JDC debe continuar

Las largas colas y los rostros genuinamente conmovidos de los ciudadanos que salían del velorio de Javier Diez Canseco en la casona de San Marcos, nos llaman la atención sobre la magnitud de la pérdida. El adiós público es lo que corresponde, precisamente porque JDC ha puesto de relieve no solamente valores y virtudes que de seguro harán falta en su círculo de familiares y amigos cercanos durante el largo proceso del luto, sino virtudes públicas, es decir, construidas por fuera del ámbito de nuestras riquezas o miserias individuales, dirigidas al corazón del vínculo social peruano. Por eso, una forma de recordarlo, es que su voz permanezca y que su agenda continúe.

Una lucha especialmente tenaz que libró Diez Canseco fue contra la corrupción. Como se ha señalado en múltiples espacios, éste es el tipo de causa que le generaron odios viscerales entre sus más «destacados» adversarios. Desde el Parlamento JDC presidió la Comisión de Delitos Económicos y Financieros para investigar los hechos de corrupción en el periodo 1990 – 2001, liderando un proceso ejemplar que le dio un conocimiento sobre el funcionamiento de los engranajes de la corrupción en el gobierno que probablemente solo ostenten quienes, desde el otro lado, han detentado el poder el suficiente tiempo como para saber por dónde viene el dinero.

Hoy que la llamada ‘megacomisión’ acaba de obtener del Congreso un plazo de 120 días adicionales conviene que las organizaciones de la sociedad civil en pro de la transparencia gubernamental apoyemos decididamente su labor, sobre todo cuando se procedió al rápido archivamiento de los indicios sobre los ‘colegios emblemáticos’ mientras el caso de los ‘narcoindultos’ sí ha motivado apasionadas versiones de parte.

Todo ello, mientras tenemos que asistir al espectáculo inverosímil de la congresista Martha Chávez señalando con el dedo acusador a otro ex presidente por las compras de su suegra mientras el líder máximo de su partido se declaró culpable de flagrantes casos de corrupción en 2009. Cabe señalar que uno de los pocos que señaló con claridad que esa era precisamente una maniobra para evitar que se ventile el caso, afectando las posibilidades de la entonces candidata Keiko Fujimori, fue Javier Diez Canseco.

Otro tema insistente y notorio en la acción política del parlamentario fallecido fue el ejercicio de derechos, que no se redujo a los de la población con discapacidad. En ese sentido, sus posiciones están en el centro mismo de temas álgidos como la Ley de Consulta Previa, actualmente en el ojo de la tormenta a propósito de la renuncia del Viceministro de Interculturalidad. El Presidente mismo agregó más confusión al señalar en una entrevista que, prácticamente solo habría comunidades indígenas en la selva, que antes se llamaban «no contactados». Además de insinuar, que las comunidades campesinas de la sierra, como fueron «inventadas» por Velasco, no tendrían nada de indígenas. Es decir, exhibiendo una ignorancia digna de mejor causa que por suerte puede ser cuestionada y rebatida.

En la práctica, parece que ni siquiera en el caso Cañaris, una de las pocas comunidades que ha mantenido su nombre desde antes del Virreynato, se negociará la obtención de rentas mineras provenientes de la gran inversión: parece que los proyectos van a ir sí o sí, lo que en la práctica nos está llevando a revocar las promesas presidenciales al formular la Ley y a decir a algunos comentaristas que la Ley de Consulta Previa termine como un fracaso más. Es indudable que la defensa cerrada de los Derechos Humanos de JDC hubiera hecho eco de los reclamos de las comunidades que, nuevamente, se ven ninguneadas puesto que el gobierno ha anunciado, poniendo el parche, que una gran cantidad de proyectos serán exonerados de cualquier consulta.

El parlamentario del Partido Socialista será reemplazado en su escaño por Manuel Dammert, actual miembro del frente Fuerza Ciudadana, que incluye al PS y a otras agrupaciones de izquierda. Mientras tanto, la figura de JDC crecerá aún más como un símbolo de reivindicaciones muy claras a partir de las cuales podrían aglutinarse voces diversas alrededor de un proyecto común para hacer del Perú una sociedad menos excluyente, menos injusta y más vivible. Seguramente ese sería el mejor homenaje para un dirigente que más allá de sus errores, siempre apostó por la unidad de quienes creemos en el cambio.

desco Opina / 13 de mayo de 2013
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Respuesta que tarda, no resuelve

Luego que el MINAG anunciara la asignación de un presupuesto de 100 millones de soles para atender la emergencia ocasionada por la plaga de la roya, el gran número de familias caficultoras peruanas, lejos de sentirse atendidas, se mueven entre el desconcierto y la desazón.

