Valorar los recursos naturales: agenda urgente en el sur peruano

A finales de agosto se realizó en Arequipa el Seminario Internacional Andino sobre Gestión Social del Agua para la Adaptación al Cambio Climático Global, que congregó a varias instituciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú en torno a las experiencias de gestión del agua en las zonas altoandinas. Un punto importante de discusión fue la valoración de servicios ambientales, entendidos no como un simple pago por servicios, sino como una estrategia donde lo central, en el caso de la gestión de agua, debe ser el reconocimiento del trabajo de los pobladores de las cuencas altas, que se han responsabilizado, de forma natural, del abastecimiento del agua y del cuidado de las reservas acuíferas. Es el caso de quienes habitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, muchas veces olvidados por los vecinos de la Ciudad de Arequipa, principales usuarios del recurso.

En vista de que los diversos conflictos sociales que se han encendido en el sur del país están vinculados a la disputa del agua (Productores agrarios de Cocachacra- Southern Copper Corporation) o su contaminación por la actividad minera (Comisión de Regantes de la Provincia de Cotahuasi- Mina Arcasel), la cuestión de los llamados servicios ambientales debe ser enfrentada seriamente por la industria minera. Un escenario para esta discusión debiera ser la Convención Minera, que cada dos años reúne a los empresarios del sector, investigadores y ministros de Estado, además de proveedores de tecnología, maquinaria y servicios.

Realizada el pasado mes de setiembre en Arequipa, el lema de la 29 Convención Minera, fue «Perú Minero: Una veta de oportunidad para todos». Se anunciaron cuantiosas inversiones para los próximos años: Las Bambas de Xtrata en Apurímac, Tía María de Southern en el Valle de Tambo, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, entre otros proyectos; pero se desestimó nuevamente un tratamiento responsable de los conflictos socioambientales, a los que se reduce a un rol de obstáculo o entorpecimiento del desarrollo; en palabras de Pablo de la Flor, del Comité del Encuentro Empresarial de PERUMIN «los conflictos sociales frenan la inversión minera». Se invisibilizan así las preocupaciones y demandas de las poblaciones, a las que sólo se busca para la ansiada «licencia social».

Obviamente, señalar a la industria minera como única responsable de los problemas socio-ambientales, sería irresponsable. El Gobierno tiene que replantear su «estrategia de desarrollo» partiendo por comprender todo lo que hacen cotidiana y esforzadamente los peruanos, para cuidar y preservar los recursos naturales. En ese sentido, urge definir una zonificación ecológica que, ante la eventualidad de la concesión a una empresa, actúe como fiel de la balanza, entre la renta que se obtendrá de los metales y la pérdida de acuíferos, vegetación y animales, en la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, es preciso que el Congreso retome la discusión del Proyecto de Ley 2386 Ley de Promoción y Compensación de Servicios Ambientales y el Proyecto de Ley 3213 Ley de Servicios Ambientales, presentadas en abril de 2008 y abril de 2009, respectivamente. Y que además no deje su reglamentación en larga espera. El tema de la valoración de los recursos naturales, como el de la adaptación al cambio climático, no es una moda, sino una necesidad urgente. Para el cuidado de nuestros recursos ambientales se requiere entender que éstos no son una mercancía, sino parte integral de la vida de los peruanos.


desco Opina - Regional / 23 de octubre de 2009
Programa Regional Sur

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El presupuesto 2010: nuevo escenario conflictivo

Tal como había sido advertido, la disputa por el presupuesto general del 2010, finalmente se inició. La propuesta del Ejecutivo aumenta la participación del gobierno nacional en los gastos de capital de 44% a 61% del total, a la par que reduce la participación de las municipalidades del 38% al 22%, mostrando su decisión de recentralizar el manejo presupuestal, incrementando, además, el margen de su manejo discrecional desde el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias centralizadas, al incrementar en 110% la denominada Reserva de Contingencia.

Por si cabe alguna duda de su intencionalidad en un año que será claramente electoral, la propuesta del Ejecutivo establece la obligatoriedad de destinar el 6% de los recursos de inversión del próximo año, a los núcleos ejecutores, provocando mayores expectativas y demandas que no podrán ser atendidas por los gobiernos locales que dispondrán de 2,857 millones de soles menos que los contemplados en el presupuesto actual.

