La Teatralización de la Gran Transformación

Teniendo en cuenta los actuales niveles de aprobación de los que goza el gobierno, se puede afirmar que la crisis del gabinete Lerner fue superada sin mayores costos políticos. Sin embargo, la opción del presidente -y su nuevo premier- por profundizar los gestos de distanciamiento respecto al programa de la Gran Transformación podría estar cultivando futuras tempestades.

Denominar “teatralización” a los testimonios de la violencia expuestos por la Comisión de la Verdad no es sólo una afirmación grotesca del premier Valdés: muestra la persistencia en el poder del corporativismo de las fuerzas armadas, alejándose de las promesas de cambio respecto a la agenda de justicia y reparación y mostrando un temperamento más bien cercano a personajes como Giampietri y otros militares que, antes, desde altas esferas del Estado han intentado desmerecer el Informe de la CVR y las recomendaciones que ésta hiciera al país.

Por la misma ruta de las calificaciones destempladas le siguió el presidente Humala, que comparó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con el dictador camboyano Pol Pot. El infeliz símil propuesto por el Presidente es parte de un discurso con que el que busca formarse una imagen garantista para la inversión, dirigido a los empresarios con los que conversó en España y Suiza, antes que al consumo interno, harto acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

El gobierno parece decidido a no transcender el simple expediente de administrar el crecimiento económico, aunque para esto se sienta obligado a guardar en el clóset los argumentos de cambio esgrimidos durante la campaña electoral. Siguiendo al premier Valdés, la gran transformación “no va”, porque se contrapone a un Estado eficiente, ágil y pragmático. La agenda propia queda para mejores días mientras vemos cómo Humala y sus colaboradores actuales asume paulatina -¿momentáneamente?- la que sostienen quienes realmente detentan el poder en el país y que fueron derrotados en los comicios de junio.

Si algo positivo ha tenido para la izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner en el centro del debate. De alguna manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe ocupar. Al respecto, en los próximos meses son muchos los espacios que se proyectan decisivos para que una acción política de izquierda tome forma más allá de los cálculos de entrada y salida de los círculos próximos a Humala. En principio, la oportunidad para que el debate sobre el modelo extractivista y su relación con el desarrollo pueda procesarse a escala nacional la está dando la pugna por Conga.

El anuncio del Ministro de Economía de que el peritaje al controvertido proyecto minero no incluye al Estudio de Impacto Ambiental pone un poco más de combustible al mechero de la “Marcha por el Agua”, la que, según indica la prensa, traerá a más de mil comuneros cajamarquinos hasta la capital. Si tomamos en cuenta que también está pendiente de definición el contenido del Reglamento de la Consulta Previa, vemos que las pulsiones que animaban al electorado de “la Gran Transformación” siguen vigentes, aún a despecho de la orientación actual de Humala. En este campo, la izquierda peruana tiene aún una oportunidad para ponerse al día, sin ceder a la presión de convertirse al credo del mercado. La pregunta es si diezmada y dispersa como se encuentra ahora, marchará o no al encuentro de esa oportunidad.

desco Opina / 03 de febrero de 2012

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Revocatoria ¿uso y abuso de un derecho?

El inicio del 2012 nos vuelve a traer a la realidad sobre nuestra débil democracia. En menos de 24 horas del primer día útil del año, el Jurado Nacional de Elecciones vendió 253 Kits para la revocatoria de autoridades regionales y municipales. La prensa nacional ha resaltado el caso de la alcaldesa de Lima, el número de grupos que buscan su revocatoria y la aparente rapidez para el llenado de planillones. Sin embargo, al interior del país la situación hace evidente que grupos opuestos entre sí generan enfrentamientos para revocar a sus autoridades porque cada uno de ellos busca liderar los procesos.

Aunque parezca curioso, la Ley 26300 «Ley de los derechos de participación y control ciudadano», aprobada durante el gobierno fujimorista con el supuesto objetivo de frenar la corrupción y la incapacidad de los alcaldes, otorga la prerrogativa de revocatoria de autoridades y no establece criterios de sustento para las solicitudes presentadas. Posiblemente porque en ese entonces, lo que se buscaba en el fondo era contar con herramientas legales para impedir el crecimiento de liderazgos de las autoridades electas que no eran afines al gobierno.

