Proyecto Majes Siguas II, en su hora decisiva

Han sido escasos los grandes proyectos realizados en Arequipa. Sin duda uno de los más prometedores fue el Proyecto Majes. La tecnología, de su primera etapa, permitiría la irrigación de 15 mil hectáreas de tierras eriazas. Se culminó parcialmente en 1985, y en los años venideros la pampa reverdeció; pero la adjudicación de los terrenos agrícolas en lotes de 5 hectáreas, la poca capacidad de asociatividad de los colonos y la falta de visión del Ministerio de Agricultura para ejecutar un plan agrario en esta zona, hicieron que esta gran inversión no diera los frutos deseados. La gran mayoría de tierras (casi las tres terceras partes) fueron destinadas a cultivos forrajeros, consolidando la cuenca lechera del sur, en detrimento de cultivos más rentables. Por otro lado, la mala administración de riego hizo que varios terrenos agrícolas de las zonas bajas (Santa Rita de Siguas) se erosionaran por las filtraciones y quedaran inservibles.

Tratando de revertir estos efectos, desde hace algunos años el gobierno regional se dispuso a reconvertir los terrenos agrícolas de Majes para la agroexportación. Algunos se convencieron de la necesidad de este cambio y apostaron por la paprika, la cebolla blanca y otros cultivos de demanda externa, pero la proporción de agricultores que innovó sus cultivos fue pequeña. A pesar de emplearse el sistema de riego por aspersión en toda la irrigación, el uso del agua ha sido ineficiente y se tuvo que medir el consumo de agua para riego para evitar más deslizamientos y el hundimiento de tierras

Dadas las cosas de esa manera, el gobierno regional de Arequipa se dispuso a impulsar la segunda etapa del proyecto Majes Siguas II, pero con una visión clara: el desarrollo mediante la agroexportación en 46 mil hectáreas (38 mil de Siguas y 8 mil de Majes) y de paso el aumento de la capacidad energética de la Macrorregión Sur, mediante la construcción de dos hidroeléctricas Llluta y Lluclla, que tendrán una potencia de 274 MW y 316 MW, respectivamente.

Este nuevo proyecto tiene propósitos múltiples y el actual gobierno regional lo ha declarado de importancia macroregional y nacional, pues permitirá «conformar una plataforma de agroexportación competitiva a nivel mundial» (sic).

A diferencia de la primera etapa, esta se ha pensando con un bajo consumo de agua por hectárea, una agricultura moderna orientada a la exportación, un pago real por consumo del agua, la óptima utilización de la infraestructura hidráulica, una moderna tecnología en el riego, un alto valor bruto de producción por hectárea y para el desarrollo de centros agroindustriales y de exportación.

Desde el día que el ex presidente Alejandro Toledo anunció que su gobierno daría un aval de 120 millones de dólares para el Proyecto Majes Siguas II, sufrió una serie de contratiempos, desde la subsanación de observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para darle el visto bueno, una extensa rencilla con el departamento de Cusco por el uso de las aguas del río Apurímac para el proyecto, hasta continuas cancelaciones del gobierno nacional para darle la buena pro a los inversionistas para que comiencen con su ejecución.

El gobierno iba a otorgar la buena pro el mes pasado, pero en medio de una fuerte protesta en Espinar por el proyecto, decidió postergar la apertura de sobres hasta el 25 de febrero de 2010. El gobierno regional entonces sesionó por cuatro horas y oficializaron la conformación del Comité Ciudadano para la Defensa y Ejecución del Proyecto Hidroenergético Majes Siguas II. El comité tiene la tarea de lograr que no se postergue más el proyecto y de convencer al pueblo cusqueño de las bondades del mismo para el desarrollo macroregional y, sobre todo, que no los dejarán sin recursos hídricos, como ellos argumentan.

