Mensajes detrás del Mensaje a la Nación

Transcurrida una semana, mucho se ha dicho ya sobre el Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias. Sin embargo, hay aún algunas preguntas que permiten volver sobre algunos pasajes, esta vez de cara a las recientes movilizaciones sociales y al escenario que se abre en lo que resta del período presidencial. Pensamos que, más que un recuento de su gestión –a pesar de la avalancha de cifras- el 28 de Julio primó en el Presidente García el deseo de “hablarle” a algunos interlocutores específicos, expresando la orientación que piensa asegurar en su salida del poder, con miras a un eventual regreso el 2016.

De lo que se dijo, queremos resaltar apenas uno de los mensajes entrelíneas, el de la consolidación de las Fuerzas Armadas como parte del esquema de gobernabilidad por el que apuesta el García que se va y que ya nos amenaza con volver. Con varios exploraciones mineras en transición a la fase de explotación y abierto el tema del gas, estamos en un momento en el que el modelo debe asegurarse la resolución de los crecientes conflictos. García no piensa dejar este cabo suelto en su período de ausencia (formal) y ha empezado por un “gesto” público, extendiendo la mano a los uniformados, “escogidos” de entre la larga lista de quienes esperan homologación de sueldos y ajustes en su sistema pensionario. El aumento ofrecido a los militares y policías -al que amarra al próximo gobierno- es un dato importante de este movimiento de fichas, que refuerza la apuesta por las tendencias represivas que han hecho cómodo nido en la actual gestión.

Basta recordar que la experiencia inmediata anterior del gobierno en materia de conflictos sociales lleva la marca del “Baguazo”, cuyo resultado político fue la paralización de los decretos legislativos que tenían como objetivo la concesión de extensos territorios amazónicos. Hoy, la sombra de nuevas protestas acosa al Presidente, que no estaría dispuesto a aceptar otra vez que sus compromisos con los grandes inversionistas sean frenados u obligados a retroceder por la fuerza que cobran las protestas, en buena medida debido a la incapacidad de sus operadores para llevar las movilizaciones sociales hacia salidas negociadas. Por la expeditiva vía de las declaratorias de emergencia, las fuerzas armadas tendrán cada vez mayor rango de actuación en el “control interno”, a la vez que levantarán las coartadas favoritas del ineficiente aparato de inteligencia (actuación terrorista e infiltración venezolana). Lo estamos viendo ahora mismo en la movilización de La Convención por el gas.

Dentro de esta apuesta por tendencias regresivas, queremos también resaltar una serie de “movidas” recientes. Por un lado, tenemos la toma de posición de diversos personajes públicos –entre ellos Javier Villa Stein y César Vega, presidentes de las cortes Suprema y Superior, respectivamente- que junto a Rafael Rey publicaron en Fiestas Patrias una carta de respaldo al Cardenal Cipriani, en la que lo reconocen por su “sacrificada entrega a la causa de la pacificación en nuestro país, especialmente en (…) Ayacucho”, dando una vez más claras muestras de su “neutralidad”. De otro lado, están los arreglos en el Congreso, cuya Mesa Directiva controlada por el aprismo, le ha dado a la casi extinta bancada de Solidaridad Nacional una “ayudita” que le permitirá a su presidente y Alcalde de Lima, Luis Castañeda, librarse de la investigación por corrupción en el caso COMUNICORE. Se sella así una nueva alianza pro impunidad, anunciada hace semanas por el Premier Velásquez Quesquén, que respaldó públicamente a Castañeda en el citado caso. A estar atentos, pues acaba de declarar que considera “un exceso” la investigación reabierta a Keiko Fujimori -candidata heredera del dictador- por la dudosa procedencia del dinero con el que se financiaron sus estudios universitarios.

