Contra viento y marea

Tras 48 horas de suspenso generado por la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalmente se conocieron los resultados electorales de los comicios municipales de Lima, realizados el domingo pasado. Como se supo desde un primer momento, todo indica que la vencedora es Susana Villarán, candidata de Fuerza Social. 31,164 votos, el 0.9% de diferencia, la distancian de su competidora Lourdes Flores de Unidad Nacional. Decimos todo indica porque el suspenso, y con él las esperanzas de Lourdes Flores, se prolongará un tiempo más, habida cuenta que en un hecho insólito, 8,384 actas fueron observadas. En otras palabras, de las más de 39,000 mesas electorales habilitadas, el conteo se ha detenido en poco más de 31,000, porque como nunca antes en nuestra historia electoral, el 21% de aquellas fue observado fundamentalmente por los funcionarios de ONPE (6,340 actas), argumentando ilegibilidad u otras observaciones.

Esta decisión que retrasó el recuento de los votos y alimentó mutuas acusaciones entre los personeros de ambas listas, generó fundadas suspicacias y perplejidad en parte importante del electorado limeño que se sintió, por largas horas, a puertas de un fraude inminente. Esta sensación que fue el resultado inevitable de una campaña fuertemente teñida por los agravios y la satanización de la que fue objeto Villarán, especialmente durante la semana anterior a la votación, donde la mayoría de medios de comunicación devinieron en espacios de apoyo desembozado a la candidata de Unidad Nacional y en coro y voceros de las múltiples e inverosímiles acusaciones contra la virtual alcaldesa de Lima, se vio reforzada por el evidente respaldo dado por el alcalde de Lima y el Presidente de la República a la candidata derrotada, el mismo día de los comicios.

La candidata de Fuerza Social, terminó imponiéndose contra viento y marea en las mesas escrutadas a partir del significativo respaldo electoral que logró entre los jóvenes limeños, así como en los sectores populares, aunque fuera denunciada simultáneamente por su militancia pasada en un partido de izquierda, –el mismo del que fue militante el asesor político de Flores, un dirigente de los más vociferantes– como por su origen social acomodado, como si esto fuera un delito.

Es verdad que su agrupación no ganó en ningún municipio distrital, como también lo es que Unidad Nacional perdió la votación metropolitana en buen número de los distritos que obtuvo. Los resultados, aunque ajustados, no dejan lugar a dudas. Como en otros lugares del país, el electorado demostró estar harto de la satanización y la descalificación fácil del adversario que en nuestro país, adquirió carácter de fábula con el discurso del perro del hortelano.

La virtual victoria de Susana Villarán, que ha desnudado el carácter intolerante y absolutamente antidemocrático de importantes sectores de nuestra sociedad y de la clase política, es la demostración de un cambio significativo en la «temperatura» de parte importante de la ciudadanía que entendió que no se trataba de optar entre un modelo económico y otro, entre la inversión privada y el estatismo, sino que se estaba eligiendo un equipo para gobernar y gestionar la ciudad y construir democráticamente su futuro con transparencia y con propuestas que deben incorporar a toda la población metropolitana.

Sin embargo, la victoria es aún virtual porque los votos restantes, más de un millón de ellos, dependerán ahora de la decisión del Jurado Electoral Especial, designado por el Presidente de la Corte de Lima, el doctor César Vega, conocido por su cercanía al partido de gobierno, que no ha mostrado precisamente neutralidad a lo largo de la campaña. Los ciudadanos y ciudadanas de Lima, deberemos estar vigilantes y atentos al desempeño de los magistrados encargados de esta tarea porque el cumplimiento de la voluntad popular no está necesariamente garantizado.

La importancia del triunfo de Villarán, que la convertiría en la primera alcaldesa elegida de nuestra ciudad, sin desconocer los indudables méritos que tiene, ni tampoco aquellos mostrados por Fuerza Social y las otras agrupaciones comprometidas en la campaña, no deben llevar a error. El éxito alcanzado no habría sido posible sin la movilización espontánea de miles de limeños y limeñas que ciertamente quieren un futuro mejor para ellos y su ciudad, un futuro sin corrupción, sin exclusión y con tolerancia. Eso es lo que no entendieron la señorita Flores y sus voceros, que despreciando la inteligencia y la información de la gente, pretendieron ganar la contienda aterrorizando al electorado. Lamentable final de una política que en el pasado se caracterizó por su inteligencia, pero también por su defensa de la democracia y su respeto a la diferencia.