Las cartas están claras. Se ha aprendido de los errores de la primera etapa y se tiene una perspectiva más clara de lo que se quiere conseguir con esta segunda etapa. Por otro lado, en enero del próximo año ya se tendrán listos los estudios de balance hídrico e impacto ambiental de Arequipa y Cusco. Lo que hace falta ahora es que el gobierno asuma su responsabilidad frente al desarrollo de Arequipa y el sur peruano y que ya no le siga metiendo más cabe con otra postergación.

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2009

Programa Regional Sur

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Sobre escándalos y credibilidad

Los resultados de la VI Encuesta Anual sobre Confianza en las Instituciones del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, muestran el deterioro indetenible del prestigio y la credibilidad de parte significativa de la institucionalidad pública del país. El 84.2% de los encuestados no confía en el Congreso de la República; el 74.8% desconfía del Poder Judicial; el 61.7%, del Poder Ejecutivo; el 61.1% de la Policía Nacional y como no podía ser de otra manera, el 89.4%, de los partidos políticos. Aunque la encuesta es totalmente limeña, creemos que expresa, puntos más, puntos menos, la percepción nacional.

Las últimas semanas, la corrupción y la arbitrariedad de las principales instituciones del país, han saturado a la opinión pública. La universidad Alas Peruanas, ese sorprendente centro educativo que pasó en 14 años de la nada a tener más de 70,000 estudiantes y sedes educativas en todo el país pero también en España, Italia y Estados Unidos, adquirió rápida notoriedad por sus ostensibles vínculos con el poder. Vocales supremos, así como padres y madres de la patria (palaciegos y opositores, hay que decirlo) auspiciados en viajes sorprendentes para participar en homenajes a Vallejo o en reuniones de la Internacional Socialista. Parlamentarios y un ministro que son parte de una forma u otra de un negocio educativo a todas luces irregular y creado al amparo de la legislación fujimontesinista y el alcalde de Lima, virtual candidato presidencial, avalando la seriedad de su facultad de arquitectura… Escándalo grueso y grosero que motivó incluso el malhumor presidencial.

En competencia por los titulares, la Policía Nacional no se quedó atrás. La documentada denuncia sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en Trujillo, dirigido por un oficial recientemente condecorado por Mercedes Cabanillas cuando fuera Ministra del Interior, no pudo ser silenciada por el supuesto descubrimiento de un grupo de emprendedores pishtacos dedicados a la exportación, como tampoco pudo disimularse con la sanción al general Murga, la patinada del actual Ministro quien anunciara triunfante tan sorprendente hecho.

El Tribunal de Garantías Constitucionales también puso su parte y siguió acumulando méritos. A su cuestionable y conservador fallo sobre la píldora del día siguiente, se sumó la orden de excarcelación del general Chacón por el tiempo transcurrido de su juicio sin sentencia, abriendo así una puerta amplia para la libertad de un número significativo de mandos militares involucrados en distintos casos de corrupción. Por si necesitáramos más espectáculo, serios y formales grupos empresariales –Wong y Bustamante– aparecieron contratando matones y actuando como invasores al límite de la ley, para resolver sus diferencias por la propiedad de una empresa azucarera en el norte chico de Lima.

Resulta evidente que la corrupción y los estilos que heredamos del régimen anterior están vivitos y coleando, como es claro que distintos funcionarios y autoridades están interesados en garantizar su continuidad. Nadie debe sorprenderse en consecuencia de la pobre valoración de algunas de las instituciones más importantes del país. La incapacidad de los partidos políticos, de todos sin excepción, para hacer frente a esta situación es dramática y explica en parte por qué, 9 de cada 10 limeños no les creen.