En la actualidad, salvo justificadas excepciones, los ciudadanos no muestran causales válidas para iniciar estos procesos. Por esta razón creemos que las viejas costumbres de incomodar la gestión de quien no es del agrado de algún sector social, político o económico siguen vigentes, aunque con nuevos rostros. En el caso del centro del país, hay solicitudes de revocatoria para casi todas las regiones y municipalidades provinciales y distritales, habiéndose comprado kits para la revocatoria de los presidentes regionales de Junín, Huancavelica y Pasco.

Como si estos procesos dieran la oportunidad de convertir a sus promotores en salvadores de honras públicas y, al mismo tiempo, de nuestra endeble democracia, lo cierto es que a nivel distrital los temas de revocatoria muchas veces obedecen a disputas personales. Entre los argumentos que se enarbolan públicamente se colocan asuntos de índole personal por encima de los temas de gestión. Por ejemplo, a un alcalde se le enrostra en las calles de su distrito su incapacidad moral por mantener relaciones clandestinas con su secretaria siendo evangélico y casado, y se dejan pasar a segundo plano las denuncias por peculado y malos manejos que ya se encuentran en proceso de judicialización, como si lo primero fuese lo más grave e incidiese de manera directa en sus funciones ediles. A otro alcalde se le acusa de abuso de autoridad por ordenar el cierre de un mini cine y atentar contra la libre empresa, lo que no se dice es que en este local se vendía licor y se transmitían videos pornográficos a menores de edad.

Podemos estar de acuerdo o en contra de estas inciativas, de sus promotores o de las causales que argumentan, pero no podemos tildar los procesos de revocatoria de antidemocráticos, ya que sólo se está haciendo uso de la democracia directa. En las siete últimas consultas populares de revocatoria a nivel nacional se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores. Lo que queremos poner en cuestión son los costos políticos, sociales y económicos para los territorios. Las reacciones de quienes se sienten amenazados son diversas, hay incluso, quienes minimizan las posibilidades de lograr las metas de firmas requeridas. Pero también están los que reaccionan de manera iracunda y violenta, o que azuzan a sus seguidores a iniciar persecuciones y amenazas contra la integridad de las personas. Lo cierto es que un alto porcentaje no logrará sus propósitos (los antecedentes así lo confirman), pero las fracturas sociales tardarán en curarse.

En algunos casos, las metas de firmas de adherentes que aparentemente son imposibles de lograr, no lo son tanto; todo depende de la estrategia y del discurso, y cuando las razones son válidas, no hay objeción. Pero cuando las motivaciones obedecen a caprichosas interpretaciones personales, ¿cuánto le cuesta al país estos apetitos y venganzas? ¿No sería preferible acelerar los mecanismos de denuncia e investigación de irregularidades funcionales para garantizar sentencias rápidas para la remoción de autoridades de manera ágil y efectiva? En cualquier caso, las paredes de las ciudades y carreteras del interior ya están siendo pintarrajeadas a favor y en contra de unos y otros, lo que nos recuerda que nuestra democracia no descansa de escuchar denuncias y vilipendios, y los ciudadanos tampoco nos libramos de escucharlos, aunque los argumentos de todos nos digan más de lo mismo.

desco Opina / 27 de enero de 2012
Programa Selva Central
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Política chica en cancha grande

Los cambios en el gabinete han sido leídos y analizados como parte de una disputa entre izquierda y derecha, una competencia por ganar terreno en la orientación del gobierno. A pesar que esta disputa se presenta como un asunto ideológico, podemos leerla también como una pelea por el control de sectores del aparato estatal, en la medida en que la derecha no está dispuesta a ceder ningún espacio y sólo parece flexible frente a la tecnocracia social. Si bien por el momento el péndulo se mantiene inclinado hacia la derecha, los avatares de un eventual remezón debido a la crisis internacional podrían provocar un giro populista, cuya principal consecuencia podría ser alterar la ahora armónica relación entre la derecha –siempre recelosa– y el presidente Humala.

Por ahora, sin embargo, el gobierno empezó el año afirmándose en el pragmatismo expresado en el discurso del premier Valdés, que no hizo sino profundizar la frustración de los partidarios de la «Gran Transformación». Esta línea ha impactado fuertemente entre los cuadros oficialistas y ex colaboradores. Para muestra están las severas críticas de Ricardo Soberón respecto al rumbo de la política antidrogas con su salida de DEVIDA y las versiones paralelas que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y su predecesor Ricardo Giesecke dan sobre la existencia del Informe Conga.

