El voto en el Sur: un acto de fe

“Keiko nos iba a dar más programas asistencialistas…esos programas han dañado nuestra organización... esos programas que nos ponen en condición de limosneros…yo voté por Ollanta, para que haya más fondos que apoyen nuestra producción…queremos vender en WONG nuestra carne ecológica y de calidad” (Presidente comunal alpaquero).

La primera vuelta electoral representó un primer triunfo del discurso nacionalista del presidente electo Ollanta Humala. Con su voto la población le dio una cuota mayoritaria a la representación congresal de Gana Perú en la Macro Región Sur; 16 de las 23 curules que le corresponden quedaron en sus filas, abonando a su representatividad nacional. El contundente voto presidencial por el nacionalismo, en contraste con los resultados para el voto fujimorista traía consigo un buen augurio.

El 5 de junio la elección por esta opción presidencial, la que muchos llamaron antisistema, fue categórica (Puno 78%, Arequipa 66%, Cusco 77%, Tacna 73%, Moquegua 67%, Madre de Dios 66% y Apurímac 68%). De esta manera el bloque de la Macro Región Sur emitió un voto de fe y de protesta, y es que los últimos 20 años todos los gobiernos le dieron la espalda al desarrollo de la sierra sur, concentrando sus presupuestos en proyectos de envergadura en la costa (central y del norte).

La clase política tradicional se ha negado reiteradamente a aceptar que las diferencias en el país se han ahondado, y es sobre este diagnóstico que Gana Perú impulsó su campaña. ¿Cómo contrarrestar esa desigualdad? El plan de gobierno tiene varias propuestas para dar respuesta a esta pregunta, una de ellas se basa en la regionalización transversal del país, “en la que las regiones estarán conformadas por varios departamentos de la costa, sierra y selva, con lo cual se asegurará la diversidad de recursos para lograr un desarrollo regional equilibrado”. Permitirá, asimismo, una mejor organización política y administrativa del país, con una descentralización más realista y funcional que la actual. Ollanta Humala llevó esta propuesta a sus mítines. En Arequipa, arengó la conformación de la Macro Región Sur para reunir sus fortalezas frente a la apertura de un nuevo mercado con la Carretera Interoceánica Sur.

El sur tiene un gran potencial pero hace falta el afianzamiento del corredor económico productivo (con una diversidad de productos y servicios), el desarrollo de la industria petroquímica (con el gaseoducto sur andino), el desarrollo y diversificación de la agricultura, entre otras cosas, para lograr resultados. Es aquí donde la decisión política del nuevo gobernante es crucial para asegurar una inversión estatal realmente eficiente y orientada al desarrollo que retome, pero en serio, el proceso de descentralización, con transferencia de funciones, esta vez acompañadas de recursos y capacidades para ejercerlas.

Cabe apuntar que en esta parte del país se concentran grandes inversiones mineras (Las Bambas, Cerro Verde, Southern Copper Corporation) y además es rica en recursos energéticos (gas y petróleo), por lo que es fundamental que el nuevo gobierno comprometa sus esfuerzos en conseguir mayores recursos de estas actividades para orientarlas al desarrollo social y productivo del sur. Esto podría lograrse con la anunciada ley de sobreganancias y la revisión de la ley del canon. Puesto que la orientación, en el largo plazo, es dejar de depender de estos recursos no renovables, los que se recauden en este periodo deberían orientarse al fomento de actividades productivas sostenibles diferentes a la minería, a la mejora de infraestructura vial, ferroviaria o marítima existente y a la inversión en el desarrollo de capacidades humanas que son una condición de sostenibilidad.