Los desafíos de la señora Villarán, de confirmarse su victoria y no ocurrir nada extraño, serán indudablemente grandes. En estas semanas ha mostrado su capacidad y su resistencia, que le serán indispensables para atender los variados y complejos problemas que aquejan a nuestra ciudad. Desde el lado de los electores, están advertidos de lo que puede esperarlos en el proceso electoral del próximo año. Una especie de «vale todo» para impedir cualquier opción que sea distinta a lo que hemos conocido los últimos años. Su ventaja es que están dispuestos a defender su voluntad, habiendo ya quedado demostrado que la satanización del adversario es el mejor camino al infierno.

desco Opina / 6 de octubre de 2010

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Debates en (y con) Lima Sur

Hace dos semanas más de quinientos hombres y mujeres líderes de los distritos de Lima sur, se dieron cita en un debate de candidatos a la Alcaldía de Lima que debía contar con la presencia de todos los aspirantes a este cargo para discutir sobre la inclusión de esta parte de la ciudad en los planes de gobierno metropolitano. Pero la inclusión no es sólo cuestión de redacción. De cara al anunciado debate a realizarse en Villa El Salvador el próximo 27 de setiembre con las candidatas que van adelante en las encuestas, consideramos que cabe preguntar ¿Cuándo será estratégico para las grandes fuerzas políticas que planifican la ciudad, el diálogo con Lima sur?

«¿Qué hace la gestión metropolitana por Lima Sur?» fue un evento organizado y convocado por el Colectivo Lima Sur, que agrupa a 82 organizaciones de estos distritos y que ha canalizado las demandas metropolitanas de esta parte de la ciudad, en la Agenda Política de Lima Sur. Los intereses priorizados en este documento elaborado con la participación de vecinos y vecinas durante nueve meses de arduo trabajo organizativo, giran en torno a los ejes temáticos de educación, ambiente saludable, desarrollo económico local, equidad y participación ciudadana.

Aunque el 15% de la población total de la ciudad vive en los distritos de Pachacámac, Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, es preocupante ver cómo el interés electoral de algunos candidatos parece haber dado la espalda a estos ciudadanos, excluyéndolos del diálogo, como es el caso de una de las dos candidatas con mayores posibilidades de salir elegida, Lourdes Flores de Unidad Nacional. Eludir espacios como éste, legítimos y democráticos, que permiten tener una visión integral de la ciudad y los ciudadanos que se pretende gobernar, es un acto excluyente y cambiar esta oportunidad por un mitin, resulta narcisista.

Durante el debate, Susana Villarán y Luis Iberico, se comprometieron –desde sus planes– a respetar e incluir las prioridades expresadas en la Agenda: mayor trabajo por la educación, cuidado del medio ambiente de Lima Sur y protección del último valle verde que aún le queda a la ciudad, mejores canales de participación y diálogo con la ciudadanía, menos discriminación y acción positiva a favor de mujeres y jóvenes e impulso a las dinámicas económicas locales que abastecen gran parte de Lima. Ese es el panorama metropolitano.

Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, los candidatos distritales con mayores probabilidades de elección proceden de diversas fuerzas políticas, lo que plantea un escenario de gobiernos locales variado.

También a nivel distrital, los últimos debates organizados por el Colectivo Lima Sur muestran el gran interés de la ciudadanía porque sus voces sean escuchadas y los candidatos recojan e integren las propuestas ciudadanas en sus planes de gobierno local. Aunque resalta el esfuerzo de los candidatos por discutir sus programas de gobierno, resulta imprescindible generar un diálogo que integre los niveles distrital y metropolitano para unificar esfuerzos.

Sería positivo entonces, en proyección a los posibles resultados del próximo 3 de octubre, que los futuros alcaldes distritales y los candidatos metropolitanos comprometan y concerten planes –conjuntamente– en el respeto a las prioridades que los habitantes de Lima Sur plantearon para su desarrollo y que guarden coherencia y armonía con la mirada metropolitana. Es un principio de sentido común que haría más eficiente la gestión de la ciudad.