El debilitamiento de la democracia y de su valoración, son consecuencias directas, entre otras cosas, de estos hechos. El surgimiento de una opinión pública cada vez más autoritaria –convencida por ejemplo de que el servicio militar obligatorio es un buen remedio para las pandillas o que acciones como las del escuadrón de la muerte se justifican por la violencia delictiva– lo es también. En un año electoral, con un Presidente que ya adelantó su voluntad de influir en el mismo y con un partido de gobierno que ya no se sonroja de sus disputas por prebendas –¿o alguien cree que las acusaciones cruzadas entre el congresista Núñez y el jefe de COFOPRI de Ica, tienen otra motivación?– existen razones sobradas para asustarse por el significado de estos síntomas. Semejante institucionalidad no es una simple “irracionalidad”, pasible de ser enfrentada solamente con «campañas de valores» o «premios a las buenas prácticas». No es una cuestión de actitud sino de modelo: la muy particular forma de nuestro neoliberalismo oficial, que profundiza la desigualdad y los otros males que el mismo conlleva, está en la raíz misma de nuestra descomposición institucional.

desco Opina / 11 de diciembre 2009

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Decisiones municipales ¿se piensa en las consecuencias?

Trasladar los problemas de un lugar visible a otro menos visible parece ser la orden del día en la ciudad de Lima.

El pasado mes de octubre, cumplido el plazo de un año otorgado por la Municipalidad de Villa El Salvador, los comerciantes del histórico mercado la Chanchería fueron desalojados. Igual suerte corrieron, días después, los comerciantes del no menos importante campo ferial «Micaela Bastidas», paradita contigua al Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, que funcionó durante casi veinte años, sobreviviendo a varios incendios e intentos de desalojo de sucesivas gestiones municipales.

En el caso de Villa El Salvador, el propósito del municipio es recuperar la Avenida Velasco para continuar la «Alameda de la Juventud» en el lugar en el que se ubicaba el mercado, que durante el día bullía de actividad comercial y por las noches, lamentablemente, de pandilleros y delincuentes. Los cerca de mil quinientos comerciantes que tuvieron durante años sus negocios en este centro de abastos –el más grande y dinámico de Villa El Salvador– se reubicaron ya en el mercado construido en la Avenida César Vallejo. Son ahora las calles aledañas a este local el escenario de movimiento comercial y florecimiento de diversos negocios, cambiando el rostro de una avenida hasta hoy tranquila.

Si bien el traslado del mercado –negociado durante años– es acertado, se requiere aún que el Municipio de Villa El Salvador ponga en marcha un plan de seguridad para la zona, ubicada apenas a dos cuadras de su sede y de la comisaría. Hacer del nuevo emplazamiento un sitio accesible y seguro reforzará el comercio local y garantizará la tranquilidad del vecindario. Las familias de Villa El Salvador que prefieren «comprar en casa» –y no depender de los grandes supermercados– deben poder hacerlo en las condiciones más adecuadas y con tranquilidad.

En el caso de Villa María, la falta de previsión es evidente. Además de la escasa negociación entre el gobierno local y los comerciantes, no se destinó un espacio apropiado para que continúen con su trabajo y sus respectivos negocios sin afectar el orden público. Ahora los comerciantes asedian una cuadra más allá de los escombros producto del desalojo, sobre los que se acumula gran cantidad de basura. El desorden y la congestión de siempre, ahora en una calle más pequeña, con vías obstaculizadas por los puestos, generan terrible caos vehicular. Las fiestas de fin de año, con su mayor afluencia de público, suman presión al escenario.

Han pasado casi dos meses desde que se produjeron los desalojos. Lo que iba a ser «recuperado» en Villa El Salvador sigue a la espera. Y los problemas que en Villa María iban a ser «resueltos» con la salida de los comerciantes, se han visto más bien potenciados. Es en este punto que estos hechos «domésticos» se vuelven de interés de toda la ciudad.

Las acciones municipales deben ser planificadas, en el sentido de tomar en cuenta las consecuencias. Si se busca poner orden, debe preverse el impacto que tendrán las decisiones sobre las economías familiares, sobre las zonas de reubicación y sobre el medio ambiente. Si bien es aplaudible el objetivo de recuperar los espacios públicos para devolverlos a su uso por la comunidad, luego de sembrar césped para la foto es necesario invertir en la infraestructura que garantice su buen uso por los vecinos y vecinas.

