Los malestares acumulados en Las Bambas

Todos los gobiernos que están de salida se parecen entre sí. Pero, la salida del gobierno de Humala tiene su propia manera de procesarse. Sin reflejos, casi pareciera no importarle lo que pasa ante sí, ni para bien ni para mal, aun cuando implique cuestiones cruciales para el país.

El 25 de setiembre los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, más Chumbivilcas, en Cusco, iniciaron una paralización indefinida en contra del proyecto minero Las Bambas, el más importante del país. A raíz de ello, un enfrentamiento entre pobladores y la Policía dejó al menos cuatro muertos y quince heridos de bala. 

La demanda principal son las irregularidades percibidas en las actas presentadas por la empresa china MMG –que desarrolla el proyecto– al Ministerio de Energía y Minas sobre la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pues entre los firmantes figuran personas que no estuvieron en los talleres informativos y, por ello, decidieron desconocer el estudio por carecer «de sustento legal y social». 

Además, rechazan la instalación de una planta de molibdeno y otra de filtros y concentrados, autorizada en el EIA, que inicialmente no formaba parte del proyecto, demandando la demolición de ambas. También exigen la renuncia y retiro inmediato de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas, «responsables de la modificatoria del EIA, por corromper a los dirigentes». De igual manera, exigen el cierre definitivo de tres emisoras radiales desde donde, afirman, son amenazados los dirigentes. 

Por otro lado, solicitan la renegociación de las tierras comunales de la zona de influencia en Cotabambas y Grau, así como sea reconocida como zona de influencia las comunidades que están dentro de la línea de transmisión eléctrica en ambas provincias. También aquellas que están comprendidas en la vía de transporte de carga pesada de los distritos de Challhuahuacho y Mara.

En otras palabras, hay al menos un aspecto trascendental que estos hechos pone de relieve: cómo es que «repentinamente» aparecen los ánimos sumamente alterados en torno al proyecto minero más grande del país, sin que aparentemente ningún medio de comunicación o funcionario haya brindado información y análisis sobre ello.

El 7 de febrero, el portal Lamula.pe informó que las comunidades campesinas de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, habían anunciado un paro de 72 horas contra MMG, por despidos masivos de trabajadores.  Los dirigentes también exigían la instalación de una mesa de diálogo alegando que la empresa había incumplido los acuerdos asumidos con la anterior administración del proyecto, Glencore–Xtrata.

Demandaban a MMG que asignase el 5% de las utilidades para la creación de un fondo social para proyectos en la provincia. Por su parte, las comunidades de la cuenca baja del río, exigen compromisos claros para que este no se contamine. Asimismo, el pliego incluía peticiones como empleo directo, establecimiento de viveros, el 10% de las utilidades como pago por licencia social del agua y capacitación para actividades locales.

Se supo entonces, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, Apurímac, había presentado ya desde el 27 de enero una plataforma de lucha a la Defensoría del Pueblo de la región y al Ejecutivo regional, que fue motivo de un acuerdo previo entre los dirigentes comunales y las autoridades (MINEM y PCM).  Sin embargo, una parte importante de los comuneros quedó insatisfecha y mantuvo la resistencia. Desde entonces, el conflicto siguió escalando llegando incluso al secuestro de trabajadores contratistas de MMG.

Lo que viene sucediendo en Cotabambas, al igual que en otras zonas mineras del Perú, pone en consideración no sólo los conflictos que se suscitan entre la población y las empresas extractivas, sino también, la competencia que se genera entre los actores presentes en los diversos espacios de negociación –local, provincial y regional– para ganar protagonismo a costa de los otros. De igual manera, también evidencia una vez más, la enorme fragilidad institucional del Estado peruano para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Luego de haberse producido la muerte de cuatro personas se busca ahora formar las condiciones propicias para el diálogo, aunque la pregunta es ¿por qué no se previno la situación cuando, a todas luces, el ambiente había empezado a agitarse desde meses antes? 