Como no podía ser de otra manera, la pretensión del gobierno nacional ya recibió el rechazo de las distintas asociaciones de los gobiernos subnacionales. Convocados por la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), más de 350 municipios del país se movilizaron al Congreso de la República, denunciando la situación y exigiendo la modificación del presupuesto.

Posteriormente, el pronunciamiento firmado el 18 de octubre por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la REMURPE y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pone el dedo en la llaga, llamando al Congreso a corregir dicha propuesta, exigiéndole al Presidente cumplir el compromiso que asumiera el 28 de julio para financiar el aumento de competencias y funciones transferidas a las municipalidades –incrementar de 2% a 4% el impuesto de promoción municipal dentro de la estructura del IGV– y exigiendo la implementación de la descentralización fiscal.

La pregunta de fondo, frente a este nuevo escenario conflictivo, es si el Ejecutivo y el Congreso, tienen alguna disposición a negociar los recursos del 2010 para los gobiernos subnacionales. Si nos guiamos por la experiencia de los años anteriores, la respuesta es negativa. Más aún en un año electoral en el que el Ejecutivo y los congresistas, tienen sus propios intereses. El primero está abiertamente interesado en ser un jugador fuerte en el proceso electoral e incidir en las dinámicas locales, como se evidenció desde el momento mismo en que el Presidente lanzó la iniciativa de los núcleos ejecutores. Buena parte de los segundos, preocupados por su eventual reelección, ahora buscan «acercarse al interior del país» y no dudan en debatir propuestas clientelísticas ya superadas, como la exoneración tributaria para la Amazonía.

Así las cosas, cabe interrogarse por la fuerza y la persistencia de la eventual articulación de las autoridades subnacionales que muestra el comunicado en mención, así como su capacidad de vincular el presupuesto 2010 con algunas de las principales demandas sociales, que siguen manifestándose fragmentadamente. Ello, en un escenario en el que la conflictividad social continúa incrementándose y los múltiples malestares ciudadanos también, a pesar del esfuerzo mayoritario de los medios de comunicación por imponernos los escándalos políticos de más «baja intensidad» –la congresista “robaluz”– o simplemente aquellos puramente delictivos.

Por el momento, da la impresión que el gobierno piensa que la conflictividad social disminuirá en la medida en que el tiempo electoral se acelere y ocupe las preocupaciones o el interés del país.

desco Opina / 19 de octubre 2009

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Participación y Presupuesto Participativo en Lima Sur

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

El Presupuesto Participativo (PP) ha sido, a pesar de todas sus limitaciones, uno de los procesos más dinámicos, en la escala distrital, entre los gobiernos locales y la población representada en sus organizaciones. En el caso de Lima Sur, el programa urbano de desco realiza en forma periódica una evaluación del proceso de organización y definición de los Presupuestos Participativos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín. Esta evaluación, que culmina en un Reporte de Vigilancia, se realiza en el marco del Sistema de Evaluación Seguimiento y Evaluación-SISE.

Aunque pueden constatarse avances significativos, hay pendientes de gran prioridad para consolidar el mecanismo. Referido a los pasos previos al lanzamiento del proceso, por ejemplo, es aún un reto de los municipios –en especial en el caso de Lurín– incorporar en mejores condiciones a representantes de la sociedad civil en los Equipos Técnicos que diseñan las etapas del PP, a fin de garantizar un diseño consensuado, ajustado a las particularidades del tejido social local.

Otro asunto, de gran actualidad en el marco de la crisis económica mundial, a la que el país no es ajeno, es la reducción de la recaudación por IGV, pilar fundamental del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, que es el mecanismo por el cual el Estado redistribuye sus ingresos entre los gobiernos locales, y que representa un monto más significativo cuan más pobre es el distrito y limitada la economía municipal. En este sentido, el porcentaje que los municipios destinan a la programación participativa podría verse afectado al verse reducidos sus ingresos globales. Actualmente, es Villa El Salvador el que mantiene una mayor proporción de su presupuesto total sujeto a mecanismos de decisión participativa, mientras que al otro lado de la escala se encuentra Villa María del Triunfo. La eventual reducción de estos márgenes redunda no sólo en la salud del proceso de PP, sino que a la larga este desgaste puede alterar los delicados equilibrios entre sectores organizados y las gestiones ediles, polos siempre propensos al enfrentamiento.

