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Precariedad de la prensa nacional

 

La fallida presentación, como asesor presidencial, de un antiguo y discutido hombre de la radio y exempresario de medios radiales y televisivos, abrió un racimo de comentarios diversos. Más allá del personaje, lo ocurrido pone una vez más en la agenda nacional real, el papel de los comunicadores, el periodismo de opinión y los medios de prensa.

En nuestro país la crisis del periodismo y los medios de comunicación se remonta a muchos años atrás. En un escenario que no había sufrido grandes cambios, la expropiación de la gran prensa nacional y de los principales canales de televisión durante el gobierno de Velasco, generó un proceso complejo que no ha concluido. La posterior devolución y lo que siguió en el terreno de la libertad de expresión, la libertad de empresa y la responsabilidad social de la prensa se complejizó más con el desarrollo de Internet, las publicaciones virtuales y la gran popularidad alcanzada por las redes sociales.

La crisis actual, manifiesta en el abandono de los medios impresos, indica que su pérdida de valor como prensa escrita de opinión e información, no es solamente económica. Si bien existe un fuerte reto tanto para la sobrevivencia de los medios, construyendo modelos de financiamiento que los hagan sostenibles, también lo es por la hiperconcentración de la propiedad en un solo grupo familiar y las consecuencias que se derivan de esto. Ocurre, además, como es evidente, en la entraña de una larga crisis política nacional –a la sombra de un modelo neoliberal que provocó un significativo crecimiento económico excluyente– comparable con lo sucedido a la caída de otro dictador, Leguía.

Nos encontramos ante la paradoja de constatar una prensa nacional extremadamente politizada, en medio de una realidad política sin partidos y con actores provistos de muy precaria formación política. Enfrentamos en ese campo la poquedad de ideas y la escasez de propuestas de desarrollo, que a su vez se expresan como información pobre e incompleta, si es que no tergiversada. Se extraña pues, la presencia de un periodismo lúcido respaldado en la investigación con responsabilidad social. No contamos con una prensa de calidad como la que puede encontrarse con orientaciones liberales, marxistas, conservadoras y más, en países latinoamericanos como México, Argentina o Chile.

La presencia de economistas, politólogos, constitucionalistas y otros comentaristas «caseritos» en los medios, nos han puesto de cara a la precarización y el empobrecimiento informativo y de las ideas en nuestro país. Escasean los buenos comunicadores y abundan los contratados como empleados y no como periodistas. Aquí, los periodistas de fuste vienen siendo reemplazados por jóvenes con escasa experiencia, sin peso ni postura propia, que terminan siendo marionetas al servicio de consignas bastante básicas que generalmente pretenden distorsionar la realidad. Es tan evidente para todos, incluyendo a los propios actores en sus toscos errores y burda manipulación mediática, que resulta ocioso continuar ampliando el diagnóstico.

Se han entreverado los papeles del agente de prensa con el del agitador político, trayendo como consecuencia un resultado de pérdida para el país en las líneas de formación y responsabilidad política de sus ciudadanos, en sostener niveles alturados y maduros del debate a partir de algún tipo de acuerdo primordial nacional para remar en la misma dirección como nación. No hay una base de mínimos de calidad que los peruanos nos exijamos a nosotros mismos y soportamos con un estoicismo digno de mejores causas, pasar por el tamiz forzado de posiciones extremas, cada vez más fundamentalistas, de los propietarios de lo que en algún momento se llamaron medios sociales de comunicación.

Vemos cada día más, a los actores políticos bailando al ritmo que les colocan los medios. Estos, desde sus redacciones levantan y borran, en un irresponsable manejo de prensa, puntos de la agenda nacional sin diferenciar la postura del medio de la correspondiente a alguna organización política. El caso extremo –por demás exagerado– incumbe al canal de cable del Grupo Wong.

No sorprende entonces que, lejos de avanzar en la búsqueda de consensos, el objetivo de vacar al presidente de la República (y provocar un golpe de estado o ¿sucederle la vicepresidenta Boluarte?) siga siendo el primer punto de la agenda de grupos como el capitaneado por el empresario López Aliaga y el exmarino Montoya.

De otro lado, al interior del país, languidecen la prensa y televisión regionales o aceleran la marcha hacia su pronta desaparición como expresiones de información y pensamiento, deshuesadas por las cadenas privadas nacionales. Cadenas que de muy poco sirven para el intercambio de ideas y menos para acoger debates abiertos de carácter local o regional sobre el quehacer del desarrollo en el que se funda nuestro futuro colectivo.

 

desco Opina / 22 de octubre de 2021

Mujer, pieza clave para el desarrollo rural

 

El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.

