadamente olvidados narco-indultos presidenciales.

desco Opina / 23 de mayo de 2014 
Descargar aquí

Calentando motores electorales en la selva central

Aún faltan algunas semanas para el cierre de la inscripción de candidatos a la presidencia de los gobiernos regionales y a los sillones municipales. Mientras tanto, en los caminos de la selva central cada vez se hacen más visibles las reuniones de intención, las pintas y las banderolas proselitistas. Los medios locales especulan sobre quiénes se lanzarán finalmente al ruedo político, sopesan las posibilidades de cada quien; y, por otro lado, los aspirantes evalúan sus estrategias, los recursos necesarios, las alianzas e inclusive la pertinencia y popularidad del partido y/o grupo político que los cobijará.  Como es habitual, los grupos políticos se reactivan sólo en estas temporadas, ya que en el quehacer cotidiano de la selva central –y el resto del país– la vida partidaria activa no existe. 

En el corazón de la selva central los partidos tradicionales tienen escasa presencia y es indudable que los grupos locales y regionales son los que marcarán el paso. Sin embargo, no todo es sencillo para quienes tienen aspiraciones. Luego de las últimas elecciones varios grupos políticos perdieron su inscripción y, a pesar de mantener cierta simpatía, han debido iniciar un pesado proceso de recolección de firmas que no todos han podido cubrir.

En ese contexto, los grupos políticos con inscripción llevan una buena ventaja ante los que no, pues deberán negociar alianzas para encabezar o integrar una lista. En estos casos es habitual notar que, quien tiene el «dinero para el pasaje», puede escoger el movimiento político de su interés por encima inclusive de quien tiene la popularidad.

Los costos de las campañas electorales son, como se sabe, el talón de Aquiles de muchas aspiraciones. En ese aspecto, persiste el riesgo de campañas financiadas  con dinero del narcotráfico, o que incursionen aportantes  con oscuras condicionantes. No hay duda que, al igual que en los procesos anteriores, en esta oportunidad tendremos candidatos para todos los gustos.

Por otro lado, las miradas están puestas sobre aquellos que pretenden la reelección, ya que los contendores estarán más que atentos para evitar que se utilicen recursos públicos en las campañas. Y, en muchos casos, aunque no haya dolo, algunos candidatos intentarán manipular la información para suponer malos manejos y/o señalar supuestas o reales incapacidades de las autoridades salientes. Sabemos que estas prácticas no siempre resultan  ya que la opinión pública también tiende a identificarse con quien perciben está siendo injustamente maltratado. De todas maneras, con un clima pre electoral recién calentando, es aún prematuro señalar si estas candidaturas se  sustentan  en  propuestas de desarrollo que verdaderamente representen los intereses de  nuestra selva.

Hay quienes, en el afán de ganar adeptos y posicionamiento político, se lanzaron con demasiado tiempo de antelación y hoy adolecen de un lógico desgaste de imagen. Los coqueteos proselitistas en curso aún no hacen visibles las ofertas electorales que traen quienes finalmente estarán en carrera; para nadie es un secreto que en estas lides muchas veces los dueños de las propuestas no siempre serán los que levanten esas banderas y hagan su promoción.

Finalmente, como en otras ocasiones, algunas comunidades nativas están intentando presentarse con lista propia llevando reivindicaciones entre sus propuestas. Sin embargo, consideramos que su alcance aún es demasiado local y sus opciones provinciales o regionales todavía son muy limitadas. Aun así, no deja de ser interesante y debería observarse con mayor detenimiento, la formación de una iniciativa política con bases étnicas.

desco Opina - Regional / 16 de mayo de 2014

Programa Selva Central
Descargar aquí

Demolición

La disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es difícil de reducir a términos simples. Más difícil aún es ponerse del lado correcto o, como reclamaba Nadine Heredia, «andar derecho». La razón para esa dificultad es relativamente simple: no hay un lado correcto y al parecer todos tienen rabo de paja. Un síntoma claro de la descomposición de la ética pública es que nadie tiene autoridad moral para decir nada, qué duda cabe. De hecho, hablar de «autoridad moral» es también sospechoso, tanto como ocuparse de la institucionalidad, palabra bendita. Esta es pues una nueva escenificación de lo que la tradición polarizadora en el Perú llama «pleito de blancos», ¿debería importarnos este nuevo desplome institucional?

