viernes

La política en el pantano

Nos vamos habituando a coyunturas políticas de baja intensidad, en las que poca materia hay para el comentario o porque el hastío ha terminado por imponerse. Ya no pareciera importar que la popularidad del Presidente siga disminuyendo, sin la velocidad de meses atrás, pero de manera constante, colocándose en un 25%.
Tampoco ha sido un dato importante que el intento de construir un pequeño espacio de maniobra por parte del Premier, sucumba con lo que se leyó como una descalificación a su trabajo proveniente del cada vez menos popular Presidente de la República. No sorprende que ese mismo Premier siga en su puesto, sin que la observación presidencial le haya generado siquiera intentos de renuncia, como debió ser.
Asimismo, nadie siente curiosidad acerca de los resultados obtenidos por el Ejecutivo para asegurar su «triunfo» ante la minería informal e ilegal, de las que somos campeones mundiales. Tampoco interesa saber que en el camino cambiaron hasta en tres oportunidades al funcionario encargado de implementar la hasta ahora desconocida estrategia que debía desplegarse contra el citado «enemigo», ni es materia de preocupación que ese funcionario no dependa del ministro del Ambiente ni del ministro de Energía y Minas, siendo  un general retirado que da cuentas solamente al jefe del Ejecutivo.
Dudamos que despierte algún interés, un inefable ministro de Defensa que –como siempre– no sabe explicar qué ocurrió con un operativo militar en el VRAEM, cuyo resultado son víctimas civiles. Es el mismo ministro de Defensa en cuya gestión se realizan cuantiosas compras militares sin que sepamos bien en qué consisten.
No genera ninguna inquietud, ni para bien ni para mal, la opinión o los anuncios que pueda ofrecer el ministro del Interior, pese a que la inseguridad ciudadana es el principal problema que percibimos los peruanos.
Miramos impasibles cómo el ex presidente García, ha empezado a dejar de ser sujeto de investigación para, paulatinamente, convertirse en acusador, sin importarnos que haya indicios fuertes para sospechar que su gestión fue algo parecido a un narco-gobierno. En ese sentido, aun abúlicos, debiéramos tomar nota que un par de congresistas apristas es suficiente para dejar fuera de juego a una intonsa mayoría parlamentaria oficialista.
Una mayoría parlamentaria oficialista que, además, es capaz de hacer jugadas políticas tan lejos de ser maestras, como evitar la censura de la Canciller mediante el blindaje congresal a un comprometidísimo ex presidente Toledo. Todo ello, debido a que el Presidente de la República olvidó que las instituciones –aun desprestigiadas– se relacionan entre ellas según ciertas formalidades.
La enorme brecha abierta entre la sociedad y la política es uno de los triunfos más sonoros de la derecha neoliberal. Sin embargo, es esa brecha la que ha configurado un nuevo y emergente país, que no tiene nada que ver con esas clases medias de 900 soles de ingreso mensual de las que hablan los organismos multilaterales y repiten acríticamente los operadores locales, incluso el presidente Humala.
Ese nuevo y emergente país es el que reside en las zonas grises informalizadas e ilegalizadas que, para algunos, no están ni necesitan estar políticamente representadas en tanto surgieron al lado del Estado o contra éste y, para otros, por el contrario, están mucho mejor representadas que aquellas que constituyen el lado formal del país, lo que puede constatarse averiguando las actividades de muchos de nuestros parlamentarios. Algunos dirán, entonces, que por sernos tan ajena, la política formal perdió todo sentido. Pero, para otros, la política sólo estaría expresando el país realmente existente.

descoOpina/ 25 de octubre de 2013
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lunes

