Majes II a la deriva

El Gobierno Nacional le dio un ultimátum a la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para la elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto Majes Siguas II, referidos a una adenda que plantea un cambio tecnológico que permita su reactivación. El 17 de enero es el plazo límite para presentar estos documentos. De no tenerlos en fecha, el proyecto pasaría a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Majes Siguas II es el proyecto más emblemático de la región, comprende un sistema hidráulico que permitirá la ampliación de la frontera agrícola a 38 500 hectáreas y la construcción de centrales hidroeléctricas (Lluta y Lluclla) que se calcula producirán 426 megavatios (MW). Se encuentra paralizado desde diciembre de 2017 por la falta de resolución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre una nueva adenda al contrato planteada por la empresa a cargo de su ejecución, que incrementaría su presupuesto en 104 millones de dólares, de los 550 millones que costaba inicialmente el proyecto. A esto hay que añadirle que recientemente, se conoció que el estudio de impacto ambiental del proyecto vence el próximo mayo, y hasta el momento no cuenta con todos los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que exige un proyecto de tal envergadura.

Durante su primer año de gestión, Cáceres Llica tuvo opiniones vacilantes respecto a la resolución de la adenda, hito para la continuación del proyecto. Al inicio de 2019 aseguró que no la firmaría y a mitad del mismo año dijo que sí, pero con modificaciones al contrato, proponiendo que el Gobierno Regional se encargue de la venta de los terrenos y no Proinversion, como está previsto. Este aspecto del proyecto siempre estuvo en discusión, pues la parcelación de los terrenos en pequeñas hectáreas (hasta 20) –como desea la actual gestión regional– podría hacer accesible el proyecto a varios compradores, pero no sería rentable para la recuperación de la inversión, según el esquema financiero en el que fue planteado. Es cuestionable que durante el año que pasó, la gestión de Cáceres Llica no se preocupara por presentar ninguna propuesta técnica para viabilizar esta promesa de campaña que contrarreste el acuerdo (en el Contrato) con Proinversion, de vender como mínimo 200 hectáreas por comprador.

Cumplido el plazo, el Gobierno Nacional tendrá que mover con cuidado sus fichas, pues esta controversia podría ser el Waterloo de la gestión de Cáceres Llica y anticipar la culminación de su gobierno, como muchos sectores anhelan. O podría ser una ola que levante sus alicaídos bonos políticos, muy venidos a menos después de un año de trabajo reprobable. Podría jugar con el fantasma de la centralización a su favor, aunque el proyecto quede paralizado por dos años más y seguir sentado en el sillón regional, pese a la sensación de desgobierno percibida durante su primer año de gestión. Las marchas y contramarchas en este proyecto, que representa una alternativa importante para la dinamización económica de la región, son un síntoma claro de ello.

Finalmente, recién iniciado el 2020 ya Cáceres Llica retó al presidente Martín Vizcarra a batirse en un “takanakuy”, una tradición culturalmente violenta; además, ha sido filmado en una provincia de la costa arequipeña golpeando a una persona. Esto, sumado a sus desatinos durante el primer año de gestión, ha generado que en la capital de Arequipa se perciba una sensación permanente de malestar respecto al comportamiento político y personal del Gobernador. Pese a ello, no hay ninguna reacción social, ninguna marcha de protesta, tampoco hay una oposición política de peso en el seno del Consejo Regional que pueda promover algo más que un llamado de atención. Con Cáceres Llica, Arequipa está tan a la deriva como su proyecto más emblemático.

desco Opina - Regional / 10 de enero de 2020

Programa Regional Sur - descosur

Nuestro informal transporte formal

Hace pocos días los noticieros daban cuenta de los desmanes de los colectiveros informales de Lima Metropolitana. Los colectivos interprovinciales también se sumaron a esas protestas, basando sus demandas en los proyectos de ley de formalización que quedaron en el disuelto Congreso. Curiosamente –o exprofeso– todos estos proyectos fueron elaborados por la bancada de Fuerza Popular. Pocos medios dieron cobertura al paro de este sector de colectiveros y menos aún analizaron la real situación del transporte interprovincial del país que da cabida a la generalizada informalidad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la SUTRAN, organiza campañas de sensibilización para el uso del servicio de las empresas formales y se dedica a hacerse visible monitoreando las unidades que parten de las terminales. Estas campañas son al parecer deficientes; de otra forma no se explica por qué buses formales previamente controlados por esa instancia, terminen a un costado de las pistas con fallas mecánicas.

Existen normas, pero las capacidades del Estado y las voluntades de autoridades, funcionarios y de los mismos propietarios son incapaces de hacerlas respetar o no están dispuestas a ello. Así, no faltan empresas interprovinciales «formales», cuyas unidades no cumplen con las exigencias para el transporte de pasajeros. Esta informalización evidencia los bajos niveles de fiscalización del transporte, limitado a las terminales, pero sin controlar otros asuntos relevantes como las horas del conductor al volante ni las condiciones mecánicas de las unidades.

Existen muchas unidades de transporte que operan sin el debido y oportuno control mecánico, cuyos dueños son empresas «pantalla» que se cierran en 3 o 4 meses o que cambian de razón social para evadir impuestos. Sus choferes no descansan el tiempo adecuado, los trabajadores no están en planilla, tienen un sueldo menor al del mercado o se les paga sólo cuando están de servicio, lo que los obliga a sobrepasar las horas de trabajo permitidas para manejar, poniendo en riesgo la vida de los viajantes. No es raro observar buses que, llegando a la terminal, inmediatamente después embarcan nuevos pasajeros, mientras sus conductores descansan incómodamente en su interior.

