Agua y minería, un persistente conflicto

 

La reciente aprobación, a fines de agosto, de una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua otorgando un volumen anual de 22.08 millones de metros cúbicos, captados en los ríos Titire y Vizcachas para la operación del proyecto minero Quellaveco de Angloamerican, ha ocasionado la inmediata reacción de los agricultores, sus juntas de usuarios y autoridades del Valle de Tambo y la provincia de Islay. También de agricultores en Moquegua. Los primeros realizaron un paro de 72 horas hace unos días; los segundos, siguen molestos y piden explicaciones y rectificaciones.

La escasez de recursos hídricos en el valle de Tambo tiene una larga historia, ocasionando que importantes extensiones de sus productivas tierras se queden sin sembrar, sobre todo en la época de estiaje y que, al mismo tiempo, se produzcan disputas por el agua entre los propios agricultores del valle y sus vecinos moqueguanos ante la demanda de los cultivos. Esta situación se agravó con motivo de la construcción de la represa de Pastogrande que también captaba aguas de los ríos Vizcachas y Titire en las nacientes de la cuenca de Tambo. En esa ocasión se produjeron movilizaciones y paros con la interrupción del tránsito en la carretera Panamericana, conflicto que se resolvió con el acuerdo para una devolución anual de 6.81 millones de metros cúbicos desde la represa de Pastogrande a la cuenca, “preferentemente en la época de estiaje”. A pesar de esta disposición legal, el acuerdo se ha incumplido en varias oportunidades, alegándose escasez también en la represa. Un problema adicional que perjudica al valle de Tambo es la contaminación de las aguas por la presencia de boro, arsénico y sales ferrosas, que afectan la calidad de agua y por ende a los cultivos.

Como argumento para la resolución de esta autorización de uso, se ha señalado que estas aguas provienen principalmente del río Titire y, en consecuencia, al derivar parte de ellas para la actividad minera, se estaría disminuyendo la contaminación.

Otro conflicto reciente y pendiente ha sido el intento de poner en marcha el proyecto Tía María de la empresa Southern que inicialmente contemplaba el uso de los recursos hídricos del subsuelo para la operación minera. Ante la inmediata reacción de los agricultores y los cuestionamientos al impacto ambiental de este propósito, se vieron obligados a modificar el diseño del proyecto, cambiándolo para la utilización de agua de mar desalinizada en su operación. En medio de este conflicto por el agua, hubo pérdidas de vidas humanas, pero también el ofrecimiento de construir de una vez por todas la represa de Paltiture o Paltuture, que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse.

En realidad, estos conflictos tienen a la base la presión de las políticas extractivistas que se suman a las indudables manifestaciones de los efectos del cambio climático y las alteraciones que origina en el régimen de precipitación pluvial, con una clara tendencia hacia la disminución, sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera que incide directamente en los valles costeros, como Tambo.

Estos hechos muestran la ausencia de políticas públicas claramente orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático, mediante medidas de adaptación y mitigación que apunten a asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, priorizando adecuadamente la inversión gubernamental entre las diferentes demandas, como la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria potenciando nuestros recursos frente a las presiones del lucro extractivista del capital nacional y transnacional. La relación agro y minería requiere de un nuevo balance que tenga como orientación la sostenibilidad del país en el largo plazo y no solamente el lucro inmediato, teniendo en cuenta la velocidad del deterioro ambiental por los efectos del cambio climático. En los años recientes, las políticas de siembra y cosecha de agua y el programa Sierra Azul implementados en el país con muy pocos recursos y casi paralizados con el actual gobierno, son muestra de políticas agrarias erróneas.

Las protestas no son moco de pavo, su contundencia ha hecho que el Gobierno Regional de Arequipa instale una mesa de diálogo, que culminó con el compromiso de la gobernadora para conformar una comisión técnica y presentar una medida cautelar, de presentarse el caso. En tanto, Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, también está evaluando tomar acciones legales respecto al tema, luego de las airadas protestas de los agricultores en esta región.    

En este contexto, la principal demanda de los agricultores de Tambo es la construcción de la presa de compensación sea Paltiture o Paltuture, demanda totalmente justificada frente a la cual los gobiernos, incluyendo el presente, muestran una total insensibilidad. Por otro lado, los agricultores de Moquegua también piden al gobierno la actualización de sus prioridades. El presidente agricultor ya no los representa.

 

desco Opina – Regional / 16 de setiembre del 2022

descosur

Una espiral de mínimos de legitimidad

 

La censura a la Presidenta del Congreso, Lady Camones, por los audios con César Acuña el último lunes 5 de setiembre, contó con votos de la propia derecha más extrema en el Congreso de la República. Retirarla del cargo ha sido un duro golpe a la oposición al gobierno, al reconocimiento del Poder Legislativo y de sus autoridades como legítimos representantes de la ciudadanía nacional.