Mensajes cruzados sobre territorio y medio ambiente

Luego de casi dos años de trabajos, por fin se ha culminado con la construcción del asfaltado de la carretera que une el Puente Raither con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (Oxapampa). 
Las inauguraciones, que son eventos meramente protocolares, movilizan alcaldes y líderes de la Selva Central con el propósito firme de llamar la atención sobre demandas y aspiraciones de sus poblaciones. Es así que después de un discurso presidencial, la breve visita –que duró casi treinta minutos– se coronó con el ofrecimiento de la continuidad de la vía desde Villa Rica hasta la ciudad de Pucallpa, en Ucayali.
Los estudios técnicos de ambos tramos –de Villa Rica a Puerto Bermúdez y de Puerto Bermúdez al km. 86 (carretera a Pucallpa)– ya tienen cierto nivel de avance. Sin embargo, en el tramo Villa Rica-Puerto Bermúdez, habrá que tomar en consideración la existencia del Bosque de Protección San Matías San Carlos (BPSMSC). En este tramo se tendría que cruzar esta Área Natural Protegida, ruta que actualmente funciona como vía carrozable y sirve de salida a las poblaciones de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución. En ocasiones, también actúa como salida de emergencia vial desde Pucallpa y Tingo María hacia Lima. El ensanchamiento de la vía es ineludible de progresar el proyecto de asfaltado. Por ende, requerirá de un riguroso estudio de impacto ambiental, el mismo que deberá ser aprobado por el SERNANP antes de dar pase a la etapa de inversión.
El tema es técnicamente subsanable; sin embargo, si esta obra se considera viable, ¿cuál será el argumento para seguir negando la construcción de una vía que cruce el BPSMSC y conecte al distrito de Puerto Bermúdez (Oxapampa, Pasco) con el distrito de Pichanaqui (Chanchamayo, Junín)?
En el pasado, la intención de construir una carretera atravesando el Área Natural Protegida, generó una gran movilización en defensa de la intangibilidad del BPSMSC. El saldo de aquella protesta fue la negación de todas las solicitudes de permisos desde el SERNANP y la detención del entonces alcalde de Puerto Bermúdez bajo cargos de delito ambiental, previa intervención del Ministerio del Ambiente.
No podemos dejar de analizar las consecuencias jurídicas de esta nueva promesa y los argumentos que le den viabilidad. La aspiración de las poblaciones por mejorar su conectividad es válida; lo difícil será sustentar por qué mientras que para unos es delito para otros es una vía hacia el desarrollo.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2013
Programa Selva Central
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martes

Te hablan desde la prisión

El ‘contacto en Francia’ del Presidente Ollanta Humala ha generado una serie de reacciones de sus enemigos políticos, ciertamente oportunistas. Destaca la del ex mandatario Alberto Fujimori, que así se expuso a ser objeto de burlas y críticas que recordaron que su viaje a Brunei terminó en Japón con su renuncia. Si algún día llegara a existir un museo de la corrupción, debería exhibirse la hoja del fax con la que nuestro recordado mandatario nipón nos dijo adiós.
A propósito del museo, el hijo y congresista Kenji Fujimori ha dicho que en buena hora que exista, para que así los peruanos nos enteremos que la corrupción no es invento del fujimorismo. Estas dos declaraciones, al margen de su calidad, nos hablan de la vigencia pública del fujimorismo. La segunda se percibe inocua e inocente, pero la primera refiere al creciente protagonismo que parece estar interesado en ganar AF, en los tiempos del Twitter.
Como se ha señalado, un crecimiento de la figura del padre (incluyendo su juego en pared con Vladimiro Montesinos a propósito de su futuro juicio por el desvío de fondos públicos para comprar la línea de los llamados ‘diarios chicha’) puede terminar sepultando las probabilidades electorales de la hija, o al menos disminuyéndolas al punto de relegarla en la competencia de 2016. La paradoja está en que un triunfo de su hija puede ser la mejor carta para que AF salga de la cárcel.
Por otro lado, García, que también tuitea (y mucho) se ha pronunciado a favor del arresto domiciliario de Fujimori, sabiendo que sacarlo tendría un efecto más malo que bueno en la candidatura de su competencia. Por si fuera poco, Keiko se ha visto recientemente debilitada al interior de su partido con declaraciones cruzadas sobre su verdadero liderazgo y con un Kenji lenguaraz, como si viviera permanentemente en una edición de ‘El valor de la verdad’. No sería descabellado pensar que el viejo Alberto tal vez sabe que García, en su versión magnánima, también podría excarcelarlo fácilmente, para luego justificar sus acciones por razones humanitarias en tres o cuatro artículos en El Comercio.
El telón de fondo es una escena pública entre sorprendida y deleitada por los cargos que sigue sumando el conspicuo congresista Urtecho, convertido en símbolo de la putridez parlamentaria, por un lado, y el debate sobre el que un analista ha llamado acertadamente «crecimientismo».
Con un Humala tempranamente crepuscular, reaparecen estos actores, síntoma de que se cierra una ventana de oportunidad para el cambio en las formas y los fondos democráticos de esta nación. En efecto, el ciclo que se inauguró con la caída del fujimorato llevó a concebir otra república posible, menos corrupta, con medios no maniatados, éticamente centrada en la figura de políticos respetables, como Valentín Paniagua.
Hoy hablan más los encarcelados que los que andan libres: Montesinos publica, Fujimori tuitea y hasta el pobre ‘comepollo’, que se ganó cinco años de cárcel, chilla desde su encierro que Urtecho es peor que él y se indigna por la comparación.