En este escenario, la virtual alianza de oposición parlamentaria –conformada por el fujimorismo, el APRA y los pasajeros de PPK– ha tenido en el caso Chehade el mayor instrumento de ataque al oficialismo. Si bien se trata de un capítulo más en el ataque focalizado que la derecha puso en marcha sobre los cuadros que resultaban más problemáticos para su proyecto de continuidad, lo cierto es que lo de Chehade va más allá. Perdido ya el principal activo en su perfil «moralizador», el oficialismo profundizó el traspié al consentir una maniobra que salvó a Chehade del desafuero, rifando su credibilidad y restando para cualquier iniciativa anticorrupción futura, empezando por la comisión que debe investigar el gobierno de Alan García.

Por otro lado, con el intento de inscripción del MOVADEF, el año también empezó volviéndonos el rostro hacia el lado oscuro de la política. Nuestra democracia enfrenta el reto de aceptar como parte del juego a una organización que propugna la «amnistía para civiles, policías y militares de la guerra interna» y la libertad para Abimael Guzmán. Sin lugar a ninguna duda, las banderas del MOVADEF representan un retroceso en la inconclusa batalla que el país ha librado en materia de derechos humanos y justicia tras las décadas de muerte y sectarismo que el PCP-SL impuso a los peruanos y peruanas, imposición llevada al límite con su irresponsable tesis sobre “inducir genocidio” con la que se convirtieron en los principales cómplices de la represión criminal que las fuerzas armadas llevaron al campo, a las universidades, a los barrios. Reducir el asunto del MOVADEF a su inscripción como partido es apenas un consuelo para quienes creen que la política se ordena en un «sistema» custodiado por los organismos electorales. Cualquier medida en ese campo será intrascendente en tanto los partidos democráticos, especialmente los de izquierda, no confronten con las armas de la democracia a los seguidores del «Pensamiento Gonzalo», que tienen presencia política en barrios y academias preuniversitarias y tienen decenas de importantes cuadros próximos a terminar el plazo de su condena.

Enlace de interés ¿Qué hacemos con MOVADEF?
http://www.elmorsa.pe/2012/01/20/que-hacemos-con-movadef/


desco Opina / 20 de enero de 2012
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Los ases del Sur

Con el cambio de gabinete ministerial, todos los cargos de confianza de las diferentes instituciones que componen el Gobierno Nacional fueron puestos a disposición del Ejecutivo. Es así que uno de los cargos clave para la promoción de descentralización del país quedó en suspenso tras la renuncia de Manuel Dammert a la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre.

Luego de un breve periodo de transición, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés Dancuart, a fin de año toma la decisión de convocar a un viejo amigo para este puesto: el arequipeño Alberto Muñoz Najar. Él ocupó, como Valdés Dancuart, la Secretaría Técnica de la Macro Región Sur, una dependencia propuesta desde las Cámaras de Comercio del sur que gestó la Macro Región. Su trabajo consistió básicamente en la concertación con distintos actores políticos y empresariales del sur para la construcción de esta gran región, que finalmente no fraguó por diferentes intereses políticos de algunas de las autoridades convocadas, el boicot del poder central del fujimorismo y el resultado negativo del referéndum. Pese a este resultado la experiencia previa de Muñoz Najar es una credencial interesante para las tareas que le ha encomendado la PCM: implementar la política de descentralización y regionalización del Gobierno articulando y concertando con los gobiernos regionales y locales de todo el Perú.

Manuel Dammert y su equipo han dejado preparado el terreno para Alberto Muñoz Najar. Trabajaron en la conformación de cuatro juntas de coordinación interregionales y elaboraron la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012 - 2016.

La última junta en conformarse fue la Junta de Coordinación Interregional Macro Sur, que creemos viene con buena estrella tras esta designación. Esta junta ha priorizado trabajar en dos temas: inclusión social y articulación. En el Plan Nacional de Descentralización se han incluido los proyectos consensuados por la junta como son: a) corredor vial turístico productivo, b) gasoducto y petroquímica, c) proyecto integral de camélidos sudamericanos, d) plataforma logística del sur, e) programa de afianzamiento de cuencas, f) programa minería con valor agregado, g) programa de implementación de energías renovables, h) megapuerto sur, i) programa de saneamiento básico y, j) red ferroviaria del sur. La meta es desarrollarlos en los próximos cuatro años.

De todo este abanico, la construcción del gaseoducto y la petroquímica es el que ha recibido un compromiso formal del gobierno. Para sacar adelante los otros contamos con el apoyo de otro hombre del sur: Mauricio Chabaneix Belling, desde este año el nuevo jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Chabaneix, también cercano a la extinta Secretaría Técnica de la Macro Región Sur.

