viernes

Las limitaciones del Estado para afrontar la pandemia en la selva central




Al inicio de la emergencia, algunos sectores de la comunidad académica extranjera sostenían la hipótesis que el clima cálido reduce la transmisión del Covid-19, pero las evidencias de fines de marzo y comienzos de abril mostraban que en ciertas zonas de la Amazonía peruana como Iquitos, la propagación había sido explosiva. En la selva central (Chanchamayo, Oxapampa y Satipo) aparecieron también por esas fechas los primeros casos).
El sistema público de salud en la selva central se basa sobre todo en postas o centros de salud de atención ambulatoria (categoría I); 4 hospitales II-1 en Oxapampa, Pangoa, Satipo, Pichanaqui (atención ambulatoria y hospitalaria en cuatro especialidades básicas), y solo un hospital con atención especializada (II-2) en La Merced, lo que es a todas luces limitado para combatir una pandemia con la complejidad del Covid-19. A esto debemos agregar la limitada disponibilidad de personal médico. Por ello, a pesar de las deficiencias en la logística de transporte, los pacientes deben ser derivados a las capitales provinciales y regionales (Huancayo o Cerro de Pasco).
En un primer momento los pobladores acataron masivamente el aislamiento social, quedando policías, militares y serenos municipales a cargo del cuidado de las calles y fronteras provinciales. Pero la situación se viene desbordando no sólo por la emergencia sanitaria, sino también por la situación económica que está afectando a muchas familias sin ingresos estables y limitado acceso a los bonos del Estado o a las canastas alimenticias. En este escenario, hay pobladores que apelan a la venta de sus enseres y artículos familiares, la reconversión de muchas tiendas y al trabajo en la cosecha de café, ante la escasez de mano de obra porque las tradicionales cuadrillas de migrantes andinos no han podido llegar.
El turismo está paralizado y la caficultura recién ha empezado a aplicar protocolos para reactivarse a niveles previos a la cuarentena, a pesar de la restricción del uso de vehículos particulares, en especial de las motocicletas, teniendo la población rural muchas limitaciones para poder tramitar pases a través de internet, y acceder a los bancos, farmacias y centros de abastos ubicados en centros urbanos. Cabe resaltar que, a pesar de la limitada calidad de la conectividad, internet es la herramienta que la población está tratando de aprovechar para difundir información, construir negocios y fortalecer las estrategias de educación a distancia, entre otras.
Por su parte, las federaciones nativas han empezado a demandar al gobierno central la implementación de un Plan de Atención dirigido a los pueblos indígenas de selva central ante la pandemia.
En cuanto a los gobiernos locales, se ha constatado reacciones diferentes: algunos se limitaron a replicar las medidas del gobierno central, en tanto otras reconocieron sus realidades e interpretaron las necesidades locales, prestando servicios como el de cabinas de internet para que los pobladores verifiquen o tramiten el acceso a bonos, la devolución de fondos de AFP, transferencias bancarias, entre otras.
El fenómeno de la migración de “retornantes” se manifestó también en la selva central. La subterránea oferta de pasajes desde Lima y otras ciudades andinas hasta puntos clave desde donde se caminaba por senderos dentro del bosque, incluso, por ríos y quebradas navegables de la selva baja, incrementó el ingreso de personas sin asumir cuarentenas, aislamientos o algún control de salud. Ante ello, las comunidades nativas establecieron controles en sus territorios, al igual que las rondas urbanas formadas a raíz de la pandemia. Estas últimas están prácticamente desactivadas; debido al incremento de los contagios comunitarios y la negativa de las autoridades locales a aceptar la participación ciudadana en los Comando Covid locales, integrados en exclusiva por la PNP, el ejército y el sector Salud. El riesgo es que la última extensión de la emergencia sanitaria pueda quebrarse debido a que las capacidades estatales son insuficientes si no se logra la participación de la ciudadanía organizada. 

Si bien en la selva central no hay un crecimiento exponencial de casos ni de muertes por Covid-19, el desenlace de la pandemia está aún lejano y el impacto económico de la misma afectará seriamente los niveles de vida locales, incrementando la pobreza. Es un reto grande para la población recuperar sus estándares de actividad y sus ingresos. Para el Estado, el reto reside en apoyar la recuperación económica y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos de salud para afrontar situaciones como las que se están viviendo. La experiencia deja además en claro, que es necesario actuar con políticas y medidas diferenciadas en función de las características de cada región, diversificando las estrategias en vez de aplicar políticas únicas en un país tan diverso y heterogéneo como el nuestro.





desco Opina - Regional / 12 de junio de 2020
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sábado

