Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

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[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano

Revocatoria: el 2016 ahora

El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí.

El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones.

Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro.

Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. En tanto, Luis Castañeda trata de guardar silencio, lo que no le cuesta mucho trabajo; parte de una liga menor que no puede pretender protagonismo en la mencionada segunda vuelta, delega en sus escuderos las intervenciones más agresivas a favor del Sí, calculando su retorno al sillón municipal.

El Partido Popular Cristiano se ha pronunciado contra la revocatoria, calculando también el rédito que ello puede representarle de cara al futuro, más aún tratándose de Lima, a fin de cuentas su plaza fuerte. Como ellos e incluso con mayor visibilidad, Perú Posible y Alejandro Toledo se han pronunciado enfáticamente por el No y casi desde el primer momento adquirieron protagonismo en la campaña a través de Anel Townsend. Como es obvio, el ex presidente busca tejer una relación de mediano plazo con sectores de la izquierda que le resultarán fundamentales para aspirar a la segunda vuelta. Para los distintos grupos de izquierda, de una u otra manera presentes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una victoria del Sí en marzo afectaría considerablemente sus posibilidades futuras y los aislaría.

No obstante estos juegos, los partidos no han logrado unanimidad entre sus propios militantes, así muchos de ellos, expresando una posición distinta a la de su agrupación, acepten «disciplinadamente» la posición de aquellas. Juan Carlos Eguren, Javier Valle Riestra, Michel Urtecho o Luz Salgado, por citar apenas algunos, expresan las tribulaciones de gentes que también, seguramente, están pensando en su futuro para el 2016. Lejos de ellos, los electores parecemos reducidos a simples fichas en un juego de fondo.

desco Opina / 1º de febrero de 2013
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Articulación municipal en el centro del Perú

Desde diciembre pasado ya se encuentra en el Portal del Congreso el proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) presentado por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe). Entre varios aportes de dicho proyecto hay propuestas para ampliar el margen de acción de las mancomunidades municipales. A propósito, vale la pena revisar estas asociaciones, sobre todo en Junín y Huancavelica, ámbitos de intervención del Programa Sierra Centro de desco.

Muchos municipios en el Perú cuentan con presupuestos tan bajos que apenas alcanzan para cubrir los gastos corrientes y la ejecución de pequeños proyectos. En ese contexto, la mancomunidad municipal se ha convertido en una estrategia que busca promover el desarrollo tomando en cuenta factores como la continuidad espacial de los territorios para mejorar la calidad de vida de la pobla¬ción, los que a su vez se unen para ejecutar proyectos de envergadura.

La información de la Secretaría de Descentralización registra 140 mancomunidades inscritas. Del total, hay 23 en las cuales participan distritos o provincias de Junín y Huancavelica. Entre las más destacadas tenemos en Junín a la ‘Mancomunidad Municipal del Yacus’, en la provincia de Jauja, integrada por 12 distritos y la Mancomunidad Municipal de la sub cuenca del Cunas ‘MAS CUNAS’, conformada también por 12 distritos de las provincias de Chupaca, Huancayo y Concepción. En Huancavelica tenemos la mancomunidad municipal ‘AMUZCEH’, la Mancomunidad Municipal ‘Uscovilca Acobamba – Huancavelica’ y la Mancomunidad Municipal ‘Zona Norte de Huaytará’. Además, existe una asociatividad municipal que agrupa a provincias de las dos regiones como la Mancomunidad del corredor Mantaro, integrada por las provincias de Tayacaja, Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja.

Estos espacios ya muestran resultados, como el proyecto ‘Metro Wanca’ de la mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro, o el proyecto de asfaltado de la carretera que unirá a los distritos que conforman la mancomunidad municipal de la sub cuenca del Yacus. Asimismo, AMUZCEH está implementando procesos de desarrollo económico, la Mancomunidad Municipal ‘Uscovilca’ Acobamba Huancavelica impulsa proyectos ligados a un buen servicio en el sector salud.