Como vamos, represión directa a las movilizaciones sociales en las que se seguirán “encontrando” nexos con “venezolanos y terroristas” y canje de negociados por impunidad serán las dos principales fórmulas que marcarán el ambiente en este último año del gobierno aprista. De acuerdo al discurso del mandatario, ese será el camino que nos trasladará al Primer Mundo, puerto al que llegaremos con su conducción, si sus deseos y la pesadilla de miles de peruanos, se hacen realidad.

desco Opina / 06 de agosto de 2010
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La cuota joven en Lima Sur

Ataques personalistas y contra la infraestructura de campañas opositoras, eventos oficiales en diversas zonas para realzar las obras de alcaldes candidatos e inauguraciones al por mayor, entre otras, animan la temporada de invierno más fría de los últimos años. Nos preguntamos si el electorado, distraído por encuestas mentirosas, desfiles y corsos, tiene claro por quién votará. ¿Quién da más por el sillón municipal?

La fragmentación del electorado a nivel nacional por la proliferación de partidos políticos, sigue marcando también la tendencia de este proceso en el nivel local. En los distritos de Lima Sur (Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín), el promedio de listas fue de 15 para las elecciones municipales del 2006, mientras que en el actual proceso este número se incrementa en todos los distritos menos en Lurín. Allí, los tres alcaldes postulan a la reelección y ya se cuenta con 18 listas inscritas en cada uno.

En las 61 listas inscritas para Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y San Juan de Miraflores, la cuota femenina parece caminar lento hacia la equidad, con nueve candidatas a la alcaldía y 120 candidatas a regidoras, lo que significa que de cada diez candidatos sólo dos son mujeres. Además, la inclusión de candidatas en listas no garantiza en sí misma la equidad de género en la elección, pues salvo dos propuestas locales, ellas se ubican en los últimos lugares de la lista y por lo tanto, la oportunidad de la candidata y la electora, se diluye.

Tal es el caso de varias dirigentes vecinales incluidas en las listas de estos distritos, que tendrían mucho por aportar a la gestión dado su vasto conocimiento del territorio y de la población, pero que están ubicadas entre los últimos lugares de las listas.

Por su parte, la significativa presencia de candidatos entre 18 y 29 años –4 de cada 10– en estas mismas listas podría representar el interés de los partidos por la incorporación de nuevos liderazgos. La decisión de la ciudadanía enfrenta una interrogante respecto de las capacidades de los jóvenes candidatos –en Villa El Salvador 78, en San Juan de Miraflores 61 y 57 en Villa María del Triunfo– y en torno a la labor que cumplirán en caso de ser elegidos, especialmente en la población votante de Lima sur, predominantemente adulta, de acuerdo al último Censo de 2007.

Si bien los candidatos a regidores han pasado por un proceso formativo en sus partidos, el cual debiera darse a todo nivel en las listas, focalizar la formación por grupos de edad o género podría mejorar la eficiencia del proceso y enriquecería su mirada, en beneficio de la ciudad. Experiencias de este tipo se vienen desarrollando en las redes de regidores y regidoras de Huancavelica y Cusco, por ejemplo. Por ello, resulta importante la iniciativa de la Red de Regidores Jóvenes que tiene como interés facilitar el fortalecimiento de capacidades en candidatos en este rango de edad, a través del cual, seguramente, podrán ver enriquecidas las propuestas programáticas.

Resulta necesario fortalecer estas capacidades que permitirán a los futuros regidores y regidoras de Lima Sur realizar una gestión acorde con las necesidades de sus distritos correspondiendo a la expectativa de la ciudadanía y a los recursos invertidos en su labor dentro del municipio, en caso de ser elegidos o elegidas. Como valor agregado al proceso, se facilita también la renovación de liderazgos, en aras de construir gestiones municipales eficientes para la ciudad, pues la carrera empieza cuando las elecciones terminan.

desco Opina - Regional / 30 de julio de 2010
Programa Urbano

Fujimorismo con rostro aprista

El premier Velásquez Quesquén, perfila su salida del Gabinete y quiere hacerlo por todo lo alto. Para impactar, parece que tuvo a bien vestirse de fujimorista por un momento, señalando que el Perú debía retirarse parcialmente del sistema interamericano de derechos humanos, porque sus sentencias –en las que están involucrados condenados por terrorismo– no estaban en sintonía con los intereses nacionales.

