Tiempo de balances

Terminó la cuarentena y el aislamiento social rígido dictado por el gobierno para enfrentar el Covid-19. La segunda mitad del 2020 será fundamentalmente de incertidumbre y expectativa; la primera alrededor del futuro del país y el final de la pandemia; la segunda sobre la reducción local del virus y la anunciada reactivación económica, que debieran llevarnos a lo que se ha dado en llamar una nueva normalidad.

Ya desde semanas atrás era claro que la denominada estrategia del «martillazo» tuvo un éxito menor al esperado, comprensible antes que, por los muchos errores del gobierno, por los distintos límites estructurales que marcan el escenario en el que opera. El desgaste del Ejecutivo y sus medidas se hizo más ostensible la segunda quincena de junio. Al 2 de julio los casos superaban los 288 000 y la cantidad de muertos bordeaba los 10 000 –número en permanente debate por el subregistro–; los hospitalizados superaban los 11 000, más de 1200 de ellos en cuidados intensivos. Aunque la curva de contagios mostraba una caída y la llegada a la famosa «meseta», se mantenía una transmisión heterogénea, por lo que, en distintas regiones –Arequipa una de ellas– se encontraba en ascenso.

Si sanitariamente no se lograron los resultados buscados –no obstante los esfuerzos hechos por un país que al 2017 era el que invertía menos en el sector entre todos los países de América del Sur– socialmente las medidas y recursos contemplados estuvieron lejos de llegar a todos los sectores a los que estaban destinados, fueron incapaces de resolver la pérdida de ingresos y empleo de la población, mientras los trabajadores consumieron sus ahorros (CTS y AFP), en un escenario en el que no se ha resuelto la continuidad de la cadena de pagos. En resumen, un balance con luces importantes –la cantidad de vidas que se salvaron por un aislamiento temprano y drástico– pero con innegables sombras.

En este escenario, a partir de las crecientes dificultades presidenciales para comunicarse, los defensores del modelo económico arreciaron en su campaña contra el gobierno acusándolo del fracaso en su manejo de la pandemia, olvidando su parte de responsabilidad en la construcción  del Estado débil, ineficiente, clientelar y corrupto que edificamos a lo largo de nuestra historia y que en su actual versión neoliberal, es una construcción a imagen y semejanza de ese paradigma y de la ideología del libre mercado. Sorprendente, porque el compromiso del mandatario con el modelo está fuera de discusión.

A pesar de tales limitaciones y ataques, el 70% de aprobación que alcanza el Presidente en la última encuesta, sigue siendo alto. La opinión pública parece asignarle un rol «protector» al mandatario, pero más allá de ello, sectores de la misma tienen claro que la presión de los grandes por activar la economía es distinta a la que es mayoritaria entre la gente. Aquellos buscan su ganancia y beneficio a diferencia de los cientos de miles preocupados por defender su empleo, conseguir medicinas, defender la educación de sus hijos; en una palabra, sobrevivir y resolver su día a día. De allí que en la encuesta 74% perciba que el gobierno hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 32% de ese total crea que ha cometido errores en la gestión sanitaria; mientras que el 71% opine que hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 39% de ese total perciba que ha cometido errores en la reactivación económica.

Lo que evidenciarían tales resultados es que más allá de la aprobación de la gestión del Presidente, lo que le interesa a la población es cómo pasar este difícil trance que los confronta con el miedo a la muerte y con los efectos de la crisis económica, que como recordaba alguien, puede ser otra forma de morir. En otras palabras, más allá de todos los fallos gubernamentales, muchos de ellos groseros y alentados por quienes hoy día lo señalan, la gente percibe a un gobierno que hace lo que puede, intenta acompañarlos y se muestra visible, lo que hasta ahora le alcanza al mandatario.

En cualquier caso, el mandatario sigue en su juego. Dándose cuenta de que la pandemia ha devuelto al país la centralidad de lo público, donde se le reclama al Estado una función asistencial y de cuidado de la salud de la gente y, a la vez, se le cuestiona su capacidad de regular, ordenar, controlar y promover, más aún en un contexto de emergencia como el que vivimos, encontró en el abuso reiterado de las clínicas privadas –cobros indebidos por las pruebas Covid-19, precios groseramente abusivos por las medicinas y servicios y total falta de transparencia en sus tarifas– la oportunidad para aparecer con fuerza «defendiendo» a la gente, no obstante la falta de voluntad política de su gestión para subordinar al sector privado al interés público usando la Ley de Salud como lo anunciaran dos meses atrás, apelando provocadoramente al artículo 70 de la Constitución y causando los estragos que se observaron entre Confiep y Asbanc en el frente empresarial.