La mancomunidad es también un mecanismo idóneo para promover el desarrollo a nivel de corredor, cuenca o sub cuenca ya que permite que los proyectos que no se pueden financiar en los espacios distritales sean negociados como mancomunidad en espacios como la municipalidad provincial y el gobierno regional. Estas asociaciones, ofrecen una vía descentralizada de desarrollo e integración entre territorios con continuidad cultural, económica, social y que poseen alternativas comunes de desarrollo.

desco Opina - Regional / 28 de enero de 2013
Programa Sierra Centro
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Cuadrando los intereses detrás de la revocatoria

Junto al aumento en la aprobación del Presidente de la República, las encuestas nos informan de la dura batalla que la Alcaldesa Villarán tiene por delante para evitar la revocatoria. Para Villarán la cosa ha ido cuesta arriba desde la inundación en la obra de Vía Parque Rímac por la subida del caudal del río Hablador. En ese momento se pensaba que la campaña por el ‘Sí’ estaba en velocidad de crucero mientras que la del ‘No’, con asesor internacional de por medio, no arrancaba aún. Hoy, con la inclusión del APRA en la contienda se termina de marcar la cancha y queda claro que los argumentos «técnicos» a favor de la revocatoria son lo de menos frente al carácter político del proceso. Para los promotores del ‘No’, que el APRA se sume a la campaña contra Villarán es la oportunidad de desnudar los intereses reales de los revocadores.

Hasta el momento, la prensa anti izquierdista había sido eficiente en sembrar la idea inverosímil de que la alcaldesa no hace ‘nada’ y que el ‘anti villaranismo’ era un sentimiento popular, de las calles. Como tal, resultaba comprensible su carácter inorgánico y desorganizado, al punto que no debería sorprender que, por ejemplo, los asistentes a una manifestación contra Luis Favre no supieran contra quién estaban protestando; para esta prensa «la indignación del pueblo es así». Por otro lado, avivar la desconfianza de clase e incluso étnica es uno de los aportes más destacados del fujimorismo a la causa del ‘Sí’, logrando transformar la alusión a (‘sucias’) mafias en un supuesto desprecio hacia lo popular por parte de los defensores de Villarán, interpretación lamentablemente alimentadas por voceros oficiosos actuando con reflejos de una pretendida aristocracia.

Las denuncias sobre los torcidos métodos de Marco Tulio Gutiérrez para financiar su campaña sirven como ejemplo de lo irregular del procedimiento, pero no de los intereses de fondo. En cambio, apuntar al papel de Alan García ayuda a apreciar que el ‘Sí’ está lejos de ser espontáneo y que no sólo Castañeda se beneficiaría con la derrota de Villarán. La tesis más sólida habla de una especie de «primera vuelta anticipada» de 2016 con García y Castañeda, en pared con Keiko, enfrentándose a los demás, entre ellos a Lourdes Flores y PPK, que si bien son contrarios a la revocatoria no pondrán ni medio personero el 17 de marzo, mientras que el partido de Alfonso Ugarte moverá su maquinaria. Eso, que juega en contra de Villarán, a la vez le facilita un blanco político más claro que ‘las mafias’ sin rostro definido a las que se ha referido hasta el momento. Difícil que el APRA traiga un aluvión de nuevos votos por el ‘Sí’, pero es un excelente enemigo político.

Por otro lado están los intereses económicos. En una nota reciente, la Confiep, acostumbrada a explicarse la política siguiendo la ruta del dinero, señala que la cartera de inversiones presentada por la MML ascendería a US$ 4 mil millones en grandes proyectos de infraestructura. No hablamos ya de capital político, sino de la administración de jugosas contraprestaciones. Imaginamos que esto último sirve como jugoso consuelo y aliciente para los promotores de la revocatoria ‘en el campo’ que hoy ven relegado su papel político en los medios por la inclusión de Mulder, Vílchez, Velásquez Quesquén, Cabanillas y demás.

Finalmente, en todos los escenarios que abre la revocatoria, Villarán tiene que imprimir un giro a su gestión y a su papel como izquierda gobernante. Aún si triunfara el ‘No’, deberá alejarse del estilo austero que no dio resultados y tener un programa agresivo de inversión y obra física. En ese supuesto, parece más o menos claro que la lucha contra la corrupción pasará a un segundo plano en su agenda. En lo que respecta al espacio de la izquierda, aún con su triunfo, será poca la capacidad de Villarán para ordenar el escenario nacional de cara al 2016 en vista de sus precarios vínculos de identidad con los sectores populares y emergentes, los que no logrará mejorar únicamente con personalidades y estrellas de la TV.

desco Opina / 18 de enero de 2013
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Las lluvias y las vías alternativas del desarrollo

Los deslizamientos han provocado nuevas interrupciones en la Carretera Central. Entre diciembre y lo que va de enero, los buses y camiones han quedado varados hasta en tres oportunidades. Esta es una situación que arriesga la seguridad del tránsito de personas y mercaderías, además de incomunicar a las poblaciones de la selva de los departamentos de Pasco, Junín y Huánuco.