La demanda es grande y el tiempo corto, por lo que se requiere con urgencia algunos gestos presidenciales, señales que den una idea clara de que, en el sur, el ciclo del olvido va a quedar como un mal recuerdo.

desco Opina - Regional / 17 de junio de 2011
Programa Regional Sur
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Para que siga ganando el Perú

El ciclo electoral iniciado en los comicios de octubre de 2010, se cerró definitivamente el 5 de junio con la elección de Ollanta Humala como Presidente de la República, abriendo para el país un escenario político nuevo. Autoridades regionales más fuertes y experimentadas, las más de ellas distantes de los partidos tradicionales –los grandes derrotados de este ciclo–; un Congreso nuevo y que, si bien fragmentado como el actual, sobre el papel aparece mejor conformado; un Presidente que centró su campaña en su énfasis en la lucha contra la corrupción, percibida por la ciudadanía como el principal problema del Estado; el anuncio de una reforma tributaria basada en impuestos a las industrias extractivas y en cargas directas; y su compromiso con la redistribución mediante la generación de empleo digno y políticas de educación y la salud, combinadas con distintos programas sociales y provisionales.

En otras palabras, se ha impuesto una tendencia que apuesta por más Estado, mayor participación ciudadana, mayor inclusión social y redistribución en un marco de fortalecimiento del mercado interno. Aunque nada de ello exige abandonar el modelo económico, sí supone introducir y desarrollar importantes cambios demandados por la coalición social y política que se «organizó» aceleradamente atrás de Gana Perú y que reedita el colectivo heterogéneo de la Marcha de los Cuatro Suyos, a excepción de Lourdes Flores y el PPC.

Como era de esperarse, desde el instante mismo de su derrota, los principales perdedores iniciaron una presión desembozada contra el Presidente, buscando imponer en puestos clave a figuras que aseguren «que nada cambie». A esa exigencia siguió la caída de la bolsa, el alza del dólar y la amenaza de desestabilización anunciada en los titulares de los mismos medios que semanas atrás, se embarcaron en una inútil campaña de demolición. Sólo faltó el Cardenal poniendo condiciones para la salvación del alma gubernamental. No obstante estas «malas señales» los principales líderes empresariales no han tardado en ofrecer, como tampoco podía ser de otra manera, su apoyo al futuro gobierno y, como en 2006, su compromiso con la inclusión social.

Lo sorprendente es la ausencia de quienes eligieron al nuevo gobierno. Aunque en verdad es temprano, éste no ha mostrado iniciativa respecto a las autoridades subnacionales, las organizaciones sociales o los colectivos que se movilizaron a su favor las últimas semanas. Poco o nada se ha dicho sobre sus demandas y expectativas. Cierto que la economía es importante, pero es evidente que la agenda del país y de los múltiples sectores que votaron por Humala es más amplia y también conflictiva. Dar señales de cómo cambiará el Estado para ser más efectivo en la provisión de servicios y en la atención a la conflictividad social, pronunciarse sobre la agenda de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y la cuestión ambiental, son campos trascendentes para la legitimidad del nuevo gobierno.

Para instituciones como la nuestra, comprometidas con el desarrollo y el cambio social, se abren desafíos importantes. La disputa por la inclusión social en un gobierno que se ha comprometido a distintos programas sociales y a la mejora de la calidad y el acceso a la educación y la salud, adquirirá significado y sostenibilidad si se liga al desarrollo, a la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y a la generación de empleo, entendiendo como inclusión el reconocimiento de derechos y no como construcción de nuevas clientelas. De igual modo, la reforma y democratización del Estado, la lucha contra la corrupción, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la relación con las industrias extractivas en una perspectiva más allá de lo tributario, constituyen algunos campos en los que se inscriben nuestras propuestas.

Lo que hay que tener claro es que la vida continúa; la conflictividad social no se detendrá y continuarán las demandas y expectativas de diversos sectores. Gana Perú y el Presidente electo Humala tienen la obligación, pero también la necesidad, de responder a esta otra dimensión de la realidad, tanto o más importante que la económica, que los ocupa en estos primeros días. Para que siga ganando el Perú es indispensable dar señales de en qué sentido se quiere transformar las relaciones entre Estado y sociedad.

desco Opina / 10 de junio de 2011
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Participación en Lima Metropolitana: nuevo estilo, viejos retos

Los vecinos y organizaciones sociales de Lima Metropolitana participan desde el 2003 de los Presupuestos Participativos a nivel de sus distritos. A pesar de sus limitaciones y de las críticas de diversa índole de los participantes, es un proceso que se da de manera sostenida y que ha aportado significativamente en formalizar las relaciones entre representantes y ciudadanos y en darle a los electores herramientas para fiscalizar a su gobierno local. Por una ruta divergente, durante el mismo período, la Municipalidad Metropolitana de Lima, cumplió apenas en el margen de lo formal con la convocatoria a sus ciudadanos para la toma de decisiones de inversión, en medio de la ambigüedad respecto a si los recursos en juego correspondían al pliego regional o al municipal, dificultando no sólo la participación y el reconocimiento del territorio, sino también las iniciativas de seguimiento y transparencia que por definición acompañan a estos procesos.

