Inseguridad ciudadana en la agenda pública

En 2002, el Acuerdo Nacional definió como política de Estado la «erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana», a partir de la que se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC. Tras una década de la declaración, es poco lo que se puede señalar en términos de logros y, por el contrario, existe la percepción generalizada de que en los últimos años la criminalidad y violencia han crecido exponencialmente en el país, principalmente en las zonas urbanas.

El gran impacto mediático de dos hechos de violencia ocurridos en Lima –el ataque a la familia de un congresista y el caso de la niña Romina– motivaron al propio Presidente de la República a sesionar con los representantes del CONASEC, apurando la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-PNSC. Más que una muestra de liderazgo –como se anunciara entonces– lo que se revela es una actitud reactiva. Desde entonces es poco lo que se avanzó. Para empezar, solo 37 de los 132 municipios distritales de la Región Junín y apenas 11 de 43 en Lima Metropolitana han cumplido con presentar dentro de los plazos previstos sus respectivos planes de seguridad ciudadana.

Aunque los homicidios, robos, secuestros extorsivos y delitos sexuales aumentaron respecto a 2010, un dato importante del diagnóstico del Plan está referido a la violencia doméstica, que con un índice de 58% supera a la violencia delincuencial, que alcanza el 42%. En función de estas cifras, el plan se propone reducir los niveles de victimización a nivel nacional de 45.5% al 30%. El enfoque de promoción de la convivencia pacífica entre ciudadanos dista mucho de la realidad de la inversión pública en seguridad ciudadana, orientada en general a personal de patrullaje y sistemas de vigilancia, antes que a programas preventivos, por ejemplo.

Una carencia importante respecto al PNSC 2012 –y en general a cualquier iniciativa para revertir la situación de la inseguridad– tiene que ver con la falta de registros sistemáticos y data confiable para monitorear cambios y –quizá lo más importante– trabajar con las organizaciones ciudadanas en la orientación de las inversiones necesarias y adecuadas. El proceso participativo del Plan de Lima se ha propuesto como un primer paso en este sentido, al recoger los diagnósticos y expectativas de los vecinos de las Limas, que en buena medida respaldan la información disponible respecto a que la sensación de inseguridad tiene un fuerte soporte en los peligros cotidianos en los barrios, relacionados a las necesidades de acondicionamiento urbano y la falta de espacios públicos de calidad, así como también a la falta de oportunidades entre los jóvenes luego de concluida la formación escolar. Queda por verse en qué condiciones –concluido el proceso– el instrumento de planificación de una «Lima para Todos» incorpora enfoques distintos para decidir e invertir, ampliando los criterios actualmente existentes, que se agotan en salidas como la mejora operativa de las fuerzas policiales o de los serenazgos. Sin un cambio sustancial de enfoque, no se podrá implementar estrategias que hagan frente a problemáticas específicas que causan inseguridad, más allá de la dimensión del delito callejero o la violencia delictiva.

desco Opina - Regional / 15 de junio de 2012
Programa Urbano
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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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Oportunidad y descontento en la Región Junín

El presupuesto participativo basado en resultados se ha convertido en fuente de descontento para los agentes participantes en muchas localidades del país. En la Región Junín, lejos de ser la oportunidad para armonizar las demandas de la sociedad con los principios de eficiencia en el gasto público que propone el MEF, este mecanismo no ha logrado superar las brechas existentes y manifiestas a lo largo de la década de democracia participativa en el país.

El Gobierno Regional de Junín no ha logrado marcar la diferencia bajo este mecanismo de participación ciudadana. A factores como la baja voluntad política de las autoridades por difundir el proceso y la debilidad propositiva de la sociedad civil, se suma la baja legitimidad que resulta de comprobar que los acuerdos no se implementan plenamente.

Si bien siete de los diez proyectos priorizados el año pasado presentan avances en su ejecución –que compromete el 17% de los 63 millones de soles del presupuesto regional– lo cierto es que existe un gran desequilibrio entre las expectativas y participación que encausa el proceso y las capacidades del gobierno regional por darle cobertura a las propuestas respaldadas por los agentes participantes. Del conjunto de 73 proyectos que en el proceso de PPR de 2012 lograron priorizarse, apenas 10 fueron incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2012.

Los 63 proyectos no incorporados en el PIA 2012 no quedaron fuera por carecer de sustento técnico, sino por falta de respaldo en recursos presupuestales. A este respecto es necesario también un cambio en el compromiso de los agentes participantes, que se involucran como demandantes de recursos; y no desarrollan estrategias en la lógica de cofinanciamiento y movilización de recursos.