Ciertamente, dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y que las autoridades del sur dejen sus egos en casa y trabajen en conjunto, para avanzar en la conformación de esta gran región; pero contar por primera vez con dos personas tan cercanas en el Ejecutivo, que vieron nacer e impulsaron este proyecto, se presenta como una gran oportunidad. Las reiteradas derrotas de los proyectos descentralistas han obedecido a la capacidad de resistencia de una estructura de poder centralista. Queda planteado el reto que tienen por delante las actuales autoridades y líderes regionales.

desco Opina / 13 de enero de 2012
Programa Regional Sur
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La selva y el efecto mariposa

En estos cuatro primeros meses de gobierno acaecieron una serie de conflictos en diversas regiones del país. Si bien es cierto muchos de ellos tienen sus orígenes en gobiernos anteriores, el manejo del actual Ejecutivo ha merecido duras críticas por sus avances y retrocesos; así como por las manifiestas contradicciones entre sus miembros, lo que ha demostrado la falta de estrategias para abordarlos.

La selva central no ha sido ajena a esta tendencia conflictiva aunque no haya merecido la atención del Ejecutivo, lo que en el largo plazo puede generar problemas, pues transmite una sensación de desinterés. En primer lugar, recordemos que unas desatinadas gestiones y declaraciones del Congresista Federico Pariona, en relación a la sede de la recientemente creada Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, motivaron la paralización por 24 horas de la provincia de Chanchamayo. Aunque los medios periodísticos digan lo contrario, el paro preventivo fue bien manejado por sus convocantes y nunca buscó enfrentar a dos pueblos hermanos como Pichanaqui y Chanchamayo, pero sí alteró los ánimos de líderes representativos de ambos distritos y generó algunas pérdidas al turismo y comercio local. El manejo del conflicto aparentemente no concitó el interés del Gobierno Central, pero sí el de aquellos que se sienten afectados con las noticias, quienes actualmente se vienen movilizando por canales legales y pacíficos para la solución de sus inquietudes. La solución definitiva no depende de ellos, por lo que aún no puede decirse que alrededor de este tema la calma esté asegurada, y el riesgo de enfrentamientos reales y bloqueos de carreteras está todavía presente.

Por otro lado, en la selva central quedan temas ambientales pendientes, que en muchas reuniones locales salen a la luz amenazando con transformarse en conflictos. Estos deben de ser atendidos antes de que lleguen a su fase de crisis. En primer lugar, podemos señalar la futura explotación de hidrocarburos en los lotes 107 y 108. Las actividades preliminares que se vienen realizando cuentan con una aparente aprobación social de los líderes de las comunidades nativas pero con muy poco arraigo en sus bases, lo que nos dice que estas empresas extractivas no pueden sentirse satisfechas con estos apoyos. Por otro lado, si consideramos que parte de estas explotaciones están dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha, es de suponer que se escucharán otras voces disconformes que no necesariamente serán de las etnias originarias.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, otro tema pendiente de atención es el contrato de construcción de la central de Paquitzapango en el río Ene (Satipo), parte del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Esta obra requerirá la construcción de una represa que derivará en una gigantesca laguna artificial y afectará a unos 12 mil habitantes entre nativos y colonos, quienes tendrían que abandonar sus tierras productivas. Las comunidades nativas a través de sus centrales han señalado lo inconsulto de este contrato de acuerdo energético, y en más de una ocasión en la selva central se han señalado intenciones de movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones subregionales promovidas desde las bases de las comunidades nativas que están en contra de esta obra.

El llamado «efecto mariposa» se sustenta en una teoría que propone que los pronósticos meteorológicos pueden tener un margen de error no identificado, cuyas causas se producen en distancias lejanas, por una causa aparentemente tan simple como el aleteo de una mariposa. En el clima social peruano, la analogía cobra vigencia y un lejano aleteo de mariposa tal vez pueda ser la paralización de Andahuaylas o el caso de minas Conga, cuyo errado manejo ya ha trascendido nuestras fronteras.