La crisis de la roya deja en evidencia la necesidad de concertación en el sector cafetalero. Ello se ha hecho sentir, en primer lugar, en la marcada divergencia en torno a las cifras de afectación de los cultivos. Mientras que el titular del Ministerio de Agricultura manifiesta que estaría comprometida el 20% de la producción, la Junta Nacional del Café afirma que el daño alcanzaría el 50%. Es evidente que las mesas de concertación técnica anunciadas en marzo no están funcionando, o sus integrantes no están dispuestos a manejar criterios homologados de medición del impacto.

Sin un diagnóstico técnico confiable y concertado que dimensione objetivamente el problema fitosanitario, es poco probable que las medidas de atención –y los montos establecidos para llevarlas a cabo– alcancen los resultados esperados.

Las divergencias referidas al conteo y costeo de la crisis de la roya también muestran un problema de prioridades. Los balances priorizan el número de hectáreas perjudicadas, y con base en la proyección de las exportaciones, se estima la pérdida de divisas, dejándose en segundo plano las cifras de desempleo considerando que el cultivo del café es el que genera más empleo en el sector agrícola, unos 43 millones de jornales directos y cinco millones de indirectos. Dicho de otro modo, el centro de la preocupación pública por la crisis cafetera está ocupado por las divisas en riesgo, dejando poco lugar para las familias en riesgo.

Casi el 80% de los fundos cafetaleros son de menos de dos hectáreas y se ubican en la producción de carácter familiar. Es este escenario el que hay que tener en mente al discutir cómo el Estado ha diseñado el gasto de los 100 millones de soles destinados a dar respuesta a la crisis. Se requiere claridad acerca de cómo las soluciones llegarán hasta las chacras de los caficultores –sea en créditos o en insumos– y cómo se garantizará que las inversiones sean avaladas por asistencia técnica.

La crisis de la roya actualiza otra crisis, persistente en el café peruano: la de asociatividad y representatividad. Mientras la Cámara Peruana del Café representa a las más importantes empresas, la Junta Nacional del Café representa a unas 43 mil familias de 44 organizaciones, apenas al 28% de las 150 mil familias cafetaleras del Perú. Por otro lado, no todas las organizaciones de productores están vinculadas a instituciones de segundo nivel, muchas sólo alcanzan el nivel comunal. No sólo hay un 72% no representado, sino que es probable que un número aún mayor no tenga capacidad de gestión del apoyo estatal o de otra fuente. Tratando de sacar una oportunidad de la desgracia, este tal vez sería el momento de promover una asociatividad cafetalera.

En conclusión, el apoyo estatal están tardando tanto que se teme que llegue cuando nuestra caficultura esté cercana a una capilla ardiente, porque la solución que tarda, no siempre resuelve.

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2013
Programa Selva Central
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La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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Majes II: neutralidad mal entendida

El pasado 15 de abril, se presentaron los avances del Estudio de Balance Hídrico del río Apurímac (EBHICA), paso necesario para la viabilidad del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, en la provincia cusqueña de Espinar no se habría podido tomar las muestras necesarias por la oposición de sectores de la población. El equipo de UNOPS –entidad de Naciones Unidas– a cargo del estudio, ha interpretado dicha negativa como una amenaza a su seguridad; mientras el plazo de diez meses fijado para concluir dicho estudio sigue corriendo. Esto plantea un complejo escenario para el Gobierno Regional de Arequipa y para el Gobierno Nacional, que no puede darse el lujo de ponerse de perfil.

Cabe señalar que la realización del citado estudio quedó establecida mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, que señala claramente la participación de la PCM y de la Autoridad Nacional del Agua. No es nuestra intención argumentar aquí sobre la necesidad del proyecto, aunque sí remarcar su importancia para atender la demanda energética en un contexto en el que en Arequipa y en otras partes del Sur se experimentan intempestivos cortes de energía, aparentemente debidos a la saturación de la línea de transmisión Mantaro Socabaya. De acuerdo a los expertos, con la operación de las centrales de Molloco, Lluclla y Lluta –estas dos últimas parte de Majes Siguas II–, se cubriría la demanda de energía.

