La seguridad ciudadana de López Aliaga

 

Atender las demandas de seguridad ciudadana en grandes ciudades del tercer mundo como Lima, requiere un enfoque integral. Exige responder a las causas subyacentes de la delincuencia como tomar medidas para prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos, mejorando su entorno. Es indispensable enfrentar las muchas dimensiones que involucra la inseguridad como un problema complejo articulando con eficiencia la intervención de diversos actores, públicos y privados, en diferentes sectores y aspectos de la vida social del Perú.

La seguridad ciudadana requiere atenderse desde múltiples perspectivas, que pasan por el fortalecimiento de la policía local, la implementación de programas de prevención del delito, pero también por la mejora del entorno de las personas. Es decir, en la infraestructura y el equipamiento urbano en la iluminación pública, en la señalización urbana general y en particular la del tránsito, la prestación de servicios higiénicos públicos de calidad y la educación ciudadana. Esto exige promover la participación comunitaria y la colaboración de otras autoridades gubernamentales para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

En Lima Metropolitana soportamos una gestión municipal que, según datos de distintas fuentes, es absolutamente incapaz de gestionar eficientemente la ciudad en asuntos de seguridad. Según el último estudio de opinión Informe IPSOS sobre seguridad (febrero, 2024), 81% de los entrevistados se sienten inseguros de caminar por la calle de día y 94% cuando es de noche. El 70% considera que las condiciones de seguridad han empeorado, y apenas 8% estima que han mejorado.

Las estadísticas anuales del INEI Informe técnico N° 2 INEI sobre seguridad ciudadana (marzo 2024) dan cuenta que la población urbana de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo entre setiembre 2021 y febrero 2024 en Lima, ha pasado del 24.4% al 32.1% (ver el gráfico Nº 36 y otros datos del informe). Finalmente, para el grupo Lima Como Vamos, la inseguridad como sensación, bordea el 70.9% a diciembre 2023, con tendencia al empeoramiento anual de los indicadores de calidad urbana en Lima. La percepción a futuro sobre delitos que pueden sufrir los ciudadanos también es negativa: aumenta en robo de dinero o celulares, robo a las viviendas, estafas, amenazas e intimidaciones, extorsión (pasa de 21.7% a 26.0% –el de mayor crecimiento–), secuestro, maltratos y ofensa sexual, así como robo de negocios.

Algunas de las expresiones de la inseguridad urbana han ganado mayor protagonismo: la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, los secuestros de corta duración, la extorsión a negocios diversos, los asaltos en vías públicas, la mayor propagación del expendio de drogas y la proliferación de armas con capacidad de fuego superior a las de los policías, entre otras.

¿Qué ha hecho el alcalde López Aliaga para atender esta problemática y por qué la situación empeora? Propuso la identificación obligatoria de las motos lineales. Incluía que los conductores porten obligatoriamente un chaleco y un casco que lleven grabado el número de placa del vehículo, para la identificación y la labor de prevención policial y de serenazgo. Prometió la compra de 10 000 motos, en una rara figura de adquisición de equipamiento desde una entidad municipal para su entrega a la policía. Hace unos meses llegó un primer lote de 400 motos de un total –reajustado– de 4000.

Asimismo, propuso crear comités de autodefensa vecinal, cuyos dirigentes opten por formas de autoprotección vecinal para regular el acceso de personas ajenas, así como implementar instalaciones de seguridad como plumas, rejas y cámaras. El alcalde López Aliaga dijo que crearía un “Botón de Pánico” ante emergencias mediante un aplicativo móvil para respuesta inmediata al vecino. Ofreció que reservistas de las FF.AA. serían parte de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor vulnerabilidad, violencia y delincuencia.

Otras medidas, de su enfoque tradicional y represivo, se limitan a la integración metropolitana del sistema de cámaras de seguridad (4000), el patrullaje integrado de policías/serenos y el fortalecimiento de una central municipal de seguridad, así como la colocación de macetas con plantas y flores para espantar a los delincuentes.

Políticas públicas que deben implementarse

Reiteramos que lo que se requiere es disuadir el crimen, pero dentro de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la informalidad y la delincuencia, como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos de calidad (salud, transporte, recreación y áreas públicas). Se necesita, como ya dijimos, el mejoramiento del entorno barrial y del espacio público, empezando por calles bien iluminadas y limpias, incluyendo parques y paraderos.

El trabajo municipal debe ser concertado con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando políticas públicas de inversión en educación, que proporcionen a las y los jóvenes oportunidades para su desarrollo personal y profesional. También fomentar el empleo y crear oportunidades que ayuden a disminuir la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos, además de promover la vigilancia comunitaria activa en la prevención del crimen.

