Producto bandera en crisis

El Perú es el principal productor de alpacas. De acuerdo a la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), a nivel nacional hasta el 2010 se proyectó el número de alpacas en 5 millones 343 mil, cifra que debería ser precisada por el próximo censo agropecuario. Las regiones del sur (Puno, Cusco y Arequipa) son las mayores productoras de camélidos sudamericanos: Puno posee el 52.15 % de alpacas del país, seguido por Cusco con el 13.49 % y Arequipa el 11.98 %; mientras que Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Pasco, Tacna, Junín, Lima, Ancash, La Libertad, Huánuco y Cajamarca, albergan el resto.

La concentración de la alpaca en la región Puno está en las provincias de Lampa (16.8%), Melgar (15.6%) y Carabaya (12.7%) que son las más representativas. En la región de Arequipa las provincias con mayor numero son Caylloma (71.2%) Castilla (11.4%), Arequipa (6.4%) y La Unión (5.7%). Es en estas dos regiones donde se congrega el 66% de la producción de fibra de alpaca del país.

De la cantidad de fibra que se produce, el 80% de la producción se exporta a los mercados de China, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Japón, Corea, entre otros y solo el 20% se utiliza dentro del país en la confección de hilados, telas y prendas de vestir. La mayor cantidad de fibra de alpaca, utilizada en la industria textil, aún se dirige al mercado externo, al que se exporta sin más valor agregado que los tops (pelo fino cardado o peinado de alpaca) o en hilos. La venta de artículos confeccionados es menor en comparación a estos productos «intermedios».

La crisis económica mundial también afectó al sector alpaquero. La industria decidió retraer sus compras porque la demanda de prendas de fibra de alpaca bajó. En consecuencia, todos los procesos de comercio con la industria nacional y extranjera disminuyeron, lo que generó la caída del precio de fibra de alpaca que de S/. 12 soles (en agosto de 2008) se redujo paulatinamente hasta S/. 3 soles por libra en promedio, experimentando posteriormente una lenta recuperación hasta llegar a los actuales S/. 7 soles la libra. Como se puede ver, esto ha repercutido de manera directa sobre 100 mil familias alto andinas dedicadas a la crianza de alpacas, pues la venta de fibra es su fuente principal de ingreso.

Por otro lado, el gobierno no parece haber caído en cuenta que el sector de los camélidos andinos es estratégico por su potencialidad para el manejo de los recursos agua y suelo en todo el espacio altoandino por encima de los 4,000 msnm, permitiendo rentabilizar estos territorios donde no pueden prosperar ni cultivos ni otras crianzas y, al mismo tiempo, realizar acciones de adaptación al cambio climático.

Por ello son urgentes dos condiciones para impulsar el sector. La primera, que el Estado recupere su obligación de promover políticas para su desarrollo a través de la creación de un ente especializado (podría ser el Instituto Nacional de los Camélidos del Perú) restituyendo al fenecido ente normativo CONACS, que, entre otras tareas, se encargue de superar la dispersión de propuestas de promoción del sector ejecutadas en la actualidad por las diferentes direcciones regionales de Agricultura. La segunda condición sería el restablecimiento de la articulación de la cadena productiva, incluyendo que el eslabón de la industria textil abandone su tradicional rol extractivo al acopiar la fibra y se preocupe también por mejorar la base productiva para obtener una mejor materia prima, lo cual implicaría una nueva relación con los productores.

A pesar de que el Perú es, a nivel mundial, el primer productor de fibra de alpaca y que la fibra haya sido declarada producto bandera, si no existe la promoción de las condiciones sugeridas, además de una política de consumo interno, los problemas del sector alpaquero tenderán, cíclicamente, a repetirse.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2012
Programa Regional Sur
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¿Es tan difícil caminar derecho?

La última encuesta de opinión pública de Ipsos Apoyo (17 de junio), seguramente ha causado más de un temblor en la casa de Pizarro. La caída en picada de la aprobación presidencial, parece indetenible. Entre la medición de abril de este año y ésta última, pierde 11 puntos alcanzando 45% de aceptación, el porcentaje más bajo desde que iniciara su gestión. El retroceso, como no podía ser de otra manera, es mayor en el sur y en el oriente, donde pierde 15 puntos porcentuales. Resulta significativo observar que en ese período, su aprobación se incrementó únicamente en el estrato A, cayendo fuertemente en los ámbitos socioeconómicos C D y E, 13, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Si nos guiamos por la propia encuesta, las razones de la desaprobación de su gestión se encontrarían en la corrupción, la inseguridad ciudadana, la presencia de gente inadecuada en los cargos públicos y el alza de los precios, que la gente ya empieza a sentir. Sin embargo, en otra pregunta de la misma encuesta, se tiene que el 56% desaprueba cómo se han manejado los conflictos sociales recientes, mientras el 67% de los encuestados en el sondeo nacional urbano señala que en los próximos meses el Presidente debería gobernar buscando acuerdos con otros líderes políticos; respuesta ésta comprensible cuando el 58% de quienes opinaron, desaprobaron la gestión del gobierno.