Resulta materia de discusión especializada si el TC se excedió al anular el nombramiento como fiscales supremas de Zoraida Avalos y Nora Miraval, pues habrían algunas faltas en el proceso del CNM, pero donde no hay duda es en que el TC se excedió por mucho al proponer para Fiscal Supremo al cuestionado ex fiscal Mateo Castañeda y pedir que se abran dos nuevas plazas para Ávalos y Miraval. Eso es indefendible. El Instituto de Defensa Legal (IDL) recuerda que el mismo TC se pronunció en 2012 sobre la imposibilidad de forzar nombramientos.

Recordemos que la importancia del CNM radica en su poder para nombrar jueces y fiscales, incluyendo la Junta de Fiscales que luego escoge al Fiscal de la Nación, cabeza del Ministerio Público. Como dice una nota reciente, su poder está en el poder para elegir a quienes eligen. De acuerdo a esa misma fuente, los nombramientos del CNM han sido bastante discrecionales. Lamentablemente, al frente está el TC, con la mayoría de sus miembros con el mandato largamente vencido, sólo porque el Congreso nunca le dio la importancia al nombramiento de los reemplazantes, cosa que debió hacer hace más de cuatro años, es decir, desde el gobierno anterior. ¿Hay señal mayor de desdén que esa?

La falta de legitimidad salpica de una institución a otra. Para tratar de comprender el agujero negro de estas arbitrariedades puede ser útil ver el movimiento que genera a su alrededor. Como el Congreso, al parecer, tiene menos «palanca» directa en lo que corresponde a la composición del CNM (dicho sea de paso, podría revisarse qué tanto saben del proceso de justicia los actuales representantes) deja a esta entidad librada a sus propias correlaciones de fuerza y se concentra en el TC para orientar actuales y futuras repartijas. El haber nombrado a nueve candidatos para decidir el reemplazo de los «vencidos» miembros del actual TC es un modesto avance, que llega sólo cuando se vieron  arrinconados por su incapacidad para decidir.

¿Y los grandes gremios empresariales que reaccionan ante cualquier señal de «desaceleración» del crecimiento, qué tienen que decir al respecto? No mucho, por cierto. Si bien la Confiep sí se manifestó el año pasado contra la repartija congresal, esta vez no se le oye con contundencia. ¿No que esto era un serio golpe a la institucionalidad? La explicación de esta especie de «laissez faire» parece estar en que, como señala un informe del BID, quienes son más afectados por un manejo ineficiente  del sistema judicial son los pequeños empresarios. Los grandes, todo indica, tienen una especie de institucionalidad paralela que funciona a través de arbitrajes y firmas de abogados que saben navegar en el turbio caudal de la justicia peruana. 

Volvemos a la pregunta inicial: ¿a quién debe importarle que el sistema de justicia haga agua? Pues a todos, pequeños y medianos empresarios, además de a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos a qué país de los miles que coexisten bajo el cielo de Quiñones nos referimos. ¿Qué diferencia hace esto para los mineros de Huepetuhe y para la política contra la minería ilegal que considera que lo más sabio es dejar que Urresti haga volar cosas por los aires? ¿Qué diferencia hace en la violencia «institucionalizada» en las regiones? ¿Cuál es el cambio para el VRAEM y sus ambiciosas metas de erradicación (por supuesto irreales) y que llaman a aplicar, para cumplirlas, con medidas de tierra arrasada? Todo indica que el crecimiento de la economía absorbe conflictos de forma acelerada, lo que le da posibilidad al gobierno de administrar sus indefiniciones.

Lamentablemente, incluso datos positivos como la reducción de la pobreza que pueden ser relativizados cuando recordamos que la línea está fija en S/. 292, no pueden ser argumento para  caer, otra vez, en un exitismo irreflexivo y obviar el indispensable debate que exige la creciente crisis de institucionalidad que cada día padecemos de manera más evidente.

