COVID-19 y las vacunas en Junín

 

En Junín el COVID-19 causó crisis sanitaria, económica y social, por ello el proceso de vacunación es importante para enfrentar los riesgos en la salud pública derivados de la pandemia, principalmente en la disminución de la sobrecarga del sistema de salud para contener los casos graves de hospitalización. Los estragos que viene generando están asociados al decreciente acceso a los derechos económicos y sociales, con un impacto diferenciado y desproporcional en los diversos grupos en situación de vulnerabilidad.

En lo que va del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Producto Bruto Interno en Junín creció solo en 3,8%, además, según las proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la jurisdicción, la pobreza multidimensional alcanzaría al 27% de la población, es decir, más de 336 000 personas se encontrarían en esta situación de vulnerabilidad; a ello se suma que según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la región Junín el empleo en el sector privado formal se redujo en 6,1% y la informalidad creció al 70%.

Asimismo, la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín) reporta más de 20 000 partos por año, de los cuales 3607 nacidos vivos entre el 2020 y 2021 no cuentan con el documento de identidad por los servicios restringidos durante los picos altos de la pandemia. Otro indicador desalentador es la salud mental, según la misma fuente, 3554 personas sufren alteraciones de salud mental, un 25% incrementó ansiedad, depresión y estrés.

Datos actualizados al mes de agosto de casos confirmados de contagios por COVID-19 en la región Junín arrojan la suma de 122 926, mostrando una curva oscilante que representa entre 80 a 90 nuevos casos diarios. Las provincias con mayor incidencia de casos son Huancayo (60 529), Satipo (15 781) y Chanchamayo (15 652). Bajo este escenario la Diresa Junín, en el marco del Plan Junín Libre de Coronavirus, logró inocular a la fecha con vacunas Pfizer y Sinopharm: (i) 423 804 personas con primera dosis, (ii) 361 239 personas con ambas dosis; así el 34.1% de la población total de Junín cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 28.99% está totalmente inmunizado. Cabe precisar que las personas vacunadas tanto con primera y segunda dosis, son mayores de 28 años.

Sin embargo, aun siendo optimistas en el proceso de vacunación –entre primera y segunda dosis contamos con 785 043 vacunas aplicadas–, esto no es suficiente para proteger a la población regional. Por esta razón exhortamos a las personas acudan a vacunarse, pues pese a las campañas de cuidados difundidas por la Diresa, en Junín se confirmaron los primeros dieciséis casos de la variante Delta, los que fueron registrados en los distritos de Huancayo (3), El Tambo (6), Chilca (1), Huayucachi (2), Pilcomayo (2), y la Provincia de Chanchamayo (2), que a la fecha se encuentran aislados. Este escenario es preocupante por la capacidad resolutiva del sistema de salud en la región ante una eventual tercera ola; sumado a que un sector de la población sigue reaccionando negativamente respecto a las vacunas, sobre todo frente a Sinopharm, debido a una mala información.

Finalmente, insistimos con la población juninense en la urgente necesidad de cumplir con las dos dosis de vacunación para asegurar su efectividad. Según la Diresa, a pesar de todo lo mencionado, Junín es una de las regiones que más avanzó con el proceso de vacunación y generó un impacto positivo, la demanda de hospitalización ha disminuido en un 30 a 40%. Sin embargo, el tema sociocultural podría jugar en contra en una región altamente festiva, donde las celebraciones de distinta índole son cotidianas, lo que debería poner en alerta a las autoridades a fin de no bajar la guardia respecto a los protocolos de seguridad.

 

desco Opina - Regional / 3 de setiembre de 2021

descocentro

Batiburrillo político

 

El Gabinete presidido por Guido Bellido, acudió al Congreso para obtener su voto de confianza, como estipula la Constitución vigente. Sin embargo, son pocas las veces en las que este procedimiento se haya llevado a cabo en un ambiente tan tormentoso como el actual.

Sin considerar la posibilidad, cada vez más cierta, de una tercera ola de la pandemia con consecuencias no previstas, la población peruana siente sobremanera el impacto de la inflación de los precios de los combustibles y alimentos, así como la apreciación del dólar respecto a la moneda nacional. Pero, no hay claridad en las causas y, menos aún, cómo enfrentar esta situación.

En todo caso, esto no puede atribuirse solamente a la idea de «desorden político» que busca instalar la derecha, porque a todas luces son resultados que trascienden a lo que pudo hacer o no un gobierno que tiene solamente tres semanas de gestión. Lo que sí puede señalársele al actual gobierno es que, en medio de su confusión, no haya previsto estas situaciones y amenguar sus efectos, lo cual empieza a pasarle una temprana factura.

