Las víctimas que se olvidan

Es de lamentar toda fatalidad que causa inocentes víctimas. Personas que, por causa del infortunio, estuvieron en el lugar y el momento equivocado y que, por ello, sufrieron las consecuencias de los embates de la naturaleza o, peor aún, de la desidia del Estado.

Desde este punto de vista, nos solidarizamos con los familiares del niño que en enero pasado quedó en estado de coma luego que una piedra le cayera desde el acantilado de la Costa Verde, en Lima. Coincidimos en que esta desgracia pudo ser evitada si las municipalidades correspondientes hubiesen cumplido con sus responsabilidades funcionales.También creemos que desde el Estado se debe de dar el apoyo al niño hasta lograr su total recuperación. En este caso la cobertura de la prensa fue de vital importancia. Sin presión mediática, quizá ninguna autoridad o funcionario hubiese asumido responsabilidades claras.

Desde el inicio de las lluvias hasta la fecha, en la selva central se han registrado muchos huaycos, ocasionando múltiples pérdidas de vidas humanas así como localidades arrasadas. Sin embargo, no hay seguimiento sistemático de los medios frente a estas tragedias, que terminan reducidas a incidencias presentadas en pocas líneas de un periódico local o en un par de segundos en alguna televisora: como si lo ocurrido no tuviese mayor importancia.

Los medios deberían hacer seguimiento más allá de la tragedia al interior de los distritos afectados, donde el aislamiento por desastres naturales deja desabastecidos de alimentos y medicinas a los pobladores de localidades probablemente pobres o muy pobres.

Las radios locales, sí hacen este tipo de cobertura, que se extiende durante varios días. Su alcance, sin embargo, no parece suficiente para sensibilizar a las autoridades, o siquiera llamar su atención. Cabe preguntarse cuáles son las fuentes de información que los gobiernos locales y regionales de la Selva Central usan para atender sus problemas, especialmente en el contexto de Pasco, donde el espacio de selva está muy distante del centro del gobierno, en la ciudad de Cerro de Pasco.

Inclusión social significa promover el desarrollo del país de manera mínimamente equitativa. Lamentablemente, es evidente que existe cierto desdén frente a los problemas del Perú rural y que la gestión de los territorios le queda muy grande a algunas autoridadas locales y regionales; o que los medios de comunicación no tienen el suficiente peso para ejercer presión sobre ellas.

desco Opina - Regional / 21 de marzo de 2014

Programa Selva Central

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Contra las cuerdas

Un audio reciente vincula al fujimorista Julio Gagó con ventas al Estado desde su curul en el Congreso. Su voz, diciendo que de 130 congresistas más de 100 hacen lo mismo que él, mueve a la sospecha pero lamentablemente resulta verosímil. Este Congreso tiene al 10% de sus integrantes sancionados y no hay señales de que el panorama mejore en el futuro. Este es el Congreso que tiene contra las cuerdas al gabinete Cornejo en una situación inédita.

Al momento de escribir estas líneas, el gabinete Cornejo no ha recibido el voto de confianza del Congreso. José Elice, oficial mayor del Congreso en los periodos 2002 – 2003 y 2003 – 2006 ha declarado que no entiende por qué se pasó a una segunda votación, si la primera era válida. El resultado, según él, tenía que ser «simplemente» que se convoque a otro gabinete, lo cual no deja de ser un escenario plausible, si es que se vota en contra del actual. No se comprende bien cómo piensa encarar el Ejecutivo la votación del lunes en la que se espera, ahora sí, obtener el voto de confianza para el gobierno. ¿Qué negociación han emprendido para cambiar la correlación en el Congreso? No queda claro tras las declaraciones del Premier durante el fin de semana.

La poca pericia política del Ejecutivo y del partido de gobierno, pero también su falta de modestia, le pasan factura. Incapaz de negociar con sus aliados, notoriamente con Perú Posible, se ha dejado arrinconar por sus propios errores, por las distintas oposiciones en las que destacan el bloque fujimorista y los apristas. No es ningún secreto que el gabinete Cornejo nació debilitado y que no está en condiciones de dar mensajes políticos claros. Pescando a río revuelto, García pide un gabinete «consensuado» y Keiko Fujimori, pide que Ollanta Humala ejerza el poder real, sin injerencia de la Presidenta de su partido. El fujimorismo evidenció varios flancos débiles en el proceso, pues nos dio la mínima muestra de «poder en la sombra» en la historia reciente.