Esta debilidad representada en el manejo del poder judicial, y el ninguneo del problema de la desigualdad es una mala receta para el crecimiento. La desazón pública parece, por el momento, necesitar alguito más para sacar gente a las calles nuevamente, un audio, por ejemplo. Mientras tanto, el gobierno parece haberse dado cuenta que el país donde gobierna el señor Castilla, es el que presenta la versión más armónica de sí mismo.

desco Opina / 9 de mayo de 2014

Descargar aquí

Invasiones, crecimiento sin planos en Arequipa

El tema de las invasiones en Arequipa se ha agravado, lo que ha dado pie a la instalación de una Mesa Permanente de Trabajo Interinstitucional para ponerle un alto. La tarea que le espera a la mesa parece ser titánica, dado el poder que han conseguido algunos dirigentes que las promueven y la poca energía que le han puesto las diferentes autoridades para frenarlas.

Un mes antes, durante la primera reunión interinstitucional para analizar la problemática de las invasiones, el presidente regional Juan Manuel Guillén mostró la hilacha al decir que no ordenará desalojo de gente por los costos vitales que esto podría acarrear, opinión que fue duramente criticada por sus contertulios. Pero no es la primera vez que el presidente demuestra poco tino para afrontar este problema, una de las muestras más fehacientes fue la contratación del cuestionado Esteban Valdés Gárate en la Oficina de Ordenamiento Territorial, a quien despidió este año cuando se le acabaron los argumentos para defenderlo. Ahora Valdés Garate está presentando su  candidatura al sillón regional.  

No estamos culpando a Guillén por el avance de las invasiones, pero es un claro ejemplo de la forma de actuar de muchas autoridades locales que se han hecho de la vista gorda frente a este problema, o simplemente han apoyado la legalización de los terrenos invadidos con habilitaciones urbanas y otorgamientos de títulos de propiedad en plaza pública, y no porque son buena gente, sino por lo que representa en votos estas acciones.

Por otro lado, es cierto que existe un problema de vivienda en Arequipa, pero la toma ilegal de terrenos no es la solución. Además, el mismo crecimiento de la ciudad, ahora hacia arriba con los edificios, ya está causando problemas en el abastecimiento de servicios básicos, principalmente de agua, que van a complicar la viabilidad de proyectos de saneamiento a estos nuevos asentamientos.

En el Ministerio Público de Arequipa existen 425 denuncias por el delito de usurpación de terrenos, pero a pesar de la existencia de una norma desde el año pasado que pena con cárcel a los invasores, no hay ningún detenido y sólo se han abierto cuatro causas. El congresista arequipeño Gustavo Rondón Fudinaga ha presentado un informe detallado y de tres proyectos de ley para frenar las invasiones, uno de ellos suspende a los gobiernos regionales y locales, el procedimiento de reserva y/o adjudicación mediante subasta pública o venta directa de terrenos urbanos y eriazos de propiedad estatal, durante el año electoral regional y municipal. En tanto, el Consejo Regional de Arequipa ha emitido un acuerdo en el que sugiere la conformación de Comités de Defensa de los Bienes Estatales en las municipalidades  provinciales y distritales de la Región Arequipa, entre otras cosas.

Como colofón hay que advertir que las invasiones no sólo son un problema en Arequipa, sino en otros departamentos de la Macro Región Sur, como en Tacna, por ejemplo. Esto podría tener su explicación en la poca atención de las autoridades regionales para impulsar el desarrollo económico en todo su territorio y en el aumento del precio de la propiedad. Sea como fuere, sorprende la actitud del presidente regional al optar por no hacer nada, ni para un lado ni para el otro, sabiendo que está de salida, con lo cual el tema se vuelve problema de su sucesor.