Al respecto, una de las principales promesas electorales de la alcaldesa de Lima estuvo referida a un «cambio de estilo en la gestión», proponiendo como pilares la apertura a la participación y la transparencia. Un paso significativo ha sido la convocatoria, en abril, al Proceso de Presupuesto Participativo Municipal y Regional 2012. Cabe anotar que será la primera vez que los ciudadanos del Cercado de Lima podrán acceder al proceso participativo, concertando la inversión municipal en su territorio de manera diferenciada al del resto de la metrópoli, con lo que se manifiesta la voluntad de superar la desatención que acusaba este «distrito menor» que integra el Centro Histórico con los viejos barrios originarios del antiguo casco urbano (Barrios Altos, Monserrate) y sus primeras expansiones (Santa Beatriz, zona industrial) y áreas marginales a su alrededor (Margen Izquierda del Rímac). En el caso del Presupuesto Participativo para el ámbito regional, que involucra a los 42 distritos de la ciudad, se ha logrado la inscripción de 105 Agentes Participantes que definirán sus prioridades de inversión de entre 59 proyectos aprobados que responden a necesidades de orden urbano ambiental, económico, social y de desarrollo ciudadano. El presupuesto aproximado es de más de 50 millones de soles.

La apertura del proceso, presidida por la propia alcaldesa Villarán, con presencia de líderes sociales, genera muchas expectativas, en tanto en su discurso pueden reconocerse muchos de los argumentos de quienes promueven la agenda participativa en los distritos, así como por representar la puesta en marcha de un proceso que contesta «las maneras» de la administración Castañeda, poco afecta al diálogo y la concertación. Para empezar, resulta toda una novedad que el proceso se lleve a cabo dentro de los cronogramas y bajo los procedimientos establecidos y publicados –exigencias legales de las que muchos municipios se «distraen», no siendo la gestión metropolitana precedente la excepción–. Por eso el resultado no sólo debe asegurar una distribución equitativa entre los territorios y un estricto cumplimiento de los plazos establecidos, como cabe esperar de cualquier distrito, sino que debe marcar la pauta futura de un proceso destinado a la resolución de los déficits de inversión que no pueden ser cubiertos con recursos distritales.

Otros pasos significativos en términos de la concertación y el diálogo se han dado en la convocatoria a la sociedad civil a la Asamblea Metropolitana –que no había sido nunca activada por Castañeda– y en el llamado a los alcaldes distritales en torno al Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. A junio, están aún por verse resultados concretos de este primer acercamiento con las autoridades locales, frente al crecimiento de la violencia urbana.

No estar a la altura de estos retos puede generar gran frustración entre los electores que apostaron activamente por el acento participacionista de Fuerza Social, así como redundar en el desprestigio del discurso del diálogo y la apertura y por extensión, de sus voceros en la «sociedad civil», muchos de los cuales se han integrado a la nueva gestión como «técnicos». Susana Villarán tendrá que enfrentar eso que –más allá del poco favor que le hacen los principales grupos mediáticos– la ciudadanía crecientemente percibe como un lento aprendizaje y acomodo de los nuevos funcionarios y directivos frente a una ciudad que exige cambios y ajustes inmediatos.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2011
Programa Urbano
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Que gane el Perú

A escasos días de las elecciones presidenciales, el empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala, indica que la incertidumbre se mantendrá seguramente hasta el día mismo de la votación. En medio de una campaña caracterizada, entre otras cosas, por la guerra sucia y el aliento a los miedos ciudadanos desatada por la mayoría de medios de comunicación nacionales contra uno de los aspirantes, el debate entre ambos tendrá una importancia significativa en la definición del voto de los indecisos. Por lo menos dos o tres puntos estarán en disputa y ellos pueden decidir el final de la contienda.

