Las lluvias y las vías alternativas del desarrollo

Los deslizamientos han provocado nuevas interrupciones en la Carretera Central. Entre diciembre y lo que va de enero, los buses y camiones han quedado varados hasta en tres oportunidades. Esta es una situación que arriesga la seguridad del tránsito de personas y mercaderías, además de incomunicar a las poblaciones de la selva de los departamentos de Pasco, Junín y Huánuco.

Si bien las municipalidades provinciales de Tarma y Chanchamayo, así como PROVIAS (zonal Junín - Pasco), disponen de cuadrillas de obreros y maquinaria pesada para reabrir el tránsito vehicular, aún se generan pérdidas económicas importantes.

En medio de esta tarea, el anuncio del Director ejecutivo de PROVIAS Nacional de que en el año 2014 “se terminará de construir una ruta alternativa a la Carretera Central” ha generado expectativa entre los conductores. Sin embargo, esta ruta alternativa no resuelve los problemas de la Selva Central, pues la mayor parte de los problemas viales se concentran en el tramo Tarma - La Merced (sector Carpapata en los kilómetros 68, 78 y 93) y la vía opcional abarcaría el tramo Cañete - Lunahuana - Huancayo.

Es de esperarse, entre los meses de diciembre y marzo, que estos cortes de carreteras se repitan. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para planificar otras opciones? No está demás unir de manera más directa a la selva central con Huancayo que, después de Lima, es el segundo mercado nacional más importante para las provincias de Chanchamayo, Satipo (Junín) y Oxapampa (Pasco). En la actualidad el comercio se hace vía Tarma (por el paso de Lomo Largo).

Con un diseño más completo de esta nueva conexión, se podrían mejorar las posibilidades de desarrollo agropecuario en la selva central, que en temporada de lluvias tiene ingentes pérdidas a falta de mercados donde colocar su producción. Esta ruta –con serias deficiencias de mantenimiento, señalización, ausencia de puentes y pontones– es usada principalmente por los vehículos pesados de la Mina San Vicente. Aún así, podría convertirse en una oportunidad para mejorar la conectividad de la región selva con la zona andina del centro del país. Al vincularse con el proyecto de la carretera longitudinal de la sierra se beneficiarían económicamente muchos departamentos del centro del país, además de incentivar el turismo interno.

Esta nueva vía involucraría a los distritos de Molinos y Monobamba (provincia de Jauja) así como Vitoc y San Ramón (provincia de Chanchamayo). Desde la selva, vía Huancayo, podrían salir camiones cargados de frutas tropicales, yuca, ganado, entre otros productos, hacia Huancavelica, Ayacucho y Cerro de Pasco.

Lamentablemente, esta ruta no cuenta con estudios preliminares ni ha despertado interés a nivel del Gobierno Regional, lo que hace más difícil su viabilidad en el corto plazo. Si no se aprovecha la actual disponibilidad de recursos para elaborar proyectos de infraestructura vial, importantes para mejorar las posibilidades de los pueblos más desconectados de la selva, podría ser muy tarde.

desco Opina - Regional / 11 de enero de 2013
Programa Selva Central

Descentralización: un pasito pa ´lante y un pasito pa ´tras

Hace 10 años se estableció el diseño institucional para la realización del proceso de descentralización. Este diseño contemplaba básicamente cuatro etapas: la primera referida a la instalación y organización de los gobiernos regionales y locales (transferencia de los CTAR), marcada por la realización de elecciones para conformar los Gobiernos Regionales en el 2002; la segunda establecía la conformación de regiones; luego de ello, se iniciaría el proceso de transferencia de competencias sectoriales, menos salud y educación, las que se transferirían en una cuarta etapa.

Sin embargo, el carácter progresivo del proceso fue dejado de lado, iniciándose las etapas de manera paralela. Como resultado tenemos que lo transitorio, las regiones (los gobiernos regionales, más precisamente) sobre departamentos, se ha convertido en una denominación permanente, ocasionando que los servicios públicos (cómo salud) no se brinden adecuadamente, o que sean de cuestionable calidad, debilitando lo que significa para los ciudadanos la presencia del Estado y, de paso, deslegitimando el proceso.

Las tres elecciones de presidentes y consejeros regionales cimentan la idea de una región sobre la base territorial del departamento, por ello plantear discusiones vinculadas a la integración regional ya no genera mayor entusiasmo en gran parte de los actores comprometidos con este objetivo. ¿En qué medida las autoridades regionales están dispuestas a perder el poder que los sustenta? En el 2005 se vio el despliegue de los actores que veían amenazada su situación y condición política y que ahora han echado raíces. Así las cosa, difícilmente se podrá retomar el proceso regionalizador.