Lima Sur es parte de Lima metropolitana, y los ciudadanos que aquí viven, también padecen con la inseguridad ciudadana, el transporte caótico, entre otros problemas. De ahí la importancia de un instrumento como la Agenda Política de Lima Sur, que aporta con las prioridades señaladas por sus ciudadanos y ciudadanas y aunque no son los únicos temas a atender y fortalecer en estos distritos, son parte esencial del desarrollo que sus vecinos sueñan para su ciudad.

Nota aparte pero de igual relevancia, es el proceso de la Agenda Social de Lima Metropolitana, que logró articular a las organizaciones y pobladores de Lima Norte, Este y Sur en un espacio de formulación de una propuesta de desarrollo conjunta en el ámbito metropolitano.

desco Opina - Regional / 24 de setiembre de 2010
Programa Urbano
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Sorpresas y revelaciones en la recta final

La campaña electoral en Lima ingresó a su etapa culminante, con la candidata de Fuerza Social mostrando progresiones geométricas en su intención de voto, mientras que la de Unidad Nacional ve menguar sus posibilidades en idénticas magnitudes, previéndose que caída la tarde el 3 de octubre, las primeras cifras reveladas muestren una competencia voto a voto entre ambas o, en su defecto, una final y triunfal arremetida de Susana Villarán. A estas alturas, no parece abrirse campo para otra posibilidad.

Este último tramo, además, está revelando muchas e interesantes claves políticas. Parece claro que la manera como Lourdes Flores trazó inicialmente la cancha fue correcta, señalando que el eje del debate debía ser el deslinde con la corrupción. Su craso error fue no mirarse previamente en el espejo y percibir que esa corrupción que señalaba sin contemplaciones, vivía y se reproducía saludablemente en su entorno. Ahora, chuponeos infames mediante, los amigos de antaño le han recordado que siguen muy juntos. Condenable la interceptación telefónica, pero producida y hecha pública ésta, igualmente censurable lo que revela.

La situación que se ha creado da para preguntarse cuestiones de fondo. Por ejemplo, hasta qué punto ese ámbito que puede denominarse «derecha» en la política peruana es realmente un bloque sólido y, relacionado con esto, en qué medida el denominador común entre la mayoría de los que la conforman no es precisamente la corrupción. Al contrario de lo que suele suponerse, la derecha no es tan compacta ni tan decente. Finalmente, se trata de la misma derecha que apañó el fujimorismo y exhibe agresivamente su vigencia. La misma que asumió firmemente que los bienes públicos son sus asuntos privados.

En esa línea, los liberales serios de nuestro país –que son pocos, pero son– adelantan opinión, usando todos los adjetivos disponibles para mostrar su repugnancia ante el grotesco espectáculo que estamos presenciando en las últimas semanas. Tan es así, que incluso los pasquines herederos de las campañas sicosociales del fujimontesinismo han morigerado su estilo y aceptan a regañadientes que, finalmente, chuponear no es una buena idea, especialmente cuando evidencia a todas luces las miserias de la familia.

También hay novedades desde la izquierda del espectro político peruano. En efecto, sin tomar en cuenta la enorme posibilidad de triunfo de la candidatura de Villarán, la performance realizada es ya un triunfo político. Más allá de su declarado aggiornamiento, Villarán siempre afirmó su filiación izquierdista y, por tanto, pareciera que la leyenda sobre el conservadurismo limeño se confirma en parte como tal. Parece que las dificultades para relacionar el sentimiento social con la formulación política están empezando a superarse en la capital del país. La candidata de Fuerza Social, en cualquier caso, tiene un gran capital político en su fuerza moral y en muchas de las propuestas que son parte de su opción que va más allá de la izquierda tradicional, pero que la incluye. Todo esto, sin negar sus debilidades, donde la escasa opción que tienen sus candidatos distritales, es una de las más evidentes.

A la candidata, y más allá de ella a los sectores de izquierda, se les abre una oportunidad para recuperar la relación que tuvieron con la gente. Hasta el 3 de octubre tienen el desafío de cerrar existosamente ese importante esfuerzo en Lima, cohesionando y ampliando su votación primero, defendiendo sus votos después. A partir de esa fecha, el reto será mayor porque tendrán que convencer al país que Lima fue sólo un primer paso, lo que supone convertir la capacidad electoral que han mostrado, en una fuerza real de gran convocatoria, capaz de enfrentar la pretensión fujimontesinista de llegar nuevamente al gobierno, con beneplácito de Alan García en su proyección al 2016.

desco Opina / 17 de setiembre de 2010
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Una región llamada VRAE

Ante la propuesta de reestructuración del régimen pensionario de policías y militares, específicamente sobre la cédula viva, el tono de la reacción de altos representantes de las Fuerzas Armadas ha abierto algunas preguntas sobre el peso del poder militar en varias áreas de decisión pública.