Lo que está en juego el 5 de junio no es el cambio de modelo económico, como interesadamente se quiere hacer creer. En sentido estricto lo que se disputará es la posibilidad de empezar a construir una nueva correlación social, política y económica que permita algunas reformas para avanzar en la inclusión social de vastos sectores de la población, acercándoles los beneficios del crecimiento económico que vive el país. A fin de cuentas, más allá del debate sobre el modelo económico, es indiscutible que a lo largo del siglo XXI hemos crecido a un ritmo sostenido.

La década del noventa nos dejó un país con 52% de pobreza, un déficit fiscal de 2.8% del Producto Bruto Interno y una caída del gasto real de las familias de -8.4%, que afectó más, como es obvio, a los más pobres. Entre el 2000 y el 2010, tras las transición a la democracia, el PBI prácticamente se ha triplicado y la pobreza ha disminuido, aunque ésta y la desigualdad se mantienen en niveles muy altos que obligan a una acción decidida del Estado y la sociedad, una acción concertada orientada a garantizar la incorporación de más de un tercio de la población, excluida hasta el día de hoy.

Más profundamente, deberemos elegir entre el retorno al pasado y la posibilidad de avanzar hacia la modernidad, asumiendo sin dudas que la democracia, las instituciones fuertes y la participación ciudadana activa, son condiciones ineludibles, si queremos ampliar nuestro crecimiento de manera sostenible; es decir, de una forma socialmente equitativa y respetuosa del ambiente. No debemos olvidar, en consecuencia, que el fujimorismo nos dejó un Estado sometido a intereses particulares, además de profundamente autoritario; las instituciones básicas destruidas, un total desprecio por la vida y los derechos humanos, y una política sistemática de clientelismo que logró el control bien pagado de los medios de comunicación.

Hay que recordar también que el menosprecio de la democracia y el manejo del Estado a partir de los intereses privados, es el escenario ideal para la corrupción; durante la década fujimorista, según cifras conservadoras de distintos organismos internacionales, aquella superó los 7,000 millones de dólares y se instaló en la gestión del Estado sin que haya sido cabalmente enfrentada hasta el día de hoy. Rechazar ese pasado de autoritarismo, corrupción y clientelismo que dejamos atrás y al cual nos negamos a volver por dignidad, pero también porque no genera crecimiento, mucho menos inclusión, debió obligar al país a una profunda reforma e institucionalización del Estado, proceso del que apenas se han dado unos pasos con la reforma descentralista, hoy día bloqueada por la falta de voluntad política y de los intereses del gobierno que concluye.

En este escenario desigual, en el que el Presidente de la República y el Cardenal Cipriani, dos de las figuras llamadas a garantizar la limpieza y el orden de un proceso electoral extremadamente difícil y lleno de riesgos, actúan irresponsablemente en función a sus intereses –el uno usando todo su poder político para evidenciar sus simpatías por uno de los aspirantes, el otro, empleando el púlpito para tratar de condicionar el voto católico– los peruanos y peruanas estamos obligados a decidir nuestro destino.

Los días que restan deben ser un tiempo de razones y reflexión que nos ayuden a decidir nuestro voto pensando en que gane el Perú.

desco Opina / 27 de mayo de 2011
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¿Borrón y cuenta nueva en Apurímac?

En estos días se anuncia en la región Apurímac que el proyecto minero Las Bambas a cargo de la Compañía Minera Xstrata pasará de la fase de exploración a la fase de explotación. Esto supone el inicio de la implementación del sistema de transporte del mineral, para lo cual se habría decidido la construcción de un ducto minero de la zona de Las Bambas hacia Espinar, en Cuzco. Este ducto requiere un insumo importante que es el agua para el funcionamiento de las fajas. El método escogido requerirá entonces el uso de las aguas del río Challhuahuacho. La mitad del caudal del mencionado río sería utilizado con ese propósito, lo cual presupone un estudio ambiental que garantice el abastecimiento de agua sin afectar las necesidades fundamentales de la región. Como sabemos la Ley establece que las aguas (que son propiedad del Estado) deben ser utilizadas principalmente con fines de uso doméstico y en segundo lugar, con fines productivos. Asimismo, se supone también la consulta respectiva a las comunidades y a la población afectada. No llevar a cabo las consultas trae consecuencias como la ocurrida esta semana, que ha obligado a Xstrata a trasladar a su personal y maquinarias por la protesta de las comunidades cercanas.