Sin embargo, hay iniciativas encaminadas a lograr articulaciones regionales, por ejemplo las cuatro Juntas de Coordinación Interregional activas y varias mancomunidades interdepartamentales en el sur, que persiguen colaboraciones para la ejecución de proyectos y la promoción de la inversión en sus territorios. En esa medida funciona la relación entre los gobiernos regionales y, siempre que no se hable de ‘matrimonio’, todo pareciera funcionar bien.

En la actualidad se evidencia un proceso de recentralización a partir de la creación de nuevos programas sociales, los que responden a la política nacional de inclusión social, cuya gestión responde a diseños de gestión desconcentrada antes que descentralizada.

No se percibe en el gobierno nacional una intención seria de retomar el proceso de descentralización, para lo cual será necesario, primero, renovar el compromiso estatal y social con el proceso, revisar y actualizar el marco legal de la descentralización, desarrollando con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno, a partir de las cuales se podrá construir una gestión descentralizada. La aprobación del Plan Nacional de Descentralización permitirá contar con un instrumento orientador de la acción política para lograr la descentralización, el no hacerlo significará seguir andando a tientas y continuar al ritmo secular de un pasito pa´lante y uno (o varios) pasitos pa´tras.

desco Opina - Regional / 17de diciembre de 2012
Programa Regional Sur
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Humala: democracia sin instituciones

Para inclinar la balanza a su favor en la carrera a la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió alinearse con quienes le ofrecían su respaldo a cambio de un compromiso público con las instituciones democráticas, dado el origen militar del candidato y las resonancias de su discurso electoral desde 2006, que lo mostraba próximo a propuestas de cambio constitucional. Desde su «Juramento por la democracia» y a la luz de los hechos recientes, cabe preguntarse qué entienden el Presidente y el oficialismo por compromiso con la democracia y sus instituciones.

En la definición del presupuesto general de la República para el 2013, medidas saludables como la asignación de mil millones de soles extra destinados a programas de riego o la aprobación de una partida para la atención de desastres naturales, quedan opacados ante la increíble decisión de congresistas de todas las bancadas de aprobar un significativo aumento en sus gastos de representación, lo que abona en el desprestigio del Congreso de la República. Las justificaciones han ido de la matemática más burda –que atribuye la duplicación del monto a la duplicación de la población representada– hasta los más transparentes argumentos populistas –la necesidad de disponer de mayores recursos para financiar padrinazgos y regalos «entre la población más pobre»–.

Es también cuestionable el comportamiento oficial ante instituciones fundamentales para garantizar el respeto a las libertades civiles y el balance de poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional-TC, además del nombramiento de los directivos del Banco Central de Reserva. El Congreso de la República ha postergado estos importantes nombramientos: desde hace más de veinte meses la Defensoría cuenta con un jefe interino, mientras que se ha vencido el período de ejercicio de seis de los siete vocales del TC, habiéndose elegido sólo a su titular. Esta situación afecta seriamente la legitimidad del TC, instancia cuyas decisiones son clave ante cualquier intento de interpretar las leyes a favor de los proyectos oficialistas, incluidos aquellos que impliquen la continuidad del régimen, como dejara claro a fines de los noventa el dictador Fujimori.

Y para agregar evidencia en nuestra negativa a aprender de nuestra historia, esta semana el Congreso de la República aprobó una modificación al código procesal penal que permite a miembros de las fuerzas armadas y policiales el levantamiento de cadáveres tanto de civiles como de militares en zonas declaradas en estado de emergencia, con el argumento de que los fiscales pueden tener limitaciones logísticas para acudir oportunamente al lugar de los hechos. Esta medida es muy grave, pues sugiere que el Ministerio Público está de más, y su función puede ser realizada expeditivamente por los uniformados. Más grave aún, porque declarar territorios en estado de emergencia se ha instalado como el mecanismo regular para el control de la conflictividad social en el país, control que no ha prescindido de salidas represivas y muertos, lejos del juramento democrático de Humala, que en el recuerdo de Bagua, prometió un tratamiento distinto para el malestar social.

desco Opina / 10 de diciembre de 2012
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Gestión de residuos en Lima Sur: mejoras distritales, pendientes metropolitanos

El último informe del Ministerio del Ambiente sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos 2010 – 2011, indica que Lima genera un promedio aproximado de 2 123 016 toneladas de residuos al año. En Lima Sur, una de las zonas más contaminadas de la capital y con menor calidad de aire según el SENAMHI, la acumulación de basura en varias de las principales calles refleja el desinterés o la incapacidad de los municipios por brindar un buen servicio. Esto hace que en la percepción de la gente, el problema de la basura esté casi al mismo nivel que el de la falta de redes de agua y desagüe.

