martes

Entre la incertidumbre, el temor y la polarización

 

El país inició la semana en modo preocupación y angustia. Los primeros resultados de las elecciones presidenciales del 11 de abril no dejaban mucho espacio para la duda. La segunda vuelta, ratificando las tendencias que mostraron distintas encuestas a lo largo de la última semana, incluso cuando estaba prohibida su difusión, sería entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, tras tres meses de campaña donde la volatilidad de la intención del voto fue una constante. Los comicios, hay que recordarlo, se llevaron adelante en un contexto de pandemia y enfermedad que luce sin control. En la semana previa a la votación, el gobierno anunció el cambio de su estrategia de vacunación ante el naufragio evidente de la que estaba en curso; más tarde, el 10 de abril se denunciaba la muerte de 12 pacientes en el hospital II de Talara porque el isotanque de oxígeno se quedó vacío, mientras el día previo a la elección se registraron 384 muertos, el número más alto desde que aquella asomara en nuestras tierras.

Así, al total descrédito de la política y los políticos como a la falta de credibilidad del Estado, en esta ocasión se añadió a lo largo del proceso electoral, la cuota de muerte y sufrimiento que atraviesa el país como parte del COVID-19 que desnudó, por si hiciera falta, la precariedad acumulada a lo largo de décadas de nuestro aparato de salud, la incapacidad del Estado y las grandes desigualdades que nos caracterizan como sociedad. Al desinterés y la desconfianza que producía una elección con 18 candidatos presidenciales, los más de ellos desconectados de la gente y sus necesidades, se sumó una campaña altisonante, prácticamente vacía de contenidos y llena de ofertas y anuncios fantasiosos en los que cayeron la mayoría de aspirantes para beneplácito de muchos medios de comunicación, interesados en el rating y la venta, antes que en la información y la promoción del debate.

Con este escenario no sorprende que el ausentismo, 28.30%, fuera el más alto de este siglo, superando por más de 10 puntos al del 2016, no obstante el esfuerzo realizado por la ONPE más allá de errores puntuales como el horario de votación para la población vulnerable, que hay que reconocer, logró sacar adelante el proceso con relativo éxito. Tampoco debe sorprender la suma también alta de votos blancos y nulos (17.5%), lo que hace que más del 45% del padrón expresara su desconfianza en la variopinta oferta electoral y su desconfianza en que desde aquella haya voluntad e interés por cambiar las cosas. Sólo así puede entenderse que la suma de los votos de los candidatos que ocuparon los tres primeros lugares, esté por debajo de ese porcentaje.

Más allá del desconcierto y de las explicaciones parciales que han producido inicialmente los resultados, hay algunos elementos, nuevos y viejos, que conviene señalar. El mapa electoral resultante es muy similar al que se diera el 2006. Lima - Callao y parte importante de la costa moderna votando por el modelo y el mercado, mientras la sierra, desde Cajamarca hasta Puno, haciéndolo por el cambio y por mayor presencia del Estado. García y Humala terminan reemplazados por Fujimori y Castillo en esta ocasión. Si entonces el comandante era la “sorpresa” para los entendidos, ahora parece serlo el profesor.

El fujimorismo, si bien severamente golpeado tras su naufragio los últimos años, apareció en estas elecciones con tres rostros –Keiko, López Aliaga y De Soto– que se fueron diferenciando y distanciando rápidamente a lo largo de la campaña, evidenciando las grandes dificultades de una derecha que compitió más dividida que nunca. Dificultades que le harán más difíciles de lo que se puede creer, la construcción de acuerdos con sus primos hermanos que, a juzgar por su reacción inicial, no encuentran hasta ahora “razones” válidas para ceder con facilidad su espacio. El uno, porque coincide con su conservadurismo, su homofobia y su machismo con varios de los discursos presentes en la candidatura de Perú Libre; el otro, porque su voluntad asesora lo hace impredecible.

El caso de Castillo es tanto o más complejo. A las distintas explicaciones identitarias de su voto, que sin duda son parte de la explicación, hay que añadir que se trata de un candidato que contó con el apoyo movilizado de algunos miles de maestros en todo el país y una campaña más presencial, especialmente en el sur, que siguieron su liderazgo en el conflicto en el gremio magisterial desde la huelga de 2017. A ellos se suma el aparato de Perú Libre, una construcción partidaria de los hermanos Cerrón que tiene una década de actuación, además del “aventón” que le dieron distintos medios de comunicación en su afán de liquidar las posibilidades de Verónika Mendoza, vista a lo largo de la campaña, hasta empezar abril, como el riesgo electoral mayor para la derecha y el modelo. A ello, por cierto, hay que añadir el conservadurismo y desinformación de sectores importantes del mundo popular, especialmente del interior del país y del medio rural. Como parece claro, la relación entre el candidato y la agrupación que lo llevó, será un primer tema de tensión.