Es necesario también que las autoridades ediles revisen cuáles son los impactos en el mediano plazo, para presentar a la ciudadanía alternativas responsables. De lo contrario, se corre el riesgo de colocar los problemas debajo de la alfombra. Eso también es desgobierno y desluce la imagen de las instituciones encargadas del gobierno de la ciudad. Para el ejemplo, preguntemos a los vecinos de Barranco y Chorrillos cómo la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto el impacto sobre su tranquilidad cuando decidió las rutas del Metropolitano.

desco Opina - Regional / 4 de diciembre de 2009
Programa Urbano

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El espionaje chileno y la agenda política

La detención del suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, fundamentadamente acusado de espiar a favor de Chile, ha sido talentosamente aprovechada por el Presidente García. Los efectos de sus duras declaraciones contra el país vecino han sido múltiples, tanto allá como acá. En el país del sur, las elecciones se han visto teñidas por la denuncia peruana y más allá del formal alineamiento de las distintas agrupaciones políticas sureñas rechazando las afirmaciones presidenciales, resulta evidente la capitalización del suceso que está haciendo el opositor candidato derechista Sebastián Piñera, quien interesadamente, cree como nuestro Presidente, que las relaciones entre ambos países discurren por dos «carriles» que no deben confundirse ni tocarse: el uno, político y diplomático marcado por desencuentros, conflictos y descalificaciones fáciles, cuando la coyuntura, así lo requiere; el otro, económico y comercial, en el que Chile tiene directamente invertidos en el Perú más de 7,200 millones de dólares (entre 1990-2008, según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile), albergando a cerca de 40,000 compatriotas que migraron desde la década del noventa.

Acá, el Presidente García logró alinear con facilidad a las distintas agrupaciones políticas, atrás de su rechazo al comportamiento chileno. No podía ser de otra manera, habida cuenta que el espionaje descubierto y denunciado, parece la fresa de una torta que tiene entre sus ingredientes más recientes, los ejercicios militares chilenos, denominados Operación Salitre, que tuvieron un poco sutil tono antiperuano, así como la confirmada intención del país vecino, de adquirir nuevo material militar ofensivo en Estados Unidos, por 665 millones de dólares.

Pero adicionalmente, y quizá más importante, el espionaje chileno terminó acaparando la atención de la opinión pública en un momento particularmente complejo para el gobierno, en el que simultáneamente tuvo que lidiar con la discusión y aprobación del presupuesto 2010 y con las evidencias de un nuevo y grosero tráfico de influencias –la universidad Alas Peruanas– que demuestra la buena salud de la que gozan comportamientos y mecanismos corruptos organizados por el fujimontesinismo y sus vinculaciones con importantes figuras del gobierno y del Poder Judicial.

En el caso del presupuesto, como era previsible, éste fue aprobado por el Congreso, poniendo fin a la relativa descentralización presupuestaria de los últimos años, consagrando además una recentralización de los recursos que tiene un claro tinte electoral. Así, el gobierno central dispondrá de 23% más del total de recursos, mientras las municipalidades perderán el 20% de los que disponían. Los sectores que tienen a su cargo los programas con mayor «potencial» electoral –Trabajo (225%), Transportes (68%) y el MIMDES (57%)– han logrado incrementar significativamente sus recursos, no obstante la limitada capacidad de gasto que demostraron este año: a octubre, habían usado apenas el 44.5%, 50.5% y 16.1% de los recursos para inversión de los que disponían.