 

desco Opina - Regional / 10 de mayo de 2024

descoCiudadano

Gobierno débil y larga inestabilidad

 

La tarea de hacer conjeturas generales sobre el futuro económico y político del país para el presente año es desafiante, tanto para los analistas políticos como para los económicos y financieros. Sin embargo, al analizar la coyuntura actual en el Perú, nos vemos obligados a considerar una serie de elementos adicionales para especular mejor sobre el papel de los distintos actores individuales y colectivos en el escenario. Eso, si de verdad queremos comprender mejor la situación en este año tan particular en el que conmemoramos el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia americana, conseguida peleando en las pampas de Junín y Ayacucho.

Existen indicadores preocupantes en el país en términos de estabilidad, paz social y la redistribución de la riqueza producida en los últimos años. Hay constantes que resultan espeluznantes, para quien busque tales indicadores y aquellos otros relativos a la confianza para la inversión. Éstos también reflejan la mala calidad de los servicios sociales como en los desayunos escolares para millones de niños o en los servicios públicos de salud, que son de difícil acceso para millones de afiliados. Nuestros hábitos de consumo diario, más allá de la pertenencia a una clase social u otra, reflejan en suma una realidad donde la mayoría experimenta una disminución en su nivel de vida.

Parece que estamos atravesando un período en el que la vida cotidiana de los peruanos se ve dominada por una rutina de inseguridad generalizada, mientras que los eventos políticos parecen sacados de malos guiones de comedia y de las peores telenovelas. El país real acelera su ruta hacia lo desconocido, cada vez menos estable y con menor institucionalidad, cuando se rompe a diario la Constitución y no se aplican las leyes, o se dan para favorecer a las mafias y la corrupción. Llegamos al extremo de considerar el regreso de Fujimori al poder o la presidencia de Antauro Humala como el castigo electoral que el pueblo peruano daría a sus actuales gobernantes. También aparece el aumento de las remuneraciones de los congresistas, otorgado por el mismo Parlamento que le exige al Ejecutivo austeridad ante la crisis económica y la recesión actual.

Es difícil discernir entre los momentos de inacción y aquellos en los que los acontecimientos se desarrollan caóticamente, creando una sensación de confusión y desorden. Parece dar la impresión de que solamente tenemos ante nosotros un enredo descomunal que nos proyecta al vacío. Ni lo uno ni lo otro ocurren en puridad. Por ahora, parece que estamos dispuestos a aceptar el mal gobierno como un padecimiento de temporada, como la inevitable llegada del frío que trae todo invierno, a la espera más adelante de mejores tiempos y condiciones, sin que nadie sepa cómo llegar a ese punto de retorno y evitar caer en algo más grave de lo que ya tenemos: un régimen político que combina elementos democráticos con otros tipos de poder autoritario y corrupto donde las instituciones políticas democráticas son formales, pero no pueden ocultar una realidad de dominación autoritaria.

Las luchas por el poder, la aplicación efectiva de la ley y la justicia, y la erradicación de la corrupción siguen siendo aspiraciones que se enfrentan a promesas políticas vacías y populistas. La pita nunca se ha roto para los poderosos, interesados siempre en sacar adelante sus propios negocios, y muy poco sensibles para atender las urgentes necesidades del Perú como un conjunto de ciudadanos cada día más pobres. Los enfrentamientos entre los poderes del Estado que evidencian un gobierno débil y la corrupción que lo acompaña, siguen siendo obstáculos serios para el progreso, mientras que los esfuerzos desplegados por cambiar agobian a quienes genuinamente buscan contribuir a un proyecto nacional (por ahora inexistente).

Debemos reaccionar ante esta situación nacional e impedir convertirnos en seres aislados, incapaces de actuar en conjunto como parte de una sociedad cohesionada con objetivos compartidos y no solo atenta a demandas del momento. Es decir, como una agrupación mayor de seres humanos cercanos no solo por la geografía, sino también por compartir fuertes lazos culturales, históricos y económicos. La creciente anonimización de nuestras ciudades, la individualización extrema de nuestros comportamientos y la desconfianza hacia los demás son síntomas de la necesidad de un cambio que debemos abordar como ciudadanos responsables.

Es primordial comprender nuestra realidad en este momento de nuestra historia común y asumir una responsabilidad política colectiva frente a los desafíos que enfrentamos de inestabilidad política y debilidad de gobierno. La pobreza y el sufrimiento humano no pueden ser simplemente cifras en informes estadísticos, sino que deben ser considerados como problemas que requieren nuestra atención y acción. Esto es, entender para la vida práctica lo que se nos ha impuesto ya como una colectividad impersonal y cruel en la que predomina el anonimato de las ciudades, la individualización extrema de los comportamientos y el repliegue personal de la mayoría, alimentado por una creciente desconfianza respecto del otro que nos impiden salir adelante democráticamente.

 

 

desco Opina / 3 de mayo de 2024

La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro