La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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Majes II: neutralidad mal entendida

El pasado 15 de abril, se presentaron los avances del Estudio de Balance Hídrico del río Apurímac (EBHICA), paso necesario para la viabilidad del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, en la provincia cusqueña de Espinar no se habría podido tomar las muestras necesarias por la oposición de sectores de la población. El equipo de UNOPS –entidad de Naciones Unidas– a cargo del estudio, ha interpretado dicha negativa como una amenaza a su seguridad; mientras el plazo de diez meses fijado para concluir dicho estudio sigue corriendo. Esto plantea un complejo escenario para el Gobierno Regional de Arequipa y para el Gobierno Nacional, que no puede darse el lujo de ponerse de perfil.

Cabe señalar que la realización del citado estudio quedó establecida mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, que señala claramente la participación de la PCM y de la Autoridad Nacional del Agua. No es nuestra intención argumentar aquí sobre la necesidad del proyecto, aunque sí remarcar su importancia para atender la demanda energética en un contexto en el que en Arequipa y en otras partes del Sur se experimentan intempestivos cortes de energía, aparentemente debidos a la saturación de la línea de transmisión Mantaro Socabaya. De acuerdo a los expertos, con la operación de las centrales de Molloco, Lluclla y Lluta –estas dos últimas parte de Majes Siguas II–, se cubriría la demanda de energía.

El Gobierno Regional de Arequipa no ha logrado comunicar las ventajas del proyecto ante sus pares cusqueños, que hasta el momento no han demostrado intención alguna de «comprarse el pleito». Por ahora la respuesta de UNOPS pasa por trabajar el componente comunicación como medio para entrar con mejor pie a las comunidades, en las que no debe promocionar las bondades del proyecto, sino las ventajas de realizar el estudio.

Todo ello mientras el alcalde y los dirigentes de Espinar proponen extender la realización del estudio por veinte meses bajo amenaza de desconocerlo, ante la pasividad de las autoridades del Gobierno Nacional. Al margen de lo que concluya el EBHICA, los hechos muestran lo erróneo de la estrategia del Gobierno Regional de Arequipa al judicializar un asunto que requiere más bien de una decisión técnica y política, incluyendo capacidad de concertación que por ahora no aparece. Desde el Gobierno Nacional es necesario dar señales de que el crecimiento está acompañado de una visión sobre el ordenamiento de los territorios y los bienes mayores en juego, sin que ello signifique un enfrentamiento con la población.

desco Opina - Regional / 22 de abril de 2013
Programa Regional Sur
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Alan: demasiada presión

Semanas difíciles para Alan García. Conforme se acerca el plazo para la presentación del informe de la comisión parlamentaria que investiga el período 2006-2011, la silenciosa preocupación en Alfonso Ugarte es reemplazada por descalificaciones altisonantes contra los acusadores del ex Presidente. En medio de este escándalo, la muerte de Armando Villanueva, militante histórico de la Estrella, reafirma la sensación de un APRA sin destino y sin referentes, más allá del proyecto llamado Alan García.

En torno a la investigación sobre las gracias presidenciales otorgadas por su gobierno, los números divulgados lo dejan muy mal parado: más de la mitad de los 104 indultos de carácter humanitario fueron para sentenciados por tráfico de drogas, mientras el 61% de las 5,246 conmutaciones de penas beneficiaron a reos vinculados al narcotráfico. La evidencia sobre la intermediación de «compañeros» de la Estrella ha terminado por mellar significativamente la imagen del ex Presidente y producirles afonía a sus más vociferantes defensores.

Fracasado su intento por desmarcarse de la responsabilidad que lo alcanza directamente –más allá de la que correspondería a sus varios ministros de Justicia– García ha jugado la carta de la víctima, y ha adelantado el anuncio de su candidatura a la Presidencia de la República el 2016. Las buenas maneras y la cínica sonrisa de aprobación a Humala han quedado atrás al acusar al oficialismo de estar embarcado en allanarle el camino a las aspiraciones electorales de la Primera Dama.

Ya en esa línea, García intenta meterse a la bolsa al también ex presidente Alejandro Toledo, contándole a la prensa que se ha reunido con él en una común preocupación por el futuro de nuestra democracia, ante un probable proyecto de la pareja presidencial de buscar continuidad en el poder. Un adelanto de la campaña electoral resulta una empresa demasiado complicada incluso para García, pero por el momento le resulta útil en su objetivo más inmediato: mover los reflectores lejos del expediente de indultos y conmutaciones traficados por su partido.