Por otro lado, muchos percances de los buses son fruto de las irresponsables maniobras de sus conductores, el exceso de velocidad, la inexperiencia o sus propias condiciones psicológicas. Por ello, no es extraño el alto número de accidentes en las carreteras con víctimas fatales en los últimos dos meses.

Otro tema a resaltar es la calidad de los servicios ofrecidos al pasajero: buses que salen con retraso o simplemente no lo hacen, servicios higiénicos en estado deplorable, cinturones de seguridad ausentes o deteriorados, etc. Si INDECOPI interviniera, mucho de lo ofrecido e incumplido ameritaría sanción de publicidad engañosa.

En conclusión, la informalidad del transporte interprovincial y la mortandad que este provoca se solucionará con un Estado con capacidad efectiva para fiscalizar y controlar a las empresas prestadoras del servicio. Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos subnacionales, en las competencias que les corresponden, deben actuar para mejorar la calidad y seguridad del transporte de pasajeros y carga, lo que sin duda demanda contar con los recursos financieros y profesionales mínimamente adecuados.

Entre otras cosas, el MTC debe evaluar a las empresas y someterlas a procesos de acreditación en plazos perentorios, estableciendo condiciones para renovar las autorizaciones. La Policía Nacional debe jugar también un rol importante en el control del servicio –sobre todo en las carreteras–, y los usuarios deben exigir calidad en el mismo y denunciar irregularidades y presumibles actos de corrupción que permitan la operación irregular e ilegal de las unidades de transporte. Mientras tanto –y tal como está la situación– seguiremos escuchando hilarantes, pero trágicas confesiones de los colectiveros informales: “suba nomás, porque nosotros llegamos más rápido y matamos menos”.

desco Opina - Regional / 13 de diciembre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

El páramo sin llamas

El tres de octubre juramentó el nuevo Gabinete ministerial, luego de que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso. Dos meses después, en medio de una constante picada hacia abajo en su popularidad –algo que, a estas alturas, el Presidente seguramente ya comprendió que no es un dato sustancial para darse estabilidad– muestra un Premier anodino y tres renuncias a carteras tan importantes como Salud, MIDIS y Cultura.

En otras palabras, sin fuerzas contrarias activadas, el gobierno muestra sus debilidades porque no tiene base en que asentarse o porque es en extremo endeble, ya que las causas por las que debió poner de lado a los ahora exministros Meléndez, Tomás y Petrozzi, nos retrotrae a los momentos estelares de administraciones como la del hoy reo Alejandro Toledo, signado entonces por las tropelías de poca monta que protagonizaban sus parientes y amigos.

Otra dimensión que muestra la levedad de la política peruana son los comicios parlamentarios programados para enero del 2020, es decir, dentro de mes y medio. Al respecto, si bien durante diciembre no es posible poner en acción una campaña electoral y, por lo mismo, los candidatos tendrán solo tres semanas para llevarla a cabo, se esperaba un poco más de entusiasmo que el consignado por las encuestas.

A noviembre, según IPSOS-Apoyo, casi el 40% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido ni candidato. Por otro lado, entre las preferencias mostradas no vamos a encontrar indicio alguno de aquella renovación imaginada cuando el Ejecutivo decidió el cierre del Congreso. En efecto, las organizaciones políticas que encabezan las encuestas, entre las que se encuentra la fujimorista Fuerza Popular, connotan todas ellas, continuidades de lo que se quiso poner de lado.

El mismo desinterés, al parecer, se extiende hacia las acciones judiciales contra la corrupción. Que haya salido un grupo de empresarios a declarar públicamente que contribuyeron con las campañas políticas de Keiko Fujimori, desató más encontronazos clasistas revestidos de moralina que evaluaciones sobre los supuestos logros de una supuesta estrategia que supuestamente estaría dándose alrededor de los casos de corrupción. En esa línea, las intervenciones del fiscal Pérez a las instalaciones de CONFIEP para buscar pruebas de hechos que acontecieron hace ocho años, no han dejado de ser observables.

Pero, ¿están realmente preocupados los empresarios peruanos por el grado de corrupción en los ámbitos donde hacen negocios? Según la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, nunca más debe haber corrupción: “Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios”.

Sin embargo, la encuesta aplicada por IPSOS entre los asistentes a CADE 2019 pregunta sobre los riesgos que preocupan a las empresas y la respuesta mayoritaria, con el 45%, es el deterioro del ambiente de negocios en el país. El incremento de la corrupción se ubica en el cuarto lugar.

Igualmente, la excarcelación de Keiko Fujimori debió haber situado las preocupaciones en las implicancias que tiene privar de la libertad a una persona a la que aún no se le ha formulado una acusación para procesarla. Más allá de las consideraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional y de aquellos que se oponen a su decisión, lo cierto es que no hemos tenido una evaluación política de este hecho y todo se ha reducido a buscar fórmulas que hagan aparecer como politizado un fallo judicial.

Mientras tanto, el peruano está preocupado por los elevados índices de inseguridad existentes en las ciudades. También, a los sectores medios urbanos –a quienes empieza a impactar con fuerza la desaceleración económica– les inquietan cuestiones como su creciente nivel de sobre endeudamiento bancario, al compás de la disminución relativa de sus ingresos. A los jóvenes, el desempleo y la precarización de la oferta laboral.

Agreguemos a todo lo anterior nuestro consuelo de haber subido dos peldaños en las pruebas PISA y completamos, mal que bien, el cuadro en el que nos retratamos: distanciados cada vez más de un sistema político que no tiene incidencia alguna en nuestra cotidianeidad y buscando cómo resolver solos nuestros problemas con recursos apremiantemente escasos y precarios.

 

desco Opina / 6 de diciembre de 2019