No le siguieron ni sus formalmente subordinados ministros, pero lo dicho, dicho estaba y no respondía a ninguna ingenuidad, aunque lo parezca, sino más bien a torpeza. El premier no se desvía un ápice de una de las líneas de acción planteadas por el actual gobierno, en su fase de salida. En efecto, su planteamiento sintoniza con una serie de actos gubernamentales que muestran indefectiblemente una voluntad de endurecer el precario régimen democrático existente en el país.

Los enfoques que predominan en el Ejecutivo sobre el empleo de la fuerza pública, los roles de la justicia militar y el tratamiento a los pendientes en materia de judicialización por violaciones a los derechos humanos, tienen actualmente una vía abierta para ser formulados en normas, al decidir el Congreso la delegación de facultades legislativas para estos temas. Aún más, debe remarcarse el hecho de que han empezado a tomar forma opiniones «técnicas» en cuestiones tales como la presencia de menores en grupos armados –considerándolos «blancos legítimos»– o la tipificación de «daño colateral» que, en cristiano, significa que no habría consecuencia judicial si alguna persona tuvo la mala suerte de encontrarse en medio del fuego cruzado entre las fuerzas del orden y grupos subversivos y ser víctima de ello.

Incluso, podemos agregar a todo esto las formas lamentables como el Ejecutivo, seguido por la mayoría de los medios de comunicación, plantearon el marco del debate respecto a la liberación de los condenados por terrorismo y el pago de reparaciones.

El escenario descrito conduce a plantearse una pregunta obvia: ¿A qué necesidad responde esta voluntad expresada nítidamente por el gobierno? Seguramente, a organizar el escenario ante la probabilidad de un aumento sustancial de la conflictividad social generada en torno a las actividades extractivas y la disputa por los recursos naturales.

Para el caso, es posible que un aprendizaje de lo experimentado durante el ciclo de violencia política, haya conducido a los agentes del Estado a apelar nuevamente en versión corregida, aumentada y puesta al día, a las restricciones de los derechos garantizados por la Constitución del Estado. Por ello, no es fortuito que vuelva a levantarse la fantasmal amenaza subversiva, que estaría adoptando ahora la figura de sacerdotes que defienden los derechos de la población nativa, activistas de derechos humanos, opositores a la actividad extractiva salvaje, entre otros.

Además, que todo ello suceda en la fase terminal del actual gobierno, permite sospechar que los alcances de sus decisiones no sólo buscan herramientas para sortear la presión social, sino también para poner marcos acotados al próximo gobierno, fuese quien fuese su conductor, obligándolo a actuar bajo estas cuestionables reglas. En este contexto, la institucionalidad democrática es un bien cada vez menos valorado.

desco Opina / 23 de julio de 2010

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Cazadores de brujas y relaves mineros

Meses atrás se hablaba de «cumplimiento del PAMA o Doe Run se iba del Perú». Se decía que el gobierno debía demandar que las empresas mineras y extractivas acataran los acuerdos pactados, así como ellas exigían seguridad jurídica. Incluso, la Sociedad Peruana de Minería cuestionó a la referida empresa y tomó su distancia. ¿Qué dice hoy la empresa Doe Run?, solicita que se modifique la legislación peruana porque la existente pone en riesgo su estabilidad, toda vez que podría ser severamente cuestionada en los Estados Unidos. ¿Y qué dice el gobierno peruano?

Hace muy pocos días, se informó del terrible daño ambiental causado por el derrame de petróleo en uno de los más importantes ríos de la selva peruana, y la cosa quedó ahí. No tenemos noticias de acción alguna por parte del gobierno y sus autoridades respectivas. ¿No se oye padre? Sin embargo, sí se ha pronunciado por la tremenda bulla que arman «los desestabilizadores del sistema y los enemigos de la democracia» (léase, los defensores de los recursos naturales y la población nativa de la amazonía peruana).