Ante la progresiva disminución de la capacidad de inversión del gobierno regional, las autoridades recalcan que las propuestas de proyectos que se canalicen por la vía del PPR deben atender a la dimensión regional. Esto quiere decir que los proyectos no deben involucrar montos menores a los tres millones de soles ni menos de tres distritos de al menos dos provincias distintas. En una región que combina escenarios geográficos y culturales muy diferenciados –sierra centro y selva central– las autoridades no han desplegado los esfuerzos necesarios para un PPR que favorezca las articulaciones entre distritos y provincias.

Así las cosas, el proceso de PPR actualmente en curso se mueve entre el escepticismo y la desconfianza. El 14 de junio se llevará a cabo el taller en el que se definirá cuántos y cuáles de los 129 proyectos puestos a votación serán priorizados y luego evaluar cuáles serán finalmente presupuestados para el 2013. De acortar la distancia entre las expectativas y los hechos, dependerá la legitimidad de este importante mecanismo participativo.

desco Opina - Regional / 1º de junio de 2012
Programa Sierra Centro
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De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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El VRAE desde el presupuesto participativo regional

Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.

Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.

El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.

Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.

El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.

desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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Desmadres en el Gabinete

La renuncia irrevocable de los ministros de Defensa y del Interior parece haber logrado, en lo inmediato, aliviar la presión sobre el gabinete Valdés. Los renunciantes, dicho sea de paso, fueron hombres de confianza del Premier en el ministerio del Interior. Por otro lado, la renuncia llega al momento final, cuando estos integrantes del gabinete se sintieron acorralados, dando la imagen de un gobierno con poca previsión, que cede justo antes de su derrota total. Esto deja una sensación similar a la que existe sobre Conga: la tensión baja, pero el horizonte se percibe turbulento.

Es preciso recordar que el inicio de las ’hostilidades’ en Cajamarca marcó el distanciamiento con el primer gabinete de este gobierno. ¿Cómo así, entonces, un tema como las muertes de soldados y policías que ha generado una legítima corriente de indignación ciudadana y que ha desnudado de forma clamorosa las carencias operativas del Estado en una zona del territorio nacional, no podía hacer que dos ministros, en vez de agravar su situación con cada explicación que daban, asuman su legítima responsabilidad política? ¿Y por qué la bancada oficialista, salvando excepciones, estaba dispuesta a inmolarse en la hoguera defendiendo a los ministros con argumentos tan débiles como el que planteaba que la censura era un triunfo para el ahora llamado «narco terrorismo»?

Lamentablemente, parece que en este tema también, el entorno presidencial está pesando demasiado en las consideraciones y el cálculo de lo aceptable como costo político, tal vez con una concepción que ya aparece como retorcida por tanto «pragmatismo». Hasta hace unos días, las declaraciones de Freddy Otárola contra Javier Diez Canseco y contra la censura, daban a entender una subordinación total a la consigna del blindaje.

¿Se tratará de una subordinación psicológica de buena parte de la bancada con lo que ellos creían que quería el Presidente? Sea como fuere, se dejó a estos defensores de oficio deslegitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Y más aún, la situación abrió la puerta a coqueteos con sectores del fujimorismo que se sienten cercanos, y con cierta razón, al Primer Ministro, personaje que amagó con alejarse, pero que hoy busca afianzar su posición al anunciar cambios en los mandos militares en el VRAE. ¿Si esa iba a hacer la línea de respuesta al fracaso de las operaciones emprendidas, porqué no se implementó antes?

Así las cosas, es inevitable la sensación de improvisación y hasta cierto punto de desgobierno en vista de la falta de respuesta para estos asuntos como para otros que no han sido relevados en la coyuntura, pero que van en la misma dirección: la incapacidad para completar el Directorio del BCR o al Defensor del Pueblo, las claras señales de corrupción en la pesca, la dificultad para responder a los desafíos que plantea la minería informal en pie de lucha y con toma de carreteras incluida, por no mencionar temas cotidianos que brindan la oportunidad de dar señales de alguna eficiencia como en el caso de los delfines y aves muertas. Los desastres en el VRAE y La Convención pueden suponer la decisión responsable de afectar intereses que ningún gobierno se atrevió a tocar por décadas. La forma de hacerlo, sin embargo, ha sido temeraria e irresponsable y definitivamente poco transparente e incluso chapucera.

En ese contexto, prospera el cálculo para explotar estos «reveses» mediante la glorificación y la transformación en ‘héroe’ de todo miembro de las FFAA o de la policía abatido, tratando de hacer virtud del defecto. A su vez, esto sirve para revivir el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar para, supuestamente, presentar un frente unido contra el ‘terrorismo’. El favor que se hace al fujimorismo es evidente aunque no estamos seguros si siempre inconsciente. A fin de cuentas, a río revuelto, ganancia de pescadores, tanto mayor si éstos son avispados.

