La revocatoria del mandato de
autoridades regionales y locales requiere recolectar planillones de adherentes
a la propuesta y el electorado local debe acudir a las urnas para ratificar o
denegar democráticamente la solicitud; sin embargo, el Presidente de la
República puede ser vacado con el voto de sólo 130 congresistas, muchos de ellos con intereses políticos e individuales poco transparentes. Más allá de lo
paradójico de la proporcionalidad, el interior del país tiene mayor experiencia
en navegar sobre situaciones de incertidumbre e inestabilidad política
derivadas de los procesos de revocatoria de autoridades subnacionales; solamente
el año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de 134 autoridades.
Por otro lado, y salvando las
distancias con la envergadura económica del caso Odebrecht, empresas
constructoras regionales y locales, influyen fuertemente en las candidaturas regionales y locales y en la aprobación de
normas que las favorecen y que les facilitan ganar licitaciones de obras y
compras públicas. En la región Junín la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción, mantiene investigaciones contra autoridades y funcionarios de las
gestiones actuales y anteriores, la gran mayoría de ellas por sobrevaloración y colusión
al otorgar la buena pro de las obras.
Pasco no es la excepción; sin embargo,
su cuestionado ex Gobernador Regional, Klever Meléndez –cuyo paradero es un
misterio–, está buscando las argucias legales para volver a candidatear al sillón
regional, pese a tener una sentencia de 15 años de pena privativa de la
libertad y una recompensa de 25 mil soles a quien dé información veraz sobre su
ubicación. Así las cosas, el impacto político de la corrupción en las regiones
lo podremos visibilizar en las próximas elecciones, ya que al no haber cambios
fundamentales en las reglas de juego, los aportes de campaña volverán a
aparecer con cargo a ser devueltos en el sillón del poder.
Es de suponer que candidatos radicales de base regional, tendrán argumentos
para cuestionar la participación de candidatos de los partidos de alcance
nacional cuya moralidad interna es cuestionable, lo que no exime de dudas a los
movimientos regionales, contribuyendo a la desconfianza y desafección de la
ciudadanía así como al incremento de la fragmentación de la representación
política.
Ya en diciembre se decía que el primer pedido de vacancia ponía en riesgo la reconstrucción del
norte. En el centro del país deja en stand
by muchas gestiones en trámite, algunas de las cuales han sido acuerdos con
el MINAGRI para solucionar conflictos como la paralización de los productores
de papa (Tarma, Huancayo, Huánuco) y de maíz (Huánuco), entre otros; al igual
que la solución definitiva a los problemas de conectividad con las regiones que dependen de la carretera central. La incertidumbre
es real, pues las propuestas de solución negociadas bajo el gobierno de PPK
podrían volver a foja cero y las negociaciones tendrán que retomarse con el Gabinete
de un nuevo Presidente, que tampoco sería políticamente fuerte, presagiándose una
inestabilidad que dista de encontrar soluciones sostenibles en el tiempo.
Los problemas producidos por el
escándalo Odebrecht dejan una oportunidad inmejorable para establecer
correctivos en la ley electoral, para que no vuelvan a ocurrir situaciones
similares no sólo a nivel nacional, sino también en lo local; pero aún no se ha
hecho nada. Por esta razón, la lectura de gran parte del electorado de
cualquier lugar del país es que «todos tienen rabo de paja», que cada partido
político está buscando sacudirse del barro que les ha salpicado y que la puerta
giratoria seguirá abierta, con sus ejes cada vez más engrasados para que los
negociados con las obras públicas sigan siendo el verdadero motor de las
candidaturas.
desco Opina - Regional / 23
de marzo de 2018
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