Como en tantas otras zonas del país, se espera que las personas resuelvan sus problemas de manera espontánea, como si no existiera autoridad a cargo. No se trata de reprimir con más fuerza, sino de proyectar el ordenamiento del territorio sin favoritismos, sin agendas ocultas y con participación ciudadana de todos los que quieran ser dirigidos por una autoridad con una visión integral del territorio. Debemos aprender del error de otras ciudades, como Lima, donde parece que el derecho de las personas de vivir en orden es privativo de ciertos espacios aislados. El problema de las invasiones merece una mirada integral de ciudad, no es problema solo del Cono Norte.   

desco Opina - Regional / 2 de mayo de 2014

Programa Regional Sur
Descargar aquí

Caso Mayorga: de la anécdota a las políticas de Estado

Ciertamente el tema de las políticas petroleras de un país, visto en detalle, es un asunto especializado y para entendidos, que no son muchos. No lo es tanto, cuando lo que se trata de conocer son los procedimientos legales y administrativos que deben cumplirse por parte de los funcionarios públicos en el desempeño de su gestión.

Es por eso que en el caso de la liquidación del contrato a la empresa Interoil, los arbitrajes ganados por el Estado luego que ésta apelara y la resultante prórroga rubricada por el ministro Eleodoro Mayorga ha producido a todas luces un lamentable cortocircuito político legal que nos muestra el mal desempeño del gobierno. Asimismo, ha puesto sobre el tapete un tema peliagudo que el gran público desconocía.

Resumiendo, el expediente de Interoil muestra el caso de una empresa que solicita una prórroga para seguir explotando petroleo cuando su concesión ha vencido, aludiendo razones de fuerza mayor (el fenómeno del Niño) que le impidieron operar regularmente durante 1998 y 2002. ¿La razón para conceder la prórroga? La supuesta incapacidad de Petroperú para asumir las operaciones con Interoil fuera del panorama. Más allá del débil argumento de la petrolera, se sabe que  la política de Petroperú se orienta a ingresar a trabajar los lotes petroleros de las concesiones que vencen, para así ejercer su función de empresa estatal activa en el negocio petrolero.

Se sabe también, que existen otras empresas cuyos contratos vencen pronto como los de las petroleras Vera Gutierrez y Olympic, por ejemplo, en los que corresponde pasen tambien –vía Peru Petro– a la administración estatal.  El tema de fondo entonces, más allá del error cometido por el ministro Mayorga, es conocer cuál es el papel de Peru Petro y Petroperú en la gestión de nuestros hidrocarburos del país y si el ministro Castilla, miembro del directorio de Petroperú, tiene algo que decir sobre estos casos o si más bien se busca condenar a la empresa estatal a una especie de incapacidad calculada, con la finalidad de que vaya «muriendo lentamente».

En cierta medida, entonces, el destino del ministro Mayorga resulta siendo casi anecdótico, pues a todas luces cometió una infracción al firmar la prórroga en favor de la empresa a en la cual había prestado servicios de asesoría como consultor privado cuando ésta ya mantenía un litigio con el Estado peruano. Debió excusarse, sin duda, y no solo el Congreso de la República podría censurarlo, sino que también este proceder puede convertirse en un caso penal. Lo que no es anecdótico es que el Estado peruano haya ganado en dos instancias un proceso de arbitraje con Interoil para la devolución de un lote petrolero y luego se decida concederle una ampliación a la empresa perdedora en ese arbitraje, dejando además de cobrar el petroleo extraído desde la fecha del vencimiento del contrato de concesión, propiedad de todos los peruanos y no de la empresa que asesoraba Mayorga.

El tema seguirá en debate y sin duda la agenda política de la próxima semana nos podrá colocar ante la primera censura de un ministro de Estado en casi una década, si es que el titular de Energía y Minas no renuncia antes.

