Viviendo en mundos paralelos, sembrando vientos

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.

De acuerdo al portal Ojo Público, los bosques y suelos arrasados por incendios forestales en el Perú crecieron más de 60% en cuatro años y hasta la tercera semana de septiembre hubo 3411 alertas de incendios en el país. La cifra es 32% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023. El impacto es aún más grave desde la perspectiva histórica. Entre 2019 y 2023, el área de bosques y suelos afectados por el fuego pasó de 18 088 a 29 308 hectáreas En este escenario, con la banalidad y la soberbia que caracterizan al Ejecutivo, mientras el patético ministro Adrianzén se esforzaba en restarles importancia, cuestionando que se los califique de tremendos y terribles para justificar su inacción, su colega Manero, minimizó la quema de cinco mil hectáreas, sosteniendo que ello no afecta el abastecimiento de los mercados porque “tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas”.

El Gobierno, desde el primer momento, pretendió explicar la multiplicación de los incendios por la práctica ancestral de quema y roza como única causa. La misma era tan infantil, que la propia Defensoría del Pueblo, la misma que está capturada y silenciada por la coalición autoritaria en el Gobierno, se vio obligada a recordar que la exoneración de sanciones administrativas y penales que promueve la Ley 31973, llamada ley “antiforestal”, contribuyó decididamente a la proliferación de los incendios.

De igual manera, en lo que hace al aumento de la inseguridad, aunque los números no dejan lugar a dudas, la incapacidad gubernamental se exhibió también. A septiembre, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. En el caso de construcción civil, 5 dirigentes fueron asesinados hasta ese momento y más de 5000 trabajadores se vieron desempleados por la paralización de obras. En el año en curso, según la Asociación de Bodegueros, más de 9000 microempresarios denunciaron actos delincuenciales, 2600 bodegas se vieron obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana y 5000 más cerrarán a fin de año. Según INEI, entre enero y junio de este año, en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 29,7% de la población fue víctima de algún hecho delictivo y 13 de cada cien fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular.

En este escenario de violencia e inseguridad, el ministro del Interior, más preocupado por explicar los silencios de la mandataria y por defenderse de las distintos señalamientos sobre su trabajo de ambicioso escudero, que se multiplican en los distintos medios, apareció anunciando la convocatoria a una marcha por la paz como parte de una “estrategia” primitiva y demagógica que combina la declaración del estado de emergencia, la presentación de una propuesta legislativa más, que se suma a las 17 del Congreso de la República, creando la inútil figura de un nuevo tipo delictivo, el “terrorismo urbano”, anunciando el aumento de las penas, pero guardando cuidadoso silencio frente a la resistencia de la Junta de Portavoces a poner en debate la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. En la misma dirección, y con el mismo gesto adusto, el Presidente del Consejo de Ministros adelanta la decisión de volver a un Fuero Militar para que policías y militares se “sientan respaldados” en sus tareas de orden interno. Con ellos, el ministro de Educación, señalando que no le harán el juego a ningún paro, mientras el Jefe del Estado Mayor de la Policía trató de convencernos de que luego de El Salvador de Bukele, nos encontramos entre los países más seguros de la región.

En este cuadro de horror, el Congreso se mantiene firme en su línea. Defiende la Ley Nº 32108 que favorece a las organizaciones criminales, convencidos de que su derogatoria afecta la búsqueda de impunidad de muchos de sus integrantes; en la última semana presentan hasta 4 nuevos proyectos –Fuerza Popular y Renovación Popular– para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, y por si fuera poco, para engañar a una platea que sólo existe en su imaginación, interpelan a los ministros de Ambiente por los incendios forestales, y al del Interior por motivos múltiples, con menos de una veintena de asistentes en cada caso, para demostrar que como fiscalizadores de sus socios, son buenos punteros mentirosos.

Como imagen final, la mandataria que ya se acostumbró al silencio con los periodistas y la altisonancia en inauguraciones o visitas, pasando con enorme facilidad de su cotidiana torpeza, por ejemplo, señalar a quienes no tienen ingresos de terminar convertidos en delincuentes, a la agresividad primariosa de acusar a sus críticos de envidiosos e insatisfechos o de “cargar en sus hígados enfermos el odio…”.