No obstante esta tendencia, es de notar que hasta el 2008, mientras los recursos para el proceso crecieron en términos globales, el número de agentes participantes inscritos en el proceso fue disminuyendo. Para hacer más compleja esta paradoja, fue en Villa El Salvador, donde el tejido de organizaciones es más denso, donde se registró con más fuerza esta reducción. Cabe entonces preguntarse en qué radica el desempate entre esta ventana de participación en el gobierno local y la dinámica y los intereses de las organizaciones, que empiezan a perder interés en el proceso.

Quienes sí parecen encontrar atractivo en el PP son los partidos políticos. Es en Villa El Salvador en que dos organizaciones de este tipo han decidido ingresar al proceso, que en general se había caracterizado por concitar organizaciones llamadas «de base»: principalmente vecinales, funcionales (como comedores populares y vasos de leche) y unas pocas de grupos de interés, como culturales y juveniles. No obstante la orientación política que seguramente subyace a estas organizaciones, es la primera vez que se registra la participación directa de partidos.

Esta situación puede representar tanto una oportunidad de ampliar el alcance programático del PP –al presentar de manera directa los encuentros entre democracia representativa y democracia participativa– como un peligro si la vocación de estos núcleos partidarios es la de priorizar la obtención de obras en espacios reducidos, que redunden en una buena performance dirigencial con miras a mejorar sus posibilidades electorales, sacrificando inversiones que respondan a una lectura integral del territorio.

Apuntando a la amplitud del proceso de PP como un derrotero para mejorar su calidad, se vislumbra como importante, como parte de una agenda de acciones conjuntas para los municipios de Lima Sur, la tarea de homogenizar los instrumentos de registro e identificar claramente los tipos de agente participante inscritos a los Presupuestos Participativos. Ello facilitaría conocer a las organizaciones posicionadas y permitiría analizar el tipo de organizaciones a las que resulta necesario dirigir la convocatoria, de modo que los procesos sean inclusivos y brinden un nuevo marco de acción para organizaciones dinámicas, como lo son las juveniles y las que representan agendas orientadas por principios de equidad, como las de mujeres, claves en la renovación de ese joven proceso.


desco Opina - Regional / 9 de octubre de 2009
Programa Urbano

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Entre la corrupción y la crisis económica

desco Opina / 2 de octubre 2009

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han visto, una vez más, afectados en su imagen pública por distintos escándalos. En el primer caso, la renuncia del ex Ministro de Vivienda, Francis Allison, quien emitiera recibos por honorarios a la empresa BTR, involucrada en el caso de los petroaudios, sin advertirle al Presidente, cerró varios días agitados para el gobierno, en los que la presión mediática inicialmente resistida por el ex funcionario, fue decisiva para el desenlace final. En el segundo caso, la evidencia de nuevos escándalos de corrupción –la supuesta apropiación de un terreno por parte de un congresista y la existencia de una condena del Poder Judicial por robo de energía eléctrica, sobre otra– hizo que la opinión pública tome conciencia, por si era necesario, que 82 de los 120 integrantes del parlamento, tienen por lo menos una denuncia por razones similares.

La salida de Allison contribuye a desgastar a un gabinete que hasta ahora no muestra mayores virtudes. Su renuncia, presionada por la opinión pública, se suma a las poco felices declaraciones del Ministro de Defensa sobre los próximos ejercicios militares chilenos, pero también a la resolución del conflicto con la empresa Doe Run, en la que ésta, de manera escandalosa, se salió con su gusto. Ello, en un contexto en el que se hizo público que al final del tercer trimestre, el gobierno nacional sólo había ejecutado el 38.7% del presupuesto de inversión y distintos sectores, como Interior y Salud, no llegaban al 13%, demostrando su ineficiencia en esta materia. No deben sorprender por lo tanto, los resultados cada vez más desfavorables que obtienen ambas instancias de gobierno en las distintas encuestas que miden la aceptación de la gestión pública.
En realidad, lo que llama la atención es que éstos no sean peores. Hay dos factores que explican por qué el malestar que generan estos comportamientos, y la situación toda, no se expresen con fuerza. De una parte destaca la ausencia de una oposición clara, capaz de articular el descontento existente y presentarle al país propuestas claras, distintas a las imperantes. Comprometidos varios de sus integrantes en algunos de los casos de corrupción denunciados en el Congreso y sin mayores alternativas programáticas, están lejos de cumplir el rol para el que fueran elegidos. El segundo factor es más complejo y tiene que ver con la manera en que la crisis económica afecta de manera diferenciada a la población del país. Parece claro que hasta ahora, estamos siendo afectados por aquella en menor medida que los países vecinos de la región, lo que facilita la gestión gubernamental, a pesar de sus grandes debilidades, así como su política de negociación puntual de los distintos conflictos, que no dejan de sucederse.