desco Opina / 15 de octubre de 2013
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viernes

La resaca de la convención minera

Un setiembre agitado vivió Arequipa con la realización de la 31 Convención Minera. Esta actividad dinamizó el sector de servicios en la ciudad, los organizadores han calculado que el consumo de los asistentes ascendió a 240 millones de soles; sin embargo la convención no sólo trajo beneficios económicos temporales, sino que sirvió de vitrina para la reafirmación de la política extractivista de Estado en la boca de algunos de los ocho ministros que la visitaron y del propio jefe de Estado. Sobre esta idea cabe realizar varios análisis.

Primero; si bien una prensa poco reflexiva, con muy pocas excepciones, ha martillado en el imaginario de nuestra comunidad que sólo la minería salvará al Perú, lo cierto es que hay otras actividades económicas que actualmente están contribuyendo más con la economía nacional, y que merecerían una mayor atención del Estado, sobre todo por la gran masa laboral que ocupa y porque los minerales son recursos naturales que se extinguen en la extracción y su precio es muy vulnerable a los cambios económicos internacionales. No sólo se trata de ejercer una mayor presión tributaria sobre otras actividades económicas, sino pensar en inversión, de una vez por todas, en tecnología y capacitación, además de tener políticas estatales más claras para su dinamismo económico. 

Segundo; el 56.5% de la cartera de proyectos mineros identificados en el territorio nacional se encuentran en el sur (Arequipa, Cusco, Apurímac, Tacna, Moquegua y Puno) donde se prevé que las empresas mineras invertirán en sus operaciones US$32.436 millones los próximos 7 años. ¿Estamos preparados para los impactos? Si bien los impactos medioambientales están controlados por una normatividad nacional, hay que tener un poquito más de cuidado en los discursos ministeriales, pero sobre todo en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental. También hay que poner atención a los impactos sociales, de los que se habla muy poco, por ejemplo: cómo integramos a la comunidad a una dinámica económica nueva sin que pierdan sus costumbres, cómo sus actividades culturales agropecuarias pueden ser rentables para que no desaparezcan, cómo hacer para que los liderazgos de la comunidad no sean absorbidos por el poder económico de las empresas y asegurar negociaciones justas en las mesas de desarrollo.

Tercero; las nuevas operaciones en el sur demandarán una gran cantidad de agua y energía, de allí que ha sido oportuna la llamada del Ministerio del Ambiente para que el sector minero se integre al plan nacional de adaptación al Cambio Climático. Aquí los gobiernos regionales tienen, también, un rol importante para orientar parte de los fondos de los programas de responsabilidad social de las mineras en reservorios de agua y sistemas de energía que aseguren esta provisión para la población.

Cuarto; Ollanta Humala afirmó que «la minería genera desarrollo en el país», pero lo cierto es que la actividad per se no lo hace por su naturaleza extractivista, y quienes debieran promoverlo son las instituciones involucradas con ella,  esto es el Estado en todos sus niveles: el  Ejecutivo y los gobiernos subnacionales (regionales y locales). Es momento de tener políticas más competentes para aprovechar la renta minera; para eso hace falta revisar la ley del canon minero y pensar en una participación más directa del Estado en las empresas mineras, quizá con un porcentaje del accionariado. Debemos recordar que las empresas mineras, con las normas tributarias actuales y la demanda mundial de minerales, son las que mayor rentabilidad han generado en poco tiempo, en comparación con otras industrias.

Esta convención minera tuvo como eslogan «minería, oportunidad de inclusión social y desarrollo», pero es el Estado quien debe procurar que ello no quede en un simple enunciado. La minería no se encarga del desarrollo del país, ni debemos dejarlo en sus manos, esta es una responsabilidad estatal. Las altas tasas de pobreza y pobreza extrema en algunos departamentos mineros del sur como Puno y Cusco, son un buen indicador de la tarea pendiente por hacer.

desco Opina - Regional / 4 de octubre de 2013
Programa Regional Sur
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Vieja minería, caras «nuevas»