Así, la encuesta nacional del IEP, realizada entre el 16 y 19 de agosto, tuvo entre sus resultados, además del rapidísimo desgaste del Presidente de la República –cayendo su aprobación del 53% al 38% en dos semanas–, el bajo grado de confianza que inspira (46% de la población), la generalizada opinión sobre la necesidad de realizar cambios en el Gabinete ministerial (79%), y las preocupaciones de la población peruana sobre su futuro económico (el 44% considera que empeorará su economía familiar y el 43% la economía del país).

Esto último, guarda sintonía con lo publicado por Ipsos Apoyo, cuando afirma que el 50% de la población expresa preocupación ante el gobierno del presidente Castillo, a solo dos semanas de haberse instalado.

Como suele ocurrir en estos casos, los voceros gubernamentales salieron a relativizar los resultados, apelando a los posibles errores metodológicos y las motivaciones políticas de las empresas encuestadoras. Sin embargo, deberíamos indicar que estos cuestionamientos desde quienes gobiernan nunca han sido acompañados de evidencia pertinente que contradigan los resultados presentados. Ha sido igual en este caso.

Mientras la opinión ciudadana, al parecer, iniciaba un rápido y profundo declive en su aceptación hacia el gobierno del presidente Castillo, éste pareció empeñarse en propiciar lluvia sobre el terreno mojado. El caso paradigmático de esta figura fue, sin duda y por ahora, la manera como resolvió políticamente la renuncia del canciller Héctor Béjar.

Las formas usadas por la derecha peruana para provocar esta decisión fueron, todas ellas, totalmente ajenas a cualquier criterio democrático. Pero, también, fue una «guerra anunciada» con procedimientos más que conocidos, porque si la derecha peruana encarnada en el fujimorismo no pudo ganar las últimas elecciones, fue precisamente porque no tiene otra manera de entender el régimen democrático que no sea una aplanadora puesta a su servicio, para arrasar así a cualquiera que se oponga a sus intereses.

Eso mismo, en versión corregida y aumentada, es lo que vemos en esa derecha mandona y cuartelaria que expresa Renovación Popular: la democracia como un ejercicio de suma cero, que le sirve de marco para imponer “una lista no negociable” de ministros que deben renunciar, porque ellos –y solo ellos– consideran que así debe ser. Finalmente, el lugar de Béjar ha sido ocupado por un diplomático de carrera y los cuestionamientos cambiaron de sentido. Ahora provienen desde sectores anidados en el partido gobernante, porque estiman que el nuevo Canciller es una concesión intolerable a la derecha.

Así, envalentonada porque considera que ha arrinconado al gobierno, la derecha arreció con sus exigencias de renuncias ministeriales, dizque, para proceder a otorgarle la confianza al Gabinete Bellido lo que, a su vez, fue respondido al inicio con una posibilidad de cambios para luego imponerse los duros de Perú Libre y decidir presentarse con el Gabinete tal cual está en estos momentos.

Este ha sido un escenario preocupante por la falta de iniciativa del espacio gubernamental y así llegó el Ejecutivo al 26 de agosto, día de la presentación del Gabinete, con nerviosas reuniones previas de ministros. En suma, fue muchísimo el ruido para tan pocas nueces porque de lo escuchado al premier Bellido solo podrá deducirse sin temor a equivocaciones que nada de lo que alimentó el griterío de la derecha peruana tuvo justificación alguna, pues ha sido más o menos lo que se presenta como «estrategias» gubernamentales en los últimos años. Salvo que suponga que crear un sistema de cuidados, cambios en el sistema de pensiones o plantear dudosas reformas al servicio militar, lo más «radical» que presentó el premier Bellido, sean las pruebas del «comunismo» gubernamental.

Más aun, Bellido fue tan fiel a lo anterior, que incluso siguió estrictamente sus formas: una enorme lista de lavandería que dice algo sobre lo que desea hacer, pero absolutamente nada sobre los resultados que se esperan obtener, salvo asistir y subsidiar a «la población vulnerable», lo cual es necesario, pero lejanamente suficiente.

En fin, al cierre de esta publicación, queda pendiente el debate congresal, sin que sepamos si se seguirá auspiciando la redacción de una nueva Constitución o, lo que es peor, qué vamos a hacer para que las familias peruanas superen permanentemente, sin asistencialismos ocasionales, su actual depresión económica.

 

desco Opina / 26 de agosto de 2021

La quimera del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación

 

En el marco de la lucha que el país sostiene contra el COVID-19, se manifestaron muchas falencias dentro de la gestión del Estado, las que dieron como resultado un sistema de salud ineficiente, condiciones de trabajo precarias, limitado acceso a tecnologías y amplias brechas educativas entre zonas rurales y urbanas. Asimismo, se reveló nuestro serio retraso en ciencia, tecnología e innovación (CTI en adelante), ejemplo de ello fue la imposibilidad de procesar suficientes pruebas moleculares por falta de laboratorios o realizar una vigilancia sostenida (y real) de decesos, contagios y recuperaciones, mucho menos identificar zonas de riesgo de infección en las regiones.