Más allá de las aspiraciones de la señora Heredia –de las que no hay que descuidarse– García ha dejado ver que se encuentra en una difícil situación. Sus competidores en la carrera al sillón de Pizarro –en lugar privilegiado Keiko Fujimori– observan con beneplácito la posibilidad de su inhabilitación.

Sin embargo conviene recordar que éste no es, por lejos, el primer trance difícil que enfrenta García en su carrera política, a lo largo de la cual ha dado probadas muestras de su capacidad para asegurarse impunidad, ya sea maniobrando en el parlamento o aprovechando el aprismo instalado en el Poder Judicial, por no mencionar las prescripciones que impidieron llevar a juicio los muy presuntos delitos de su inolvidable primer gobierno. En este marco, el informe de la llamada «mega comisión» adquiere una importancia mayor a la que se le asignó al inicio de su accidentada composición.

desco Opina / 15 de abril de 2013

Lima Sur en la revocatoria

Finalizado el proceso de consulta popular de revocatoria de las autoridades municipales de Lima Metropolitana, una mirada a los resultados nos permite algunas reflexiones sobre las características que tuvo este hecho político en Lima Sur, y cómo responden a importantes cambios que han tenido lugar en esta gran zona de la metrópoli, que hoy es mucho más compleja, distinta a lo que resumía la imagen del «Cono Sur» en el siglo pasado.

San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo conforman la tríada más importante en términos de población y electorado; antes llamado Cono Sur, este conjunto concentra más de 650 mil electores efectivos. Estos distritos combinan barrios consolidados e importantes actividades económicas, con zonas de explosivo crecimiento demográfico y continua expansión urbana, lo que produce un territorio altamente heterogéneo, así como significativos «bolsones» electorales articulados a la actividad de los grupos políticos locales, no sólo los de alcance nacional, como el aprismo o el fujimorismo, sino también, redes de intereses vinculados a los gobiernos municipales de turno. Es en estos espacios donde alcaldes alineados con una u otra opción frente a la revocatoria, intentaron sumar su capital propio a las campañas, con relativo éxito.

Destaca el alcalde de San Juan de Miraflores-SJM, Adolfo Ocampo, en 2010 electo por Cambio Radical, partido de Alex Kouri. Con origen en Izquierda Unida, fue varias veces reelecto y durante los noventa ofició de coordinador de los municipios fujimoristas en Lima. Ocampo se jugó por el SÍ, y en esa línea impulsó la revocatoria en las concentraciones más populosas de SJM, como Rinconada Alta, donde libró batalla con Fuerza Social, que trata de mantener presencia activa en la zona. Finalmente, el triunfo del NO se produjo por un margen muy estrecho y tanto como una actitud contraria a Villarán, esto podría evidenciar las resistencias frente a una gestión distrital altamente polémica.

Por el contrario, en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo el SÍ triunfa de lejos, aunque Guido Iñigo y Silvia Barrera, sus respectivos alcalde y alcaldesa, hayan aparecido desde la primera hora al lado de Susana Villarán, respaldándola públicamente, en particular Barrera, electa por Perú Posible, partido que formó parte de la coalición por el NO y bajo cuyo auspicio se realizó uno de los mítines más importantes de Villarán. Lo cierto es que ambas figuras han tenido dificultades para consolidar su legitimidad y definir su línea de gobierno, con lo cual su voluntad de endose, al menos en algunos sectores, podría haber sido más bien de signo negativo.

Más allá de esta tríada distrital, Lima Sur también está conformada hoy por el territorio que se proyecta al sur del Río Lurín. En el sentido común «balnearios», los distritos del litoral sur son siempre excluidos de los análisis, por su relativo poco peso electoral. No obstante, el mayor poblamiento barrial, el reciente acceso al agua y la mayor oferta de transporte los «acercan» cada vez más a la gran metrópoli, a la vez que los definen no sólo como espacios cada vez más heterogéneos socialmente, sino como actores del movimiento de expansión barrial, donde Nueva Pucusana, entre otros, aparece como nuevos «bolsones» electorales. Debe también llamar a reflexión que actualmente Lurín sea superado en número de electores efectivos por Pachacamac, distrito poco mencionado, a diferencia de una de sus zonas: Manchay, donde se estima una población de más de quince mil familias.

