Las últimas semanas se han evidenciado nuevos escándalos que muestran el grado de corrupción existente en el país, así como la amenaza de importantes conflictos alrededor de algunos de los anunciados megaproyectos que están en curso. En lo que hace a los escándalos, es indudable que el indulto al empresario José Enrique Crousillat y su posterior anulación, como resultado de su grosera exhibición pública y peor aún, de su pretensión de recuperar la administración de América Televisión, le ha hecho un fuerte daño al gobierno, al Ministro de Justicia –que incomprensible y desafiantemente se aferró al cargo hasta ser tardíamente cesado, pareciendo defensor del involucrado–, así como al propio Presidente de la República, que difícilmente se puede creer sea una víctima de esta comedia de equivocaciones, que explicita la total vigencia y la fuerza del fujimontesinismo en plena coyuntura electoral. Los argumentos esgrimidos como justificación de la patinada gubernamental –el abuso de su buena fe– no convencen a nadie y perjudican, una vez más, la confianza ciudadana en la política y sus instituciones.
El escándalo y el espectáculo ligado a éste coinciden con la amenaza de profundización de los conflictos, ya en marcha, alrededor de dos de las futuras grandes inversiones en las que parece estarse embarcando el país, una privada y la otra pública. El primer caso es el de la explotación cuprífera de Tía María, que compromete a la empresa minera Southern Perú y a sectores importantes de la población de Islay, Arequipa. Mediante una inversión cercana a los mil millones de dólares, la empresa pretende extraer 120,000 toneladas métricas de cobre en una zona agrícola, pesquera y turística, sin que la empresa se responsabilice claramente de los eventuales daños colaterales al medio ambiente y a las fuentes de vida de casi 50,000 habitantes. Inicialmente rechazada en una consulta popular que contó con 13,000 participantes (91% de oposición), hoy, un frente regional, integrado, entre otros por el Presidente Regional, el alcalde provincial y distintas autoridades locales, organizaciones sociales y colegios profesionales; rechaza la posibilidad de que la empresa use aguas subterráneas o construya una presa para sus actividades, aceptando posiblemente el rebombeo del agua de mar, para ese fin.
Así las cosas, el Ministerio de Energía y Minas pretende discutir en abril, un estudio de impacto ambiental, rechazado por la población, que no acepta el supuesto soporte técnico de la empresa para manejar las aguas subterráneas. Aunque la negociación no está cerrada y la población arequipeña parece aceptar la inversión, de usarse el agua de mar, las voces que exigen el uso de la fuerza y denuncian intereses «oscuros» contra el proyecto, ya se hacen oir ante la despreocupación de las autoridades del MEM, interesadas sobre todo en asegurar la marcha del mismo.
El segundo caso es el de uno de los 6 megaproyectos energéticos que el gobierno pretende instalar como parte del convenio con Brasil, la hidroeléctrica de Inambari, que ha motivado ya la paralización de diversas provincias puneñas. Con una inversión de más de 4,000 millones de dólares, el proyecto que apunta a generar 2,000 MW de electricidad –75% para el Brasil y 25% para Perú–, supondría la mayor represa del país y la quinta de América Latina, utilizando 26,500 millones de metros cúbicos de agua, con un espejo de 410 kilómetros cuadrados, en una concesión de 1,700 kilómetros cuadrados. El proyecto implicaría desplazar 27 centros poblados de Puno (San Gabán) y por lo menos 12 de Cusco; exigirá también la inundación de 40,000 hectáreas de tierra, incluyendo el 4% de la superficie del Parque Nacional Bahuaja y de más de 60 kilómetros del tramo IV de la Interoceánica, ya construidos, ello, además de severos impactos ambientales y climáticos, como la deforestación directa de miles de hectáreas por el tendido de 300 kilómetros de líneas de transmisión en nuestro territorio, así como el incremento en 5.86% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, sin incluir los que producirían las turbinas y los ventiladores… Ello, sin discutir el sentido último de un proyecto que beneficia a los brasileños, antes que al país. Por cierto, como en el caso anterior, distintas voces pretenden reducir el conflicto a la «acción interesada de comunistas y ONG».
Lo dramático de los tres casos es la falta de responsabilidad de las autoridades involucradas. Ese «desconozco mayormente» del gobierno en el escándalo Crousillat, es equivalente a la actitud indolente de las autoridades de distintos sectores, con responsabilidad en el futuro de los proyectos de Tía María y la presa de Inambari. Cuando el deterioro de nuestro sistema político está alcanzando niveles insospechados y cercano aún y sin solución cabal el caso de Bagua, produce malestar profundo la falta de responsabilidad política y de compromiso con la democracia que están mostrando nuestros gobernantes.
desco Opina / 19 de marzo 2010
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