En el caso de Alas Peruanas, distintos e importantes congresistas del partido de gobierno, pero también varios opositores y magistrados, aparecen vinculados a una universidad que en apenas 14 años exhibe 70,000 estudiantes y significativos vínculos con el poder. Ese escándalo, sumado a la detención en Estados Unidos del ex ministro Allison, puede poner los reflectores nuevamente sobre las relaciones entre importantes figuras del gobierno y el régimen anterior.


desco Opina / 27 de noviembre 2009

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Apurímac: Quién gana jugando al desgobierno; un drama en varios actos

El departamento de Apurímac fue creado por los intereses del sistema de hacienda asentado fundamentalmente en los valles del Mariño y Pachachaca. Está constituido por poblaciones históricamente distintas y hasta enemigas, no existen espacios de continuidad geoeconómica, ni mucho menos vínculos culturales e idiomáticos entre las actuales provincias de Andahuaylas y Chincheros con el resto del departamento. Esta situación fue corroborada en el referendo convocado durante el proceso de regionalización del primer gobierno Aprista; en esa ocasión, 99% de los chincherinos y 97% de andahuaylinos decidieron pertenecer a la Región Libertadores-Huari muy a pesar de la ofensiva de la Región Inca, que ofrecía compartir los beneficios del gas de Camisea cuya capacidad de producción se discute en estos días. El principal criterio manifestado por los votantes de aquella consulta, era que por fin se presentaba la ocasión para desatar el nudo centralista que ejercía la capital del departamento de Apurímac.

Lamentablemente, la ceguera fujimontesinista tapió los caminos andados al destruir el proceso de regionalización creando los denominados CTAR con sede en las antiguas capitales departamentales, que a la postre fueron la base de las burocracias heredadas por los actuales gobiernos regionales. Es obvio que la gestión de los actuales presidentes se ve perjudicada por la incapacidad de sus respectivas burocracias para encargarse eficientemente de los recursos; sin embargo, en el caso de Apurímac, esta situación se agrava hasta el claro boicot.

Y a propósito de esta situación, ¿a qué juegan los medios? En esta última semana hemos asistido a un verdadero vendaval de informaciones tendenciosas y manipuladoras. “Paro indefinido contra la gestión del Presidente Regional”. “Vacan al Presidente Regional por favorecer a su provincia natal y juramentan al Vicepresidente”. Lo que no dicen es que la burocracia abanquina se opone a la construcción del hospital Hugo Pesce, presupuestado desde hace dos años atrás por el gobierno central y cuya ejecución fue encargada al gobierno regional. Lo que no se dice, es que nadie en el departamento se opuso cuando se construyó un estadio en la ciudad de Abancay. No se dice que la anterior Presidenta de la Región Apurímac fue expulsada luego de una gresca con muertos incluidos, por haber permitido el asfaltado de un tramo de la carretera Talavera-Andahuaylas. Lo que tampoco se dice, es que es muy difícil de asimilar luego de más de cien años de mamadera centralista, tener que soltar la leche de los intereses subalternos. No se dice que efectivamente el Presidente no estaba ni en el gobierno regional –controlado por los destetados– ni en su casa, porque esta había sido destruida y apedreada. No se dice que algunos fiscales se prestaron para testificar ausencia; ¿se dice acaso que esos mismos fiscales están más preocupados por las facultades de derecho que dirigen en su tierra natal y porque las universidades de las que son dueños, tendrán menos afluencia con el desarrollo de las provincias por cientos de años perjudicadas por el centralismo de tierra adentro?

¿Les preocupa acaso a estos abogados por propio interés, la verdadera madre de los tomates? ¿Saben estos patriotas del sistema de hacienda, cuánto de regalías debiera tener la región, participaron acaso en los planes estratégicos regionales y en los presupuestos participativos?, ¿sabrán que el sistema de hacienda y de yanaconas que abusaba de sus propios abuelos ya no existe más? ¿Han meditado acaso? ¿Les parece similar esta historia a lo acontecido en Honduras?