El Gobierno Regional de Arequipa no ha logrado comunicar las ventajas del proyecto ante sus pares cusqueños, que hasta el momento no han demostrado intención alguna de «comprarse el pleito». Por ahora la respuesta de UNOPS pasa por trabajar el componente comunicación como medio para entrar con mejor pie a las comunidades, en las que no debe promocionar las bondades del proyecto, sino las ventajas de realizar el estudio.

Todo ello mientras el alcalde y los dirigentes de Espinar proponen extender la realización del estudio por veinte meses bajo amenaza de desconocerlo, ante la pasividad de las autoridades del Gobierno Nacional. Al margen de lo que concluya el EBHICA, los hechos muestran lo erróneo de la estrategia del Gobierno Regional de Arequipa al judicializar un asunto que requiere más bien de una decisión técnica y política, incluyendo capacidad de concertación que por ahora no aparece. Desde el Gobierno Nacional es necesario dar señales de que el crecimiento está acompañado de una visión sobre el ordenamiento de los territorios y los bienes mayores en juego, sin que ello signifique un enfrentamiento con la población.

desco Opina - Regional / 22 de abril de 2013
Programa Regional Sur
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Alan: demasiada presión

Semanas difíciles para Alan García. Conforme se acerca el plazo para la presentación del informe de la comisión parlamentaria que investiga el período 2006-2011, la silenciosa preocupación en Alfonso Ugarte es reemplazada por descalificaciones altisonantes contra los acusadores del ex Presidente. En medio de este escándalo, la muerte de Armando Villanueva, militante histórico de la Estrella, reafirma la sensación de un APRA sin destino y sin referentes, más allá del proyecto llamado Alan García.

En torno a la investigación sobre las gracias presidenciales otorgadas por su gobierno, los números divulgados lo dejan muy mal parado: más de la mitad de los 104 indultos de carácter humanitario fueron para sentenciados por tráfico de drogas, mientras el 61% de las 5,246 conmutaciones de penas beneficiaron a reos vinculados al narcotráfico. La evidencia sobre la intermediación de «compañeros» de la Estrella ha terminado por mellar significativamente la imagen del ex Presidente y producirles afonía a sus más vociferantes defensores.

Fracasado su intento por desmarcarse de la responsabilidad que lo alcanza directamente –más allá de la que correspondería a sus varios ministros de Justicia– García ha jugado la carta de la víctima, y ha adelantado el anuncio de su candidatura a la Presidencia de la República el 2016. Las buenas maneras y la cínica sonrisa de aprobación a Humala han quedado atrás al acusar al oficialismo de estar embarcado en allanarle el camino a las aspiraciones electorales de la Primera Dama.

Ya en esa línea, García intenta meterse a la bolsa al también ex presidente Alejandro Toledo, contándole a la prensa que se ha reunido con él en una común preocupación por el futuro de nuestra democracia, ante un probable proyecto de la pareja presidencial de buscar continuidad en el poder. Un adelanto de la campaña electoral resulta una empresa demasiado complicada incluso para García, pero por el momento le resulta útil en su objetivo más inmediato: mover los reflectores lejos del expediente de indultos y conmutaciones traficados por su partido.

Más allá de las aspiraciones de la señora Heredia –de las que no hay que descuidarse– García ha dejado ver que se encuentra en una difícil situación. Sus competidores en la carrera al sillón de Pizarro –en lugar privilegiado Keiko Fujimori– observan con beneplácito la posibilidad de su inhabilitación.

Sin embargo conviene recordar que éste no es, por lejos, el primer trance difícil que enfrenta García en su carrera política, a lo largo de la cual ha dado probadas muestras de su capacidad para asegurarse impunidad, ya sea maniobrando en el parlamento o aprovechando el aprismo instalado en el Poder Judicial, por no mencionar las prescripciones que impidieron llevar a juicio los muy presuntos delitos de su inolvidable primer gobierno. En este marco, el informe de la llamada «mega comisión» adquiere una importancia mayor a la que se le asignó al inicio de su accidentada composición.

desco Opina / 15 de abril de 2013

Lima Sur en la revocatoria

Finalizado el proceso de consulta popular de revocatoria de las autoridades municipales de Lima Metropolitana, una mirada a los resultados nos permite algunas reflexiones sobre las características que tuvo este hecho político en Lima Sur, y cómo responden a importantes cambios que han tenido lugar en esta gran zona de la metrópoli, que hoy es mucho más compleja, distinta a lo que resumía la imagen del «Cono Sur» en el siglo pasado.