Con estos elementos, más allá de incertidumbres y expectativas, el segundo semestre será caliente con un actor con renovados bríos, el Congreso de la República, que mirando al 2021 ya tiene en agenda la interpelación de seis ministros, convencidos seguramente de que recordar es volver a vivir.

desco Opina / 3 de julio de 2020

Lloviendo sobre mojado: la caída de la fibra de alpaca

La alpaca, por la calidad de su fibra, fue declarada producto bandera del país hace varios años y constituye hoy en día un recurso emblemático, pues los casi cuatro millones de ejemplares que tenemos en nuestro territorio, representan el 80% de las alpacas que existen en el planeta. Un 15% se halla en Bolivia y el resto en los países andinos; algunos miles en Australia y Estados Unidos.

El cierre de los mercados internacionales como consecuencia de la pandemia, ha paralizado las exportaciones y profundizado la caída de los ingresos que recibían los criadores por la venta de la fibra, que ya venían bajando de manera dramática desde fines del año 2018, cuando llegaron a pagarles entre 18 y 20 soles por la libra (460 gramos) de fibra blanca. A comienzos de este año se cotizaba entre 10 y 11 soles la libra. Luego de decretada la cuarentena y la inamovilidad, se suspendieron las compras de las principales empresas textiles instaladas en Arequipa y de los acopiadores intermediarios que tradicionalmente acudían a las ferias o las estancias alpaqueras. Las últimas semanas, los intermediarios han iniciado nuevamente las compras, pero a precios que oscilan entre los 6 y 7 soles la libra, con una clara y preocupante tendencia a la baja.

En la crisis financiera internacional del 2008, los criadores enfrentaron una situación similar en la disminución de precios de su producto, de 11 soles por libra en promedio, pasó a 3 soles, y el precio demoró varios años en recuperarse. A esto se sumó que, a diferencia de los bancos, que tuvieron medidas de salvataje, los criadores no tuvieron ningún apoyo gubernamental para afrontar la reducción de sus ingresos, que llegó a caer en 70%.

A este oscuro panorama, hay que añadirle la estocada que asestó recientemente la organización Personas por el Trato Ético a los Animales (PETA), asociación especializada en promover el consumo vegetariano y la defensa de los animales. Hace unas semanas difundió en las redes un video denunciando el maltrato de las alpacas durante la esquila en el fundo Mallkini de la empresa Michell, y llamando a los consumidores a no comprar ni usar prendas que contengan fibra de alpaca. El video se ha viralizado y habría ocasionado como reacción inicial, la suspensión de compras de otras marcas globales de fibra de alpaca para sus confecciones a Michell; sin embargo, es probable que la afectación de esta campaña comprometa a toda la cadena, perjudicando al eslabón más débil: el productor.

El video presenta escenas magnificadas en la edición (del sonido) de maltrato por parte del personal asignado a la esquila, de un hecho que se encuentra en investigación, sin consideración ni conocimiento de la naturaleza de esta ganadería, que constituye un aporte de nuestra cultura originaria para la humanidad; pero sobre todo, una fuente de ingresos para un importante sector de la población altoandina de nuestro país.

La crianza de alpacas y de los camélidos en general, cuya domesticación se remonta a los 6000 años AC, ha sido el sostén de millones de personas a lo largo de nuestra historia, lo que se manifiesta en la armoniosa relación existente entre los criadores y sus rebaños. Además, en la actualidad, esta crianza cumple un rol importantísimo en la sostenibilidad ambiental de las praderas altoandinas que brindan los recursos hídricos que hacen posible la vida en las principales ciudades costeras de nuestro país, lo que debiera merecer un mayor reconocimiento de parte del Estado, efectivizando la norma de reconocimiento de los servicios ecosistémicos.

Esperemos que este hecho aislado, que definitivamente está reñido con las buenas prácticas desarrolladas por los criadores altoandinos, no repercuta de manera negativa y conlleve a un mayor deterioro de las ya precarias condiciones de vida en las familias alpaqueras, tradicionalmente excluidas de las políticas oficiales, y que la declaración de Producto Bandera de hace años, no siga siendo un «saludo a la bandera».

desco Opina - Regional / 26 de junio de 2020

descosur

Cuando gobernar sí importa

El pecado capital en la ciencia es hacer preguntas para las que no ves posibilidad de respuesta, como en política lo es dar órdenes que piensas que no serán obedecidas, o en re­ligión rezar por aquello que no piensas que Dios vaya a dar.

R.G.Collingwood

Haber aceptado que el gobierno del presidente Vizcarra está haciendo –«heroicamente»– lo que puede con lo que tiene, terminó siendo lo mismo que aceptar su defensa del capital, para evitar su depreciación en estas circunstancias de crisis. Por supuesto, defender el capital a costas del trabajo, del poquísimo trabajo formal existente en el país. Pero el problema no es exclusivamente él, que, al fin y al cabo, parece haber estado conduciéndose según todos los pronósticos esperables de un gobernante que siempre manifestó que su único objetivo era llegar al 2021.