La 31 Convención Minera Perumin, celebrada en Arequipa hace algunos días, se desarrolló dentro de lo predecible; a las declaraciones genéricas del Presidente sobre una «nueva minería» y la necesidad de que las empresas trabajen por el «desarrollo local» (ambas alusiones vacías de contenido en el discurso del Mandatario), se sumaron las declaraciones del Ministro de Energía y Minas sobre la viabilidad de Conga y la condena a la minería informal, que motivó a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería a dejar de referirse a dicha actividad con el nombre de “minería”, como para no contaminar aquella palabra bendita.
Por decirlo eufemísticamente, hubo escasa autocrítica y sí muchos señalamientos. Como suele ocurrir, las críticas vinieron de fuera, a cargo de algunos académicos invitados y de Nicholas Holland, CEO de Gold Fields, quien se manifestó contra el cortoplacismo rentista al que podría inducir el sector. Por otro lado, Tania Quispe, Jefa de la SUNAT, aclaró que la importancia relativa de la minería para la tributación ha pasado de representar el 33% de todo lo recaudado por Impuesto a la Renta en 2011, al 14.2% en lo que va del año, como para relativizar la importancia de un sector que sigue pensando que el canon, que sale del Impuesto a la Renta, es algo así como una dádiva para las regiones.
La sorpresa vino del lado de Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, y unas de las caras visibles con más influencia en el sector. En una entrevista en el marco de la Convención señaló que no había descartado la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2016. A primera vista parece ser una manera de eliminar a los intermediarios en su relación con el aparato del Estado, ya bastante fluida. Es claro que los grupos mediáticos en  recomposición le garantizarían un trato bastante amable, lo cual no es un dato menor. Algunos comentaristas señalan que, pese a sus «anticuerpos», el descrédito de la política y la sensación de que es uno de los guardianes del crecimiento, podría ganarle una base de aprobación no desdeñable.
Compartimos la idea de que sectores de clases medias en ciudades como Lima y otras que pueden ser mapeadas probablemente por la proliferación de centros comerciales, creen que el crecimiento económico se debe en parte a empresarios como Benavides, sumando poder simbólico a su influencia efectiva en las dependencias del Gobierno que quedan fuera del ojo público. Este sector de la población no se plegaría así nada más a la reciente y aparentemente exitosa marcha organizada por los gremios de trabajadores en varias ciudades del país, siendo que el empleo estable y digno en situación de dependencia es poco valorado en un país con altos índices de autoempleo y empleo informal.
Esta informalidad se ha extendido a muchos sectores; en este país ¿es acaso una sorpresa que se haya «informalizado» la actividad minera? Ante la falta de comprensión del fenómeno y el contexto en que estas actividades ocurren, el discurso de la criminalización corre solo y legitima solamente a los grandes capitanes de empresa, como Roque, una cara nueva de un viejo esquema de orden social peruano.

desco Opina / 27 de setiembre de 2013
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A propósito del próximo simulacro de sismo en octubre

El próximo 10 de octubre se realizará, a nivel nacional, un simulacro de sismo para contribuir a preparar a la población frente al riesgo de un sismo de gran magnitud. Avances importantes se han dado a partir de la afectación que causó el terremoto del año 2007 en el sur peruano, no solamente por la magnitud y el nivel de desastre con los resultados que todos conocemos, sino porque también, se demostró la fragilidad institucional del gobierno para hacer frente a la situación en el momento de la ocurrencia de la tragedia; sobre todo ante los escandalosos indicios de corrupción del gobierno aprista, puestos de manifiesto en el proceso de reconstrucción del sur del país.
En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de vulnerabilidad mediante lineamientos de gestión. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresas públicas en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.
A dos años de promulgada la referida ley, no se notan avances claros en la manera de gestionar el territorio, pues continúan  los procesos de toma de terrenos en zonas de alta vulnerabilidad, donde primero se ocupa y una vez que se logra el acceso al título de propiedad y los servicios básicos, se inicia el proceso de consolidación; que en las últimas décadas ha generado núcleos urbanos con alta probabilidad de riesgo de ocurrencia de desastres de gran magnitud. Villa El Salvador y La Molina, de acuerdo a los informes publicados por el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, presentan vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud por el tipo de terreno que ocupan.
Actualmente, una de las más grandes ocupaciones del sur de la ciudad se viene dando en el distrito de Punta Hermosa, lugar donde los traficantes de terrenos lucran con las necesidades de familias, amparándose en problemas judiciales en donde los supuestos dueños abonan en el conflicto y las autoridades hacen poco o nada para enfrentar un tipo de crecimiento urbano que lo único que hace es mantener y ampliar el caos que produce el crecimiento de la ciudad sin planificación.
A modo de conclusión podemos decir que, justamente por los riesgos y vulnerabilidad que enfrenta el territorio que venimos ocupando actualmente en la ciudad de Lima, es imprescindible contar con los respectivos planes de Gestión de Riesgos; donde la población, autoridades locales y sectores competentes, actúen para evitar este modo de crecimiento urbano, que lo único que genera son problemas que permanecerán latentes en el tiempo y nos llevarán a situaciones de inseguridad, frenando el desarrollo al que muchos venimos contribuyendo.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2013
Programa Urbano
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Un Gabinete corregido, aumentado y puesto al día