Imposible sorprenderse de los resultados de la encuesta. El desinterés total por la política que ha crecido 6 puntos el último año (33% y 39% en el Perú rural) es comprensible. La inacción de la coalición gobernante, con Fuerza Popular encabezándola cada vez más, frente a la ola delincuencial que nos azota, ha comenzado a generar la reacción ciudadana. En Sullana, la mandataria fue rechazada por una población afectada por la extorsión y el sicariato; en Ica, el Ministro del Interior fue abucheado y tuvo que partir rápido; en Lima, el 26 de setiembre miles de choferes de transporte público paralizaron sus actividades exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto; más de 20 gremios empresariales, entre los que están la  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han suscrito un pronunciamiento señalando que hay un gobierno paralelo: el del crimen organizado….

Cuidado, que de tanto sembrar vientos, empecemos a cosechar huracanes….

 

desco Opina / 4 de octubre de 2024

Salario mínimo: un impulso necesario y justo para la recuperación

 

Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.

A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones. Ese foro existe, es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en particular, la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM). Es en este espacio donde se debe buscar el equilibrio entre las preocupaciones empresariales sobre los costos laborales y las legítimas demandas de los trabajadores por una remuneración digna.

En este contexto, el pleno del CNTPE encargó a la CEPSM, el 12 de agosto último, la tarea de evaluar la solicitud de incremento de la RMV, formulada en el discurso presidencial del 28 de julio. Se espera que la comisión concluya su trabajo hacia mediados de octubre y comunique sus conclusiones al Poder Ejecutivo, quien finalmente tomará una decisión. No obstante, este debate no debería terminar ahí. El reto mayor radica en avanzar hacia la institucionalización de un proceso que permita reajustes periódicos y predecibles de la RMV, evitando que éste se convierta en una disputa sujeta a los vaivenes políticos o a la presión coyuntural. Consolidar un mecanismo transparente y sostenible para futuros reajustes será clave para garantizar la estabilidad económica, como la equidad social.

La discusión sobre el aumento de la RMV se enmarca en un contexto económico relativamente favorable. En los últimos seis meses, Perú ha mostrado una tasa de crecimiento cercana al 3%, lo que indica cierta recuperación después de un período de inestabilidad global. Este crecimiento otorga alguna capacidad al mercado laboral para absorber un aumento en la RMV sin que comprometa la competitividad o cause un impacto negativo en la creación de empleos formales.

Una de las cuestiones centrales a evaluar a favor de un incremento de la RMV, es la mejora en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado tiene capacidad para generar empleo y absorber un aumento en los costos laborales. Además, la informalidad, que ha sido una barrera histórica para el desarrollo económico en Perú, ha caído en 1.6 puntos porcentuales en los últimos doce meses, lo que representa una mejora en la calidad del empleo. Esta reducción, también refuerza la idea de que un incremento de la RMV podría ayudar a consolidar la formalización de más trabajadores.

Adicionalmente, cabe destacar que la relación entre la RMV y el salario medio ha disminuido, tanto en el mercado laboral en su conjunto, como en el empleo formal. Esto significa que el salario mínimo ha perdido terreno frente a los salarios promedio, lo que ejerce presión social y económica para que se ajuste de manera que mantenga su poder adquisitivo y cumpla con los estándares de equidad que promueve la Constitución.

Por último, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 9% desde el último incremento producido en mayo de 2022. Este deterioro afecta principalmente a los trabajadores y sus familias que dependen de la RMV para subsistir. Por tanto, un aumento no sólo es necesario desde el punto de vista económico, sino también social, para garantizar que los trabajadores puedan hacer frente al incremento en los costos de vida.