Mientras esto ocurre, aún no tenemos información sobre cuáles son los lineamientos de acción del nuevo Gobierno Regional de Apurímac: ¿se continuará con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) publicado en 2010?, ¿se elaborará un nuevo plan de desarrollo?, ¿incorpora este PDC los planes de las compañías mineras para la zona?, ¿la población particularmente las comunidades campesinas, están de acuerdo con el sistema de transporte impuesto por la compañía minera?, ¿este sistema de transporte es el más adecuado para el desarrollo y los interés regionales?

Otras alternativas para transportar la producción regional han sido discutidas en su oportunidad, entre ellas la ferroviaria o la apuesta por el mejoramiento de carreteras con la finalidad de transportar productos agropecuarios hacia otros mercados. Además, no debemos olvidar que se ha dialogado extensamente a nivel regional sobre la preservación ambiental, lo cual esta reflejado en el Objetivo Estratégico nº 3 del PDC 2010 que dice que es prioritario «convertir a Apurímac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos».

Entonces, nos volvemos a preguntar ¿concuerdan los propósitos de la compañía minera en Las Bambas, con el Plan de Desarrollo Concertado Regional?, ¿o más bien se han priorizado las alternativas en función principalmente del abaratamiento de costos en el sistema de transporte para beneficio exclusivo de la empresa minera? Lo que resulta verdaderamente grave es que el uso de las escasísimas aguas del río Challhuahuacho (única fuente de agua de la zona) puede dejar un perjuicio irreparable no solo para la región, sino también para el país.

Este es un ejemplo de cómo muchas regiones en el Perú siguen siendo manejadas como economías de enclave en las cuales el planeamiento empresarial está desarticulado de los planes regionales y de los intereses nacionales. En términos generales, los espacios de reflexión y los planes de inversión de las empresas mineras tienen limitaciones para incorporar canales de participación, fortalecer los sistemas organizativos, mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos e introducir elementos de sostenibilidad social y ambiental.

En ese marco, un tema insuficientemente discutido en términos ambientales es la construcción de mineroductos que van desde las zonas de producción hacia los centros de acumulación. Se señala su efecto positivo al evitar el tránsito de un gran número de camiones por las carreteras, pero no se discute el efecto del uso del agua para su funcionamiento (los ductos transportan el mineral mediante presión hidráulica). La cantidad de agua que requiere esta tecnología es significativa. Además, esta alternativa, limita el transporte hacia un producto exclusivo, negando la posibilidad de aportar al crecimiento del mercado interno con el transporte de otros productos aparte de los minerales que, tarde o temprano, se acabarán.

Más allá de la necesaria discusión sobre el impuesto a las sobreganancias, urge que los debates electorales aborden estos aspectos de la operación de las empresas mineras y sus potenciales impactos en el medio ambiente.

desco Opina - Regional / 20 de mayo de 2011
Programa Sierra Centro
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¿Quiénes demuelen la democracia?

En lo que a la prensa se refiere, atónitos y perplejos asistimos a una de las campañas electorales más sucias que se recuerde. Esto que bien pudo afirmarse en el 2000 y 2006 debe repetirse en las actuales circunstancias. Es tal la desproporción, desequilibrio e inequidad en el trato que otorgan a uno y otro candidato parte de los grandes medios de comunicación impresos, televisivos y radiales, que la situación ha excedido el límite de lo tolerable.

Nadie puede negar el derecho que tienen los dueños de la prensa para formar y difundir su propia opinión. A lo que no tienen derecho es a desinformar y deformar la noticia y a la vez hacer creer que tienen objetividad, esperando respeto por esa objetividad de la que carecen. Se les ha visto y se les oye triturando con ataques despiadados y sin fundamentos al candidato Ollanta Humala, sin dar siquiera una mínima oportunidad de réplica. El domingo pasado asistimos a una grosera emboscada en la que se le invita a un programa televisivo y luego se le impone una nueva entrevista con el director de un periódico que lo insulta a diario.