A ello, se suma lo que acontece en Fuerabambas. Mientras en estos días se discute quién se queda con la gallina de los huevos de oro, el oro y otras montañas de minerales desperdigados en miles de vetas y venas abiertas en la región-departamento Apurímac, se negocian en otras mesas que no son precisamente las de la concertación. Nuevos fantasmas vuelven a recorrer las provincias apurimeñas nombrando y descombrando fantoches autoritarios, ofreciendo literalmente el oro y el moro a los animales de carga (léase lúmpenes a sueldo). Inversión y trabajo se ofrecen por doquier anticipándose a la consulta que se desarrollará en 12 meses más y cuyos resultados debieran respetarse si queremos construir democracia y descentralización. En los próximos meses y desde ahora (porque las paralizaciones de Abancay por el supuesto recorte presupuestal y la respuesta de Chincheros y Andahuaylas con otra serie de paros y movilizaciones «contra el centralismo y la prepotencia» tienen como marco el próximo proceso electoral, pulseando, como dicen los muchachos con cayetano). En este contexto, los oídos apurimeños vuelven a tintinear con miles de soles contantes y sonantes, pero también las retinas apurimeñas, en especial las de Cotabambas, miran con temor el lejano oriente hacia el cual trasladarán sus almas, porque según el plan de extracción de la Empresa Minera Xtrata Cooper, el meollo y los alrededores de la comunidad campesina de Fuerabamba serán convertidos en taludes de tierra y lavaderos de mineral.

El traslado forzado de una comunidad es todo un reto si consideramos las recomendaciones de las propias Naciones Unidas, que salvando las distancias, claro está, recomienda para las poblaciones de refugiados: la incorporación de procesos sociales, culturales, históricos y lingüísticos que protejan a estas poblaciones de la inminente anomia. Recordemos que la comunidad de Fuerabamba, deberá ser trasladada hacia otra región (Provincias altas del Cusco) involucrándose así este contingente poblacional en otro ámbito geoeconómico y cultural. Insistimos, las poblaciones que por fuerza mayor deben ser trasladadas a otro ámbito territorial, deben llevar consigo sus relaciones sociales, su lengua, su cultura, sus organizaciones y hasta sus cantinas con borrachos incluidos.

Sin embargo, ¿será este el problema de fondo? O ¿estamos buscando a la madre del cordero en el pueblo de los fantasmas? ¿No será el trasporte de mineral el tema que debiera involucrar a todos los apurimeños? ¿el mineral será transportado en ducto minero, con el consiguiente deterioro medioambiental ocasionado por las fajas transportadoras que funcionan con energía hidráulica?, o ¿requerimos de la construcción de vías carrozables que soporten alto tonelaje para la carga minera? o tal vez ¿debamos construir un sistema ferroviario que enlazándose o no al ferrocarril Cusco-Arequipa pueda transportar mineral, así como otros productos entre esas y otras regiones, y sobre todo personas que irán y vendrán con su negocio y relaciones a cuestas? Estos y otros temas ¿han sido discutidos en el Plan de Desarrollo Regional?, ¿el asunto del traslado de las poblaciones involucró a los comuneros de Fuerabamba? ¿Es decir, se les consultó, se les explicó?; ¿el Plan de Inversión minera está contemplado en el Plan Estratégico de las Provincias de Grau y Cotabambas?, ¿están enlazados los planes o se superponen? Estas y otras interrogantes circulan en la región, circunstancia que es aprovechada por algunas autoridades acostumbradas al centralismo provinciano (también existe por si acaso) donde las capitales departamentales –verdaderos asientos de la burocracia estatal– han hecho de las suyas construyendo edificios nefastos y barcos de cemento convertidos en estadio deportivo.

desco Opina - Regional / 20 de noviembre de 2009

Programa Sierra Centro

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Buenos negocios

Sacando un bien de un mal, lo positivo de las encuestas sobre la valoración de la democracia –como las realizadas por Latinobarómetro– es que el profundo desafecto que tenemos los peruanos hacia nuestro sistema político, ya no intenta explicarse por causas profundas, léase tradiciones autoritarias, ausencia de cultura ciudadana y otras fórmulas por el estilo. Los peruanos consideramos a nuestros gobiernos como ajenos y extraños porque estamos convencidos que sólo velan por los intereses de los más poderosos. Punto.

