¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.

La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.

Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.

Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.

El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.

A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.

Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.

El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.

La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.

No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.

El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.

La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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Movilización ciudadana por la seguridad en Lima Sur

Según el ranking de delincuencia divulgado por el diario La República en marzo del presente año, el distrito de San Juan de Miraflores ocupa en Lima, el quinto lugar de los distritos con mayor cantidad de robos, hurtos, violaciones, micro comercialización de drogas, secuestros, entre otros delitos. Frente a este contexto hombres y mujeres integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de todas las zonas de San Juan de Miraflores, decidieron apoyar la labor de la Policía Nacional del Perú en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012.

El pasado mes de setiembre se realizó el Foro «Diagnóstico y propuestas de la seguridad ciudadana en San Juan de Miraflores» con participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección de la Familia, la oficina de Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el Programa Urbano de desco. El diagnóstico presentado, entre otros problemas muestra la existencia de 374 pandillas y barras bravas que generan desorden y peleas callejeras en distintos barrios; prostíbulos clandestinos que usan como fachada hostales, clubes nocturnos, cantinas y bares, principalmente en los alrededores de Ciudad de Dios y el hospital María Auxiliadora; asimismo, se evidenció la inexistencia de mecanismos de información y medición de la evolución en la incidencia de delitos que afectan a la comunidad, a la par del aumento en el volumen de quejas que reciben las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Miraflores identificó que la inversión local en seguridad ciudadana sufrió una reducción de poco más de 4 millones trescientos mil soles en el 2010, a menos de dos millones y medio de soles en el 2011 con una media de ejecución por debajo del 70% en los dos años mencionados. Esto significa que a pesar de que los recursos son escasos, éstos no se pueden gastar, problema que merece ser evaluado. También se señaló que la problemática de la seguridad ciudadana tiene que ser enfrentada no solo con más serenos y camionetas, sino que deben tomarse en cuenta enfoques educativos y sociales. El principal acuerdo de la reunión fue continuar un proceso de articulación y coordinación entre la Policía Nacional del Perú con la sociedad civil organizada a través de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Es necesario avanzar hacia los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para lo cual se requiere pensar en una estructura organizacional más funcional y menos burocrática.

desco Opina - Regional / 5 de octubre de 2012
Programa Urbano
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Sin oficialismo y sin oposición

Las recientes encuestas y entrevistas al presidente Humala definen claramente la magnitud de los desafíos que debe gestionar el actual gobierno y sus flagrantes limitaciones para dar cuenta de ellos. Apenas un dato puede graficar esta falta de sintonía: tanto el presidente del consejo de ministros como el titular del Congreso, el oficialista Víctor Isla resultan desconocidos por gran parte de los ciudadanos del país. Sin blindaje, el presidente de la República queda expuesto a la crítica directa.

Sin duda, los cambios operados en el Gabinete en julio último ensanchan el divorcio existente entre los rumbos tomados por el Ejecutivo y la naturaleza de las demandas sociales. Buscando establecer un equipo mínimo para gobernar, la PCM anunció la conformación de un grupo asesor en el que llama la atención que no figure ningún componente nacionalista. Esto nos muestra un Ejecutivo que ha prescindido del partido «oficialista», al que suple con mecanismos informales que intentan generar nuevas y efímeras alianzas, con las que pretende enfrentar dos escenarios inmediatos: los conflictos redistributivos y el latente malestar en el Sur Andino.

Amenguado momentáneamente el frente socio-ambiental, el relevo de la protesta social lo toman los maestros, los profesionales de la salud y, próximamente, los jueces, dando un giro sustancial a la conflictividad: el escenario es eminentemente urbano, con actores sindicalizados provenientes de un sector medio empobrecido. Pese a los esfuerzos de las dirigencias por mantener cierta cohesión, es claro que en estos espacios actúan abiertamente expresiones cercanas al radicalismo senderista, sin que el gobierno considere en la negociación alguna fórmula que permita aislarlos.

En cuanto al escenario Sur Andino, la preocupación por el gasoducto paulatinamente se coloca en el centro del debate, de manera comprometedora para el gobierno no sólo porque desdice lo prometido durante la campaña electoral sino, más importante aún, porque acrecienta las sospechas de la actuación de lobbies muy fuertes y dinámicos que estarían imponiendo la tónica a la cambiante posición oficial.

Si las deficiencias del gobierno son alarmantes lo es aún más la inexistencia de oposición. La prensa de derecha difundió con alegría inocultable que una reciente encuesta diera como resultado el perfilamiento del fujimorismo como primera fuerza opositora, dato que relativizamos, pues depende de su remota posibilidad de extender este rol más allá de las paredes del Congreso, y del juego que les abra la reciente maniobra del indulto humanitario. Otra opción que pugna por ubicarse como contrapeso a la política oficialista es la izquierda, que transita por ahora en carriles paralelos con Tierra y Libertad, el incipiente MAS del cajamarquino Santos y el nuevo intento de reagrupamiento denominado Fuerza Ciudadana. Al parecer la primacía de la desconfianza y el cortoplacismo posponen aún la búsqueda común del discurso y la práctica que ubiquen a las fuerzas de izquierda como alternativa legítima entre un gobierno que perdió el rumbo y el creciente radicalismo violentista.

Un logro del modelo neoliberal es haber alejado la política de la economía, imponiendo el indicador macroeconómico como medidor universal de la realidad social y principio del bien común. No obstante, la persistencia de expectativas embalsadas y las grietas sociales en las que prospera el violentismo son los puntos en los que ese principio hace agua. La derecha nativa, acostumbrada a equiparar política con captura de aparatos estatales y acción lobista ha demostrado que no tiene nada que proponer en este punto. El reto político de más y mejor democracia le corresponde a la izquierda. Queda por ver con qué instrumento político y con qué rostros decidirá a enfrentarlos en la cancha social y en la electoral.

desco Opina / 28 de setiembre de 2012
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Dos luces y una sombra en la Región Junín

La actual administración regional, encabezada por Vladimiro Cerrón, muestra buenas iniciativas en dos temas sectoriales de la mayor importancia: Salud y Educación. Donde no se ven avances significativos es en la lucha contra la corrupción. A continuación un recuento somero de los logros y desafíos de la sexta región más poblada del Perú.

En Salud hay que destacar las grandes inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario. El esfuerzo ha sido reconocido por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud (MINSA), que calificó a nuestra región como una de las más empeñosas en buscar mejorar los servicios y accesos de salud en bien de su población.

Entre los programas más representativos en el sector tenemos: «Médico de familia», «Odontólogo y psicólogo por colegio» y últimamente el «Residentado médico», que buscan revertir los altos índices de mortalidad y morbilidad que se expanden en nuestra región. Esta apuesta por una mejor calidad de vida, se verá «a futuro», como lo señala el presidente regional. Aunque también es cierto que sectores de la población en estos casos reclaman resultados más rápidos, o en todo caso, ‘menos graduales’. Aquí el gobierno regional debe comunicar con claridad de qué tipo de intervención cabe esperar impactos inmediatos y de cuáles no.

«Mi gestión como presidente del Gobierno Regional de Junín, pone en relieve, una vez más, mi compromiso en primera línea con la educación, por considerar una herramienta fundamental para que nuestro país pueda estar más cerca de lograr el desarrollo con sus propios esfuerzos», con estas palabras el presidente regional lanzó el programa “Junín Libre de Analfabetismo“ el cual busca implementar comunidades de aprendizaje dirigidas a los adultos iletrados de la región. Para cumplir con dicha labor se propone la creación de ”Brigadas de Alfabetización“ las cuales estarán conformadas por jóvenes de diferentes centros de formación tales como universidades e institutos. Asimismo, se tiene como objetivo contribuir a que los iletrados en edad de trabajar se incluyan en las dinámicas del entorno local, social y productivo de la región. Como vemos, es un proyecto que combina capacitación económica productiva con los esfuerzos por erradicar el analfabetismo, tarea titánica teniendo en cuenta que la región Junín registra, de acuerdo al INEI, alrededor del 8% de su población sin instrucción escolar.

Donde no cabe el mismo entusiasmo es en la lucha contra la corrupción, uno de los temas que el titular de la región, al igual que el Presidente de la República, destacaron durante sus respectivas campañas. No olvidemos que la autopercepción de corrupción entre los ciudadanos de Junín está entre las más altas del país. En ese sentido, la creación de un Consejo Regional Anticorrupción, presidido por el propio Cerrón sin duda es una buena señal pero debe enfrentar las denuncias de casos que ya han empezado a aparecer, incluso entre los que fueron partidarios de su gestión. Este tipo de denuncia mella la imagen pública del presidente regional, lo que puede debilitar cualquier acción que se promueve desde dicho nivel.

Para luchar contra la corrupción es imprescindible que el presidente regional y demás funcionarios, la lideren, haciendo una gestión transparente más que discutiendo sobre su necesidad. Creemos que el gobierno regional tiene lo necesario para lograr cambios positivos en el corto plazo en el complejo terreno de la lucha contra la corrupción.

desco Opina - Regional / 21 de setiembre de 2012
Programa Sierra Centro
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