San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo conforman la tríada más importante en términos de población y electorado; antes llamado Cono Sur, este conjunto concentra más de 650 mil electores efectivos. Estos distritos combinan barrios consolidados e importantes actividades económicas, con zonas de explosivo crecimiento demográfico y continua expansión urbana, lo que produce un territorio altamente heterogéneo, así como significativos «bolsones» electorales articulados a la actividad de los grupos políticos locales, no sólo los de alcance nacional, como el aprismo o el fujimorismo, sino también, redes de intereses vinculados a los gobiernos municipales de turno. Es en estos espacios donde alcaldes alineados con una u otra opción frente a la revocatoria, intentaron sumar su capital propio a las campañas, con relativo éxito.

Destaca el alcalde de San Juan de Miraflores-SJM, Adolfo Ocampo, en 2010 electo por Cambio Radical, partido de Alex Kouri. Con origen en Izquierda Unida, fue varias veces reelecto y durante los noventa ofició de coordinador de los municipios fujimoristas en Lima. Ocampo se jugó por el SÍ, y en esa línea impulsó la revocatoria en las concentraciones más populosas de SJM, como Rinconada Alta, donde libró batalla con Fuerza Social, que trata de mantener presencia activa en la zona. Finalmente, el triunfo del NO se produjo por un margen muy estrecho y tanto como una actitud contraria a Villarán, esto podría evidenciar las resistencias frente a una gestión distrital altamente polémica.

Por el contrario, en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo el SÍ triunfa de lejos, aunque Guido Iñigo y Silvia Barrera, sus respectivos alcalde y alcaldesa, hayan aparecido desde la primera hora al lado de Susana Villarán, respaldándola públicamente, en particular Barrera, electa por Perú Posible, partido que formó parte de la coalición por el NO y bajo cuyo auspicio se realizó uno de los mítines más importantes de Villarán. Lo cierto es que ambas figuras han tenido dificultades para consolidar su legitimidad y definir su línea de gobierno, con lo cual su voluntad de endose, al menos en algunos sectores, podría haber sido más bien de signo negativo.

Más allá de esta tríada distrital, Lima Sur también está conformada hoy por el territorio que se proyecta al sur del Río Lurín. En el sentido común «balnearios», los distritos del litoral sur son siempre excluidos de los análisis, por su relativo poco peso electoral. No obstante, el mayor poblamiento barrial, el reciente acceso al agua y la mayor oferta de transporte los «acercan» cada vez más a la gran metrópoli, a la vez que los definen no sólo como espacios cada vez más heterogéneos socialmente, sino como actores del movimiento de expansión barrial, donde Nueva Pucusana, entre otros, aparece como nuevos «bolsones» electorales. Debe también llamar a reflexión que actualmente Lurín sea superado en número de electores efectivos por Pachacamac, distrito poco mencionado, a diferencia de una de sus zonas: Manchay, donde se estima una población de más de quince mil familias.

Varios otros elementos sumaron al SÍ, algunos de ellos relativos a la historia política reciente de Lima Sur, cada vez más distante de aquella en que la izquierda formó su identidad con las mayorías urbanas. En primer lugar, tenemos el «obrismo» no sólo de las alcaldías locales, sino de los dirigentes vecinales, particularmente potente en las zonas de expansión barrial. Luego está la complicidad de las organizaciones locales –de izquierda y derecha– con la política basada en la popularidad, la relación clientelar y la dádiva, antes que en intereses comunes. Y con intereses comunes no nos referimos a abstracciones, sino a demandas concretas relativas a la calidad de vida en los barrios, a la inversión en espacio público y a la mejor gestión de las potencialidades económicas de los distritos, en diálogo con lo metropolitano.