Esas contradicciones quedan suspendidas cuando se pretende capitalizar la creciente indignación ciudadana por los despliegues de poder francamente infantiles de la Primera Dama y por el aumento de sueldos ministeriales, una de las mayores muestras de torpeza que ha dado el gobierno. El Presidente declara que los señalamientos sobre el poder de su esposa se producen porque el «miedo subsiste» respecto de su eventual candidatura. Dice, también, que el poder paralelo no es el de su esposa sino el de «los grupos económicos, que obviamente tienen sus propios intereses y no necesariamente son los intereses del país». Una verdad dicha desde esta posición de debilidad, lamentablemente tendrá poca resonancia.

El resultado de esta confrontación entre  el Congreso y el Ejecutivo, parece ser la derrota del segundo. Los parlamentarios parecen empoderados, y sienten en esta situación que tienen la sartén por el mango. Un escenario posible es que el gabinete Cornejo «sacrifique» un par de Ministros o más. La primera en la lista es Carmen Omonte, que además de sus problemas de origen por ser accionista en una empresa minera, representa el débil vínculo de la alianza con Perú Posible. Otro que la oposición tiene en la mira es el Ministro Cateriano. Llama la atención que, pese a que el Ministro Castilla es claramente quien detenta más poder y es uno de los más cercanos a Heredia, no se pida explícitamente su salida. Así, el pedido por limitar los poderes de Heredia se revela como poco consistente; meramente como la medida más expeditiva para conectar con la ciudadanía.

Ciertamente el empoderamiento de los parlamentarios es relativo. Todos ellos tienen claro que el rechazo a dos gabinetes supone la posibilidad del cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Es indudable que la enorme mayoría de ellos le teme a esa posibilidad.

Así las cosas, se resuelva como fuere esta situación, es obvio que tendremos una institucionalidad más debilitada aún y un gobierno que entra a sus últimos dos años, severamente golpeado por su propia incapacidad política.

desco Opina / 17 de marzo de 2014

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Los efectos del cambio climático en la Macro Región Sur

Se puede decir que han confluido varios factores en la prolongada ausencia de lluvias en la sierra sur del Perú y en las inclementes heladas que han destruido cultivos, todos ellos relacionados al cambio climático.   

La temporada de lluvias en la sierra sur se inicia en diciembre y termina en abril. Los cultivos están supeditados al agua de lluvia y los territorios de pastoreo dependen de la vegetación que crece con estas precipitaciones pluviales. Y el agua que riega los cultivos en los valles está supeditada a su vez a las precipitaciones en las zonas altas que discurren por los ríos.

Según recientes alcances de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, la sequía y sobre todo las heladas han ocasionado una pérdida aproximada de 15 millones de soles, y sólo en la zona alta del departamento unas 1200 hectáreas de cultivo habrían sido afectadas.  Además, se calcula que 18 200 animales enfermaron de neumonía y varios perdieron a sus crías. En los valles de Caravelí, dónde aun no se ha contabilizado la afectación, los productores han visto como sus aceitunas han dejado de crecer y se arrugan por falta de agua.  Aunque la demanda hídrica estaría garantizada para la campaña agrícola del 2014, no se escucha mucho de cómo se ayudará a los productores que han tenido pérdidas económicas importantes.

En Puno, según la Dirección de Información Agraria de la región, el panorama también es sombrío. El 17% de cultivos quedó dañado a consecuencia de las granizadas y heladas que se presentaron y que afectaron mayormente los cultivos de papa y quinua. El 38% de los sembríos de papas sufrió daños, así como también el 43% de los sembríos de quinua, mientras que otros productos también sufrieron daños pero en menor proporción. Entre las provincias que reportaron la mayor cantidad de daños figuran: San Román, con una pérdida de 5356 hectáreas y 2699 afectadas; Azángaro, que perdió 3565 hectáreas y tiene 10 699 afectadas; Melgar, con 1655 hectáreas pérdidas y 6316 afectadas; Lampa con 2321 perdidas y 4415 afectadas.