Si bien las municipalidades provinciales de Tarma y Chanchamayo, así como PROVIAS (zonal Junín - Pasco), disponen de cuadrillas de obreros y maquinaria pesada para reabrir el tránsito vehicular, aún se generan pérdidas económicas importantes.

En medio de esta tarea, el anuncio del Director ejecutivo de PROVIAS Nacional de que en el año 2014 “se terminará de construir una ruta alternativa a la Carretera Central” ha generado expectativa entre los conductores. Sin embargo, esta ruta alternativa no resuelve los problemas de la Selva Central, pues la mayor parte de los problemas viales se concentran en el tramo Tarma - La Merced (sector Carpapata en los kilómetros 68, 78 y 93) y la vía opcional abarcaría el tramo Cañete - Lunahuana - Huancayo.

Es de esperarse, entre los meses de diciembre y marzo, que estos cortes de carreteras se repitan. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para planificar otras opciones? No está demás unir de manera más directa a la selva central con Huancayo que, después de Lima, es el segundo mercado nacional más importante para las provincias de Chanchamayo, Satipo (Junín) y Oxapampa (Pasco). En la actualidad el comercio se hace vía Tarma (por el paso de Lomo Largo).

Con un diseño más completo de esta nueva conexión, se podrían mejorar las posibilidades de desarrollo agropecuario en la selva central, que en temporada de lluvias tiene ingentes pérdidas a falta de mercados donde colocar su producción. Esta ruta –con serias deficiencias de mantenimiento, señalización, ausencia de puentes y pontones– es usada principalmente por los vehículos pesados de la Mina San Vicente. Aún así, podría convertirse en una oportunidad para mejorar la conectividad de la región selva con la zona andina del centro del país. Al vincularse con el proyecto de la carretera longitudinal de la sierra se beneficiarían económicamente muchos departamentos del centro del país, además de incentivar el turismo interno.

Esta nueva vía involucraría a los distritos de Molinos y Monobamba (provincia de Jauja) así como Vitoc y San Ramón (provincia de Chanchamayo). Desde la selva, vía Huancayo, podrían salir camiones cargados de frutas tropicales, yuca, ganado, entre otros productos, hacia Huancavelica, Ayacucho y Cerro de Pasco.

Lamentablemente, esta ruta no cuenta con estudios preliminares ni ha despertado interés a nivel del Gobierno Regional, lo que hace más difícil su viabilidad en el corto plazo. Si no se aprovecha la actual disponibilidad de recursos para elaborar proyectos de infraestructura vial, importantes para mejorar las posibilidades de los pueblos más desconectados de la selva, podría ser muy tarde.

desco Opina - Regional / 11 de enero de 2013
Programa Selva Central

Descentralización: un pasito pa ´lante y un pasito pa ´tras

Hace 10 años se estableció el diseño institucional para la realización del proceso de descentralización. Este diseño contemplaba básicamente cuatro etapas: la primera referida a la instalación y organización de los gobiernos regionales y locales (transferencia de los CTAR), marcada por la realización de elecciones para conformar los Gobiernos Regionales en el 2002; la segunda establecía la conformación de regiones; luego de ello, se iniciaría el proceso de transferencia de competencias sectoriales, menos salud y educación, las que se transferirían en una cuarta etapa.

Sin embargo, el carácter progresivo del proceso fue dejado de lado, iniciándose las etapas de manera paralela. Como resultado tenemos que lo transitorio, las regiones (los gobiernos regionales, más precisamente) sobre departamentos, se ha convertido en una denominación permanente, ocasionando que los servicios públicos (cómo salud) no se brinden adecuadamente, o que sean de cuestionable calidad, debilitando lo que significa para los ciudadanos la presencia del Estado y, de paso, deslegitimando el proceso.

Las tres elecciones de presidentes y consejeros regionales cimentan la idea de una región sobre la base territorial del departamento, por ello plantear discusiones vinculadas a la integración regional ya no genera mayor entusiasmo en gran parte de los actores comprometidos con este objetivo. ¿En qué medida las autoridades regionales están dispuestas a perder el poder que los sustenta? En el 2005 se vio el despliegue de los actores que veían amenazada su situación y condición política y que ahora han echado raíces. Así las cosa, difícilmente se podrá retomar el proceso regionalizador.