Solo nos queda esperar que el gobierno actúe con mayor transparencia de ahora en adelante y que deje de lado el triunfalismo que lo acompañó tras la caída de ‘Artemio’. La nominación de ministros capaces para Defensa e Interior, aún cuando no sean del círculo del debilitado Premier, sería una buena señal.

desco Opina /  11 de mayo de 2012

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El re relanzamiento de la descentralización

A fines del año pasado el Ejecutivo hizo pública la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización (PNDR) 2012-2016, elaborado por la Secretaría de Descentralización (SD). A pesar de que para enero de este año estaba comprometida la consulta del PNDR en las 25 regiones del país, el Secretario Alberto Muñoz Nájar, ha anunciado el relanzamiento de la regionalización.

Días antes del anuncio del relanzamiento el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, presentó el Informe Anual del Proceso de Descentralización 2011 en el que precisa que «el PNDR actualmente está en revisión para someterlo a consulta y lograr su validación final», sin precisar cuándo concluirá esta revisión y sobre qué puntos habrá cambios, o si esta revisión reemplaza o precede a la consulta anteriormente comprometida. En este ambiente de revisiones inopinadas, Muñoz Nájar ha anunciado, además, el inicio de una gira por el sur del país para redefinir las políticas descentralistas.

¿Por qué es importante el PNDR? En primer lugar, plantea que el proceso de descentralización debe responder a un enfoque territorial, esto significa que el proceso debe partir del reconocimiento de las potencialidades de cada departamento para plantear una serie de políticas que los articulen de una manera integral en un espacio territorial mayor: las regiones. De allí que las Juntas Interregionales hayan identificado los proyectos conjuntos que crean una noción del territorio que no se agota en los límites departamentales. Un reto decisivo para el relanzamiento del proceso es la determinación de este espacio territorial mayor.

En ese sentido, hay dos normas sobre las que debería estar trabajando la Secretaría de Descentralización para que se aprueben en un mediano plazo: la descentralización fiscal y el ordenamiento territorial, dos instrumentos de gestión necesarios para avanzar en el proceso, sin que esto signifique la federalización del Estado (el temor más grande de Valdés, que en todo momento habla en su informe de un Estado unitario e indivisible).

La descentralización fiscal ha motivado un arduo trabajo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales así como de la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. El resultado es una propuesta técnicamente sólida que, en esencia, plantea ampliar la base de tributos generados en las regiones con los diversos tipos de impuestos que ahí se generan (y no solo con el impuesto a la renta que pagan las grandes compañías, como las mineras) y estandarizar una metodología transparente y más predecible que los cálculos que año a año realiza el MEF en base a criterios poco claros. El fin es reducir las enormes brechas que separan a las regiones con la «suerte» de tener recursos naturales explotables, de las que no. Los picos de transferencias desde el Gobierno Nacional a las regiones más «ricas» podrían disminuir ligeramente, pero a costa de una mayor predictibilidad del sistema y de una mayor equidad, precisamente lo que corresponde a un Estado «unitario e indivisible».

Por otro lado, la Ley de ordenamiento territorial que, según la óptica con que se vea, puede ser considerada un freno para la inversión (posiblemente un argumento que se utilice interesadamente para vetar la aprobación de esta norma) o una herramienta para planificar ordenadamente la inversión, que contribuya, por ejemplo, a evitar que el Ejecutivo siga otorgando concesiones sin tomar en cuenta las potencialidades territoriales de cada departamento, los efectos del cambio climático, entre otras variables que alimentan los conflictos sociales.

Sí, es necesario desarrollar las líneas del nuevo proceso de descentralización planteadas por Muñoz Nájar, tales como la promoción de la inversión pública descentralizada para que las gestiones locales y regionales ofrezcan mejores resultados, así como enfocarse en el fortalecimiento institucional para alcanzar el mismo fin; sin embargo, creemos necesario que la SD, como ente rector del proceso de descentralización, defina de una vez por todas su plan de acción, es decir, el PNDR revisado y consensuado.

Estamos seguros que la consulta de este instrumento solo reforzará el pedido desde todas las regiones por procesos que se congregan, entre otras líneas, en los citados procesos de ordenamiento territorial y descentralización fiscal. Al parecer, la orientación del actual Premier, parece entender la «unidad» como el mantenimiento de la dependencia de las regiones a las decisiones a menudo discrecionales del Gobierno Nacional. La suerte de «shock de inversiones» planteada para Cajamarca como salida al conflicto de Conga pone de relieve esta aversión por avanzar en la autonomía de las regiones del país, ya que pasan por encima a las autoridades democráticamente electas. ¿Este nuevo relanzamiento guardará las claves para profundizar la descentralización que queremos?

desco Opina - Regional / 4 de mayo de 2012
Programa Regional Sur
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