Aunque en el 2021 se registran avances sobre los puntos señalados, la pobre inversión que tiene el Estado en CTI estimada entre 0,15% a 0,2% del PBI cuando países de la OCDE alcanzan el 4,5%, la precaria e insuficiente infraestructura y el retroceso a 7 posiciones del ranking mundial de innovación 2020 (ocupamos el puesto 76 de 131 países); motivaron que cuatro partidos políticos (Frente Amplio, Partido Nacionalista, Juntos por el Perú y Perú Libre) consideraran incorporar la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en su discurso de campaña electoral y plan de gobierno.

Instalado ya el mandato de Pedro Castillo, no extrañó que, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, anunciara que promoverá la creación del primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú, el cual sería la institución encargada de generar conocimiento necesario para el desarrollo de la CTI del país y canalizar el retorno de científicos peruanos que migraron al exterior por falta de oportunidades.

Si bien es cierto que todos los partidos políticos, empresas, academias y sociedad civil están de acuerdo con promover el desarrollo en CTI para elevar el nivel de vida de la población, difieren en la manera en que aquella pueda lograr la madurez, o al menos empiece a dar los primeros alcances de su desarrollo en el país. Las opiniones y argumentos son variados, pero pueden agruparse en dos posturas: la primera, a favor de la creación del Ministerio, está asociada a que Concytec no logra aún consolidarse y el resultado es que las instituciones dedicadas a CTI trabajan actualmente de forma aislada o sin la mejor integración, por lo que es vital la creación de una institución que sirva de columna vertebral y canalice todos los esfuerzos asociados a ella para desarrollarla adecuadamente, de modo que se puedan iniciar investigaciones para reducir riesgos por falta de previsión y desligarnos del estigma de ser un país primario-exportador.

La segunda, en contra de la creación del Ministerio, tiene como foco fortalecer la rectoría de Concytec, ya que la creación de aquel aún es prematura puesto que en los países donde se ha instaurado uno similar, la investigación tenía un mayor crecimiento y la inversión de los gobiernos en ciencia ya era sustantiva: escenario contrario al peruano. Asimismo, se argumenta que no es oportuno que la ciencia y tecnología se configure como uno de los sectores del Estado, pues estos tienen intereses –lo que es positivo– que obedecen a un entorno político que, en los últimos meses, es inestable; por ello se estima que no es sostenible crear un nuevo ministerio «que se encargue» de lo que los otros no pueden incorporar de forma transversal y bajo una gestión holística del conocimiento y la práctica de sus acciones. Por último, otra de las preocupaciones es el presupuesto; el Presidente indicó en su mensaje a la Nación que duplicará el presupuesto en educación, lo que restaría asignación para los otros sectores, incluyendo al de CTI.

Al margen de las discrepancias y bajo estos argumentos, se observa que ambas posturas concuerdan que la articulación entre instituciones es clave y que es necesario que la ciencia, tecnología e innovación tenga un enfoque transversal; aunque esto –a futuro– también nos lleve a preguntarnos si es posible o no hacer que la CTI se desarrolle sin la creación de un Ministerio, o si esta institución solucionará las dificultades planteadas o se convertirá en otro obstáculo que, como consecuencia, limite la creatividad y proactividad de los científicos ante una mayor burocracia, pues para la creación del Ministerio, se debe generar un marco normativo bajo la coordinación conjunta de veinte sectores (ministerios e instituciones adscritas), gobiernos locales, regionales, empresas, academias y sociedad civil.

Efectivamente, existen argumentos tanto para crear el Ministerio como para fortalecer Concytec; pero lo que se requiere con urgencia es que se desarrolle una visión compartida de las fuerzas políticas y actores implicados, la cual debe sustentarse en la idea que los alcances de la CTI deben tener como fin mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquella que no tiene recursos para disfrutar de los avances de ésta, logrando que todas las personas internalicen a la ciencia, tecnología e innovación en la práctica, y no observarla como un elemento externo y puntual asociado a resolver crisis o exclusivo de algunos grupos privilegiados.

Finalmente, determinar la forma de desarrollar CTI en el país dependerá de voluntades políticas; aunque también de que se elija la opción más eficiente considerando el contexto en el que el país se encuentra. Esto implicará considerar que la ciencia deberá desarrollarse con pragmatismo (priorizar problemas sobre ideologías), sostenibilidad (garantizar que los planes sobrevivan a cambios políticos o fenómenos), visión global (perspectiva internacional) y visión estratégica, lo cual permitirá que tengamos objetivos a largo plazo y fundamentados sobre necesidades actuales y futuras del país.

 

desco Opina - Regional / 20 de agosto de 2021

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