En la base de cualquier democracia saludable, descansa una amplia e incuestionable libertad de expresión porque ella es el requisito indispensable para que se formulen y debatan las diversas corrientes de opinión que se generan en la sociedad. Sin embargo, cuando ella se altera al imponerse una serie de intereses privados sobre la obligación periodística de informar, es obvio que tendremos un escenario enrarecido en donde circulan medias verdades y falacias con el único propósito de distraer y ocupar a los atacados en responder a literales cargamontones, sin darles oportunidad de exponer sus ideas. En efecto, los mismos que reclaman al candidato Humala explicaciones sobre sus distintas propuestas programáticas, impiden que las exponga, bombardeándolo en su lugar con aparentes acusaciones que un mínimo de reflexión descubre de naturaleza absurda.

Más aun, son los que exigieron una declaración puntual –casi una promesa– al mismo candidato sobre su respeto irrestricto a la libertad de expresión, que cuando la emitió sólo sirvió para que respondan que no le creían. Sin embargo, se cuidaron de no hacer la pregunta en cuestión a la candidata que cuando ejercía sus funciones de Primera Dama, probablemente los vio desfilar en la «salita» del SIN, poniendo a la venta las líneas editoriales de sus respectivos medios.

Pero, la situación ha llegado a tal nivel que, a diferencia del pasado, cuando un mínimo de vergüenza hizo que estos empresarios de las comunicaciones actuaran sigilosamente en las sombras, hoy no guarden siquiera las formas. Hemos sido testigos de la abierta compra de un periodista, con el propósito exclusivo de arrojar todo lo que pueda sobre la candidatura de Ollanta Humala, a través de un canal de TV.

Sin embargo, la indignación frente a una situación que contradice cualquier estándar mínimo de democracia, no debe dejar de lado preguntarse por las causas. Es evidente que los que la generan están poseídos por el miedo, porque es eso lo que transmiten. Pero, ¿miedo a qué?

Aun cuando insistan en el factor Chávez, en el fantasma de Evo, en las «expropiaciones», en Velasco, y otros pretextos más, es obvio que todas ellas son maniobras distractivas. Tal vez, a beneficio de inventario, la razón es más sencilla y concreta. El pasado cuenta, respalda y da garantías y, en ese sentido, es el fujimorismo lo más idóneo, a ojos de estos empresarios, para emprender los buenos negocios de siempre. Por lo demás, muchos de los medios nacionales embarcados en esta operación, arrastran confusos juicios por la propiedad de aquellos y mantienen importantes deudas tributarias. Necesitan, en consecuencia, la protección del poder y es evidente por quién se sienten protegidos y por quién amenazados.

Frente a ellos están, seguramente, aquellos innumerables empresarios que sí creen en el libre mercado, se esfuerzan diariamente por ser competitivos y pagar sus impuestos, quienes ven frustradas sus expectativas ante estas prácticas. También estamos los que creemos en una democracia que no sea de papel, sino efectiva.

desco Opina / 13 de mayo de 2011
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La selva central y la segunda vuelta

Han pasado cuatro semanas desde la primera vuelta electoral y estamos a un tiempo similar del 5 de Junio y, contrario a lo que muchos creen, de cara a esta segunda vuelta, la población electoral de las localidades más pequeñas del interior del país tienen la misma incertidumbre que los electores de las grandes ciudades. Sin embargo, saben reconocer que en la selva central, Keiko y Ollanta no están en similitud de condiciones para ganarse las confianzas de ese 45% que en la primera vuelta respaldó a otros candidatos.