Las paralizaciones que hasta ahora se le han presentado a Ollanta Humala no ofrecen visos suficientes que demuestren haber sido políticamente concertadas para ponerle trabas al actual gobierno. Todo indica que se están asomando las promesas de campaña electoral difíciles de cumplir, ya que no existe ningún grupo político que tenga la capacidad de convocatoria para jaquear al Ejecutivo –sobre todo en las provincias donde Gana Perú obtuvo su más alta votación–, pero sí existen señales de ausencia de orientaciones claras sobre el tema, donde la presión de las masas, por ejemplo, logró arrancar la promesa de declarar Andahuaylas libre de minería; lo que puede terminar siendo el lejano «aleteo de mariposa» que necesitan los líderes de la selva central para poner en el tapete los conflictos latentes. La Ley de Consulta Previa tal vez tenga la oportunidad de ser puesta a prueba, pero mientras no se tenga totalmente claro cuál es la capacidad y la voluntad de aplicarla, esta norma podría ser insuficiente.

desco Opina / 16 de diciembre de 2011
Programa Selva Central
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El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

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Se reactiva el proyecto de la Macro Región Sur

El 10 y el 11 de noviembre en la ciudad de Moquegua el representante de la Secretaría de Descentralización Manuel Dammert, el premier Salomón Lerner, los presidentes de los gobiernos regionales del sur y sus equipos técnicos, los representantes de la sociedad civil de esta parte del país y otros funcionarios del gobierno, se reunieron en busca de animar la conformación de la Macro Región Sur, frustrada ya una vez en las urnas en el 2005.

El primer día, durante el diálogo con diversos representantes de la sociedad civil, se hizo entrega del pronunciamiento producto de los encuentros que la sociedad civil ha sostenido durante los últimos cinco años, los cuales concuerdan en gran parte con la agenda de las autoridades regionales del sur. En algunos casos ya se ha tomado una decisión política sobre estos intereses compartidos, por ejemplo respecto del gasoducto sur andino. Uno de los escollos más grandes para la integración son los conflictos interregionales, originados en el uso del agua y la demarcación territorial. El conflicto recurrente entre agricultores arequipeños y moqueguanos por el uso del agua del río Tambo, que después de años recién parece empezar a encontrar una solución, es un claro ejemplo.

En el sur hay dos fuerzas que bregan contra la integración: los regionalismos arraigados y los intereses políticos regionales, usualmente electorales y de corto plazo. Los primeros, hacen que los habitantes de un departamento se crean por encima de los otros por suponer que cuentan con más recursos económicos o incluso por criterios de discriminación racistas. Dammert en su discurso reiteró que más importante que tener el recurso es saber cómo aprovecharlo para el bien común, cosa que todavía parece difícil de aceptar en el sur. Sobre el segundo punto, ha sido evidente que algunas autoridades regionales han escondido dentro de su discurso integrador, el miedo a perder su cuota de poder, de allí que las Juntas Interregionales hayan tenido poco protagonismo estos años.

Después de poner sobre el tapete estos dos problemas nos preguntamos ¿cómo es que este gobierno busca hilvanar la ansiada integración del sur? Una respuesta, aunque no del Gobierno Central, se esbozó en el segundo día del mencionado evento, cuando los presidentes regionales de Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Madre de Dios, expusieron sus estrategias para el desarrollo de la Macro Región Sur. Éstas se orientan a promover iniciativas y acciones en proyectos comunes para hacer que la integración sea una realidad más concebible. El compromiso quedó plasmado (en una forma muy general, hay que decirlo) en el acta de reinstalación de la Junta de Coordinación Interregional Macro Región Sur.

El 5 y el 6 de diciembre se realizará en Lima el Seminario internacional ’Descentralización y territorio: desafíos para la ciudadanía‘, en el cual se deben delinear las primeras acciones para que, a partir del 2012, se implemente el Plan Nacional de Descentralización y Regionalización. Un plan que tiene entre sus puntos centrales la creación de cinco grandes regiones. Es claro que el actual proceso de descentralización sobre la base de las 24 regiones existentes se encuentra bloqueado por la incapacidad para constituir, desde estos espacios, unidades geoeconómicas y políticas con posibilidades de contrapesar el centralismo limeño. Pensar en cinco grandes regiones abre la posibilidad de reactivar efectivamente la descentralización sobre bases sólidas.

A decir de Dammert el acta de reinstalación de la Macro Región Sur con el nuevo gobierno, «afirma una vía de transformación ciudadana descentralista, por lo que será recordada como un hito en la industrialización y desarrollo territorial del sur, para afirmar al Perú como una nación democrática». Pero más allá de las miradas principistas, el reto para la sociedad civil es hacer seguimiento a la agenda del sur, viendo que estos megaproyectos (los actuales y los que están por venir) beneficien no sólo a algunos sectores sino a la mayoría de la población. De otra forma, los conflictos continuarán a la vuelta de la esquina. El contexto es favorable para avanzar y es necesario que los liderazgos regionales estén a la altura de las circunstancias.

desco Opina / 2 de diciembre de 2011
Programa Regional Sur
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