La recolección de desechos que realizan los municipios de Lima sur no tiene como único destino el relleno oficial operado por el consorcio Relima, sino también botaderos informales y clandestinos. El «ahorro» por no llegar al relleno se paga con el deterioro de la calidad ambiental y la salubridad de las zonas aledañas. A ello se suma el problema del desmonte producto de la actividad constructiva de los vecindarios, que se arroja en vías y espacios públicos poco cuidados, empeorando su estado y generando focos de acumulación de basura.

El Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - PMM, iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía, permite a los municipios obtener mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este marco, se han implementado desde 2011 en Lima más de una veintena de Programas de Segregación en la Fuente, que involucran no solo a los vecinos, sino también a las y los recicladores que actúan en estos distritos. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín cumplieron las metas del PMM, y entre ellos los tres primeros integran a sus recicladores en la operación del servicio. En el caso de Villa El Salvador, el PMM ha sido la oportunidad de reactivar el Bono Verde, un descuento mensual de 20% en los arbitrios para las familias que entregan a las y los recicladores organizados sus residuos separados.

Entre tanto, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para Lima Metropolitana no se ha concretado y es uno de los pendientes de la gestión «verde» de Susana Villarán. Si bien el Ministerio del Ambiente, como rector de las políticas ambientales, brinda una serie de pautas para el cumplimiento de las metas establecidas por el PMM, estas serán insuficientes si la ciudad de Lima no responde al desafío de la gestión ambiental de residuos sólidos con voluntad política, pensando no solo en una gestión «cumplidora», sino también que proponga y plantee propuestas novedosas para mejorar la calidad de vida de las y los limeños.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2012
Programa Urbano
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Si camina como pato y nada como pato…

El pasado 15 de noviembre, Javier Diez Canseco fue finalmente suspendido de la función parlamentaria por 90 días, luego de un proceso confuso y lleno de irregularidades. La decisión que se impuso en el pleno del Congreso de la República no es otra cosa que el anunciado castigo político del Ejecutivo a uno de los congresistas oficialistas que se negaron a aceptar en silencio el viraje derechista del gobierno.

Pese al lamentable esfuerzo de las emisarias palaciegas –la ministra Ana Jara y la Presidenta en funciones, Marisol Espinoza– por organizar una posición «disciplinada» en contra de Diez Canseco, la votación de la bancada de Gana Perú fue un patético desbande: 21 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. En suma, hubo de todo, menos una explicación coherente acerca de esta diversidad de posiciones, que a pesar del resultado, refleja uno de los más serios reveses del oficialismo en el Congreso.

Muy diferente fue el comportamiento de los nuevos aliados del Gobierno y principales acusadores del congresista. El voto en bloque del fujimorismo es la prueba de que la iniciativa empieza a trasladarse a ese sector del hemiciclo, recordándonos un pasado que creímos derrotado en las elecciones de 2011. No es la primera señal de alarma respecto a un peligroso aire de familia entre el viraje oficialista y los modales imperantes en la nefasta década fujimorista.

Impuesta la sanción, la reacción de Diez Canseco apuntó a Nadie Heredia, cuyo protagonismo en las decisiones políticas de no deja ya lugar a muchas dudas. En una discusión que se arrastra desde la campaña electoral, en la que Humala intenta pasar por alto polos de referencia políticos («no soy de izquierda, soy de abajo»), hoy la pregunta sobre con quién gobierna Ollanta Humala adquiere nuevos matices. Entre los anillos de poder alrededor del Presidente –graficados por el sociólogo Francisco Durand-, el círculo primigeniamente compuesto por diversos familiares de la pareja presidencial parece haberse cerrado al punto que la señora Heredia lo ha monopolizado hasta hacerse imprescindible para la toma de decisiones. Y de acuerdo a la denuncia de Diez Canseco y por lo visto en el Pleno, ya no se trata sólo de las decisiones que competen al Ejecutivo.