Sin embargo, de buenas a primeras, pareciera que esto no se condice con lo que diariamente nos ofrecen los medios de comunicación. El empeño de nuestros políticos se agota en eludir los escandaletes de barrio y conductas de barra brava que impactan en el centro mismo de su idoneidad para ejercer el cargo «encomendado por la Nación». En cualquiera de los casos, robar agua de la casa de al lado, tener conexiones clandestinas de energía eléctrica o matar de un balazo al perro del vecino, no estará asociado a ninguna iniciativa que beneficie a la población, pero, al parecer, tampoco a los ricos del país.

Sin embargo, la inocuidad de estos lamentables espectáculos es sólo aparente. Sirve para generalizar la percepción de que la política «es así» y no hay remedio que valga. A renglón seguido, los que realmente hacen política –aquellos que nadie eligió ni aparecen en las encuestas sobre el poder en el Perú– pueden guarecerse del control ciudadano y operar en la sombra con un file de negocios privados entre manos. Obvio, conducirse de esta manera tiene un enorme costo institucional: la arraigada desconfianza hacia los operadores estatales. Sin embargo, se asume nomás porque cuando las cosas se revelen –si es que llega el momento– una sentencia por corrupción –si es que se materializa– es un riesgo que merece correrse. El interés público, entonces, queda a merced de los apetitos privados.

Pero, el cántaro está tan lleno que no cesa de derramar agua. Así, el telón que cubría las redes de influencia de universidades siempre sospechosas de influencia montesinista, apenas se abre y ya da indicios de lo que puede haber adentro. También surgen las primeras preguntas sobre la venida de una misión de asesores de seguridad israelíes. Dicen que para hacer un diagnóstico y dar recomendaciones para actuar en el VRAE; esta respuesta, a su vez, lo único que motiva es a más preguntas.

Para empezar, ya sabemos que no se trata de una misión clásica, es decir, conformada por soldados del ejército del país mencionado. Son funcionarios que pertenecen a una empresa privada que, lógicamente, no ven las cosas desde la perspectiva del Perú, sino como oportunidad para generarse mayores utilidades. De otro lado, el pago de sus servicios no sólo es altísimo, sino que además, se desconoce la explicación oficial de la suma acordada.

Es decir, uno de los problemas fundamentales del país –el VRAE– ante el cual el actual gobierno ha dado muestra de su inoperancia con varios «planes de desarrollo» fracasados en las espaldas, se intenta «resolver» privatizando la intervención en esa zona, con toda la opacidad a la que se nos tiene ya acostumbrados. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que estas misiones militares privadas israelíes no son novedad en la región Andina, lo que, a su vez, debe asociarse con el rápido aumento de los gastos militares que el presidente de la República intenta amainar con la promoción de un pacto anti armamentista, que no deja de tener visos de ingenuidad.

Entonces, cuando el ciudadano no sabe lo que pasa y los gobernantes no tienen ninguna voluntad para esclarecer lo que rodea las decisiones tomadas, las sospechas cunden de manera casi natural. De esta forma es imposible consolidar la democracia, dirán algunos. Lo cierto es que poco importa, cuando se privilegia el negocio privado sobre los asuntos públicos, aún cuando este último sea de trascendencia suma, como es el caso del VRAE.

desco Opina / 13 de noviembre 2009

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Café con aroma a cambio climático

Según los especialistas, el Perú es el tercer país a nivel mundial con mayor fragilidad ante el cambio climático global. Esta aseveración que hace algunos años era considerada por muchos como una predicción alarmista, en la actualidad ya se está haciendo notoria por los evidentes estragos en las diferentes regiones del país afectando especialmente la producción agrícola.