Varios otros elementos sumaron al SÍ, algunos de ellos relativos a la historia política reciente de Lima Sur, cada vez más distante de aquella en que la izquierda formó su identidad con las mayorías urbanas. En primer lugar, tenemos el «obrismo» no sólo de las alcaldías locales, sino de los dirigentes vecinales, particularmente potente en las zonas de expansión barrial. Luego está la complicidad de las organizaciones locales –de izquierda y derecha– con la política basada en la popularidad, la relación clientelar y la dádiva, antes que en intereses comunes. Y con intereses comunes no nos referimos a abstracciones, sino a demandas concretas relativas a la calidad de vida en los barrios, a la inversión en espacio público y a la mejor gestión de las potencialidades económicas de los distritos, en diálogo con lo metropolitano.

La propuesta de un Frente Amplio en Lima Sur, a partir de las agrupaciones del NO –Fuerza Social, Tierra y Libertad, Movimiento Nueva Izquierda y Movimiento Sin Techo, entre otros– no puede soslayar que, a la dura derrota del «No» en Lima Sur ha aportado la performance electoral de las expresiones de izquierda local, en al menos los últimos cuatro períodos municipales. El reto será redefinirse ante modelos municipales que han dejado de lado la organización de la gente, suplantándola con un discurso cada vez más vacío sobre la participación ciudadana y la concertación, en complicidad con los cuadros de izquierda local.

desco Opina - Regional / 9 de abril de 2013
Programa Urbano

Fuerzas de flaqueza

A la luz de los resultados de la consulta revocatoria en Lima Metropolitana, una de las más apremiantes preguntas es si la alcaldesa Villarán, golpeada por la salida de los regidores oficialistas, podrá continuar su gestión desde una identidad de izquierda. En un escenario polarizado, su posición debilitada es terreno propicio para quienes están interesados en mejorar su participación en el poder, o simplemente sacar adelante agendas postergadas.

Muchos analistas adjudican el triunfo del ‘NO’ a la participación de Lourdes Flores o el PPC, suponiendo esto como un «aval» determinante para obtener ventaja en espacios tradicionalmente contrarios a la izquierda. Asimismo, agregan a sus cálculos las votaciones adversas en distritos de identidad popular, donde habría predominado un voto anti-izquierdista. Una lectura menos interesada de los reportes de ONPE llama a prestar atención a la votación en blanco, a la menor cantidad de votos –a favor o en contra– recibidos por los concejales del PPC y a los importantes niveles de ausentismo en los distritos en los que el NO aventaja por amplio margen al SÍ, comportamientos electorales que no expresan precisamente motivaciones ideológicas ni posturas militantes contra la izquierda en particular.

Lo cierto es que los resultados no hubieran sido posibles sin la existencia de fuerzas en la izquierda organizada y sin la movilización hormiga, que con la cobertura de una fuerte campaña mediática lograron –en un tiempo bastante corto– dar vuelta a cifras del todo adversas, en la plaza más conservadora del país. La permanencia de Villarán en el cargo muestra que, a pesar de la durísima campaña en contra del estilo de la alcaldesa, existe un importante sector del electorado que respalda su propuesta de gobierno.

La defensa de dicha propuesta de gobierno permitió que en los medios se dedique espacio a debates sobre el transporte público y cómo gestionarlo, las necesidades de inversión en barrios de difícil acceso y físicamente vulnerables, la ya citada relación con el capital privado, entre otros. Si bien la atención a estos temas puede haber sido marginal tratándose de una campaña en la que predominó el tono beligerante, sacando de un mal un bien, podemos decir que la revocatoria nos ha permitido tener una imagen de cuáles son las organizaciones políticas que tienen propuestas para Lima y cuáles son aquellas fuerzas que están dispuestas a rifarse el destino de la capital por venganzas políticas, intereses particulares o dudosos cálculos de su fortuna en los comicios de 2016.