El Ejecutivo sostiene que no es viable mantener la cédula viva y condiciona su continuidad a los aumentos progresivos anunciados para el personal efectivo militar y policial. El debate ha llegado hasta el Congreso de la República donde incluso representantes del partido de gobierno expresaron su reserva ante la propuesta del Ministerio de Economía, plasmada en el Presupuesto Público 2011.

Si bien es evidente que urge una reforma de este régimen pensionario –que fuera eliminado para los trabajadores civiles en 2006– lo cierto es que un cambio de esta naturaleza no será posible marcado por reacciones destempladas. Por un lado, el presidente García declaró que «no le importaba» la opinión de la bancada aprista; por otro lado las respuestas de los voceros de los militares en retiro, hacen pensar en situaciones extremas, como condicionar el papel de los militares en zonas críticas.

Una de estas zonas críticas es el VRAE, materia de sucesivos «planes» aplicados desde Lima, en una visión en la que el desarrollo queda postergado en función del componente militar en la lucha contra el narcotráfico. La zona –bajo jurisdicción de Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Junín– es un monstruo de muchas cabezas, en el que ante la inoperancia de los gobiernos regionales, el Gobierno Central, mediante el Ministerio de la Presidencia y el sector Defensa se ha convertido en el gran administrador. Para empezar, el Gobierno peruano debe caracterizar con mejores elementos la situación, distinguiendo el papel de Sendero como cuerpo de protección de narcotraficantes, de sus eventuales propósitos de poder político, puesto que eso supone estrategias diferenciadas.

El VRAE tiene potencialidades que pueden encaminarse hacia el desarrollo. Aprovechando los recursos del canon gasífero, la localidad de Pichari ha avanzado en la elaboración de un plan estratégico, en el marco del cual ha logrado mejoras sustantivas en términos de infraestructura y saneamiento. A pesar de que aún está pendiente plantearse una mejor distribución del canon desde una mirada de conjunto del VRAE, el caso de Pichari muestra también que los recursos, bien manejados, pueden transformarse en motor para el desarrollo. Pero para que eso se reproduzca en todo el valle, se requiere de un verdadero plan de desarrollo, más allá de la mera administración militar del conflicto existente.

desco Opina - Regional / 13 de setiembre de 2010
Programa Sierra Centro

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Entre la corrupción y la inseguridad

La campaña municipal por Lima –capital de la República y centro urbano más importante y densamente poblado del país– refleja en gran medida la pobreza del debate público acerca de dos temas que están hoy en el centro de la atención ciudadana: corrupción e inseguridad.

Si bien desde el partidor la candidata Lourdes Flores tuvo el reflejo político de proponer la anticorrupción como parteaguas de la campaña –en directa alusión a su entonces contendiente, Alex Kouri– pronto su discutible vínculo con el procesado por narcotráfico César Cataño, desdibujaron la propuesta ética de la lideresa pepecista, exponiéndola al asedio de sus adversarios políticos. Con la salida de Kouri de la contienda y de pronto segunda en las encuestas, Susana Villarán propuso volver a trazar la línea entre las «manos limpias» y la corrupción, intención que ha quedado bastante relegada ante los ataques desmesurados de los que ha sido objeto, por parte de un grupo de diarios limeños que comparten titulares e informes que descalifican la identidad izquierdista de los partidos que integran la alianza electoral Fuerza Social, llegando al extremo de comparar a su representante con el líder del sanguinario PCP-Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Aún más preocupante que la precariedad del debate sobre la corrupción –sin cuestionamientos de fondo a las oscuras finanzas de las empresas municipales– es el escaso nivel de propuesta en seguridad ciudadana. No obstante aludir algunos de los candidatos a un cambio de enfoque (policía de proximidad, estrategia preventiva, etc.) ninguna de las fórmulas ha escapado de la lógica imperante, que se limita al potenciamiento de las capacidades policiales. Todo ello cuando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana evidencia su absoluta inoperancia y se desdibujan las fronteras entre seguridad pública y seguridad interna, confundiéndose roles y objetivos entre los sectores del Estado. Por ejemplo, que el alcalde Castañeda insista en que la seguridad de la ciudad no concierne a su despacho, sino al Ministerio del Interior.