La pésima gestión de los conflictos sociales, la creciente sensación de desgobierno, pero también la conciencia del alza sistemática de los precios, le empiezan a pasar factura importante a una gestión que se alejó de su discurso inicial de la gran transformación, pero también de su hoja de ruta, de la que está haciendo una interpretación libre. En el camino van quedando sus electores de la primera vuelta, pero también y crecientemente, muchos que se les sumaron en la segunda ronda electoral. De allí que sólo el 34% apruebe al gobierno y que la desaprobación del gris hombre fuerte del gabinete, el Ministro de Economía, empiece a acercarse al 50%.

Para peor, el escenario de las próximas semanas se hará seguramente más difícil. Mientras en Espinar se ha abierto un curso de solución dialogado a un conflicto que debió haberse gestionado de otra manera, en Conga, el enfrentamiento parece inminente. La posición irreductible de un sector de sus principales organizaciones sociales y de sus propias autoridades, no obstante la carta del Presidente Regional pidiendo que sus argumentos contra dicha operación minera sean escuchados por el Presidente Humala, chocará con la inminente decisión gubernamental de seguir adelante con el proyecto, incorporando las recomendaciones del peritaje internacional.

La elección de la nueva mesa directiva del Congreso ha abierto los apetitos de diversas figuras del oficialismo, desde una congresista ministra que se autoofreció como artífice de una lista de mujeres, hasta el actual jefe de la bancada, que se desgañita anunciando elecciones internas en julio, cuando a lo largo del año legislativo que concluye, su comportamiento fue claramente autista. La oposición por su parte, en ese río revuelto, espera la ganancia de los pescadores. Todos, oficialistas y opositores, parecen no darse cuenta que el trabajo de su institución es aprobado apenas por el 18% de los peruanos, que los conoce más por sus reiterados escándalos que por su producción legislativa.

La conformación del nuevo gabinete, porque es evidente que el Premier Valdés está exánime, constituye otra tribulación urgente de Palacio. Que la primera dama, lapsus mediante, se haya referido recientemente a una ministra como suya, puede ser un indicio anecdótico de lo dura que es la procesión. En cualquier caso, las bolas que reproducen los medios de comunicación, algunas de ellas tan difíciles de creer como que Luis Castañeda puede ser el próximo Premier, evidencian las presiones y las disputas que seguramente existen alrededor de este tema, que es crucial, máxime en un gobierno que a todas luces carece de operadores políticos y de técnicos propios.

Así las cosas, los anuncios presidenciales sobre las exigencias y condiciones para una nueva minería, seguramente le granjearán simpatías y adeptos en los escenarios internacionales donde los ha hecho, pero no alcanzan para convencer a sus electores y no parecen tener el contenido y la fuerza suficiente para darle un orden definido a un gobierno, que no termina de entender que el pragmatismo no reemplaza a la política. Creemos que bien haría el Presidente en releer su hoja de ruta y ser consecuente con ella, que ya no lo es con la gran transformación, así insista en mantenerla en su corazón.

desco Opina / 22 de junio de 2012
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Inseguridad ciudadana en la agenda pública

En 2002, el Acuerdo Nacional definió como política de Estado la «erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana», a partir de la que se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC. Tras una década de la declaración, es poco lo que se puede señalar en términos de logros y, por el contrario, existe la percepción generalizada de que en los últimos años la criminalidad y violencia han crecido exponencialmente en el país, principalmente en las zonas urbanas.

El gran impacto mediático de dos hechos de violencia ocurridos en Lima –el ataque a la familia de un congresista y el caso de la niña Romina– motivaron al propio Presidente de la República a sesionar con los representantes del CONASEC, apurando la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-PNSC. Más que una muestra de liderazgo –como se anunciara entonces– lo que se revela es una actitud reactiva. Desde entonces es poco lo que se avanzó. Para empezar, solo 37 de los 132 municipios distritales de la Región Junín y apenas 11 de 43 en Lima Metropolitana han cumplido con presentar dentro de los plazos previstos sus respectivos planes de seguridad ciudadana.