Como fuere, las posibilidades de hacer una alcaldía ‘de izquierda’ –una que ordene la relación entre la gran ciudad y los capitales en bien de la ciudadanía– son hoy menores que el año pasado. Mérito es de la derecha –de la ultra a la institucionalista– porque fue rápida en proponer una lectura de los resultados que arrojara como consecuencia «lógica» que las mejoras indispensables pasan por entregar áreas estratégicas de la Municipalidad a «técnicos» y especialistas en promoción de inversiones, aunque en ningún momento se ha cuestionado o intentado descartar una sola de las importantes iniciativas y reformas que Villarán avanzó en sus dos años al mando de la Municipalidad. Ahora es emplazada a ceder puestos estratégicos y a renegar del espectro de izquierda que la acompaña hasta hoy.

Quien también sufre presiones por estos días es nada menos que el presidente de la República, asediado desde diversos frentes a fin de que resuelva la solicitud de indulto a Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani, y a renglón seguido, Alan García lo han emplazado a decidir –de modo favorable, se entiende– sobre el indulto. Para decidir bien, Humala debe recordar que obtuvo su puesto en buena medida por el peso que cobró el voto anti-fujimorista en la segunda vuelta de 2011. Ceder en este punto sería torcer la voluntad popular. De igual modo, la alcaldesa, sin caer en la soberbia, debe tener siempre presente que quién fue favorecida –y ahora, ratificada– por el electorado limeño fue ella, a la cabeza de una corriente de izquierda, y no sus eventuales aliados del PPC, que hoy ofrecen sus buenos oficios como gestores de lo que Villarán inició. Ambas autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones. Y, ojalá, coincidir en un claro «NO».

desco Opina / 3 de abril de 2013

Los riesgos silenciosos de los cultivos alternativos

La actual gestión regional de Huancavelica se ha fijado este año la meta de instalar 5 mil hectáreas de cultivo de palto Hass al 2014. El cultivo, destinado principalmente a la agroexportación, hoy experimenta una reducción en su demanda. En este contexto, es necesario evaluar el impacto adverso que tiene el impulso de este y otros cultivos alternativos en los productores de la pequeña agricultura. La preocupación es aún mayor cuando hablamos de cultivos de larga duración (superiores a los 15 años) que, ante la baja de precios en el mercado, expondrían a los productores a niveles de vulnerabilidad delicados. En medio de un complejo panorama, donde son difusos los mecanismos y actores que determinan los precios, cabe preguntarnos qué mecanismos de protección adoptan los entes encargados de la promoción y producción agrícola del país para velar por los pequeños agricultores.

En la región, con una población en extremo vulnerable económica y socialmente, el principal medio de subsistencia es la agricultura. Los pequeños productores, que destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo, hallan en la diversificación de cultivos un mecanismo de protección alimentaria y de subsistencia frente a la ausencia de otras alternativas de desarrollo. Es así que el margen de venta del pequeño agricultor es marginal, dedicando solo los excedentes de la producción a comercializarse. La cultura local, de lazos complejos con la tierra, entiende a la diversificación de cultivos como un medio de seguridad alimentaria independiente de las tendencias de un producto para la exportación o comercialización.

Bajo ese contexto, debemos preguntarnos cuáles son las verdaderas repercusiones de los cultivos alternativos como el palto u otros en regiones con características marcadas por la atomización de terrenos, condiciones edafoclimaticas adversas, indicadores altos de pobreza u otros.

Mientras que a un pequeño productor le resulta difícil adoptar un cultivo que durará 15 años en una parcela reducida, los sectores vinculados a la producción –como la Dirección Regional de Agricultura, programas especiales como Sierra Exportadora, fondos concursables como PROCOMPITE, entre los más conocidos– han correspondido con una promoción poco responsable para la propagación de hectáreas destinadas a cultivos alternativos. En el año del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria, las autoridades languidecen en promover la diversificación de cultivos y garantizar la seguridad alimentaria en distintos niveles.

Es aquí que redunda la importancia de los sistemas de registro, pues la responsabilidad de las autoridades no pasa solamente por la promoción de cultivos, sino por asegurar el acceso a información precisa de cuánto se produce, qué variedades y cuántos productores están asociados a un cultivo.