En el caso de la selva central los efectos se perciben en todos los campos de la producción agropecuaria, al haberse afectado la ganadería por la disminución de áreas de pastizales, se ha alterado el proceso de desarrollo de las especies forestales y la producción apícola por el retardo de la floración natural. Los cambios climáticos han originado variación en las etapas de desarrollo del cultivo del café, principal producto del cual depende la economía de las familias de la región; aunque este fenómeno no ha sido originado por la responsabilidad directa de los agricultores cafetaleros, el impacto será más grave a medida que transcurra el tiempo. Hasta hace cinco años atrás, el cronograma evolutivo del cultivo de café era marcado, actualmente existe un cambio significativo en la periodicidad e intensidad de las lluvias trayendo como consecuencia el retraso y la disminución de la floración del cafeto, lo que se traduce en granos más pequeños y de baja calidad. Los cambios intempestivos de temperatura provocan la caída de los granos aún sin haber completado el proceso de maduración. Además, estos cambios están generando un ambiente favorable para la proliferación de plagas y enfermedades más resistentes. La fauna local también se ve perturbada debido al retraso en la producción de semillas de los árboles nativos; por ello, es notoria una reducción significativa tanto en número como en variedad de aves y mamíferos afectándose la dieta de las comunidades nativas.

El Ministerio de Agricultura, las autoridades y funcionarios del gobierno central encargadas de promover la producción agropecuaria están adoptando medidas para proteger la producción agrícola de la costa tecnificada principalmente; pero en el caso de la selva central poco o nada han hecho para desarrollar investigaciones, monitorear los cambios y los efectos en la producción, que permitan que todos los actores involucrados en el desarrollo agrario puedan contar con los conocimiento adecuados para adoptar las previsiones necesarias. El riesgo es que en la medida que el cultivo de café, por causa de las alteraciones climáticas deje de ofrecer utilidades, la selva central necesariamente se verá obligada a una reconversión productiva o al abandono paulatino de las parcelas por parte de los caficultores en desmedro del café, producto bandera peruano. Los directivos de las organizaciones de productores, así como los pequeños caficultores, manifiestan su preocupación porque esta situación no les permite confiar en que sus estimaciones productivas puedan concretarse, lo que les genera indecisiones sobre el retorno de sus inversiones y el posible incumplimiento de sus compromisos con el mercado.

Las declaraciones del Ministro del Ambiente; que pretende buscar el «lado amable» del problema promoviendo los beneficios económicos para nuestro país por la venta de servicios ambientales, se alejan de la realidad del pequeño productor que con menor manejo de información y conocimiento técnico, parcelas de escasa dimensión y limitada o nula capacidad de inversión, no tendrá posibilidades de acceder a esas oportunidades de negocio. Estos posibles beneficios económicos producto de servicios ambientales sólo podrán ser alcanzados por los grandes inversionistas que tienen acceso al conocimiento técnico y la capacidad de invertir a largo plazo acumulando progresivamente la posesión de grandes extensiones de tierra. ¿Es que acaso esta propuesta de venta de servicios ambientales apunta a favorecer la privatización de la Amazonía peruana? ¿Existe alguna decisión política de hacerse de la «vista gorda» con la problemática que enfrenta la caficultura de la selva central privilegiando así a los grandes intereses económicos que quieren libertad para poner sus manos en los recursos amazónicos?

Si no se aplican políticas de Estado que permitan tomar medidas urgentes en el breve plazo, los impactos del cambio climático tendrán un mayor costo en nuestra agricultura amazónica, especialmente en el café, haciéndose irreparables los daños ocasionados a la economía del pequeño caficultor local. Así, nuestro principal producto bandera no tendrá ningún «mástil» en donde flamear y se favorecerán las condiciones para la incursión de los cultivos de coca, opción ilegal, pero posible ante tanta indiferencia.


desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2009
Programa Selva Central

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