Las afirmaciones del presidente Vizcarra a Camilo Egaña, de la cadena estadounidense CNN, fueron
leídas como una respuesta tajante a Keiko Fujimori y a varios voceros de su
agrupación política, Fuerza Popular. Señaló que no descartaba ninguna medida
para lograr el objetivo de destruir la corrupción “que tanto daño ha hecho al
Perú”.
Previamente, desde el lado
fujimorista, como reacción ante los anuncios hechos por el presidente Vizcarra
en su Mensaje a la Nación en Fiestas Patrias, se conminó al Mandatario a «gobernar» y dejar de lado el referéndum que
había solicitado para consultar a la población sobre las reformas políticas y
judiciales que tenía previsto realizar, como acciones pensadas precisamente
para contener la corrupción.
En realidad, para el fujimorismo
lo peligroso no es el referéndum en sí mismo, sino que se realizara en medio de
la desestabilización del Poder Judicial y del Ministerio Público, provocada por
los audios que vienen revelando la existencia de redes delincuenciales en la
administración de justicia, y que esta situación termine por hacer rodar la
cabeza del actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; uno de sus engranajes en
el sistema judicial peruano. También puede ser menos sofisticado: dejar claro
ante todos quién es el que «ronca». No deberíamos dudar que, para ser benévolos,
una buena parte del fujimorismo piensa de esa manera.
Con todo ello a cuestas, los
fujimoristas buscaron polarizar el desencuentro entre el Legislativo y el
Ejecutivo, abriéndose algunas posibilidades, como la vacancia presidencial o,
en su defecto, el cambio de Premier. Ahora se sabe, los fujimoristas pasaron a
la ofensiva colocando el supuesto de un «acuerdo» bajo la mesa en el que ellos se consideraban la parte mandante . Por eso, pronto
revelarían como complemento de su mensaje imperativo hacia el Presidente, que
habían sostenido conversaciones con el actual mandatario durante y luego del
proceso que finalizó con la renuncia del expresidente Kuczynski.
Por otro lado, ahora también se
sabe que el presidente Vizcarra busca con el referéndum la legitimidad que no
puede recabar ante la inexistencia de un partido político propio y sin bancada
en el Parlamento, pues lo que le dejó el ppkausismo en dicho recinto fue un
menguante grupo de personas que ya desde los tiempos de PPK no articulaban
absolutamente nada.
Todo ello configura una apuesta,
es cierto. Una apuesta, además, en donde el jugador tiene gran parte de las
probabilidades en contra. En suma, lo que ha llevado a cabo Vizcarra en estas
últimas semanas, es evitar ser finalmente arrinconado teniendo plena conciencia
de su escasa fuerza. La reciente carta mostrada, es la posibilidad de cerrar el
Congreso ante la negación de un hipotético pedido de confianza que pueda solicitar
al Legislativo.
En este escenario, el
fujimorismo calculó terriblemente mal sus fuerzas. Se decidió por tensar la
situación creyendo que podía repetir lo hecho ante PPK. Lo único que consiguió
fue acentuar el declive de la popularidad de su lideresa y demostrar nítidamente
que detrás de sus actitudes envalentonadas no posee una sola alternativa para
gobernar, además del hacha y el cuchillo.
Así, es indudable que en esta
pulsión de fuerzas, el que obtuvo mejores réditos ha sido el titular del
Ejecutivo. Hasta aquí las cosas parecen irle bien a Vizcarra. Pero, más pronto
que tarde, debe demostrar la pertinencia del referéndum –además de las
garantías que va a darse de todas maneras y en un plazo relativamente corto– y
que posee un plan que conduzca a dar cuenta de la corrupción imperante.
En esa línea, ha optado por una
alternativa plebiscitaria, es decir, apelar a «la calle» para contener al
fujimorismo parlamentario, en una confrontación en donde no se pone en juego ni
ideas ni estrategias, sino tan solo evitar el desborde matonesco de éste, que
en las pobres condiciones en las que se desenvuelve lo que eufemísticamente
podemos denominar «la política peruana», ya es bastante decir. Si no, basta remitirse a lo dicho por uno de
sus más leales aliados parlamentarios: “Martín Vizcarra debe decidir si quiere guerra o tranzar para avanzar”.
En este contexto, el premier Villanueva tiene razón cuando dice que en realidad, los
plazos deberían estar marcados por la urgencia de restablecer la normalidad del
sistema de justicia, porque sin éste tambalea la seguridad jurídica, un bien
muy preciado por los empresarios. Entonces, ¿cuál es el límite para la política
fujimorista y sus aliados, en circunstancias donde nadie puede asegurar ninguna
proyección saludable en la economía?
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