Al gobierno le ha permitido, si no pasar a la ofensiva en el enfrentamiento de ambos poderes, al menos debilitar aún más la legitimidad de la representación política parlamentaria. En la espiral de descrédito de la política peruana, el caso Lady C. ha afectado aún más al Congreso que, ante los escándalos que allí se desatan, parece prescindible para más ciudadanos que dejaron de creer en la importancia de la institucionalidad.

En un país copado por la informalidad y la improvisación tan pobres niveles de eficiencia y de mediocridad en el desempeño de los roles políticos no tienen por qué sorprender.

Transcurrido casi año y medio de la elección del Presidente Castillo, la inestabilidad política es de las más persistentes en nuestra historia republicana. Se sabe bien que semanas antes de que asumiera la presidencia ya era objeto de ataques que apuntaban a evitar que ocupara el cargo y que luego fueron sucedidos por la búsqueda de su vacancia. El enfrentamiento ha llevado a una espiral de judicialización extrema de la política, donde la agenda de los temas diarios del debate entre los poderes del Estado son las investigaciones penales, la intervención recurrente de las fiscalías y de la policía. La prensa nacional en nada ha contribuido a enrumbar el debate; al contrario, ha llevado la política al nivel del espectáculo más banal y a enriquecer sus páginas amarillas.

No se discuten ideas, planes o proyectos de desarrollo nacional. El periodismo de los grandes medios solo está en el juego de levantar las noticias sobre investigaciones penales y se adelanta a sentenciar a diversos personajes. Antes, sólo personajes del gobierno vilipendiado; con los nuevos escándalos, no les queda alternativa, también de la oposición en el Legislativo, incluyendo una acusación de violación. A cambio del show se ha reducido notablemente el espacio de la noticia, así como el análisis y las propuestas para levantar el diálogo nacional de manera inteligente y confiable.

Nuestra historia, cargada de autoritarismo y exclusión, principalmente por lo que fueron los tiempos de levantamientos militares y el manejo oligárquico del poder, no permitió el florecimiento de espacios para afirmar la participación de las mayorías nacionales. Especialmente las indígenas y campesinas, ignoradas por una burguesía muy extraviada, sin conciencia nacional, fuertemente extranjerizante y siempre complaciente con la corrupción. Hoy, los nuevos corruptos y los mediocres son otros. Una fuerte cuota de resignación y conservadurismo, construida dentro de un molde neoliberal, aparentemente le impide a la ciudadanía salir a cambiar el proceso en el que vivimos.

El constante cambio de ministros de este gobierno, la fugacidad de cargos de responsabilidad en nuestro país, desde la renuncia obligada del presidente Kuczynski y las vacancias que siguieron, han destrozado la credibilidad mínima indispensable para funcionar exitosamente como nación.

La voluntad de recortar los gobiernos elegidos, se justifique o no, sin respetar horizontes, plazos de los procedimientos y formalidades legales, aparece como una demanda aceptable para la mayoría de ciudadanos del país. Pero la falta de líderes confiables para cualquier recambio deja ver el deterioro creciente de la sociedad y el extravío cotidiano sin mostrar hasta ahora rutas de escape.

Es indispensable por ello salir de los parámetros en los que nos encierran a diario la judicialización policial de la política de la que parecen vivir los principales medios de comunicación, los funcionarios de alto rango del poder Ejecutivo y los gobiernos regionales, y por cierto, los integrantes desprestigiados del Congreso nacional. Todos ellos, casi sin excepciones, actores políticos carentes de las destrezas mínimas para gobernar democráticamente.

La política en el país dejó de ser, en la práctica, una necesidad colectiva de los ciudadanos para organizarse para tomar decisiones, cumplir objetivos, construir acuerdos y facilitar la vida en sociedad resolviendo los conflictos de manera democrática. Es evidente que requiere refundarse, pero hasta ahora parecen muy lejos esos nuevos actores que nos saquen de las viejas y desprestigiadas formas de la politiquería.

 

desco Opina / 9 de setiembre de 2022

Lo municipal: las coordinaciones que no coordinan

 

La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía. Para no hablar de los ruidos molestos, los animales sin dueño en las calles, la basura y desmonte en los muros perimétricos de los colegios, las edificaciones irregulares y tantos asuntos de la vida cotidiana que no es necesario enumerar.