En este marco proliferan salidas de impacto mediático, como la reciente disposición presidencial que establece que los efectivos policiales dedicados a tareas administrativas pasen al patrullaje callejero, o la propuesta legislativa de ampliar las atribuciones de los cuerpos de serenazgo e, incluso, vigilantes privados, dando luz verde a que las calles se llenen de armas, cuando está ampliamente demostrado que esto tiene un efecto adverso sobre la sensación de seguridad, deteriorándola aún más, pues con ello se abren las puertas al mercado ilegal de armas sin control estatal.

Finalmente, queremos recordar que una de las aristas de la problemática de la inseguridad está en la expansión del narcotráfico, con parte considerable de la economía y la política del país bajo su influjo. Aun cuando el problema no alcanza, ni mucho menos, las proporciones que ha adquirido por ejemplo en México, la situación de ese país puede servirnos como advertencia de lo que depara el futuro si no se incorpora seriamente esta variable.

desco Opina / 3 de setiembre de 2010
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La cuota indígena y las elecciones locales y regionales

Ya se inició la carrera electoral regional y municipal, y las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios –al amparo del artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales– les corresponde ocupar no menos del 15% en las listas de candidatos a regidores o consejeros regionales en sus jurisdicciones, según las cuotas establecidas para este efecto. En la Selva Central, los líderes de las etnias reconocen que si bien los movimientos y partidos políticos incorporan miembros de las comunidades a las listas electorales, también señalan que muchas veces éstos son seleccionados con estilos poco democráticos y sin considerar su compromiso con sus pueblos ni su capacidad de interpretar y expresar las demandas e intereses que en teoría representan. No tienen participación efectiva en las propuestas de planes, que son elaboradas sin recibir los aportes y opiniones de las comunidades.

En diversos medios locales de la selva central los líderes indígenas han manifestado la disconformidad que tienen sus organizaciones sobre la ubicación que se les asigna en las listas a sus eventuales representantes. Colocarlos en los últimos lugares muestra que el objetivo es cumplir formalmente con el requisito establecido por la ley, antes que una intención de representación. Por otro lado, más de una comunidad ha visto alterada su dinámica interna a raíz de las pugnas político partidarias que hasta hace pocos años les eran ajenas. Lidiar con tensiones de corte partidario es acaso el costo de consolidar una representación propia que permita la inclusión de las etnias amazónicas en la vida política.

Algunos líderes representativos de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central-CENCOSEC –que agrupa a más de 120 comunidades– manifestaron su disconformidad con la pobreza de la oferta electoral en relación a sus comunidades (edición de Julio de la Revista Diario Regional Selva Central), al señalar que la aparente atención que los candidatos prestan a sus demandas contrastan con el alarmante desconocimiento de la realidad indígena que se evidencia en las propuestas de planes de gobierno. Otros líderes aluden directamente al carácter abstracto de las propuestas de inclusión “… el respeto a la diversidad étnica está bueno pero como van resolver nuestros problemas, eso no está claro”, en una crítica a la retórica del momento, que responde a la incapacidad de los candidatos para articular en sus propuestas la problemática de las comunidades.

Si en territorios caracterizados por la fuerte presencia y dinámica indígena vemos que las limitaciones para articular una representación política causan malestar, a escala nacional la cuestión abre un período de tensión para las organizaciones amazónicas. Como muestras tenemos, además de la potencial candidatura de Alberto Pizango, la reciente polémica alrededor de la opción de la líder yanesha Lidia Rengifo, que anunció que acompañará en las próximas presidenciales al ex premier Yehude Simon, ampliamente cuestionado por su papel durante el Paro Amazónico que culminó trágicamente con el “Baguazo”.

desco Opina - Regional / 27 de agosto de 2010
Programa Selva Central

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¿El final del conflicto de La Convención?

Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.

La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.

Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.

En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.

Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.

desco Opina / 20 de agosto de 2010
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