Para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista. Sus pobladores, indistintamente de sus preferencias políticas y a pesar de que en muchas de las intervenciones militares se han comprobado violaciones de derechos humanos –desventaja para Ollanta y su supuesta vinculación con desapariciones forzadas en el caso Madre Mía– le reconocen al gobierno de Alberto Fujimori la decisión política para la recuperación de la paz social en la zona. Esta se hallaba hasta mediados de la década de los 90 a plena merced de los grupos subversivos, quienes mediante amedrentamientos, secuestros y asesinatos, extorsionaban económica y políticamente tanto a autoridades y líderes sociales así como a las comunidades nativas y agricultores comunes y corrientes, lo que ocasionó abandonos masivos de los predios rurales y el retraso en el desarrollo de la zona. El reconocimiento fujimorista quedó demostrado en las últimas elecciones municipales al ganar esta agrupación las tres alcaldías provinciales de esta subregión (Oxapampa, Chanchamayo y Satipo). Ese mismo aparato de simpatías le fue útil para ganar las preferencias por escaso margen en las urnas presidenciales del distrito electoral de Pasco y colocar a un congresista por esa región (la otra curul pasqueña la ganó Perú Posible), siendo Oxapampa la provincia que inclinó la balanza electoral regional, favoreciendo a los ganadores los cuales se distanciaron de sus contendores al acumular, entre los dos, casi el 70% de los votos provinciales. En la región Junín, al fujimorismo no le alcanzó el respaldo de la selva; el triunfo de Ollanta a nivel presidencial fue contundente pero igual la movilización de sus simpatizantes le alcanzó para ganar el respaldo en el nivel congresal y obtener dos curules para su agrupación.

A Ollanta, en Pasco, las preferencias presidenciales no le fueron malas, pero nadie se sorprendió de que sus candidatos al Congreso no hayan conquistado ninguna de las dos curules en disputa. Personajes poco conocidos, liderazgos poco relevantes con discursos beligerantes y de escasa movilidad y convocatoria proselitista. Si a nivel presidencial el ollantismo ocupó el segundo lugar, en el rango congresal quedó relegado, casi empatando con Alianza por el Gran Cambio, al cual le ganó el cuarto lugar por escasos dieciséis votos y quedando miles de votos por detrás de Fuerza 2011, Perú Posible y Solidaridad Nacional. Por ese escaso compromiso y organización de la campaña en la primera vuelta, no es de sorprender que para esta nueva etapa electoral, mientras los fujimoristas pasqueños demuestran mayor movilización y dinamismo, la militancia de Gana Perú que respalda la candidatura del comandante, puede ser contada con los dedos. La otra cara de la moneda se le presentó con sus candidatos al Congreso por el distrito electoral de Junín: conquistaron dos de las cinco curules en disputa y a todas luces se convirtieron en el soporte político local para apuntalar la candidatura presidencial.

La frase que se acuñara en la segunda vuelta del año 2006, para referirse a la elección entre Humala y García –elegir entre el cáncer o el sida– ha sido refrescada en nuestras memorias por nuestro Nobel de literatura y, aunque Vargas Llosa no tenga reconocida capacidad de inducir a los votantes, los temores hacia Keiko y Ollanta son compartidos por grandes sectores de votantes del centro selvático del país. Tal parece que los peruanos nos estamos acostumbrando a tener que escoger no al mejor candidato presidencial, sino a aquel que represente el mal menor, y eso se visibiliza cuando se indaga sobre las preferencias electorales para la segunda vuelta: la gran mayoría no nos dice por quién va a votar, sino por quién no lo haría, es decir, sienten la vergüenza de asumir abiertamente sus posturas políticas de cara a esta nueva etapa de los comicios presidenciales.

Lo que sí ha quedado claro es que el poblador del interior del país viene madurando en su condición de elector y, a pesar de sus miedos y de su limitada alfabetización política, ha aprendido a direccionar sus votos y viene reflexionando sobre las conveniencias para su condición económica y social con la elección de tal o cual candidato. Es consciente que aunque no les llegue el chorreo, las políticas públicas necesitan ajustes y no que estas sean reemplazadas por los populismos. Parece mentira, pero se ha identificado que mientras más ofrecimientos reciben de los candidatos, los electores se sienten más desconfiados de ellos. En definitiva, nos queda claro que la gran mayoría no quiere prebendas de momento que en el futuro les pueden transferir las facturas, por el contrario, están ansiosos de soluciones viables y permanentes para sus problemas.

desco Opina - Regional / 6 de mayo de 2011
Programa Selva Central
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