Pero las ciudades tienen asuntos y necesidades que competen a toda la ciudad. Así, por ejemplo, las enfermedades, los roedores y los vehículos que transportan a delincuentes no conocen de límites distritales, razón por la que el esfuerzo de un solo distrito tendría que ser enorme para obtener magros resultados y sólo en el mejor de los casos. Peor es la situación de Lima y Callao, que conforman una gran metrópoli y que padecen de manera conjunta los mismos problemas y no tienen ningún canal que los obligue a funcionar de manera coordinada.

Por el lado de la municipalidad provincial, una vez que obtienen el puesto, las autoridades provinciales se comportan de manera muy arbitraria en lo que a la relación con los distritos se refiere, aún en los casos en que provengan de los distritos de Lima. Lo más curioso de todo es que la autoridad metropolitana de Lima no está interesada en los problemas cotidianos de toda su ciudad. Así, cuando un candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de la seguridad ciudadana, se está refiriendo únicamente al serenazgo del Cercado. Lo peor sucede cuando los regidores metropolitanos, ilustres desconocidos en muchos casos, sienten que tienen más importancia que un alcalde distrital.

El caso del Cercado de Lima es aún más complicado, puesto que el vecindario siente que el alcalde se preocupa poco o nada por todo el territorio de «su» distrito y mucho por los importantes negocios metropolitanos. Un vecino de Palomino o de los Barrios Altos, encontrará que la oficina de registros civiles se encuentra en el distrito de Jesús María, pero un alcalde distrital descubrirá que el metropolitano o el gobierno central han decidido hacer una obra importante en su jurisdicción sin consultarles a ellos primero.

El teniente alcalde de Lima, ahora alcalde en funciones, viene proponiendo que los problemas de gestión de la ciudad se atiendan mejor fusionando los 43 distritos de Lima hasta que queden solamente 5, sin entender que lo que los políticos han desunido los burócratas jamás unirán. No podrá responder a la pregunta de si Lima y Callao también se debieran unir para una mejor gestión que necesita la metrópoli con urgencia, pues la respuesta también es obvia. ¿Será necesario explicarle cómo son las relaciones entre Independencia y San Martín de Porres, los problemas entre San Isidro y Magdalena o las disputas entre Pachacamac y Lurín?

La metrópoli necesita de salidas radicales que sean viables que exigen pensar simultáneamente, tanto en los barrios como en la metrópoli de 10 millones de habitantes. Como es de esperar, este tema de debate no ha sido mencionado por los candidatos metropolitanos, pues escapa a su comprensión. Tal vez se sientan mejor así, para poder culpar de los problemas a los alcaldes de los distritos o al gobierno central. Pensando en soluciones, podrían estudiarse medidas que respetan la variopinta multiplicidad de circunscripciones municipales y hasta regionales.

La primera consiste en crear autoridades metropolitanas en, al menos, tres aspectos: (i) La autoridad metropolitana del plan Lima-Callao, conformada en su mayoría por las municipalidades, coordinando con el gobierno central. Se evitaría así, por ejemplo, una Línea Amarilla contratada por el alcalde de Lima que se detiene en las puertas del Callao, que no aparecía en el negocio. También evitaría que Lima apruebe un Plan de Desarrollo Metropolitano, que toma decisiones sin saber si habrá o no (y por dónde pasaría) el tren de cercanías que el MTC piensa contratar, que irá de Ica hasta Barranca. (ii) La autoridad metropolitana de Seguridad ciudadana, que promueva una policía y un serenazgo metropolitanos y no solamente la conexión «sin fronteras» y el patrullaje integrado de algunos distritos con recursos, dejando a los demás a la deriva. (iii) La autoridad metropolitana del transporte para Lima y Callao, que reformule la actual ATU de manera tal que se impida que se estén echando la pelota unos a otros. Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno central podrán discutirse mejor y los acuerdos tendrán que ser sobre la base de propuestas y planes concretos de aplicación poco a poco, se entiende, en toda la metrópoli.

La segunda medida es la más sencilla de implementar: los alcaldes distritales deben conformar automáticamente el concejo metropolitano. Ellos serán los regidores y no personas extrañas que no son responsables de sus actos ante nadie. Lima, por ejemplo, en vez de tener 40 regidores tendrá 43 que, a su vez, serán alcaldes en su distrito. Ello ayudará a que los mismos alcaldes distritales miren a toda la urbe y no solamente su (propio) ombligo. De ese modo se sentirán impelidos a coordinar entre ellos, a conformar mancomunidades para resolver los problemas comunes y a pensar mejor en el rol que tiene cada distrito en el concierto de urbanizaciones de la gran ciudad.

 

 

desco Opina - Regional / 2 de setiembre de 2022

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