Sin embargo, hay iniciativas encaminadas a lograr articulaciones regionales, por ejemplo las cuatro Juntas de Coordinación Interregional activas y varias mancomunidades interdepartamentales en el sur, que persiguen colaboraciones para la ejecución de proyectos y la promoción de la inversión en sus territorios. En esa medida funciona la relación entre los gobiernos regionales y, siempre que no se hable de ‘matrimonio’, todo pareciera funcionar bien.

En la actualidad se evidencia un proceso de recentralización a partir de la creación de nuevos programas sociales, los que responden a la política nacional de inclusión social, cuya gestión responde a diseños de gestión desconcentrada antes que descentralizada.

No se percibe en el gobierno nacional una intención seria de retomar el proceso de descentralización, para lo cual será necesario, primero, renovar el compromiso estatal y social con el proceso, revisar y actualizar el marco legal de la descentralización, desarrollando con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno, a partir de las cuales se podrá construir una gestión descentralizada. La aprobación del Plan Nacional de Descentralización permitirá contar con un instrumento orientador de la acción política para lograr la descentralización, el no hacerlo significará seguir andando a tientas y continuar al ritmo secular de un pasito pa´lante y uno (o varios) pasitos pa´tras.

desco Opina - Regional / 17de diciembre de 2012
Programa Regional Sur
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Humala: democracia sin instituciones

Para inclinar la balanza a su favor en la carrera a la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió alinearse con quienes le ofrecían su respaldo a cambio de un compromiso público con las instituciones democráticas, dado el origen militar del candidato y las resonancias de su discurso electoral desde 2006, que lo mostraba próximo a propuestas de cambio constitucional. Desde su «Juramento por la democracia» y a la luz de los hechos recientes, cabe preguntarse qué entienden el Presidente y el oficialismo por compromiso con la democracia y sus instituciones.

En la definición del presupuesto general de la República para el 2013, medidas saludables como la asignación de mil millones de soles extra destinados a programas de riego o la aprobación de una partida para la atención de desastres naturales, quedan opacados ante la increíble decisión de congresistas de todas las bancadas de aprobar un significativo aumento en sus gastos de representación, lo que abona en el desprestigio del Congreso de la República. Las justificaciones han ido de la matemática más burda –que atribuye la duplicación del monto a la duplicación de la población representada– hasta los más transparentes argumentos populistas –la necesidad de disponer de mayores recursos para financiar padrinazgos y regalos «entre la población más pobre»–.

Es también cuestionable el comportamiento oficial ante instituciones fundamentales para garantizar el respeto a las libertades civiles y el balance de poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional-TC, además del nombramiento de los directivos del Banco Central de Reserva. El Congreso de la República ha postergado estos importantes nombramientos: desde hace más de veinte meses la Defensoría cuenta con un jefe interino, mientras que se ha vencido el período de ejercicio de seis de los siete vocales del TC, habiéndose elegido sólo a su titular. Esta situación afecta seriamente la legitimidad del TC, instancia cuyas decisiones son clave ante cualquier intento de interpretar las leyes a favor de los proyectos oficialistas, incluidos aquellos que impliquen la continuidad del régimen, como dejara claro a fines de los noventa el dictador Fujimori.

Y para agregar evidencia en nuestra negativa a aprender de nuestra historia, esta semana el Congreso de la República aprobó una modificación al código procesal penal que permite a miembros de las fuerzas armadas y policiales el levantamiento de cadáveres tanto de civiles como de militares en zonas declaradas en estado de emergencia, con el argumento de que los fiscales pueden tener limitaciones logísticas para acudir oportunamente al lugar de los hechos. Esta medida es muy grave, pues sugiere que el Ministerio Público está de más, y su función puede ser realizada expeditivamente por los uniformados. Más grave aún, porque declarar territorios en estado de emergencia se ha instalado como el mecanismo regular para el control de la conflictividad social en el país, control que no ha prescindido de salidas represivas y muertos, lejos del juramento democrático de Humala, que en el recuerdo de Bagua, prometió un tratamiento distinto para el malestar social.

desco Opina / 10 de diciembre de 2012
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