Entre Tacna y Moquegua, las partes altas y los valles interandinos que configuran su geografía, también han sido afectados. Los mayores estragos se han reportado en las provincias de Tarata y Candarave en Tacna. En el sector ganadero se reporta que hay 120 familias alpaqueras afectadas por las heladas. En Moquegua, los distritos más afectados fueron los de Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas Puquina, sobre todo en sus sembríos de papa, maíz y en la crianza de camélidos.

Todos estos estragos están afectando directamente a los productores pues se descapitalizan al perder su cosecha o al ver mermado el rendimiento o la calidad de sus productos. El Ministerio de Agricultura y Riego ha anunciado nuevamente la dotación de un Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para cubrir 329 443 hectáreas en ocho regiones del país: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, dejando a muchas regiones del sur fuera.

¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de esta situación? Tenemos la necesidad de contar con un sistema de evaluación de daños eficiente y rápido, exigir una mayor inversión en proyectos de adaptación al cambio climático a los gobiernos regionales y pedir explicaciones a las autoridades regionales sobre cómo se están materializado sus Estrategias Regionales de Cambio Climático. Hay tareas pendientes que merecerían ser seguidas con lupa para que el próximo año haya menos afectados en el sector agropecuario.  

desco Opina - Regional / 7 de marzo de 2014

Programa Regional Sur

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La caída del cuarto Gabinete ¿devela el poder real?

César Villanueva el derrotado y renunciante presidente del Consejo de Ministros, atacado con humillaciones descalabradas y misteriosas, ha sido el cuarto Premier de este gobierno.  Demasiados cambios para un régimen que  desde su inicio emprendió fuertes giros a lo que fue su oferta electoral inicial, a la llamada Hoja de Ruta  y  los regateos posteriores. 

Todo se ha movido dentro de la normalidad del momento: no hay ningún cuestionamiento a la derecha y su modelo económico, y los cambios en el gabinete evidencian que las estructuras de poder se consolidan y giran en torno a la tendencia que lidera Nadine  Heredia como presidenta del Partido Nacionalista y el ministro Luis Miguel Castilla como operador técnico de los poderes económicos, nacionales y extranjeros, para los que se gobierna desde hace más de una década.

La crisis ministerial, rápidamente resuelta con la salida de Villanueva y de ministros como Gladys Triveño –incómodos al statu quo– además de permutas ministeriales, ha servido para reforzar en el gobierno de Ollanta Humala una línea tecnocrática liderada por el ministro de Economía, amparada por el poder fáctico de la señora Nadine Heredia y contando con la bendición de la CONFIEP. Los cambios ocurridos han mostrado una vez más que el gobierno aplica a su gestión una lógica definida por los poderes fácticos y el corto plazo que evidencian una gran improvisación, aunque esta vez han hecho transparente el peso de Castilla y Heredia, sincerando su nivel de intervención.

Preocupa, sin embargo, que nada provoque un desvelo por lo que ocurre con el ciclo de crecimiento de la economía nacional iniciado en dictadura durante los años 90 que parece acercarse a su fin como lo insinúan importantes indicadores que ya nos dan cuenta de la crisis de este modelo de Estado. Si bien el contexto actual marcado por importantes indicadores económicos muestran hace buen rato una tendencia negativa o por lo menos de estancamiento de la economía, la presencia del ministro René Cornejo como Premier refuerza el entorno de Castilla y su manera de gestionar el Estado de espaldas a las mayorías nacionales en un gabinete cada vez más uniforme, homogenizado por el liderazgo del ministro de Economía.

El contexto que se anuncia venir, cargado por las protestas sociales (como las paralizaciones de Cusco en esta semana y las anunciadas en Ancash y Arequipa o las movilizaciones de 300 mil mineros ilegales) y las campañas de elecciones municipales y regionales, con seguridad radicalizarán a los diversos actores en su enfrentamiento al gobierno nacional. Son combustible suficiente para mover esas maquinarias la caída del canon, la frustración ante  la imposibilidad de ejecutar gastos previstos en las regiones, el retraso o parálisis en la tarea de impulsar los nuevos proyectos y el encarecimiento de productos de consumo popular por la disminución de la producción agrícola. Al parecer  «el gobierno paralelo de los empresarios» va a tener problemas y probablemente optará por poner mano dura en el escenario de la calle donde los ministros tecnócratas y no políticos no saben moverse ni concertar como sí lo hacen con los empresarios en sus gabinetes. El refrán taurino dice «no hay quinto malo», pero el toro que puede tener delante este gabinete de tecnócratas distanciados de la política puede ser difícil de lidiar.