Se necesita llevar una data consistente que refleje los niveles reales de producción de cultivos en Huancavelica. Las cifras son una herramienta que permite (a las autoridades y terceros) regular una producción más inclusiva, con niveles de competencia justos, que se adecúen a las estadísticas del término del año y el potencial de crecimiento de cada producto sin rebalsar los niveles de oferta. La necesidad se extiende al resto de nuestra sierra peruana, donde gracias a la fiscalización se podría planificar los niveles de producción.

desco Opina - Regional / 25 de marzo de 2013
Programa Sierra Centro

Reflexión post revocatoria

La ONPE dio a conocer los resultados de la jornada revocatoria del 17 de marzo, pero lo único claro es que seguimos sin resultados completos y definitivos. El 45.65% de las actas de votación, equivalentes a más de 2 millones de votos se encuentran observadas, lo que es resultado de los problemas técnicos y de organización del proceso, evidenciando la corresponsabilidad de los dos órganos electorales del país. La alcaldesa Villarán completará su mandato pero su bancada de regidores podría ser virtualmente desaparecida, lo que impide hablar de una victoria del No. Como lo adelantara el analista Fernando Tuesta, el resultado, que era uno de los posibles, no es de los mejores.

No obstante esta situación de indefinición y cualquiera que sea el resultado final, es evidente que el principal ganador del proceso es el Partido Popular Cristiano que apostó temprano por la institucionalidad y en particular su lideresa Lourdes Flores, que se posicionó como una abanderada clara del voto 40 veces no. Con ella, y como parte de la campaña, el partido de Bedoya Reyes, ha posicionado algunos rostros nuevos, entre los que destaca claramente el del regidor Pablo Secada.

Con ellos, aunque en medida menor, obtienen réditos otras fuerzas políticas que se comprometieron con la defensa de la continuidad de la gestión Villarán. Perú Posible, más que ellos Anel Townsend, Somos Perú, Acción Popular y Alianza por el Gran Cambio, entre otros, son parte de este sector que abrió las puertas a la posibilidad de una inédita coalición para la gestión metropolitana, pero también para defender la institucionalidad democrática.

En la vereda del frente, el principal derrotado es Luis Castañeda y con él Solidaridad Nacional. Su hijo fue el único regidor sistemáticamente «buscado» en el padrón por un número significativo de votantes, que expresaban de esta manera su rechazo al padre, a sus métodos y a sus distintos escuderos, incluyendo naturalmente a Marco Tulio Gutiérrez y su pléyade de acompañantes. También pierde, y fuertemente, el viejo partido de Alfonso Ugarte, arrastrado por la ambición de Alan García, quien tras lanzar la piedra, escondió rápidamente la mano, usando como argumento su inverosímil condición de militante disciplinado.

El fujimorismo también pierde, pero Keiko Fujimori se cuidó de mantener un perfil bajo y silente, permitiendo la acción de personajes de segunda fila como Marta Moyano. A fin de cuentas, ella y García parecen darse cuenta que de cara al 2016 tendrán que disputarse los votos de los tumultosos sectores que optaron por el Sí en esta ocasión.

Más allá de esta rápida y esquemática radiografía, hay tres cuestiones sobre las cuales reflexionar. En principio, es evidente que el mecanismo de la revocatoria debe revisarse de inmediato. El diseño actual atenta contra la democracia y la institucionalidad de manera obvia, por lo que mantenerlo tal cual sería una demostración de irresponsabilidad descomunal. En segundo término, es claro que la eventual revocatoria de la bancada de Villarán, reduce al mínimo a la izquierda de la escena oficial y la obliga, aún más de lo que ya estaba, a repensarse radicalmente, aprendiendo de las lecciones que debe dejarle el proceso. Cierto es que figuras como Marisa Glave y Eduardo Zegarra emergen agridulcemente como rostros nuevos para ese proceso que debe ser inmediato, pero es evidente que ello, siendo importante, es muy poco.

Finalmente, y más importante, el proceso de revocatoria que está concluyendo, muestra la importancia y la fuerza creciente que está adquiriendo la contradicción que enfrenta a quienes defienden la institucionalidad democrática y una manera civilizada de entender la política, con aquellos otros sectores, defensores y beneficiarios del todo vale, enemigos de toda forma de transparencia y abanderados del mercado en sus versiones más oscuras y salvajes. Que liberales y socialistas se hayan encontrado juntos coyunturalmente en la defensa del No puede ser una señal de los desafíos que los actores de la política peruana eventualmente deberán enfrentar en los años venideros, máxime cuando observamos la precariedad de algunas instituciones del Estado, como las que están a cargo del proceso electoral.

desco Opina / 21 de marzo de 2013