Las crisis tienden a centralizar las decisiones e incentivar las coordinaciones verticales. Esto es lo que en lenguaje militar se llama Comando Conjunto. Asociado a ello, un aspecto contemporáneo importante es plantear la guerra a «enemigos invisibles», que en sentido estricto no existen. Por ejemplo, George Bush, luego de los sucesos de setiembre de 2001 le «declaró» la guerra al terrorismo mundial. El resultado visible de esta decisión con objetivo tan etéreo, fue el aumento imparable del gasto militar hasta la actualidad, a partir de la noción de securitización –no hay desarrollo sin seguridad– y de la teoría de los estados fallidos (ahora perfilado como “territorios fallidos”).
Esta situación general adquiere características propias con algunos factores culturales que perviven entre nosotros, como el tutelaje, que a decir de Guillermo Nugent, es una situación en la que no hay “diferencia de opiniones”, sino de reclamo del “privilegio de opinión”; en la que cierta voz cree estar en condiciones de sustraerse a un debate público por ser poseedora de un estatuto tutelar ante las eventuales confrontaciones que puedan darse entre sectores de la sociedad civil y las instituciones públicas.
Parece necesario referirse a este marco para comprender por qué recurrimos a «lo militar» como forma de gestionar una crisis como la que estamos experimentando actualmente, sin dejar de apuntar que no es algo privativo de nosotros los peruanos, aun cuando haya elementos específicos.
El 21 de marzo, el capitán EP Christian Cueva fue protagonista de la detención violenta de un grupo de personas que, previamente, habían agredido a un policía. Ello encendió un reguero de posturas a favor y en contra de lo sucedido aunque, a decir verdad, lo importante fue que dio ocasión para promulgar dispositivos legales sobre el uso de la fuerza, la proporcionalidad de la misma y la idoneidad de los agentes públicos que portan armas de fuego. También se fijó la jurisdiccionalidad del Fuero Militar-Policial, algo que los peruanos no discutíamos desde los años 80.
Días después, el 25 de marzo, el presidente Vizcarra insiste en que estamos en “guerra” buscando organizar una respuesta adecuada a los estragos causados por la pandemia en nuestro país, homologando administración de la crisis con militarización del Estado. Sin embargo, los días pasaron y los resultados de la aparente decisión, fuerza y centralización que quiso el Ejecutivo, no obtuvieron el resultado deseado, generando crecientes críticas desde la derecha peruana.
Tuvimos que esperar un mes –27 de abril– para encontrarnos con una respuesta categórica a las formulaciones castrenses del Presidente, provenientes de un ex Presidente del Comando Conjunto, el almirante Jorge Montoya. Su crítica estimó que si estábamos ante una “guerra”, lo que cabría constitucionalmente era convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y con ello sugerir la necesidad de verticalizar las relaciones entre el gobierno central y las instancias subnacionales.
Montoya indicó que debía darse prioridad al planeamiento, organizar las cadenas de suministros y diseñar el control de los territorios. Como podrá suponerse, todo esto no es sino militarizar el Estado, algo a lo que seguramente apeló el Presidente sin proponérselo. A veces es lo que sucede cuando se termina confundiendo la metáfora con la realidad, porque no se tiene claridad sobre lo que está pasando.
Los más entusiastas con la opción de militarizar el Estado no provienen necesariamente de las Fuerzas Armadas. Columnistas del diario más antiguo del país, afirmaron que en efecto había que centralizar y poner fuerza en las decisiones, apartando, en lugar de integrar, a las autoridades regionales y locales. Aunque la actuación de estas autoridades viene dejando mucho que desear, dada la apuesta política del gobierno, lo obliga a responder la siguiente pregunta: ¿si es malo con ellas, no sería peor sin ellas?
Lo que no imaginan ni el presidente Vizcarra ni el almirante Montoya, es que hay tres premisas que permiten afirmar que sus propuestas de orden y centralización de las decisiones no funcionarán: la incertidumbre, la inestabilidad y la ausencia de información, porque además de tener un Estado que produce poquísima información, la naturaleza misma de la situación actual no permite proyectar con algo de claridad.
En esta situación, lo peor es perder la confianza de la población por administrar información inexacta o falsa. El señalamiento de IDL Reporteros sobre la cantidad de muertos es algo que debe tomarse en cuenta. De la misma manera, lo relativo a la insuficiente cantidad de pruebas, la corrupción policial y el hecho de no haber previsto el retorno interno de la población. Decir la verdad no hace daño bajo ninguna circunstancia.
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