A las dificultades y desafíos de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta, hay que añadir que tendrán al frente a un Congreso fragmentado en 10 u 11 bancadas, donde en el mejor de los casos Patria Libre tendrá entre 33 y 37 representantes (¿cuántos del partido?, ¿cuántos del candidato?) y Fuerza Popular no más de 25. En un escenario complejo, con dos personajes que entrarán a un nuevo proceso, distinto a la primera vuelta, emergiendo de unos comicios que lo que expresan es desconfianza, descontento y distintos malos humores y temores, es probable que la incertidumbre y las sorpresas se mantengan hasta el final.

Como es evidente, en el corto plazo tendrán que pronunciarse con precisión sobre la vida cotidiana. Adquisición de vacunas, vacunación, oxígeno, atención primaria de la salud, generación de empleo y rutas de reactivación de la economía, están entre las preocupaciones de la gente. En el mundo ideal, ellos y los partidos que han logrado representación en el Congreso debieran construir acuerdos que corresponden al sentido común y no a la ideología. Parece, sin embargo, que será muy difícil, como lo ha sido hasta ahora, que algo así ocurra, lo que nos llevará a más polarización y temor a pesar de algunos parecidos entre ambas candidaturas. O precisamente por ellos.

 

desco Opina / 13 de abril de 2021

El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

descosur

viernes

Se contrae la indecisión

 

En medio del crecimiento récord de contagiados diarios desde el inicio de la pandemia, el Perú se asoma al día de las elecciones generales nacionales 2021-2026. A tan solo dos semanas de la votación programada para el 11 de abril, a diferencia de anteriores procesos electorales, el número de indecisos es enorme, aunque tiende a disminuir.

En un escenario atípico, con demasiados aspirantes al cargo presidencial pese al gran desgaste y desprestigio de la política, los electores empiezan con retraso a definir su voto. Es de esperarse que el nivel muy alto de indecisos, más que de costumbre, disminuya. La volatilidad de las preferencias electorales será, como es de esperarse, cada día menor, a medida que los peruanos y peruanas empecemos a echar ojo a las listas de candidatos y candidatas al Congreso de la República por las regiones. Lo que no va a ocurrir es que algo similar suceda con el nivel bastante alto de fragmentación del voto, pues ningún candidato o candidata se asoma al 15% de las preferencias.

Ante este panorama algunas organizaciones y ciudadanos a título personal, han empezado a proponer desde las redes el retiro de candidatos sin opción para así brindar un apoyo real o tácito a postulantes con mayores posibilidades, que levanten propuestas afines a las de los descartados por la gran mayoría ciudadana. Así, se estaría reconfigurando la posibilidad de llegar al día del escrutinio de votos –y no a las encuestas como ocurre ahora– en medio de una fuerte competencia entre tres o cuatro aspirantes presidenciales a la segunda vuelta electoral.

Un escenario tan fragmentado entra de lleno en lo imprevisible, pues son principales lugares demasiado reducidos como para sostenerse automáticamente, y los demás están fuertemente prorrateados. La reducción de la incertidumbre y la mayor definición de preferencias congresales van de la mano con el aumento de la perplejidad de lo que pueda ocurrir en un escenario en el que el fraccionamiento del voto congresal ha de ser seguramente muy grande, como lo señalan diversos analistas políticos.

Claramente estamos en un escenario en el que la respuesta psicológica no racional de los individuos tendrá mucho peso. No es una elección muy ideológica, sino emocional, pese a la claridad con la que varios candidatos han zanjado sus posiciones. La cuestión ideológica es menor y creemos que la emotividad y el ser televisivo o carismático tienen un peso oculto importante. La aparición creciente de las opiniones y simpatías de los votantes más numerosos, los jóvenes, empezará probablemente a sentirse en los próximos días. Su relación y práctica habitual de expresarse en las redes será previsiblemente similar a la ocurrida en diciembre, con el rechazo a la presidencia de Merino.

En este caso, consecuentemente, podemos esperar que gran parte de estos votos se expresen a favor de los candidatos más jóvenes y dejen de lado a los mayores y políticos o personajes tradicionales que sientan que no los representan. No olvidemos que se trata de un proceso electoral atípico y, por tanto, no debiéramos sorprendernos ante una corrida de estas características que termine favoreciendo las candidaturas de Verónika Mendoza y George Forsyth.

 

desco Opina / 26 de marzo de 2021