Los desperfectos en los depósitos de relave de la minera Caudalosa Chica que colapsó y vertió restos de plomo y zinc, el 26 de junio pasado sobre tres ríos de Huancavelica, fueron detectados en el año 2009 por OSINERGMIN, pero este organismo no realizó un seguimiento exhaustivo de la mejora de estas deficiencias. 50 toneladas de desechos tóxicos recorren hoy el río Escalera y no se oyen los reclamos de «agitadores y resentidos». Tal vez tengan razón en la connotación «resentidos», nos preguntamos si algún lirqueño no tendría razones fundadas para ello, con tanta basura vertida sobre sus dos más importantes fuentes de vida: los ríos Opa y Sicra. Hace treinta años que el río Opa está contaminado y la población de Angaraes ha tenido que gritar muy fuerte para que las intenciones de contaminar el río Sicra, aguas arriba, sean por lo menos detenidas.

Expresiones como «agitador», «perro del hortelano», «enemigo del sistema» son poco novedosas en el Perú. Algunas se usaron en su momento para cuestionar a los defensores de los pobres, de los desvalidos, de obreros y campesinos, incluso para identificar a los apristas y a los revolucionarios de Trujillo (que fueron apristas también). Hoy se repiten estos insultos para quienes se preocupan de los temas ambientales y se ocupan de la defensa de los derechos indígenas. Pareciera que para el actual gobierno, defender los derechos de las poblaciones amazónicas y los de todos los hombres y mujeres del Perú a una vida digna y sana, es pues antipatriótico, anti sistémico. Se nos dice hasta el cansancio que el Perú debe propiciar la inversión y se nos recalca que los inversionistas salvarán nuestras hambres; pero nada se dice y menos se actúa, sobre el control ambiental y la reducción del impacto. Hasta hoy nos estamos preguntando los huancavelicanos qué fue de las empresas mineras que han «invertido» en Huancavelica. Tantas inversiones, durante tanto tiempo y solo nos han dejado el triste título de «La región más pobre del Perú».

El gobierno se muestra débil con los inversionistas extractivistas y mineros que no cumplen con los más elementales códigos de ética y, en cambio, se dedica a perseguir a dirigentes indígenas y campesinos, así como a sacerdotes sensibilizados con la pobreza y los temas ambientales. Mientras tanto, los relaves de Huancavelica, el petróleo y otros desechos tóxicos contaminan los ríos ante el estupor ciudadano, y Doe Run se burla de la legislación peruana, sin recibir sanción alguna.

No tenemos noticia, ni siquiera remota, de que exista intención alguna de expulsar del país a quienes destruyen la vida, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Quién vigila este asunto? ¿Qué se quiere tapar con la cacería de brujas?, ¿qué faenón está en ciernes?

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2010
Programa Sierra Centro

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Intolerancia y represión en defensa del perro del hortelano

Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista –componente central de su modelo económico y de sus principales políticas– muestra muchas de sus limitaciones y peligros. 400 barriles de petróleo de Pluspetrol envenenaron el río Marañón, afectando la vida y la naturaleza en vastas zonas del oriente del país. 50 toneladas de sedimentos de relave de la compañía minera Caudalosa Chica, contaminaron los ríos Totora y Opamayo, afectando también el río Cachi en la provincia de Huanta (Ayacucho), al romperse el 25 de junio pasado el dique que los contenía en Huachocolpa, Huancavelica; perjudicando a innumerables poblaciones, flora y fauna que dependen de esos recursos. Doe Run, por su parte, persiste en el incumplimiento de sus sucesivas promesas y abusa una vez más de la permisividad increíble del gobierno y el Ministerio de Energía y Minas.

Por si fuera poco, la escasez del gas natural en Lima los últimos días y el alza de precios que se observó en el mercado, generó un gran malestar entre las miles de personas que dependen de aquél para sus actividades diarias. Más allá de cualquier discusión técnica y política sobre las causas de esta crisis –si la marea estaba alta y el barco no podía desembarcar, si los grifos y distribuidores tenían o no la reserva, si se construye o no el ducto de Pisco a Lima, etc.–, lo cierto es que generó en la opinión pública un sentimiento profundo de rechazo a la política general de este gobierno con el gas, a su decisión de exportarlo contra viento y marea y a su improvisación y desidia para preocuparse por el mercado interno.