Así las cosas, y a pesar de que el cronograma electoral se «adelantó» (candidatos, encuestas, recolección de firmas, etc.) varios meses, no debe llamar la atención que no se afirmen aún candidatos nacionales claros y fuertes a pesar del ambiente de polarización creciente que se observa. Si bien Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Ollanta Humala son quienes aparecen liderando las distintas mediciones de opinión pública, es claro que ninguno de ellos se despunta como para tener las cosas seguras, lo que indica que hay aún mucho pan por rebanar. En el caso de las regiones y localidades, por su parte, al estar centrada la preocupación de sus principales actores políticos –bastante fragmentados, como es notorio– en su posicionamiento, de cara a las elecciones de noviembre del 2010, es muy poca o ninguna la atención que le prestan por el momento al escenario nacional. Como es obvio, esta situación no puede prolongarse indefinidamente. La disputa por la distribución de los recursos en el Presupuesto 2010, que se está iniciando, puede ser un momento de quiebre en la situación que se observa hoy.

desco Opina / 2 de octubre 2009

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¡Qué bueno los planes!... mejor si se cumplieran

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

Las provincias huancavelicanas de Castrovirreyna y Huaytará cuentan actualmente con un extraordinario instrumento de trabajo para el planeamiento de su desarrollo. En efecto, en el marco de las intervenciones realizadas con recursos del Fondo Italo Peruano (FIP) se han elaborado los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las capitales de esas jurisdicciones. Además, cabe mencionar que los mencionados proyectos fueron ejecutados con apoyo de las facultades de Arquitectura de las universidades Roma Tre, Italia y Católica de Lima, Perú. Sin embargo, también debe señalarse que hay acciones pendientes que deben realizarse, como por ejemplo, la capacitación a la población para que haga un uso adecuado de dichos planes.

Así, aun cuando es urgente la necesidad de contar con otros instrumentos de gestión territorial y de percibirse todavía algunos vacíos de información que, en nuestro concepto, deben incorporar estos proyectos –por ejemplo, la naturaleza de vivienda productiva de los hogares y la vocación principalmente pecuaria de los habitantes de la zona, así como la dotación de recursos paisajísticos y arquitectónicos existentes en ambas provincias–, debemos saludar estas acciones.

El caso expuesto, además, sirve para reflexionar sobre la situación de los instrumentos de gestión territorial en el país. En efecto, la legislación actual obliga a los gobiernos locales y regionales a estructurar sus respectivos planes estratégicos y sus presupuestos participativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo se cumple formalmente lo establecido en las normas, pero no se transita hacia la conversión de estos documentos en verdaderos instrumentos de gestión.

Adicionalmente, esto trae a colación uno de los efectos más negativos que provoca la ausencia de una debida articulación de los planes de desarrollo. Como las intervenciones no tienen claridad respecto a los resultados que deben obtenerse, por no existir en el país un planeamiento estratégico, hay una lamentable superposición de éstas, muchas de las cuales no están enlazadas a los planes regionales o provinciales que debieran darles el marco y, lo que es más grave, se han gastado ingentes recursos del Estado y de la cooperación para el desarrollo en estudios y proyectos cuyos resultados no se pueden ubicar en ningún archivo, por decir lo menos.

Por ejemplo, recordemos que el Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica AGORAH, tenía como unas de sus finalidades elaborar un plan de ordenamiento territorial y urbanístico para ambas regiones, es decir, se suponía que éste incluía a Huaytará y Castrovirreyna. Sorpresivamente, puede constatarse que el informe «final» del mencionado proyecto da cuenta de la ejecución del referido proyecto, en la que habría participado la Universidad San Martín de Porras. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cae por su propio peso: ¿ambos proyectos –el del FIP y el de AGORAH– han hecho un trabajo similar?, ¿el segundo recoge información del primero? Más aun, ¿ambos están enlazados a los planes de desarrollo regional?