La propuesta de un Frente Amplio en Lima Sur, a partir de las agrupaciones del NO –Fuerza Social, Tierra y Libertad, Movimiento Nueva Izquierda y Movimiento Sin Techo, entre otros– no puede soslayar que, a la dura derrota del «No» en Lima Sur ha aportado la performance electoral de las expresiones de izquierda local, en al menos los últimos cuatro períodos municipales. El reto será redefinirse ante modelos municipales que han dejado de lado la organización de la gente, suplantándola con un discurso cada vez más vacío sobre la participación ciudadana y la concertación, en complicidad con los cuadros de izquierda local.

desco Opina - Regional / 9 de abril de 2013
Programa Urbano

Fuerzas de flaqueza

A la luz de los resultados de la consulta revocatoria en Lima Metropolitana, una de las más apremiantes preguntas es si la alcaldesa Villarán, golpeada por la salida de los regidores oficialistas, podrá continuar su gestión desde una identidad de izquierda. En un escenario polarizado, su posición debilitada es terreno propicio para quienes están interesados en mejorar su participación en el poder, o simplemente sacar adelante agendas postergadas.

Muchos analistas adjudican el triunfo del ‘NO’ a la participación de Lourdes Flores o el PPC, suponiendo esto como un «aval» determinante para obtener ventaja en espacios tradicionalmente contrarios a la izquierda. Asimismo, agregan a sus cálculos las votaciones adversas en distritos de identidad popular, donde habría predominado un voto anti-izquierdista. Una lectura menos interesada de los reportes de ONPE llama a prestar atención a la votación en blanco, a la menor cantidad de votos –a favor o en contra– recibidos por los concejales del PPC y a los importantes niveles de ausentismo en los distritos en los que el NO aventaja por amplio margen al SÍ, comportamientos electorales que no expresan precisamente motivaciones ideológicas ni posturas militantes contra la izquierda en particular.

Lo cierto es que los resultados no hubieran sido posibles sin la existencia de fuerzas en la izquierda organizada y sin la movilización hormiga, que con la cobertura de una fuerte campaña mediática lograron –en un tiempo bastante corto– dar vuelta a cifras del todo adversas, en la plaza más conservadora del país. La permanencia de Villarán en el cargo muestra que, a pesar de la durísima campaña en contra del estilo de la alcaldesa, existe un importante sector del electorado que respalda su propuesta de gobierno.

La defensa de dicha propuesta de gobierno permitió que en los medios se dedique espacio a debates sobre el transporte público y cómo gestionarlo, las necesidades de inversión en barrios de difícil acceso y físicamente vulnerables, la ya citada relación con el capital privado, entre otros. Si bien la atención a estos temas puede haber sido marginal tratándose de una campaña en la que predominó el tono beligerante, sacando de un mal un bien, podemos decir que la revocatoria nos ha permitido tener una imagen de cuáles son las organizaciones políticas que tienen propuestas para Lima y cuáles son aquellas fuerzas que están dispuestas a rifarse el destino de la capital por venganzas políticas, intereses particulares o dudosos cálculos de su fortuna en los comicios de 2016.

Como fuere, las posibilidades de hacer una alcaldía ‘de izquierda’ –una que ordene la relación entre la gran ciudad y los capitales en bien de la ciudadanía– son hoy menores que el año pasado. Mérito es de la derecha –de la ultra a la institucionalista– porque fue rápida en proponer una lectura de los resultados que arrojara como consecuencia «lógica» que las mejoras indispensables pasan por entregar áreas estratégicas de la Municipalidad a «técnicos» y especialistas en promoción de inversiones, aunque en ningún momento se ha cuestionado o intentado descartar una sola de las importantes iniciativas y reformas que Villarán avanzó en sus dos años al mando de la Municipalidad. Ahora es emplazada a ceder puestos estratégicos y a renegar del espectro de izquierda que la acompaña hasta hoy.

Quien también sufre presiones por estos días es nada menos que el presidente de la República, asediado desde diversos frentes a fin de que resuelva la solicitud de indulto a Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani, y a renglón seguido, Alan García lo han emplazado a decidir –de modo favorable, se entiende– sobre el indulto. Para decidir bien, Humala debe recordar que obtuvo su puesto en buena medida por el peso que cobró el voto anti-fujimorista en la segunda vuelta de 2011. Ceder en este punto sería torcer la voluntad popular. De igual modo, la alcaldesa, sin caer en la soberbia, debe tener siempre presente que quién fue favorecida –y ahora, ratificada– por el electorado limeño fue ella, a la cabeza de una corriente de izquierda, y no sus eventuales aliados del PPC, que hoy ofrecen sus buenos oficios como gestores de lo que Villarán inició. Ambas autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones. Y, ojalá, coincidir en un claro «NO».

desco Opina / 3 de abril de 2013