La precariedad institucional, ahora muy grande, reforzada por la poca representatividad social y política del gabinete Cornejo/Castilla en el gobierno, no augura una gestión que responda a las demandas crecientes de diversos sectores para los que la aparente  defensa de la aplicación de doctrinas económicas, de la ortodoxia económica identificada con grupos que han estado en el poder esté por delante y les baste. Será necesario estar alertas al juego aventurero impredecible y bastante particular de la pareja presidencial, que a estas alturas lo que han mostrado es su interés por mantenerse en el poder, sin ningún proyecto o propuesta, sin ninguna capacidad partidaria o colectiva que les permita responder a las posibles situaciones de crisis con racionalidad y concertación. Y sin embargo Nadine Heredia se lanza a decir que Villanueva seguro emprenderá una aventura política propia.

desco Opina / 28 de febrero de 2014

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Quitar las piedras que impiden una Costa Verde para todos

Un lamentable accidente provocado por el desprendimiento de piedras del acantilado de la Costa Verde en la zona de Miraflores y Barranco y la animadversión de cierta prensa, han puesto una vez más bajo la lupa a la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). Si se acude a su portal web, podrá encontrarse que  actualmente la Autoridad del Proyecto Costa Verde se encuentra en proceso de actualización del Plan Maestro de Desarrollo de su área de responsabilidad, en la que –importa destacarlo– no ejecuta obras, pues es un órgano técnico normativo encargado de verificar la compatibilidad con el Plan Maestro de Desarrollo de los proyectos a implementar sean estos públicos o privados. Se trata sí de una instancia de planificación, pero sin mayor fuerza real frente a los municipios que lo conforman.

Sin duda son interesantes y motivadoras sus propuestas para la realización de un proyecto integral que beneficie el entorno de las playa que van desde La Chira en el distrito de Chorrillos, hasta el distrito de San Miguel en su límite con el Callao. Pero también es cierto que la APCV ha sido una coladera incapaz de detener diversas iniciativas públicas y sobre todo privadas, que han privilegiado el interés de parte antes que el interés colectivo de la ciudad de Lima en uno de sus pocos y valiosos espacios públicos de gran magnitud.

Ahí están por ejemplo, varios edificios construidos sobre el acantilado en Barranco y Chorrillos, que sin duda, si se aplicara la ley debieran ser demolidos. Se trata de intervenciones contrarias al interés común, por cierto más peligrosas que los accidentes recientemente ocurridos y que ponen en tela de juicio  ante la ciudadanía el objetivo propuesto por la autoridad sobre la promoción, ordenamiento y supervisión del desarrollo integral y sostenido de la Costa Verde en la provincia de Lima, para convertirla en el lugar de encuentro de toda la metrópoli.

Los accidentes en la Costa Verde por el desprendimiento de rocas, no son un tema nuevo que aparece con las actuales administraciones ediles. Es un problema recurrente al que durante décadas no se le ha prestado la debida y adecuada atención. Lo alarmante de esta situación es que al momento de responder por los daños producidos, no se hace en el marco de aplicación de un esquema integral, común y compartido de intervención en los acantilados de las autoridades que conforman la APCV, sino que tanto las autoridades metropolitanas como las distritales pretender deslindarse de asumir sus responsabilidades. Así, el Consejo Directivo de la Autoridad del Proyecto Costa Verde –conformado por los alcaldes de los seis distritos limeños que limitan con el mar, un representante de Invermet y presidido por la Municipalidad Metropolitana de Lima– se esfuma y  convierte en un fantasma, cuando debiera ser un cuerpo colectivo y vigoroso con  objetivos e intereses comunes para promover, ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenido de su ámbito.