El asunto es que, como plantea Amartya Sen, “hacer frente a una calamidad social no es como pelear una guerra que funciona mejor cuando un líder puede usar el poder de arriba hacia abajo para ordenar a todos que hagan lo que el líder quiere, sin necesidad de consultas. Por el contrario, lo que se necesita para hacer frente a una calamidad social es la gobernanza participativa y la discusión pública alerta”.

Las crisis, cualquiera sea su origen, demandan conducción, coordinación y, sobre todo, convocatoria. En otras palabras, exigen gobierno. Entonces, y seamos claros en esto, además de un Ejecutivo que no puede gobernar, las cosas empeoran cuando desatamos fantasías para no enfrentar la realidad. Como cuando decimos que el resultado es consecuencia exclusiva de 20 años de crecimiento miserablemente desperdiciado o, más sorprendente aun, que felizmente se tomaron las medidas a tiempo para evitar una catástrofe, como si estar en el grupo líder global de indicadores negativos es menos que un detalle.

En suma, la justificación que nos formulamos de la debacle es prácticamente la que le dio el alacrán a la rana, al darle el piquete mortal: somos así, es nuestra naturaleza. No está en nosotros fiscalizar, exigir o controlar una situación que demanda con creces estas funciones. En suma, lo obvio, la falta de gobierno, lo escondemos tras cualquier pretexto que surja como salvavidas.

No se trata de si aprobamos lo que hace el Mandatario –como si hubiera alguna alternativa– cuando lo que debe preguntarse es cuánta confianza nos genera. Porque, recordemos, nuestra democracia puede soportar un Presidente con 80% de aprobación en medio de una alta inestabilidad, como le sucede a Vizcarra y, por otro lado, tenerlo con 4% de aceptación, como Toledo en su momento, sin que el piso se le haya movido lo suficiente como para que dejara sus funciones.

Entonces, gobernar en estas circunstancias de crisis sanitaria era detener rápidamente la propagación, en la que el distanciamiento social resultaba un mecanismo importante. Hasta allí, todo bien. El problema vino cuando al intentar desacelerar la propagación de la enfermedad no se tuvo en cuenta que ésta impactaba de manera diferencial en la sociedad y podía causar verdaderos estragos, como finalmente sucedió, entre los pobres, vulnerables y precarizados que componen la inmensa mayoría del país.

Luego, debe aceptarse que el empleo y los ingresos son las preocupaciones centrales para cubrir a la población que ha sido más afectada. Pero esto pierde alcance irremediablemente cuando se estima que es un medio para restablecer una «demanda» genérica. Lo que ha mostrado la experiencia es que los golpes en los ingresos de los pobres urbanos, devasta fundamentalmente sus medios de vida, es decir, la accesibilidad a los alimentos.

Así, la tarea central del gobierno para prevenir la calamidad social debió ser escuchar cuáles son los problemas, dónde están exactamente y cómo afectan a las víctimas. Además de escuchar y alentar las vocerías desde la sociedad, debió promover también el debate y difundir al máximo la información.

Y esto no es solo un prurito moral democrático. Tiene mucho de utilitarismo. Como hemos visto, el tema analítico clave, ampliamente aceptado, es simple. Se necesita un mar de apoyos puntuales y específicos para enfrentar la dislocación económica provocada por la combinación de la epidemia, los esfuerzos de contención de la salud y las reacciones angustiadas de individuos, empresas e instituciones financieras.

Por eso, arrojar indiscriminadamente grandes cantidades de dinero, desde un infame helicóptero o repartiendo bonos sin ton ni son, no es una forma efectiva de lidiar con la enorme cantidad y calidad de dificultades que irán revelando paulatinamente la economía y la sociedad. Podemos tener una larga lista de cuellos de botella, podemos descubrir cada vez más situaciones a tratar y las respuestas políticas requeridas suelen ser sencillas. Sin embargo, de lo que se trata es que no vamos a barajar algunos, muchos o incluso la mayoría de ellos para obtener un buen manejo de la situación. Lo único dable es identificar y tratar con todos ellos.

Ahora bien, eliminarlos será enormemente costoso. En promedio global, los diversos planes anunciados por muchos gobiernos podrían costar el 5% del PBI, posiblemente mucho más y esto significa que tendremos que elaborar cuidadosamente las medidas de política con un ojo vigilante sobre la efectividad.

Entonces, para finalizar, la eficacia del gasto público que siempre es un desafío, lo es más en situaciones de emergencia porque, entre otros aspectos, deberá ponerse de lado algunas reglas presupuestarias explícitas o implícitas y prácticas de gestión prudente. Para empeorar las cosas, realmente no sabemos cuánto se necesitará, y la factura podría crecer a medida que descubramos más y más situaciones que deben ser intervenidas.

desco Opina / 19 de junio de 2020