Las explicaciones fáciles al conflicto ya surgieron en los medios, en la Sociedad Nacional de Minería y en algunos sectores políticos: su desencadenamiento es obra de agitadores radicales antimineros y su solución, obvia, es represiva. Esta visión escamotea problemas de fondo como la cuestionable gestión social del Ministerio de Energía y Minas y la necesidad de reformar el Estado para adecuarlo a un manejo oportuno de la conflictividad, pero también para que, además de promover la inversión privada necesaria al país, cautele los derechos de sus ciudadanos.

desco Opina / 2 de octubre de 2015 
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El pavoroso Niño y la anomia municipal

En Lima autoridades y vecinos vivimos como si no hubiera naturaleza, como si nunca hubiera ocurrido nada, pese a muchísima evidencia de lo que el Fenómeno de El Niño significa: de acuerdo a un estudio publicado el año 2000 por la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre 1997 y 1998 durante la ocurrencia del FEN en el Perú, se presentaron 297 inundaciones, 229 huaycos, 444 lluvias intensas, 188 deslizamientos, 143 tormentas eléctricas, vientos fuertes y sequias. Se tienen registrados 1301 eventos que ocasionaron pérdidas económicas que ascienden a los 3.500 millones de dólares. Este registro nos pone de cara frente a la ocurrencia inminente de nuevos desastres el presente y próximo año en el Perú por el FEN.

Existe un 55% de probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una magnitud fuerte y extraordinaria, parecida a la del fenómeno ocurrido entre los años 1982-1983 y 1997-1998. La mayor intensidad del FEN será entre fines de noviembre y marzo del 2016, según Luis Icochea, oceanógrafo exjefe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). En su último reporte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirma que el fenómeno es «significativo y está fortalecido».

Al respecto queremos una vez más llamar especial atención al riesgo inminente en que se encuentran miles de familias de los asentamientos humanos marginales del contrafuerte andino costero y las cuencas hidrográficas del territorio nacional. Pero además, ya hemos sido advertidos del grave peligro del desabastecimiento de Lima por probable bloqueo de la Carretera Central.

La secuencia es simple: subida de temperatura, lluvias, ubicación de las viviendas en zona de pendiente, quebradas y al borde de los ríos, erosión del suelo y características de la urbanización en Lima con materiales que no resisten lluvias intensas.

Una tragedia nacional sin precedentes podría ser el resultado de la falta de acción del Estado que ha permitido durante los últimos veinte años que estas familias se asienten en terrenos que jamás debieron ser urbanizados. Yerran una vez más, para eludir su responsabilidad, personajes como el alcalde de Lima al pretender atribuir la responsabilidad a las familias autoconstructoras. Quienes conocemos el tema sabemos que ha sido la política pública de gobiernos como el de Fujimori en el país, y Castañeda en Lima, los que han propiciado que esto ocurra por su dejadez y falta de interés real por la calidad de vida de los más pobres.

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, expresó en junio del 2014 que «los gobiernos del mundo entero han contado con tiempo suficiente para elaborar planes de contingencia a fin de hacer frente a los posibles efectos que El Niño previsto para este año tendría en la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la salud y otros sectores sensibles al clima». Actualmente, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), invertirá 21 millones de dólares durante el 2015 en obras que buscan atenuar los eventuales efectos que pueda ocasionar la presencia del fenómeno de El Niño en la costa norte y sur del país. Esta cifra representa respectivamente solo el 1.97% y 2.43% de las pérdidas ocasionadas en 1983 y 1998 lo que nos grafica como el gobierno del señor Humala atiende el FEN y desatiende muchas otras responsabilidades de gestión de gobierno que le han quedado, por decir lo menos, grande.

Es casi una realidad que traerá una secuela de destrucción en el aparato productivo, en la pesquería, agricultura, transporte, comercio, infraestructura costera, industria, salubridad, y otras actividades. A ello se suma la evidencia científica acerca de daños causados por el FEN en episodios que se remontan al siglo XVI; además se han encontrado pruebas geológicas de sus efectos que datan de hace miles de años en las costas del Pacifico. Por cierto, por entonces no teníamos una ciudad como Lima y otras muchas del país con cerros, quebradas empinadas y laderas peligrosas plagadas de viviendas precarias que los municipios y el Estado, los malos políticos y el populismo no solo han tolerado, sino alentado construyéndoles escaleras como gran solución y compromiso con los pobres.

Los distritos más afectados por deslizamientos por lluvias serán: Rímac, Comas, Villa María del Triunfo, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Chosica. Y por la erosión de suelos: San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ventanilla, Chorrillos, Comas, Puente Piedra, La Molina y La Punta (en el Callao). ¿Acaso está haciendo algo la Municipalidad Metropolitana de Lima para cuidar la vida de al menos tres millones de personas en riesgo eminente de perderlo todo, incluida la vida?