Si se quiere –como ofrece la municipalidad metropolitana– una «Costa Verde para todos», eso va mucho más allá de priorizar el arreglo de las vías, puentes y acceso a vehículos particulares a la Costa Verde sin darle un peso al reforzamiento de la seguridad de los acantilados con la instalación de geomallas, más puentes peatonales, áreas de servicios, recuperación de playas de arena mediante un manejo apropiado de espigones y corrientes marinas. También, claro está, la promoción de actividades recreativas y sociales como las que ocurren en parques zonales, estadios y plazas o áreas comunales en los distritos. Y por último, un servicio permanente de buses, por lo menos durante la temporada de verano.

Esperamos que el Plan Maestro de Desarrollo que se encuentra en actualización sea consultado  a la ciudadanía, a los vecinos y sus organizaciones representativas para que el Proyecto Costa Verde refleje efectivamente lo mejor del interés común de los habitantes de Lima. Más aún si corresponde a una gestión que ha demostrado una fuerte voluntad de concertación al dirigir los destinos de la ciudad.

desco Opina - Regional / 21 de febrero de 2014

Programa Urbano

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El Estado cada vez más en cuestión

Los últimos días han estado atravesados por dos hechos alarmantes que demuestran la precariedad institucional que estamos viviendo y la ligereza creciente que observamos en el Estado. El primero de ellos fue el reciente anuncio gubernamental del incremento de las remuneraciones de ministros, viceministros y un grupo de altos funcionarios del Estado; un nuevo disparo a los pies que el Ejecutivo se hace, pretendiendo aprovechar los limitados efectos del fallo de La Haya en la popularidad presidencial. La decisión, de por sí polémica, no tanto por el monto del incremento cuanto por la relación entre éste y el salario mínimo, tiene problemas de fondo y de forma que el gobierno, en especial el ministro Castilla quien fuera el vocero del gabinete una vez más, demostrando su gran poder, se niega a entender.

Más allá de los recursos totales involucrados, que no son dramáticamente significativos dentro del presupuesto nacional –porque los beneficiados son un grupo reducido de altos funcionarios–, e incluso dejando de lado el abismo que se genera entre esas remuneraciones y el salario mínimo, el más alto de la región dicho sea de paso, cabe hacerse una pregunta elemental. ¿Será que para la gestión por resultados que tanto enfatiza el gobierno, basta con nuevos funcionarios mejor remunerados o será que con nuevas remuneraciones, los actuales adquirirán habilidades y capacidades que hasta ahora no han mostrado, a juzgar por los resultados? Cualquiera que sea la respuesta, todo indica que la decisión, así ex post se trate de demostrar lo contrario, respondió a las demandas inmediatas de los interesados, antes que a una política de empleo público.

La decisión, descolgada del reglamento de la Ley Servir, ratifica una de las debilidades mayores de esa norma que nació excluyendo de la misma a sectores importantes de la élite de la burocracia nacional. Por la vía optada, se termina por sincerar una visión implícita en la norma que diferencia en el Estado, supuestos nichos de calidad que deben responder al universo de remuneraciones de la gran empresa privada. En el camino se quedaron los distintos aspectos positivos de una norma, que más allá de sus vicios, es indispensable para el país. Seguramente, en los próximos días, entre gallos y medianoche asistiremos al intento de aprobación del reglamento faltante, sin el indispensable debate público que permita su mejora y una comprensión más cabal de la propia norma.

El segundo hecho, viene siendo protagonizado en el Ministerio Público. La designación de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a la ciudadanía espectando una telenovela de baja calidad. Inicialmente la fiscal Echaiz, renunció a su cargo al sentir que su elección fue digitada por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, para sacarla de la carrera para sucederlo; más recientemente, el fiscal Chavarry, igualmente «electo» para reemplazar a la renunciante, amenazó con hacer lo propio. Por debajo, el fiscal Ramos, también pretendiente del cargo, puesto en evidencia con uno de los audios de Alberto Químper a propósito del caso Utopía; pero también, el propio Peláez que tendría «allanado» el camino a su reelección, señalado de no haber colaborado con la justicia norteamericana en la acusación en Nueva York, contra parte de los Sánchez Paredes.

Así las cosas, si el primer hecho desnuda la ligereza y el interés pequeño como elementos frecuentemente centrales en la definición de la política pública, el segundo le adiciona la disposición a exhibir las miserias de la disputa de posiciones. Ambos evidencian la dramática situación en la que se encuentra el Estado peruano y su profunda distancia de la gente y sus necesidades. Un Estado, que además de ineficiente en la mayoría de sus organismos, aparece crecientemente como carente del más elemental de los pudores.