Las dudas sobre el entorno de confianza con el que el Presidente gobierna adquieren mayor importancia, si observamos algunos aspectos clave en el corto plazo, como la inversión pública y la gestión de conflictos sociales, por mencionar apenas dos de ellos. La incapacidad de gasto en el gobierno nacional no se resuelve con «shocks de gerencia y gestión pública» como se pretende hasta ahora, menos aún cuando esos reflejos centralistas entran en contradicción con la mejora de ejecución que sostenidamente protagonizan los gobiernos subnacionales. De igual modo, la conflictividad social no se transforma por el simple cambio de la denominación de la oficina encargada de su atención, ni su nuevo tratamiento puede basarse en cargarle culpas a un proceso de descentralización «mal conducido» o a un enemigo particular, lugar que en período último ha ocupado cómodamente el MOVADEF. Somos contundentes en rechazar los intentos senderistas por aparecer nuevamente como factor político en el país, tanto como en denunciar el uso interesado que hacen del MOVADEF quienes para gobernar apuestan por legitimar situaciones de excepción e ir más allá de los márgenes de la convivencia democrática.

desco Opina / 23 de noviembre de 2012
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Huancavelica, entre la inclusión urgente y el futuro

«Esta es la inversión pública más grande de la historia de Huancavelica, que ponemos para la población más pobre del país», «No venimos con las manos vacías. No son 1.000 millones, son 1.915 millones de soles que estamos poniendo a disposición de la región para trabajar juntos, eso es inclusión social», fueron las palabras del presidente de la república, durante la IV sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó en el distrito de Pampas-Tayacaja, en la Región Huancavelica. Cuando era candidato, Ollanta Humala reconoció que la región estaba relegada. Hoy, con este tipo de iniciativas descentralizadas da por sentado que el Estado está asumiendo un papel más protagónico. ¿Será suficiente para Huancavelica?

La mejor manera de aprovechar esta iniciativa del Gobierno Central y lograr el apoyo de incluir a Huancavelica y priorizar sus necesidades, es mediante el trabajo coordinado del presidente Regional de Huancavelica, con sus alcaldes provinciales y distritales.

Porque dar dinero no necesariamente genera desarrollo, ni mucho menos garantiza que sea un proceso inclusivo, debido en gran medida a la ineficiencia de algunos funcionarios que consideran que los programas asistenciales mal acostumbran a la población a recibir dádivas. Si estos son los responsables de hacer avanzar los programas desde los gobiernos locales entonces hay claramente un problema de compatibilidad «ideológica» para cumplir con el encargo.

Sobre los programas sociales, por supuesto, cabe preguntarse hasta qué punto siguen siendo eficientes. El programa Juntos, por ejemplo, es muy importante para los presupuestos familiares. Lamentablemente, pese a algunos esfuerzos de evaluación en base a los indicadores disponibles, el programa fue lanzado sin una línea de base que permita evaluar su desempeño global con total precisión, cosa que el actual MIDIS tiene muy presente. Lo que Juntos no puede hacer es garantizar el desarrollo a largo plazo ya que no contempla un enganche con programas con enfoque productivo. Visto esto, tanto el Gobierno Central y como el regional deberían promover políticas que se vinculen con Juntos y que tomen en cuenta cuestiones como la generación de empresas, apoyo a pequeños negocios, atención a los pequeños cultivos, entre otros.

Los presupuestos deben estar articulados a objetivos establecidos en el plan de desarrollo regional concertado de la Región Huancavelica y el plan bicentenario, para darle una funcionalidad más estratégica, planificada y no caer en la ejecución de proyectos de manera aislada. Un ejemplo de esto ocurre en el sector Transportes en el cual, si bien se ve un avance significativo con la construcción de vías de comunicación también se nota que éstas no están articuladas a los corredores económicos o a las mancomunidades municipales que proliferan. Reclamamos pues que el enfoque sectorial de programas como Cuna Más o Juntos se vincule con un enfoque territorial y de inclusión social en el cual trabajen directamente con los gobiernos regionales y locales.

No desmerecemos bajo ninguna circunstancia las buenas intenciones por abordar los problemas que aquejan a una de las regiones más pobres del país, pero no se visibiliza en ningún caso una estrategia de desarrollo a largo plazo puesto que la inversión y el incremento de presupuesto por sí solo no soluciona los problemas; el presupuesto público debería dirigirse hacia los ejes de desarrollo identificados en la región, de manera integradora, priorizando los espacios locales con un desarrollo que implique circuitos económicos. Aunque Huancavelica tenga necesidad urgente de salir de la pobreza, también merece que se piense en su futuro, en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2012
Programa Sierra Centro
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¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.

La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.

Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.

Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.

El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.

A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.

Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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