No sólo se requiere más inversión, ni prevención en términos de hacer obras, sino en términos de organizar de verdad a los vecinos. Eso es sumamente importante, pero se teme y no se actúa y la reacción municipal es la anomia. Para enfrentar el FEN no basta tan solo la acción de Defensa Civil y entidades de socorro, es indispensable que el gobierno y sus respectivos sectores aborden los efectos desastrosos como un problema de sostenibilidad de la calidad de vida y de la economía del presente y futuro del país, con la activa participación de la gente.

desco Opina - Regional / 28 de setiembre de 2015

Programa Urbano
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Lote 192: dilemas del gobierno y escenarios posibles

A inicios del presente mes, y luego de marchas y contramarchas de algunas bancadas, el Congreso de la República aprobó por mayoría un proyecto de ley que autoriza a Petroperú a ingresar a la explotación del lote 192, que pocos días antes había sido entregado en concesión a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy.

La decisión dividió a la bancada nacionalista, pues un sector de ésta votó a favor de una ley que el Premier Cateriano, la ministra de Energía y Minas y el mismo ministro de Economía habían rechazado previamente. El fujimorismo dio varios bandazos, para terminar finalmente votando a favor, alineándose con su candidata que pocos días antes, y en inocultable cálculo electoral, había manifestado su respaldo a Petroperú. Más allá de esto, es innegable que se está ante una decisión histórica pues por primera vez en 25 años, se autoriza a una empresa pública a incursionar en la explotación de hidrocarburos, rompiendo el molde vigente.

Desde la aprobación de la ley, el gobierno tiene un plazo, que se le está agotando, para promulgarla o no. Las implicancias de su decisión, en cualquiera de sus opciones, abren un escenario complejo e imprevisible, que podría desatar una nueva crisis política. Si el presidente Humala decide promulgar la ley, es altamente probable que su premier y los ministros antes citados presenten su renuncia, precipitando así la caída de todo el gabinete, obligando a una recomposición imprevista, en un contexto en el cual el nacionalismo carece de figuras de peso y pocas personalidades fuera del partido se arriesgarían a ocupar un cargo de tal responsabilidad a estas alturas de la gestión. El menú de opciones es más bien reducido y es muy probable, de ser el caso, que deba apelarse a tecnócratas sin visión política o incluso a aventureros sin escrúpulos, lo que agravará sin duda la desorientación y falta de rumbo en que se encuentra el gobierno.

Si, por el contrario, el Presidente decide no promulgarla, el Congreso dispone del mecanismo de insistencia para hacerlo, superando el veto presidencial. Ello, sin embargo, puede incrementar los enfrentamientos Ejecutivo-Legislativo, y el gobierno corre el riesgo de que el Congreso interpele a sus ministros, rechace sistemáticamente sus iniciativas y se genere una pugna de poderes que podría durar hasta julio del próximo año, agravando la inestabilidad política del país. La otra implicancia de esta decisión tiene que ver con la reacción que el Frente Patriótico de Loreto y demás organizaciones regionales tendrían ante la negativa del gobierno, pudiendo reiniciarse las movilizaciones en Iquitos.

Esta situación es en el fondo producto de la improvisación y desmanejo del Ejecutivo y de la negativa de sus tecnócratas a escuchar las demandas de la población; también expresa los desencuentros con su propia bancada y el oportunismo electoral de ésta y del fujimorismo, que por primera vez desde el 2000 siente que sus posibilidades de acceder a la presidencia son reales.

En estos días, el gobierno ha estado presionado por los medios, y seguramente también por otras vías, para decidir en un sentido u otro. Destacan las declaraciones desde el sector empresarial y la tecnocracia neoliberal, que auguran grandes males para la economía, la inversión privada y el estado de derecho en caso se promulgara la ley. Entre quienes están a favor de la norma, destacan el fujimorismo y algunos congresistas del nacionalismo, que apuestan a mantener o ampliar su futura clientela electoral en la Amazonía, y otros sectores políticos que ven en esta iniciativa un punto de inflexión en el modelo neoliberal. En este grupo también hay que contar a las organizaciones sociales, las autoridades y a un amplio sector de la población loretana, movilizada por expectativas de mantener y ampliar los recursos recibidos del canon petrolero y por un innegable sentimiento nacionalista.

En cualquiera de los casos, el gobierno saldrá más golpeado y desacreditado y la estabilidad política del país afectada. Un tema pendiente es la reacción en Loreto. Hasta hoy, incluso los más decididos partidarios de la ley afirman que Petroperú debería esperar que se cumplan los dos años del contrato con Pacific Stratus antes de ingresar a trabajar el lote 192, pues la Constitución no contempla la rescisión de un contrato con privados a través de una ley. El problema es cómo se entenderá esto en Iquitos y cómo negociará el gobierno la aplicación de la ley.