En este escenario, en el que desde distintos sectores arreciaron las críticas a la acción gubernamental, ésta exhibió, una vez más, su torpeza y su afán provocador. La decisión de cancelar la residencia al hermano Paul Mc Auley, comprometido generosamente los últimos años de su vida con la suerte y las luchas de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y sus recursos, constituye una arbitrariedad grosera, denunciada por variadas y plurales voces. Ante la falta de pruebas, el argumento esgrimido, la condición de extranjero del hermano de La Salle, contrasta brutalmente con la buena disposición y el entusiasmo que cotidianamente muestra el mismo gobierno en su discurso y en sus actos, con el capital y las empresas extranjeras, a las que les permite todo.

Simultáneamente, el Ejecutivo, a la vez que presentaba una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que insiste en cambiar el uso de tierras forestales para la agricultura, poniendo en peligro 45 millones de hectáreas en la selva peruana, rechazaba la norma aprobada por el Congreso de la República sobre la consulta a los pueblos indígenas e insistía en sus presiones en apoyo al proyecto Tía María. Como telón de fondo, desde distintos medios de comunicación, en paralelo nos anuncian de los grandes éxitos de la gestión gubernamental, con hartos números azules por cierto, y nos advierten de la oscura amenaza que se cierne sobre el país, promovida por los alevosos críticos de aquella, en una campaña publicitaria digna de Vladimiro Montesinos.

Así las cosas, cabe preguntarse que hay detrás de estos actos, que se van haciendo reiterativos, conforme se acerca el término del mandato gubernamental. Pero también es necesario interrogarse sobre la relación que tienen con la manifiesta voluntad judicializadora del conflicto social e incluso del elemental derecho a la discrepancia y a la opinión que vienen mostrando algunas de las figuras más significativas del régimen.

Las respuestas parecen claras y son consecuentes con la «filosofía del perro del hortelano», enarbolada por el primer mandatario, prácticamente desde el inicio de su gestión. La intolerancia y la vocación confrontacional y autoritaria que revelaron los escritos del nuevo pensamiento guía, empiezan a materializarse cuando la vida misma demuestra la arbitrariedad de un discurso que lo único que pretende es crearle mejores condiciones aún al gran capital, en nombre de la fantasía del crecimiento y el progreso. Estamos advertidos. El gran timonel y sus socios están decididos a defender su modelo sin mayores miramientos por los costos.

desco Opina / 13 de julio de 2010

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Una reserva con reservas

Luego de 36 años de que el sueño de unos pocos se convierta en propuesta, este 2 de junio la UNESCO reconoció la creación de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha. Las noticias periodísticas de alcance nacional le dieron limitada cobertura al acontecimiento. Para la gran mayoría de peruanos distantes de la región, la noticia fue invisible y quedó desplazada a un orden inferior al ser superada por nuestros habituales escándalos políticos, crímenes de portada o por sudafricanos aconteceres futbolísticos en donde no hemos llegado ni como vendedores de confites.

La Reserva de Biosfera Oxapampa - Asháninka - Yanesha considera a toda la provincia y tiene una extensión que supera un millón ochocientas mil hectáreas, e integra a cuatro áreas naturales protegidas; el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, la Reserva Comunal Yanesha, el Bosque de Protección San Matías San Carlos y parte de la Reserva Comunal El Sira. Con este reconocimiento el Perú ya cuenta con cuatro reservas de biosfera; la nueva reserva se suma a las del Manu, el Huascarán y del Noroeste reconocidas en 1977.

El vasto territorio de la reserva reconocida este año posee abundantes recursos naturales y una singular riqueza cultural por la coexistencia de los pueblos originarios Asháninka y Yanesha, los descendientes de los colonos austro alemanes y los migrantes andinos. A ello se le suma un capital social emprendedor y comprometido con sus ecosistemas, requisitos fundamentales que permitieron la concertación de los actores locales para elaborar una impecable propuesta que captó el interés y el voto favorable de los evaluadores.

El proceso de construcción participativa de la propuesta, acaparó durante meses el voluntarioso interés de líderes y autoridades distritales y provinciales así como el concurso de técnicos de ONG y profesionales locales; tal vez se deba de reconocer cierta debilidad en la estrategia de socialización del fondo de la propuesta y los alcances del reconocimiento pero, a pesar de ello, en la selva más cercana a Lima, todos entendieron la importancia del hecho, aunque no todos comprendieran su real dimensión y potencialidad.