Una vez más queremos llamar la atención sobre la conducción política del Estado a la que nos ha trasladado este régimen. Para algunos analistas está fuera de discusión la falta de manejo de la cosa pública por parte del gobierno del presidente Humala, que repetidamente evidencia una crisis de autoridad, incumplimiento y falta de respeto a las normas establecidas, alimentando el socavamiento de la legitimidad que se requiere para conducir la nación. Por ello, es importante demandar, desde las distintas instancias de la sociedad: ciudadanía, sociedad civil, gremios y colegios profesionales, universidades y otras instituciones, la urgencia de apuntalar la institucionalidad que se requiere para avanzar como nación. Este esfuerzo pasa por resolver ya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el nombramiento del Defensor del Pueblo y gobernar con pleno respeto al estado de derecho. De lo contrario la vorágine de los días nos puede trasladar a otros escenarios en los que triunfen mal la informalidad, el narcotráfico, el autoritarismo y la violencia criminal.

desco Opina / 25 de abril de 2014
Descargar aquí

El Foro Urbano Mundial sin Lima ni su alcaldesa

Del 5 al 11 de abril se llevó a cabo el séptimo Foro Urbano Mundial, en la ciudad de Medellín Colombia, evento organizado por Naciones Unidas para el Hábitat y que se convoca cada dos años, como la principal conferencia mundial sobre las ciudades. Se trata de un Foro técnico no-legislativo que convoca el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Hábitat) para examinar los retos que enfrenta el mundo en relación a los asentamientos humanos, como la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías, cambio climático y políticas.

El Foro (WUF por sus siglas en inglés de World Urban Forum) es la principal conferencia mundial en ciudades, que recibió esta vez la visita de 22 mil personas con la participación de representantes de 142 países, aunque como sabemos, la ciudad de Lima estuvo ausente y no contó con representación, ya que los regidores de la oposición en el concejo negaron insólitamente el permiso de viaje a la Alcaldesa Susana Villarán a esta cita mundial, a pesar de que esto no generaba gastos a la comuna Limeña. 

La cuestionable decisión tomada por el concejo municipal limeño impidió que haya una representación oficial de la ciudad de Lima, que no es poca cosa en el mundo, no solo por su ubicación estratégica en América del Sur, sino también por estar situada en el puesto 11 en el ranking mundial de ciudades más densamente pobladas.  La ausencia de una delegación oficial impidió mostrar sus retos y desafíos y como es que éstos se enfrentan, en un contexto en el que se hicieron visibles los problemas de las mega ciudades y se confrontaron estrategias y alternativas para combatir la desigualdad urbana. 

Como lo mencionara Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat y ex alcalde de Barcelona (España), la demanda por combatir la desigualdad urbana ante el modelo predominante actual de un urbanismo, que nosotros identificamos como propio del ordenamiento económico neoliberal, que «no es suficientemente sostenible, desde el punto de vista ambiental ni social», debido a que solo alienta las desigualdades sociales; fue un tema central del evento.

La participación de la ciudad de Lima en este Foro Mundial de los socios de la Agenda Hábitat en la que estuvieron funcionarios y expertos de programas internacionales relevantes, entidades financieras y agencias de cooperación internacional, hubiera sido un espacio ideal para sacar provecho para nuestra ciudad capital. Sin duda, el Foro ha servido para identificar nuevos temas, y las ciudades participantes han podido nutrirse del intercambio de experiencias de los procesos de crecimiento y desarrollo de las ciudades. Las lecciones aprendidas en otros contextos urbanos y las buenas prácticas y políticas implementadas a nivel mundial encuentran en estos eventos la posibilidad de ser socializadas y compartidas. Son muchas las preguntas que se intentan responder y centenas las experiencias exitosas de las que se puede aprender, de esfuerzos que se están haciendo en el mundo, enfrentado a un futuro definitivamente urbano en el que cada año se incrementa significativamente la población viviendo en ciudades que demanda y exige servicios básicos, seguridad, empleo, etc. 

Habría que preguntarse si no se ha desperdiciado, por mezquindad y escasa visión, una buena oportunidad para intercambiar ideas y enriquecerse con experiencias y buenas prácticas. Justamente cuando, por ejemplo, se está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) que aspira a ofrecer una propuesta de urbanización sostenible y a alcanzar una mayor equidad en el desarrollo urbano con la participación activa de los actores presentes en las ciudades: pobladores, empresarios, instituciones públicas y privadas, universidades, jóvenes y mujeres, entre otros, para identificar perspectivas de trabajo conjunto que mejoren la calidad de vida de todos.

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2014

Programa Urbano
Descargar aquí