La salida a este impasse debe ser incuestionablemente política, y debe cautelar no sólo los intereses de la empresa canadiense, evitando así eventuales juicios que obliguen al pago de millonarias indemnizaciones, sino también, las demandas de la población y los intereses estratégicos del país cuyo Estado, durante los últimos 25 años, ha sido visto como una entidad meramente subsidiaria a la cual había que desmontar y mantener en su mínima expresión.

No menos importante será considerar las demandas de las poblaciones indígenas. Más allá de si Petroperú va o no, su exigencia fundamental es la de la remediación ambiental de los destrozos causados por Pluspetrol, pero también en el pasado por Petroperú. Como es obvio, el Estado tiene que darles respuesta, con lo que en sentido estricto tiene dos frentes de problemas que se vinculan, pero no son lo mismo.

desco Opina / 18 de setiembre de 2015
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Productores alpaqueros inseguros

El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI) lanzó el «Seguro Alpaquero», para cubrir las pérdidas causadas por el friaje, reponiendo los animales muertos a causa del descenso de la temperatura. La población nacional de alpacas representa el 80% del total mundial, siendo el eje de la actividad económica central de los pobladores que están asentados por encima de los 3800 msnm. El MINAGRI  considera a este seguro como un «mecanismo de reposición de alpacas», es decir, la   entrega de animales en pie, a favor de los pequeños criadores afectados (los que poseen menos de 100 cabezas de ganado), previa identificación.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), en Huancavelica existen 6726 productores alpaqueros. Los distritos con mayor número de alpacas son: Pilpichaca con 56 227 cabezas; Santa Ana, 32 297; Huancavelica, 31 447; y Lircay con 37 703 ejemplares. Los productores viven de este recurso, siendo su principal y casi única fuente de ingresos, por lo que cualquier pérdida contribuye a una sensible disminución de éstos.

En Huancavelica el friaje es un fenómeno habitual y estacional en territorios por encima de los 3800 msnm, con mayor incidencia aún en estos últimos años, debido al cambio climático. En estas condiciones, consideramos importante implementar el «mecanismo de reposición de alpacas»; sin embargo, este seguro es solo un paliativo y no forma parte de una propuesta mayor orientada a resolver el problema de fondo: la pobreza de la población de este sector productivo. En otras palabras, se actúa cuando las alpacas mueren, cuando el problema ya ocurrió. Esa inacción le cobra una factura a los productores que son los más afectados y, en ese sentido, consideramos que el Estado bien podría generar una política de acuerdo a los problemas existentes a causa del cambio climático, en el que se considere promover alternativas tecnológicas como la construcción de cobertizos, manejo de forrajes en ensilado y henificado, incorporación de herramientas biotecnológicas (como los «chalecos»), todas  alternativas exitosas trabajadas desde hace más de 25 años por desco. Estas propuestas bien podrían ser parte de una política de Estado para este sub sector económico relegado por el gobierno central; sin embargo, una vez más se ignora el trabajo de las ONG y se cree que la solución es la omnipresencia fallida del Estado.

En general, el «seguro alpaquero» o el «mecanismo de reposición de alpacas» no es efectivo ni favorece a todos los alpaqueros. Ellos mismos manifiestan que ni siquiera saben que existe tal seguro.  Por ejemplo, don Octavio Mulato, de la comunidad de Choclococha - Palomo, manifiesta que él tiene mortalidades considerables por fiebre de alpaca, abortos, etc., provocados fundamentalmente por efectos del cambio climático; sin embargo, no ha tenido ninguna compensación o retribución por parte del «seguro alpaquero» o del Estado mismo.

Entonces, los alpaqueros señalan que el seguro existe en el papel, pero nada en el campo en favor de ellos. Por último, ni siquiera existe una instancia nacional a la cual puedan acudir, solo la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos – DIRCAMS de Huancavelica, que está realizando algunos esfuerzos por apoyar al sub sector, pero sin tener todavía una propuesta clara.

Este sub sector sigue siendo desatendido e ignorado por quienes estando en el poder pudieron plantear alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de los productores, y no solo para reponer alpacas. En esa línea, y como una forma de afrontar el problema de fondo, bien podría estudiarse la factibilidad de una subvención a la crianza de este camélido a fin de compensar su baja rentabilidad, teniendo al referido seguro como un aspecto complementario. En suma, las experiencias de desarrollo están a disposición de quien las quiera replicar, los alpaqueros siguen estando a nuestro lado, y nosotros con ellos a pesar de la escasez de recursos, los discursos oportunistas, y los ofrecimientos no cumplidos en tiempos de elección, lo cual podría ser  aprovechado nuevamente como oportunidad de captar a la población electoral.

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2015

Programa Sierra Centro
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