Tenemos un país paralizado. La
inversión estatal se ha retraído considerablemente en el territorio a raíz de
los casos de corrupción develados a todo nivel; sumado a ello tenemos conflictos
latentes que no están siendo debidamente atendidos por el gobierno, acumulándose
la presión que amenaza con desbordarse cada vez con mayor frecuencia. Ya
sucedió con los productores de papa hace poco y, lo veremos muy pronto en
Melgar y Lampa (Puno) y en Islay (Arequipa), si el gobierno no se manifiesta
con firmeza demostrando que son más importantes los habitantes de estas zonas
que el empresariado minero; sobre todo cuando se trata de conflictos
socioambientales, que equivalen al 69% del total de conflictos registrados a enero de este año por la Defensoría
del Pueblo.
La contaminación en ríos de Puno a
raíz de las operaciones de la empresa minera Aruntani tiene una larga data.
Tenemos noticias desde el 2012, cuando la empresa denunció a un dirigente
social por acusarla sin pruebas de contaminar los ríos cercanos a causa de la
intervención de su proyecto Arasi. El 2016 el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó otra medida preventiva contra Aruntani
para detener la contaminación del río Chacapalca, ubicado en el distrito de
Ocuviri, provincia de Lampa. Hasta el año pasado Aruntani ha merecido hasta cuatro de estas medidas por contaminación en esa zona. Asimismo,
en la provincia de Melgar, la vulnerabilidad de la cuenca LLallimayo debido a la
contaminación producida por esta minera, tiene alarmada
a la población y a sus autoridades. La muerte de cientos de peces en el río
Llalimayo –hace pocas semanas– ha sido el detonante para que la población de la
cuenca anuncie el inicio de una huelga indefinida, cansados de la indiferencia e inacción de las autoridades de
la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno desde el
2016 para abordar los problemas socioambientales de la cuenca. Al parecer, la
empresa Aruntani seguirá contaminando, pues ni las medidas sancionadoras de la
OEFA ni de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), han sido suficientemente
disuasivas para impedir sus malas prácticas.
En Cocachacra, en el valle de Tambo,
los ánimos siguen caldeados por el inminente inicio de operaciones del proyecto
Tía María de Southern Perú Cooper Corporation. Los pobladores temen que ello afecte
irremediablemente el valle, una de las despensas alimentarias de la región. Ni
la declaración de la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, afirmando que aumentó la confianza por el proyecto
en Cocachacra, ni la de Oscar Rocha, presidente de Southern, asegurando que ya
cuentan con la licencia social para iniciarlo, han apaciguado el miedo de la
población por las consecuencias que tendría Tía María en operación. Los
antecedentes de la empresa en el valle por los estragos causados años atrás por
la Fundición de Ilo en sus terrenos agrícolas tienen aún un peso enorme, y eso
hasta ahora no parece haber sido entendido por el gobierno en su real
dimensión. En Islay instaló una Mesa de Desarrollo en el 2015, cuyos resultados desconocemos,
porque han sido poco difundidos por los medios de comunicación del Estado. Así
las cosas, la población de diversos distritos del valle, participó hace unos
días en una marcha de protesta ante el anuncio del inicio de operaciones de la
empresa en julio próximo, razón por la que están evaluando acatar una nueva huelga indefinida.
En una reunión en Arequipa, Rolando
Luque Mogrovejo, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) del gobierno, reconoció que uno de los más
grandes problemas en la resolución de conflictos en el Perú, es que los
acuerdos tomados en las mesas de diálogo no se materializan en su totalidad. Y
es que –por lo visto hasta ahora– la política estatal en resolución de
conflictos, se ha limitado a poner un parche al problema y seguir adelante. O
peor aún, hacer uso de los estados de emergencia para inmovilizar a la población que
tenga algún reclamo legítimo contra una empresa minera, como está sucediendo
actualmente en el corredor vial minero Arequipa-Cusco-Apurímac.
Es preocupante la inacción del
gobierno ante estos grandes conflictos por estallar. En el caso del proyecto
Tía María, dada la recuperación del precio del cobre en el mercado, el gobierno
ha reforzado sus muestras de interés por sacarlo adelante, antes que
preocuparse por resolver los reclamos de la gente del valle. La desconfianza
está creciendo. No se equivoquen otra vez.
desco Opina - Regional / 23
de febrero de 2018
Programa Regional Sur
- descosur
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