Aunque la reacción de la gente es más lenta de lo que podría esperarse, lo que es innegable es que el descrédito del Estado, pero también el de este gobierno, que entre otras cosas ofreció reformarlo, sigue avanzando a pasos agigantados. Haríamos bien todos en preocuparnos por el tema.

desco Opina / 14 de febrero de 2014

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La política electoral en Junín y Huancavelica: arranque sin sorpresas

Los movimientos regionales fueron primero identificados como plataformas de outsiders, aunque pronto quedó en evidencia que estos eran el punto de partida para la formación de organizaciones electorales fuertes, pese a su dificultad para consolidarse una vez logrado su triunfo. Tres elecciones regionales después (2002, 2006 y 2010), estos movimientos lucen como un nuevo tipo de organización política en un contexto de «democracia sin partidos».

La ausencia de partidos nacionales con fuerte organización regional facilita que movimientos con bases regionales triunfen en estas regiones como estructuras que parecen revivir antes de cada elección con la aparición de élites que ostentan como principal atributo su imagen mediática. Continúan las prácticas de «compra» de las candidaturas reduciendo el accionar político a un sistema de prebendas electorales, donde la participación política se convierte en un privilegio dispensado por el representante legal de la organización política.

El discurso político tampoco ha variado, siguen reproduciéndose los mensajes que castigan fuertemente a todos, que culpabilizan –y no solo responsabilizan– a todas las anteriores autoridades por todos los males que aquejan a ambas regiones; se trata más de un discurso escatológico hacia la conversión que no contiene un mensaje de convocatoria política.

Históricamante, las propuestas técnicas suelen estar ausentes del discurso de la gran mayoría de candidatos. En esta campaña que comienza, la actual administración en la Región Junín trata de generar adhesiones mediante sus «mega proyectos», que explica y promociona. Por otro lado, el Frente Amplio incluye, además del tema reivindicativo de derechos, una propuesta técnica de cambio de modelo económico en sus reuniones. Lamentablemente, el resto de candidatos continúa con su estrategia tradicional. Mientras tanto, en la región Huancavelica, movimientos como Ayllu, Movimiento Independiente Trabajando para Todos, MINCAP, entre otros, se limitan a utilizar la simbología cultural huancavelicana como la llama, el choclo, un toro, etcétera, para generar una especie de «identidad regionalista» con el fin de ganar adeptos, pero en sus discursos hay pocas propuestas programáticas de desarrollo para la región.

Estas circunstancias representarán una desventaja para los candidatos que pretenden la reelección debido a lo desgastada que puede estar su imagen y la de su agrupación política. Es el caso de los actuales presidentes de la región Junín y Huancavelica, los cuales tendrán que hacer un trabajo titánico para lograr mejorar su imagen. El caso de Junín es singular debido a las denuncias de corrupción, más de 1800 recibidas entre 2011 y 2013. Si bien la mayoría involucran a municipalidades provinciales y distritales, algunas sí involucraron a funcionarios de nivel regional, lo que, junto a notorios conflictos sociales en la región crea la sensación de un entorno enrarecido. En el caso de Huancavelica el panorama es relativamente más fácil, porque aun cuando el actual presidente regional también debe esclarecer casos de corrupción denunciados en su periodo de gobierno, la coyuntura social en la que se encuentra Huancavelica crea una gran oportunidad al gobierno regional para demostrar su eficacia frente a, por ejemplo, el alud en el distrito de Cuenca. En este caso en particular, sea por el criterio que sea, tanto las autoridades regionales como las provinciales actuaron de manera rápida y efectiva.

La campaña electoral en la sierra central del país empezó con fuerza. Las pintas y toda la maquinaria proselitista vienen invadiendo cerros, paredes, redes sociales y cualquier espacio público, un escenario al cual las poblaciones ya están acostumbradas. Una vez más la traba más fuerte del sistema político en estas regiones, es la ausencia de articulación política y propuesta programática, incluso al interior de los movimientos políticos departamentales, que parecen apostar por la consolidación de liderazgos políticos «carismáticos».

desco Opina - Regional / 7 de febrero de 2014

Programa Sierra Centro

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