Sin embargo, no todos los indicadores socioeconómicos son tan alentadores. Un componente necesario para justificar un aumento de la RMV es la productividad multifactorial, que no ha mostrado avances, sino por el contrario, retrocesos en los últimos años. La informalidad sigue siendo masiva y, por tanto, se constituye en un obstáculo para mejorar la productividad, ya que una gran parte de la fuerza laboral no tiene acceso a capacitación o tecnología. Además, aún falta una recuperación significativa de la inversión privada en sectores de valor agregado y del consumo, lo que limita el dinamismo económico general. Es posible que el aumento de la RMV contribuya a la recuperación del consumo, pero serán necesarias también, políticas que apunten a mejorar el capital humano de los trabajadores y el clima de confianza para reactivar la inversión privada.

Para concluir, el aumento de la RMV, más allá de las tensiones que genera en el debate público, debe seguir discutiéndose en el marco institucional del CNTPE, con el rigor técnico que amerita. Como ya se ha explicado, el verdadero desafío, además de subir el salario mínimo antes de fin de año, es el de garantizar que este proceso se institucionalice en una norma y se maneje de forma predecible, protegiendo tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. De esta manera, el proceso se alineará mejor con el mandato constitucional de garantizar una remuneración equitativa y suficiente para los trabajadores y un desarrollo sostenible.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de setiembre de 2024

Un recodo en el camino

 

El deceso de Alberto Fujimori ha intensificado los adjetivos habituales. Los comentaristas políticos llaman a esto “polarización”, porque los contendientes bosquejan “el legado fujimorista” según sus respectivos puntos de vista.

Para el caso, es muy importante que se ponga sobre la mesa lo que significó su régimen en materia de derechos humanos y el arrasamiento de las instituciones. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, los pagos a Vladimiro Montesinos y a los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales y el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Además, fue sentenciado por el caso de los diarios “chicha”, por el desvío de fondos públicos (alrededor de 122 millones de soles) para financiar sus campañas electorales y difamar a sus opositores políticos. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló esta condena, argumentando que las pruebas no demostraban con claridad la responsabilidad de Fujimori.

Pero, no es todo. En diciembre pasado el Poder Judicial había dado inicio al juicio oral por el caso Pativilca contra Fujimori, Montesinos y otras veinte personas, acusadas de homicidio calificado y asesinato con alevosía. En la audiencia, Vladimiro Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que Fujimori debía cumplir una orden de impedimento de salida del país.

Por otro lado, en junio de 2023, la Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Fujimori para ser juzgado por cinco casos más: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés en Lima, el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros, así como las esterilizaciones forzosas, en las que también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Sobre el último caso, en diciembre pasado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada una demanda de amparo y, por lo mismo, declaró nulo el expediente de apertura de dicho caso. Luego, en agosto de este año, el Poder Judicial anuló la acusación presentada por la Fiscalía, dejando sin efecto lo actuado por esta instancia.

Inversamente proporcional a los señalamientos y acusaciones en materia de derechos humanos y corrupción, está lo referido al modelo económico. Ha sido muy poco lo que se ha puesto en cuestión estos días, de lo que sin lugar a duda es el corazón mismo de la Constitución de 1993, auspiciada por un fujimorismo que tenía en esos años todos los medios para proceder. Con ella, se diseñó un régimen denominado de “economía social de mercado”, con el que se consagró los roles disminuidos –subsidiarios– que tendría el Estado en materia económica.

Otro cambio fue el grado de autonomía que se le otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quedando explícitamente prohibido de financiar al Gobierno y, con ello, poner punto final a la emisión inorgánica –la “maquinita”– a la que fueron muy adeptos los gobiernos pasados.

Un tercer aspecto resaltante fue el programa de privatizaciones, bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos por unos 7200 millones de dólares.

Como vemos, los aspectos ya señalados, y seguramente muchos otros más también, continuarán argumentándose de la manera como se hace en estos momentos: que la derrota de la subversión no legitima los excesos en materia de derechos humanos versus quienes creen lo contrario; que el rol del Estado es asegurar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos frente a quienes sostienen que su rol básico es el de promover entornos favorables a la inversión. La balanza se inclinará para un lado u otro por la fuerza argumentativa, sin duda también emotiva, que deberán tener las posiciones hacia adelante.

 

desco Opina / 20 de setiembre de 2024