La función principal de estos espacios es, obviamente, la conservación y protección de la biodiversidad, sin embargo, también se persigue el desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas, que conforman una red mundial. Las Reservas de Biosfera son áreas representativas creadas para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, contribuyendo a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

En el caso de la Reserva Oxapampa - Asháninka - Yanesha, los actores locales (Gobierno Regional, municipalidades, ONG, organizaciones de la sociedad local, comunidades nativas) están fortaleciendo un colectivo entre instituciones del Estado y la sociedad civil que tiene objetivos claros para la gestión de la reserva. Sin embargo, se tendrá que enfrentar retos muy difíciles: controlar la invasión hormiga, la extracción ilegal de madera y la caza furtiva, problemas que podrían vigilarse con un serio involucramiento de las autoridades y comunidades. Por otro lado, y por increíble que parezca, las amenazas más difíciles de contrarrestar llegan desde el sector empresarial formal, que si bien genera divisas y regalías, también ha sido conocido –tristemente– por generar efectos nocivos en el medio ambiente. Si bien no se pude generalizar, sí llama a la indignación el hecho de que el Estado opte recurrentemente por minimizar dichos efectos al tiempo que se hace de la vista gorda ante la escasa generación de empleo y desarrollo local que promueve dicho sector.

Las reservas no están sujetas a tratados internacionales y cada gobierno unilateralmente debe diseñar y aplicar criterios de gestión que permitan mantener las condiciones por las cuales fueron consideradas aptas como reservas de biosfera. Al no existir tratados internacionales de cumplimiento estatal obligatorio ¿cuál será el comportamiento del gobierno peruano respecto a las concesiones mineras, petroleras y madereras que desde la fecha han quedado al interior de la Reserva de Biosfera Oxapampa - Asháninka - Yanesha?

En la Reserva de biosfera del Manu, las comunidades nativas vienen sufriendo desde hace varios años amargos sinsabores en su relación con las petroleras y empresas mineras. En Oxapampa tampoco estamos libres de sufrir las mismas contingencias. Por ejemplo, para nadie es un secreto que más de una empresa de extracción maderera, camufla furtivamente pies cúbicos de especies maderables procedentes de las áreas naturales protegidas, secreto a voces que no ha podido ser desmentido por los órganos oficiales de control y fiscalización. ¿Mejorarán los mecanismos de vigilancia y monitoreo con la creación de la Reserva? ¿Se asignarán mayores recursos financieros y técnicos?

En el caso de las concesiones petroleras, Pluspetrol tiene contrato vigente hasta el 2035 y hasta la fecha sólo está en fase de exploración. De iniciarse la explotación, ¿qué tan exigente y eficiente será el gobierno central para garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos por el comité de gestión conformado por actores locales? ¿Tendrán los actores locales capacidad de hacerse respetar o serán satanizados como «agitadores» y «enemigos del desarrollo»? ¿Primarán los criterios del desarrollo sustentable local por encima de los voraces intereses económicos transnacionales?

No queremos profundizar en los vericuetos legales de los contratos de concesión que establece el Estado con las grandes empresas extractivas, ni en sus debilidades e inequidades, de eso está hablando bastante el pueblo de La Oroya y la Doe Run, entre otros. Pero sí creemos que se deben iniciar acciones en el terreno político y normativo para que la algarabía inicial por el reconocimiento de la reserva no se convierta en la celebración de un evento que no tendrá trascendencia significativa. En pocas palabras, creemos que el reconocimiento de la reserva es un gran paso para la conservación de nuestros ecosistemas de selva central y eso es digno de festejo, pero de ninguna manera se debe considerar que la tarea ya está cumplida, menos aún si gran parte del país –prensa incluida– nos viene demostrando que es más importante una jornada mundialista que la protección de nuestros bosques amazónicos.

desco Opina - Regional / 2 de julio de 2010
Programa Selva Central

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Un iceberg llamado Sendero

La demostración pública en la facultad de Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre banderas rojas y consignas a favor de la libertad para «los presos políticos del Perú», que hacen clara alusión a los sentenciados por delitos de terrorismo, expresa crisis, debilidades y aprovechamientos de diverso tipo, que finalmente constituyen la punta de un iceberg con posible rumbo de colisión en el mediano plazo. Vayamos por partes.