Para la disminución de la desnutrición crónica infantil se debe educar en alimentación saludable y orientar en adecuadas prácticas de crianza. La madre tiene un rol fundamental en la lucha contra la desnutrición infantil, porque es ella –en la mayoría de casos– quien se encarga de alimentar y/o cuidar a su hijo o hija. Adicionalmente, la mujer cumple una función trascendental en la producción agrícola. “Uno de cada tres productores agrarios en nuestro país es una dama, y dentro de todos los hogares agropecuarios las mujeres cumplen un rol central en el trabajo productivo y en la alimentación y sustento de las familias”; aseveró el presidente Pedro Castillo, al anunciar la creación del fondo para la mujer rural.

Más de medio millón de mujeres desempeñan actividades agropecuarias y representan un cuarto de la Población Económicamente Activa (PEA), según los resultados del último censo nacional de población. En tal sentido, es necesaria la participación de la mujer en la segunda Reforma Agraria que busca mejorar los servicios a productoras y productores de la agricultura familiar para elevar su calidad de vida. En el marco de esta reforma, el Estado tiene previsto impulsar un fondo para la mujer rural que permitirá mejorar las capacidades a más de 700 000 productoras agropecuarias en el país.

Otra de las metas del Sector para el año entrante es la creación de un Fondo Nacional de la Mujer Emprendedora Agraria, así como la capacitación de mujeres y líderes agrarias de las comunidades campesinas y nativas en desarrollo agrario, como parte del fortalecimiento de la agricultura familiar.

Seguramente, las mujeres rurales encuentran esperanzadoras las alternativas planteadas en esta reforma para su crecimiento personal y el fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, se espera que en el plan de acción se considere las voces de estas mujeres, a fin de que sea participativo y no termine siendo una promesa más sin cumplir. Por eso, esta política de gobierno debe garantizar los mecanismos adecuados para asegurar la representatividad de aquellas. La meta a largo plazo es generar relaciones más equitativas y justas en el campo.

 

desco Opina – Regional / 15 de octubre del 2021

descocentro – UOT Huancavelica

Reforma agraria y las buenas intenciones



El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.

Sin embargo, ha sido importante que el gobierno, desde su principal autoridad, haya presentado abiertamente un bosquejo de su línea política en esta materia estratégica, referida, además, a parte de la población peruana –la rural andina– que evidencia enormes dificultades para su inclusión económica, social, política y cultural.

Como se ha dicho continuamente estos días, los anuncios presidenciales, en alguna forma no suponen mayores novedades frente a lo que venimos escuchando las últimas décadas. Sin embargo, tiene la virtud de expresar nítidamente una voluntad política, que no está dirigida a todas las actividades y personas que forman parte del sector agrario, apuntando a aquellos que están postrados por la lógica del mercado y que, en términos generales, producen para el abastecimiento alimentario nacional.

De allí que las primeras críticas que provinieron de la derecha, tras calmar sus pesadillas expropiadoras, fue señalar la exclusión de la agroexportación del espacio político intersectorial y multiniveles que se diseña. Los empresarios costeños no tenían forma de ser parte, porque el sentido de la intervención estatal anunciada busca, sobre todo, resultados sociales y los económicos, se entiende, son un medio para arribar a aquellos.

En línea con esa orientación, un día antes, en Pichari, el corazón del VRAEM, el presidente Castillo, luego de inaugurar el CITE-agroindustrial, sostuvo que era deseo de su gobierno la industrialización de la hoja de coca y construir un aeropuerto en la zona, para que sus productos “salgan directamente al mercado nacional”.

De los diversos elementos que pueden extraerse de las intervenciones presidenciales para el debate, hay dos muy puntuales.

Uno, son los precios relativos. Al respecto, un tema que puso en la mesa desde 1981 uno de nuestros más grandes especialistas en economía agraria, José María Caballero, fue la bajísima productividad y la reducción relativa de las tierras agrícolas del Ande: “las difíciles condiciones naturales y el atraso tecnológico producen bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo. El campesino andino está sometido a desventajas que dan lugar a rentas diferenciales negativas; se ve forzado a competir en el mercado con la agricultura capitalista nacional, más capitalizada y con tierras mejores, con los productores internacionales cuando produce para la exportación o cuando rivaliza en el mercado interno con productos agropecuarios importados”.

El 2017, el Banco Mundial afirmaba nuevamente que “la otra realidad [paralela a la agricultura de la costa], mucho más común a lo largo de grandes áreas de la sierra y la selva, muestra sistemas agrícolas estáticos, improductivos, orientados a la subsistencia, mal integrados en el mercado y que proveen medios de subsistencia inaceptables para los participantes”.

En efecto, el censo 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez menores. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga, actualmente, como su principal ingreso lo que sus miembros pueden obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.

Así, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, tanto como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades –de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos– están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Lo atractivo de estas actividades está en su mayor rentabilidad respecto a las otras opciones económicas que se presentan como alternativa al poblador rural de la Sierra peruana.