La eficacia en el uso de los recursos de la cooperación internacional es un tema que ha sido puesto en cuestión durante los últimos años y, por lo mismo, muchos esfuerzos se vienen haciendo para tratar de darle un uso óptimo a estos recursos. Sin embargo, nada de esto obtendrá resultados positivos si el Estado no articula en debida forma los planes de desarrollo y los planes sectoriales. Asimismo, poco o nada se logrará si las agencias de cooperación no buscan alinear sus intervenciones con las necesidades de desarrollo del país.

desco Opina - Regional
Programa Sierra Centro
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El resto no existe

desco Opina / 18 de setiembre de 2009

Mientras se llevaba a cabo la Convención Minera 2009, en Arequipa, se produjo una impresionante ola de anuncios sobre nuevas oportunidades de negocios para los inversionistas, basada nuevamente en la explotación de recursos energéticos y minerales. Junto al descubrimiento de un gran yacimiento petrolero en el golfo de México por la empresa británica BP Plc (2/sep), se sumó la noticia de los tres hallazgos de la transnacional YPF Repsol: la mayor reserva de gas en Venezuela (11/sep), el gigante yacimiento de petróleo al frente de las costas de Río de Janeiro (15/sep) y el primer gran descubrimiento de hidrocarburos offshore en Sierra Leona (17/sep). Además, se confirmó que la minera Chinalco iniciaba sus operaciones en Toromocho –donde se encontrarían 1500 millones de toneladas de minerales– y la minera Goldfields lograría una producción de más de un millón de onzas de oro en los próximos cinco años, en Cajamarca.

Todas estas noticias se han dado en medio de un marco poco promisorio para la economía mundial en los próximos cinco años, definido por la repentina subida del precio de la onza de oro por encima de la barrera de los mil dólares. En efecto, las primeras lecturas de este hecho señalan que los inversionistas se encuentran muy preocupados en proteger sus riquezas, frente a lo que sería una segunda caída en el producto mundial. Ante ello, sólo sería posible refugiarse en el metal más valioso: el oro y, eventualmente, también, en el petróleo. Este fenómeno conlleva una serie de problemas para el funcionamiento de la economía global, al presionar fuertemente en la inflación de los servicios y productos que la población apenas si tiene opciones para escoger: los seguros, los impuestos, la educación, la salud y, sobre todo, los alimentos. Todo será más caro.

Por otro lado, tendremos un dólar cada vez más bajo, haciendo que lo único competitivo que pueda exportarse sean nuevamente los minerales. Para asegurar que las ganancias sean líquidas, será necesario que las transnacionales mantengan su alianza con los gobiernos de los países en desarrollo, de donde extraen las materias primas, fundamentalmente en la estabilidad de la estructura de impuestos ventajosa y en la capacidad de sostener «gobernabilidad», es decir, tener a la población controlada mediante dádivas pordioseras y la penalización de la protesta social. En este marco, la colonización de la estructura del Estado por parte de los ricos junto con una mayor opacidad en el funcionamiento del mismo, configurará un caldo de cultivo perfecto para nuevos «faenones» y «aceitadas» que potenciarán en la población la sensación de insatisfacción ante un modelo de crecimiento económico que no comparte sus beneficios ni promueve la creación de valor y dignidad a través del trabajo.

Ante ello, ¿qué posibilidades tiene el Perú de elevar sus índices de democratización? Al parecer, mientras se siga acentuando la ya enorme influencia de los grupos económicos en los procesos de toma de decisiones en el aparato público, el resto del país continuará siendo visto solamente como cerros y selvas de donde extraer minerales e hidrocarburos para el gran mercado internacional. En suma, la sociedad no importa. Tampoco un Estado que anteponga el interés social sobre los particulares.

Mientras persista esta grave contradicción, en la que cada gobierno se vea compelido a maximizar la desigualdad en el acceso a la riqueza a pesar de que prometa durante una campaña electoral que la redistribuirá, los incentivos al conflicto social persistirán hasta que el crecimiento económico se someta a la paz que sólo la democracia puede garantizar.

desco Opina / 18 de setiembre 2009
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¿En verdad estamos creciendo?