Terminada la ronda de conversaciones con los partidos políticos, la pregunta surgida, apenas se dio a conocer esta iniciativa del Ejecutivo mejor dicho, del premier Jiménez, continuó sin respuesta. ¿Cuál era la finalidad de reunirse e intercambiar pareceres entre un Premier que está de salida con agrupaciones fantasmales, unas, seriamente cuestionadas otras, y sin legitimidad todas ellas?

La explicación real tras los formulismos empleados –distensión de las relaciones políticas para mejorar las relaciones con la población y así detener la caída en barrena de la aprobación presidencial era, por decir lo menos, ingenua en un contexto en el que las amenazas de los mineros ilegales/informales/artesanales constituían materia suficiente para que el ministro del Ambiente se viera obligado a declarar que no renunciaría, mientras los emprendedores de Gamarra exigen la intervención gubernamental para amenguar la crisis que padecen debido, entre otros factores, a la inoperancia de Indecopi (que parece reflejar la del Estado) todo, cuando sigue sin resolver la modernización de la refinería de Talara y parece un hecho que el gasoducto del Sur quedará como una buena intención.

Bajo estas circunstancias, que el Frente Amplio de Izquierda acudiera a la cita no parecía buena idea. Incluso, no haber expresado opinión sobre ningún aspecto importante de los últimos meses, acrecentaba las dudas que se tenía sobre el sentido de su presencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la izquierda peruana organizó su participación y forzando una situación que parecía solamente una fugaz oportunidad para la visibilidad, logró convertirla en una expresión política.

Bajo una consigna clara  ¡Qué se vaya el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla!, logró condensar no sólo un estado de ánimo sino una propuesta para salir del atolladero en el que se encuentra actualmente el Ejecutivo.

Enviando al ministro Castilla a casa, la izquierda le dijo claramente al premier Jiménez que se requiere de un nuevo gabinete ministerial, con un titular del MEF más decidido a pasar a una política contracíclica agresiva, que acepte las reconsideraciones exigidas a la estructura del Presupuesto General de la República 2014, que no sea propenso a la centralización del gasto y que concerte la priorización sectorial y la territorial. Además, el nuevo ministro de Economía debería estar alineado con los objetivos políticos de un Premier que tenga mucho más autonomía que sus antecesores en el actual gobierno, capaz de formar su propio Gabinete.

De esta manera, el Ejecutivo se encontraría algo más preparado para enfrentar un escenario cercano que será protagonizado por la conflictividad proveniente de la minería informal, las complicaciones que aparecerán próximamente en torno a grandes proyectos como Antapaccay, Toro Mocho y la salida de Anglo American de Quellaveco. Pero también por la posible protesta de las autoridades del interior del país frente al proyecto de presupuesto 2014.

La fórmula fantasiosa de mostrar un fortalecido ministro de Economía en medio de un aparato estatal flácido, sin reacciones e incapaz de lograr mínimos resultados, no es solamente un lastre para un gobierno que ya ha entrado en enormes dificultades para resolver, sino, incluso, contrario a un modelo económico criticable y en dificultades pero manejable aún, si el gobierno logra hacer los ajustes políticos que se requieren. Todo lo cual avizora una coyuntura esencialmente política en el corto plazo y no porque se acercan las elecciones municipales/regionales.

Las organizaciones sociales, los empresarios y lo que queda de liderazgo político, perciben claramente la inexistencia de un orden básico y entienden que la pugna se da sobre el sentido y las características que aquél debe tener. En este reacomodo de fuerzas, en el que un factor crucial es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación resultante tras la compra de Epensa por el grupo El Comercio, el presidente Humala ha quedado evidentemente aislado lo cual es una señal preocupante pues si descartamos la posibilidad de que pueda administrar la situación o esté en capacidad de dar un golpe de timón, la militarización y el endurecimiento van quedando como únicas alternativas.

desco Opina /  13 de setiembre de 2013
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