Aunque no se refirió a
su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de
julio Keiko Fujimori
buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis
internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de
los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado,
adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la
pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus
asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora
considerablemente mayor en las ciudades.
De esta manera, la referencia previa al
Estado catastrófico
puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las
responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las
sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde
las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.
Los esfuerzos oficialistas,
por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato
del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de
reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó”
al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el
presente.
Es la tónica que
prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas
identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”;
aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han
sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos
encontramos,
manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo),
auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos
para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados
por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero
militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para
asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.
También en la declarada
intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre.
Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y
también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos
casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista,
¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?
Keiko habló como si
recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es
una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda
política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni
por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que
creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.
Tampoco sintió la
necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los
principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad
de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y
regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que
decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear
conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.
No tendrá esa
tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a
borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un
par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria,
conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán
muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su
acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su
eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.
A favor tendrá una
cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea;
las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la
institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una
gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.
En este escenario, por
ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes
empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas.
En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.
desco Opina Regional / 31 de julio
de 2026
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