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2009

En el primer trimestre del año el Ministerio de Salud lanzó la campaña «estrellitas nutricionales». Como era de esperarse, las críticas empezaron a formularse desde todos los sectores políticos, por lo inconveniente del nombre y su similitud con el símbolo del partido gobernante. Sin embargo, esa observable circunstancia no debe poner de lado el hecho de que el referido proyecto se inscribe en las acciones llevadas a cabo por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Es decir, más allá de lo anecdótico, lo que debe remarcarse es que en estos tres años de gobierno aprista algo se ha avanzando en las metas sobre reducción de la desnutrición crónica infantil, aun cuando todavía se manifiestan algunos sesgos y brechas que, sin duda, afectan el cumplimiento de los resultados esperados.

Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar ENDES, del 2008, que toma como referencia el patrón de la NCHS/CDC/OMS - 1977, habría ocurrido una reducción en la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en el ámbito nacional de 2,6 % en el periodo comprendido entre el 2005 (24.1 %) al 2008 (21.5 %). Pese a que este avance es esperanzador, no debemos olvidar que las cifras correspondientes a las zonas rurales de la selva central siguen siendo alarmantes, ya que la desnutrición crónica infantil afecta a más de la tercera parte de las niñas y niños (36 %).

Así, la Estrategia Nacional CRECER es, sin duda, un gran avance por ser una intervención articulada de entidades publicas y privadas, cuyas actividades y esfuerzos se encuentran vinculadas en la lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil, teniendo una fortaleza especial en la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados, en donde la lucha contra la desnutrición tiene prioridad.

A la fecha, son 20 gobiernos regionales, incluyendo las regiones de la selva central que cuentan con dispositivos legales y planes de desarrollo para alcanzar la meta de reducción de la desnutrición. A pesar de ello, en gran parte de las comunidades nativas y anexos de la selva central, no se evidencia la presencia de los gestores del desarrollo social, que son parte importante de la Estrategia y que, según esta, son personas capacitadas que ayudarían a la población a identificar problemas y hallar soluciones acorde a las potencialidades de su localidad.

Entonces, no basta con repartir alimentos o dinero, condicionando con ello la participación de la población en la Estrategia intentando así que, de alguna manera, los niños asistan al colegio, que los lleven a los controles de peso y talla, que tengan su DNI, etc., sin explicar a la población la trascendencia de estas actividades para el desarrollo familiar, de la comunidad y del país. La importancia de concientizar sobre los beneficios de una vida saludable, asegura que la población se preocupe sobre su salud y nutrición, generando así cambios en su comportamiento y la adopción de prácticas saludables que serán sostenibles en el tiempo.

Sin embargo, el gobierno gasta miles de soles en publicidad, que lo único que muestra a la población son las actividades realizadas, a manera de logros políticos, mas no la razón por la cual se llevan a cabo. Todo esto, nos da a entender que el gobierno conceptualiza a la población como un ente pasivo, no involucrándolo en la preocupación ni en la solución, prestando poco interés para generar conciencia sobre la gravedad de la desnutrición y sus consecuencias.

Por otro lado, consideramos importante mencionar que las cifras oficiales sobre la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, deberían ajustarse a los nuevos patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud OMS - 2006, que nos mostraría quela verdadera reducción al 2008 sería de tan sólo 0.5 %, y la cifra para las zonas rurales de la selva central aumentaría considerablemente de 36 % a 44.3 %, ya que el nuevo patrón de crecimiento de la OMS, nos describe cómo deben crecer los niños (con una nutrición y hábitos adecuados, en un ambiente saludable), en lugar del patrón actualmente utilizado, que sólo se basa en cómo crecen los niños sin tomar en cuenta sus hábitos o el medio que los rodea.

A pesar de los esfuerzos que se hagan, puede concluirse en un nuevo fracaso si todos los sectores del gobierno y de la sociedad civil no reafirman un compromiso firme e innegable en establecer como prioridad nacional, la disminución de la desnutrición crónica infantil, y siendo optimistas en un futuro no muy lejano, su erradicación.

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2009
Programa Selva Central
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