Ante esta situación, ¿estamos viendo las cosas desde la perspectiva adecuada?, ¿estamos realmente integrando los complejos y diversos factores que componen la situación del poblador del campo peruano, o estamos asumiendo parcialmente cada uno de estos aspectos? Porque podemos dar una solución «técnica» a estos asuntos y alcanzar capacidades, crédito y tecnología a los campesinos, con lo cual impulsaremos algunas mejoras en su condición, pero sin cambios significativos. También, como propuso Caballero hace cuarenta años, podemos ver esta situación como proclive a cambiar aplicando un claro sentido redistributivo.

El segundo aspecto puntual es la participación de ciudadanos y ciudadanas en el proceso seguido por la política pública propuesta. ¿Cómo participarán los productores, comercializadores, consumidores y demás integrantes de los sistemas productivos y alimentarios en las decisiones que se adopten, garantizando así el debido consenso político?

No deja de ser un gran avance el deseo de articular y coordinar los sectores para lograr resultados. El esfuerzo seguramente también supone la presencia de algunas organizaciones importantes en los espacios por crear. Pero, en un ambiente en el que la asociatividad es un aspecto muy débil –fortalecer a las organizaciones es un punto que forma parte de la agenda–, sería muy oportuno conocer cómo se está pensando darle legitimidad a este significativo esfuerzo.

Finalmente, pero no menos importante, en la línea de la participación de ciudadanos y ciudadanas está la incorporación del protagonismo femenino en la economía rural. Su presencia central, al grado de afirmarse la existencia de una feminización de las tareas agropecuarias, en parte por los procesos ya descritos, no puede responderse anunciando recursos para desarrollo de la mujer rural, fomentar la entrega de créditos a las mujeres de la agricultura familiar, incentivar la asociatividad, la seguridad y soberanía de las familias. Lo que debe hacerse con esos medios descritos, es promover su liderazgo y su consolidación política.

 

 

desco Opina / 8 de octubre de 2021

Ciudad inhabitable: cuando la capital se cae a pedazos

 

A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.

Respecto a los servicios básicos, por ejemplo, la desatención al abastecimiento de agua en zonas periurbanas es más que evidente. Al margen de que desde que estamos en emergencia sanitaria se ha brindado acceso al agua potable «vía camión cisterna» de manera gratuita en zonas de pobreza y pobreza extrema, la solución estructural para atender esta necesidad básica es para nada sostenible. Una muestra de ello es el problema de desabastecimiento de agua ocurrido hace un par de semanas en zonas más consolidadas de la ciudad como San Juan de Lurigancho.

Acá se evidencia la poca capacidad de planificación y atención a situaciones similares que se pueden acrecentar en el futuro; pero además, ratifica las prácticas de corte asistencialista que se proponen para dar solución al problema como ofrecer «agua gratuita», intentando apaciguar el ruido ocasionado en medios de prensa. No se atiende así el tema de fondo; el Estado debe entender que se requiere una reingeniería completa de la forma como se brinda actualmente el servicio para hacerlo eficiente, pero sobre todo sostenible en una ciudad que está asentada sobre un desierto y con fuentes de abastecimiento limitadas debido al poco caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, principales proveedores de agua.

Respecto al acceso a internet, pareciera ser un tema poco importante, pero habría que precisar que si bien un porcentaje alto tiene acceso al mismo, este se da sobre todo por medio de un teléfono celular, cuyo uso en zonas periurbanas muchas veces suele ser un solo equipo para toda la familia; esta situación como producto de las estrategias virtuales implementadas para estudiar y trabajar en tiempos de pandemia. En los temas de salud han sido más que evidentes los diversos e innumerables problemas que ya existían previamente y que con o sin pandemia han demostrado una crisis generalizada del sector, actualmente volcado al tema de vacunación masiva en todo lugar que sea posible, evitando que la población se dirija a los centros de salud, de por sí ya colapsados en su atención y servicio desde antes de la llegada del COVID-19.

A lo ya mencionado se suman los problemas de inseguridad y delincuencia que son parte del día a día y que, lamentablemente, se vienen normalizando e inclusive generando nuevas modalidades delictivas, tal como sucede en las instalaciones del sistema de transporte metropolitano. Incluso en el tema de transporte, no podemos sino avergonzarnos del «galardón» obtenido esta semana, al ser considerados el país más congestionado del mundo, y Lima, particularmente conocida por sus problemas de tráfico; es innegable reconocer que algo estamos haciendo mal.

Finalmente, quizá la principal afirmación que resta por hacer es que Lima se ha convertido en una ciudad inhabitable; pero más que eso, se ha vuelto –por no decir que siempre lo fue– una ciudad altamente vulnerable, producto de múltiples factores. Así, todo hace presagiar que, en breve, los problemas pueden terminar explotándonos en la cara, si es que el Estado no se da cuenta de que la gestión reactiva termina generando al final de cuentas, más costos que beneficios.

Los dos derrumbes ocurridos en un mismo día en la ciudad de Lima, tanto en Chorrillos como en Puente Piedra, son señales inequívocas de alerta de una ciudad que se cae a pedazos, cuando aún no sucede el temblor.

 

desco Opina - Regional / 1º de octubre de 2021

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