Aunque los homicidios, robos, secuestros extorsivos y delitos sexuales aumentaron respecto a 2010, un dato importante del diagnóstico del Plan está referido a la violencia doméstica, que con un índice de 58% supera a la violencia delincuencial, que alcanza el 42%. En función de estas cifras, el plan se propone reducir los niveles de victimización a nivel nacional de 45.5% al 30%. El enfoque de promoción de la convivencia pacífica entre ciudadanos dista mucho de la realidad de la inversión pública en seguridad ciudadana, orientada en general a personal de patrullaje y sistemas de vigilancia, antes que a programas preventivos, por ejemplo.

Una carencia importante respecto al PNSC 2012 –y en general a cualquier iniciativa para revertir la situación de la inseguridad– tiene que ver con la falta de registros sistemáticos y data confiable para monitorear cambios y –quizá lo más importante– trabajar con las organizaciones ciudadanas en la orientación de las inversiones necesarias y adecuadas. El proceso participativo del Plan de Lima se ha propuesto como un primer paso en este sentido, al recoger los diagnósticos y expectativas de los vecinos de las Limas, que en buena medida respaldan la información disponible respecto a que la sensación de inseguridad tiene un fuerte soporte en los peligros cotidianos en los barrios, relacionados a las necesidades de acondicionamiento urbano y la falta de espacios públicos de calidad, así como también a la falta de oportunidades entre los jóvenes luego de concluida la formación escolar. Queda por verse en qué condiciones –concluido el proceso– el instrumento de planificación de una «Lima para Todos» incorpora enfoques distintos para decidir e invertir, ampliando los criterios actualmente existentes, que se agotan en salidas como la mejora operativa de las fuerzas policiales o de los serenazgos. Sin un cambio sustancial de enfoque, no se podrá implementar estrategias que hagan frente a problemáticas específicas que causan inseguridad, más allá de la dimensión del delito callejero o la violencia delictiva.

desco Opina - Regional / 15 de junio de 2012
Programa Urbano
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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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Oportunidad y descontento en la Región Junín

El presupuesto participativo basado en resultados se ha convertido en fuente de descontento para los agentes participantes en muchas localidades del país. En la Región Junín, lejos de ser la oportunidad para armonizar las demandas de la sociedad con los principios de eficiencia en el gasto público que propone el MEF, este mecanismo no ha logrado superar las brechas existentes y manifiestas a lo largo de la década de democracia participativa en el país.

El Gobierno Regional de Junín no ha logrado marcar la diferencia bajo este mecanismo de participación ciudadana. A factores como la baja voluntad política de las autoridades por difundir el proceso y la debilidad propositiva de la sociedad civil, se suma la baja legitimidad que resulta de comprobar que los acuerdos no se implementan plenamente.

Si bien siete de los diez proyectos priorizados el año pasado presentan avances en su ejecución –que compromete el 17% de los 63 millones de soles del presupuesto regional– lo cierto es que existe un gran desequilibrio entre las expectativas y participación que encausa el proceso y las capacidades del gobierno regional por darle cobertura a las propuestas respaldadas por los agentes participantes. Del conjunto de 73 proyectos que en el proceso de PPR de 2012 lograron priorizarse, apenas 10 fueron incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2012.

Los 63 proyectos no incorporados en el PIA 2012 no quedaron fuera por carecer de sustento técnico, sino por falta de respaldo en recursos presupuestales. A este respecto es necesario también un cambio en el compromiso de los agentes participantes, que se involucran como demandantes de recursos; y no desarrollan estrategias en la lógica de cofinanciamiento y movilización de recursos.

Ante la progresiva disminución de la capacidad de inversión del gobierno regional, las autoridades recalcan que las propuestas de proyectos que se canalicen por la vía del PPR deben atender a la dimensión regional. Esto quiere decir que los proyectos no deben involucrar montos menores a los tres millones de soles ni menos de tres distritos de al menos dos provincias distintas. En una región que combina escenarios geográficos y culturales muy diferenciados –sierra centro y selva central– las autoridades no han desplegado los esfuerzos necesarios para un PPR que favorezca las articulaciones entre distritos y provincias.

Así las cosas, el proceso de PPR actualmente en curso se mueve entre el escepticismo y la desconfianza. El 14 de junio se llevará a cabo el taller en el que se definirá cuántos y cuáles de los 129 proyectos puestos a votación serán priorizados y luego evaluar cuáles serán finalmente presupuestados para el 2013. De acortar la distancia entre las expectativas y los hechos, dependerá la legitimidad de este importante mecanismo participativo.

desco Opina - Regional / 1º de junio de 2012
Programa Sierra Centro
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De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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El VRAE desde el presupuesto participativo regional

Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.

Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.

El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.

Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.

El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.

desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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