No podemos obviar que la marcha pro senderista parece haber aprovechado con criterio estratégico el contexto de aguda crisis institucional que atraviesa la Decana de América. Por su lado, los medios de comunicación van construyendo la gran noticia de la amenaza terrorista, uniendo este registro en video con otros hechos que han estado en las primeras planas en estos días, como la excarcelación del Lori Berenson a fines de mayo. El gobierno se vale de esto para dar demostraciones de rigor y vigilancia, sobre todo para distanciarse de los procesos de excarcelaciones sobre los cuales, dicen, no pueden hacer nada porque vienen desde el gobierno de Toledo. Esto le sirve, de paso, a los sectores conservadores cercanos al régimen para criticar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el fujimorismo se beneficia y busca ensalzar la imagen de su también encarcelado líder como el que derrotó a las agrupaciones subversivas.

Sin embargo, al margen del provecho político que algunos esperan obtener, no cabe duda que éste es un tema que debe tomarse con suma seriedad, sobre todo por lo que expresan las nuevas dinámicas «electorales» de sectores filo-senderistas como el Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef) que ha comprado un kit electoral y está a la caza de firmas para inscribirse. Ya han saltado a la palestra al menos un par de candidatos a alcaldes por este movimiento, entre los que destaca Abraham Cauna, candidato en Puno que declaró que Abimael Guzmán es «un genio del proletariado que va a superar la teoría del Big Bang».

Sea que se trate de una «fachada democrática» o de la apuesta real de algunas facciones de SL por participar dentro del sistema, esto presenta una novedad que nos habla de dinámicas internas que avanzan –aún con las contradicciones conocidas entre «acuerdistas» (leales a Guzmán) y los de la línea «proseguir» (que optan por la continuación de la lucha armada)– sin que haya una mayor elaboración desde el sistema político de partidos ni desde las instancias de gobierno por completar una labor que ahora se revela como inconclusa durante el periodo de Fujimori.

Se pensó que, seco el pantano, desaparecerían los mosquitos, pero es claro que la capacidad de organización territorial en las zonas cocaleras y la infiltración y la acumulación de fuerzas –fenómeno muy acotado en Lima pero de mayor alcance en otras regiones, incluyendo Huamanga– tienen que ver con la continuidad de una propuesta ideológica que cala entre los jóvenes que siguen constatando día a día qué poco hemos avanzado en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y que –en muchos casos– no han vivido la crueldad de SL en carne propia. Por ahora, pareciera que hasta SL ha cambiado, pero no la forma del Estado peruano de afrontar el tema.

Tampoco parece haber desde los partidos de izquierda, preocupados la mayoría por su inscripción y su propia acumulación de fuerzas durante el «invierno» neoliberal del segundo García, la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso, tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo.

El Presidente, en esa línea, se sigue equivocando, tanto al señalar que los pedidos de amnistía a Guzmán configuran el delito de apología al terrorismo, como al pretender, a toda costa, intervenir las universidades. Pero esto no es solo un error, sino un paso coherente con una política más amplia de alianza con sectores militares para fomentar el uso de la fuerza. No debemos olvidar que el 10 de junio se aprobó un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a legislar sobre: a) el nuevo código de Justicia Militar, b) ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar y c) normas procesales para personal militar y policial condenados por delitos contra los derechos humanos. Los analistas advierten el carácter inconstitucional de esta nueva maniobra que anticipa juegos políticos de largo plazo para el partido de gobierno en su vinculación con las fuerzas armadas y confirma que la agenda de «lucha contra el terrorismo» está subordinada a otro tipo de cálculos políticos. Este es un tema que merecería un mayor debate puesto que, por ahora, nos encontramos sumidos entre la ignorancia de la verdadera magnitud de estas dinámicas y la ausencia de alternativas realmente efectivas para hacerles frente como sociedad y como sistema político.

desco Opina / 25 de junio de 2010

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