Levedad y miopía en la derecha peruana


Entre la curiosidad morbosa y la estupefacción, gran parte de la ciudadanía asiste por estos días a una insólita campaña de los medios de comunicación en torno al “caso Richard Swing, impresentable e inenarrable personaje, acusado de cobrar 175 400 soles por consultorías extrañas y en apariencia amañadas.
Nadie niega la necesidad de investigar las sospechas de corrupción en el uso de recursos públicos, más aún en medio de la tragedia y crisis que estamos viviendo, pero este despliegue mediático justo cuando el Perú afronta graves problemas que ponen en juego la vida, la salud y el empleo de millones de ciudadanos (por ejemplo, los altos precios del oxígeno, hoy un bien muy valioso; los cobros de clínicas privadas por los test del Covid-19, la distribución de bonos, los focos de contagio, etc.), despierta sospechas sobre su objetivo real.
Detrás de esta levedad y de su tono de farándula, los editoriales y artículos de distintos diarios, así como varios programas televisivos y radiales coinciden en apuntar al Presidente. La comisión de fiscalización del Congreso, presidida por un ex Contralor General de la República, destituido por serias sospechas de corrupción aún no aclaradas por la justicia (hoy sumado al bando de Antauro Humala, la “bestia negra” de la derecha), se ha sumado a la cruzada.
¿Qué están persiguiendo? Pueden aventurarse dos hipótesis: (i) arrinconar al Presidente hasta lograr su vacancia, sin importar que estemos en medio de una pandemia de incierto final; o (ii) liquidar la imagen de Martín Vizcarra para que llegue destruida al 2021. En ambos casos, y más allá de las dudas razonables sobre su intervención en el affaire, parece haber un juego motivado por los afanes de venganza del establishment derechista, que no le perdona la derrota que significó para muchos de ellos el cierre del Congreso y su consecuente pérdida de influencia y poder.
Algunos comentaristas creen que el escándalo no afectará al Presidente, lo cual es bastante probable, pero la campaña muestra la estrechez de miras de un grueso sector de la derecha política, mediática y tecnocrática. Sus prioridades están lejos de las del país y su miopía les impide ver que, más allá de sus estilos personales, Martín Vizcarra está contribuyendo a legitimar el modelo del cual se proclaman los más celosos guardianes defensores.
Los sistemas políticos se legitiman en base a leyes y normas, pero también con la aceptación e internalización de éstas por la ciudadanía. Los líderes y autoridades políticas juegan un rol en ello, cuando logran persuadir a la población en que tal sistema los representa y responde mínimamente a sus intereses. En nuestro país, donde hay tanta desconfianza hacia los políticos, la política y el gobierno, que un presidente como Vizcarra haya logrado una gran aprobación, constituye un capital político personal, pero también para el sistema. Que además ocurra en un contexto como el actual, no es poca cosa.
El Presidente puede ser calificado como un político de centro derecha, demócrata hasta donde hemos visto, más allá de sus errores y ciertas actitudes dudosas. Ni siquiera es un Ollanta Humala en versión moderada y no va a encabezar ninguna revolución o cambio chavista de la sagrada constitución fujimorista. Acusarlo de populista, como muchos columnistas y opinólogos neoliberales hacen, confirma su cerrazón y estrechez.
Plantear, por ejemplo, el impuesto a la riqueza o a los altos ingresos no es sinónimo de tal (¿en qué consistiría lo antitécnico de la medida?); se aplica en países de la OCDE a donde tanto esos tecnócratas y neoliberales quieren hacer ingresar a nuestro país; incluso en Chile, por un presidente de derecha. Cambiar la estructura tributaria vigente, retrógrada y basada en impuestos ciegos e indirectos no debilita el modelo; la experiencia de los países desarrollados lo muestra.
Tampoco es populismo reformar el sistema privado de pensiones y el sector Salud. Por el contrario, ayudaría a reducir desigualdades, sin destruir los fundamentos del libre mercado. Poco o nada de eso importa cuando se defienden intereses de grupos minoritarios pero muy poderosos (hablar de grupos de poder es también populismo o marxismo), o de intentar recuperar el poder y la influencia política que en cierta forma perdieron por acción de un provinciano incluido en una plancha de demasiados blancos (Carlos Bruce dixit).
El apoyo a ciertas medidas «populistas» del Congreso evidencia las fallas del modelo (sin partidos programáticos, aventureros y oportunistas políticos pueden encarnar también aspiraciones sociales). La campaña para desprestigiar y, eventualmente, destituir a un Presidente que no forma parte de la élite limeña del poder, pero que por primera vez en varios años, goza de altos niveles de popularidad y en la práctica aporta a legitimar el sistema, solo añade combustible a la hoguera donde puede incinerarse el modelo. Su eventual destitución contribuiría a agudizar la desconfianza y desafección política. Poner en su reemplazo al actual presidente del congreso es inimaginable. Antauro Humala debe estar frotándose las manos en Piedras Gordas.


desco Opina / 5 de junio de 2020